Millones de personas trabajan en todo el planeta en condiciones análogas a la esclavitud para engrasar la máquina del consumo y el incesante proceso de acumulación de capital que requiere el sistema. En las últimas décadas, la sociedad civil comienza a pedir responsabilidades a las empresas y a entender el consumo como un acto político.
Un buen día, la urbanista estadounidense Annie Leonard estaba en la cola de un supermercado a punto de comprar una radio por 4,99 dólares (unos 3,5 euros), cuando se preguntó: ¿Cómo es posible que esta radio sea tan barata? La devolvió a su estante, se marchó del supermercado y escribió el guión de The Story of Stuff (La historia de las cosas), un conciso documental que ilustra la cadena de extracción, fabricación, distribución, consumo y deshecho de las cosas que consumimos.
Para que esa radio llegue a nuestras manos a ese precio irrisorio, alguien pagó la diferencia: casi siempre, el planeta, que se desgasta por la irresponsable codicia extractiva, y los trabajadores, que en muchos rincones del globo tejen nuestros jerséis o fabrican nuestros móviles en condiciones similares a la esclavitud. Es lo que, como recuerda Leonard, las empresas llaman cínicamente «externacionalización de costes».
Desde que se consolidó la deslocalización de la producción a nivel planetario, en un proceso paralelo a la mejora de las condiciones de trabajo en Europa y Estados Unidos, las empresas multinacionales escudriñan los rincones del planeta donde las legislaciones laborales son más laxas y los salarios más bajos. El propio FMI estimó en 2007 que los sueldos habían caído siete puntos desde los años 80.
Paradigmático es el caso de Saipán, la isla más grande de las Marianas, un archipiélago que mantiene estrechos lazos de colaboración con Estados Unidos en una asociación similar a la de Puerto Rico. A finales del siglo pasado, Saipán se había convertido en el paraíso de la industria textil, donde se fabricaban camisetas y pantalones para grandes marcas mundiales.
Las denuncias por las condiciones de esclavitud de los trabajadores, la mayoría de ellos inmigrantes del Sudeste asiático a los que a menudo se les impedía escapar de la isla, acabaron imponiendo un código de buenas prácticas laborales para garantizar la dignidad de los empleados. El resultado fue la muerte de la industria textil en la isla.
Algo similar está ocurriendo en China, donde el aumento de los salarios y de las condiciones laborales está llevando a las empresas multinacionales a mudar su producción a otros países con menores costes, por tanto, más competitivos. Bangladesh es, quizá, el campeón actual en esa absurda pugna mundial por los salarios más bajos. Las proveedoras de grandes distribuidoras como Wal-Mart, Carrefour o Lidl pagan un salario medio de 33 euros mensuales por unas 60 horas de trabajo semanales, según datos de la ONG Ropa Limpia.
Y es que trabajar no necesariamente saca a una persona de la pobreza. De hecho, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 30% de la fuerza de trabajo mundial, 910 millones de personas, entran dentro de la definición de «˜trabajador pobre»™ (working poor) de la ONU: aquel individuo que, aun teniendo un empleo, vive con menos de un dólar diario por cada miembro de su familia. Son, por ejemplo, los obreros de las llamadas sweatshops, fábricas que, por sus bajos costes, ofrecen interesantes condiciones para que las multinacionales ubiquen allí su producción.
Economistas como Paul Krugman o Jeffrey Sachs consideran que se trata de un mal menor, de un paso necesario hacia el desarrollo. Sin embargo, «las posibilidades de que estas prácticas se extiendan y consoliden, hasta conformar un «˜modelo económico»™ que permanezca durante generaciones, son demasiado altas, como ya hemos visto en Bangladesh o en algunos países centroamericanos», recuerda el activista contra la pobreza Gonzalo Fanjul, autor del blog «3.500 millones: Ideas irreverentes contra la pobreza», en El País.
Además, en muchos países del mundo, los trabajadores ven saboteado su derecho a la libre asociación o de huelga, amenazados con despidos si osan protestar. Aun así, a veces se arriesgan.
Camboya, donde producen marcas como Zara, H&M y Gap, vivió una convulsión en septiembre de 2010 cuando más de 200.000 obreros de 95 fábricas, según la Confederación de Trabajadores de Camboya, se echaron a la calle durante tres días para pedir que se les aumentase su sueldo de 50 dólares al mes. Era la primera vez en 30 años que se producía una protesta semejante en el país asiático, donde los trabajadores terminaron consiguiendo un pequeño aumento salarial y despidos masivos.
Igualmente, los obreros a menudo se ven obligados a trabajar en lamentables condiciones de salubridad y seguridad. «Por la precariedad de las condiciones de trabajo, los incendios en los talleres de textil se han convertido en algo normal: 500 muertos en diez años«, explica Eva Kreisler, miembro de Ropa Limpia, una red de ONG que combate el trabajo esclavo.
«Están hacinados en locales mal ventilados, a menudo encerrados, y no hay controles ni auditorías. No existe legislación que los proteja ni tienen dónde denunciar», añade.
* Este texto es un extracto del reportaje que publicamos en la revista Números Rojos, y que estos días se publica en el blog de esta publicación en diario Público.
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