Impresiones desde Camerún: los recursos salen, los beneficios no llegan

Kilómetros y kilómetros de plantaciones de palma aceitera. Una monótona y continua sucesión de árboles de palma de todas las edades y alturas que sólo termina para dar paso a una nueva e inabarcable retahíla de árboles de caucho. Un abrupto cambio de paisaje que de nuevo se convierte en monótono pasados unos kilómetros. Y un nuevo corte en línea recta para dar comienzo a las bananeras, al cacao o a las empresas madereras. Así es el paisaje en las afueras de Kribi, ciudad costera situada a unas 3 horas de Douala.

He visitado Camerún durante unas semanas para preguntar e investigar sobre la expansión de la palma aceitera en el país, pero más allá de las miles de hectáreas que ocupa este  cultivo en concreto, la sensación que traigo de este riquísimo país es que los recursos naturales salen a raudales a través de Douala, –el mayor centro portuario del África central y en el que confluyen también los recursos de otros dos países de la zona, sin salida al mar: República Centroafricana  y Chad– sin que me quede muy claro por dónde entran los beneficios.

De este continuo ir y venir de camiones destaca, aunque sólo sea por sus dimensiones y la visibilidad de la carga, la salida permanente de inmensos troncos de madera sin apenas cortar. Una industria que, según algunos expertos, está más relacionada con las plantaciones de palma de lo que a priori podríamos pensar: porque no siempre es fácil conseguir concesiones y préstamos para la industria maderera, pero sí para las plantaciones de palma, a las que el gobierno camerunés y algunas instituciones financieras internacionales presentan como un nuevo Eldorado para el desarrollo.

Lo mismo pensaban muchos de los campesinos que durante años acogieron con los brazos abiertos el supuesto progreso que prometían las grandes empresas: empleo, infraestructuras, mejora del nivel de vida… Pero a día de hoy, echan cuentas y el resultado no les cuadra.

Las primeras plantaciones se crearon en Camerún a principios del siglo XX, de la mano de los colonizadores alemanes. Después estuvieron a cargo de los franceses y, con la independencia, pasaron a manos del Estado, antes de ser privatizadas a finales de los 90. Desde entonces, ha habido nuevas concesiones y el número de hectáreas plantadas ha aumentado considerablemente. Sin embargo, los beneficios no están tan claros.

Por un lado, los rendimientos por hectárea son extremadamente bajos –las compañías no se ven obligadas a invertir para mejorar la producción: es más barato continuar extendiéndose en tierras prácticamente regaladas, con el coste medioambiental que supone­-; por otro, los pliegos de condiciones (relativos a compensaciones o condiciones laborales) que algunas de ellas han firmado con el estado, se incumplen sistemáticamente. Por último, los campesinos que se encuentran en las áreas cercanas a las explotaciones ven cómo los recursos con los que contaban van desapareciendo sin obtener nada a cambio.

Un ejemplo muy concreto, pero muy evidente, es el de la desaparición de la medicina tradicional. Antes, para determinados males, podían echar mano de determinados recursos: resinas, hojas  o frutos de árboles específicos que servían como cura para enfermedades concretas. Ahora, con la progresiva desaparición del bosque a su alrededor y su conversión en zonas de monocultivo, la única solución es acudir a un médico, que se encuentra generalmente en un lugar lejano y que, por supuesto, han de pagar de su bolsillo, pues no existe nada parecido a un sistema de sanidad público. Una realidad que ha afectado especialmente, por ejemplo, a muchas familias de pigmeos que viven en los alrededores de Kribi, y que ahora ven cómo sus ya de por sí pequeños terrenos se reducen cada día entre carreteras y plantaciones mientras ellos viven cada vez más aislados, totalmente alejados de esta supuesta rueda del desarrollo que les rodea.

Por suerte, no existe en Camerún una violencia armada ejercida directamente contra la población ni los grupos campesinos. Sin embargo, no podemos dejar de lado casos como el de Nasako Besingi, director de la ONG Struggle to Economize our Future Environment (SEFE), que levantó la voz contra la concesión de 73.000 hectáreas a la empresa Herakles Farm y que ahora parece estar pagando por ello: en el último año ha sido condenado por los tribunales a pagar diversas multas –o afrontar penas de cárcel– por “difamación”, ‘propagación de publicaciones falsas’ ‘reunión ilegal’ y otros cargos similares en juicios comenzados por la multinacional.

Además, cabe preguntarse si no es violencia que los habitantes de los pueblos-campamentos del interior de las plantaciones sigan viviendo en las mismas casas que construyó el estado en los años 70. Si no es violencia que mientras la población ha aumentado considerablemente, el número de dispensarios médicos en la plantación de Kienké –por poner solo un ejemplo- se haya reducido de seis a tan solo uno. O que las poblaciones de pigmeos vean desaparecer sus formas tradicionales de vida sin obtener absolutamente nada a cambio.

Por no hablar del empobrecimiento de los suelos a causa del monocultivo y de las consecuencias del acaparamiento de tierras que se está produciendo lejos de los focos. ¿Qué pasará el día de mañana cuando se descubra que el terreno que muchas de las poblaciones consideran suyo pertenece, sobre el papel, a compañías o países extranjeros? Según WWF, las grandes empresas palmereras sólo han ocupado de manera efectiva un 50% de las tierras sobre las que tienen concesiones. Concesiones ofrecidas a pesar de que la legislación camerunesa explicita que “las tierras no se pueden expropiar si la gente ya está instalada en ellas y las están trabajando, aunque no tengan título de propiedad sobre ellas”, según explica Mathieu Von Di Fachi, un joven doctorando camerunés que prepara su tesis sobre el acaparamiento de tierras.

Frente a todo esto, la sociedad camerunesa se moviliza: si en el caso de Herakles se consiguió que el Estado se retractase y rebajase la concesión a una tercera parte de los terreno; en el de Socapalm, las comunidades se han organizado agrupándose en una pequeña pero tupida red de redes que aglutina a campesinos afectados  por las empresas agroindustriales en Camerún y que se movilizan de manera conjunta con campesinos de otros países afectados por las mismas compañías y las mismas prácticas.

Por su parte, las organizaciones de defensa del medio ambiente y asociaciones de derechos humanos trabajan también de forma conjunta para cambiar la legislación y hacer que se cumplan las leyes, no sólo en sus áreas de influencia sino de manera más global, en la inmensa Cuenca del río Congo, un área de primordial interés ecológico y natural para el futuro del planeta y en la que se están cometiendo todo tipo de desmanes para la extracción de recursos naturales.