«Saben el precio de todo y el valor de nada…» (Oscar Wilde)
Cuestionan sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, pero también otras consecuencias asociadas al modelo agroindustrial de monocultivo y latifundio, como la reducción de mano de obra rural y la concentración de la tierra en cada vez menos manos. Un grupo de ciudadanos demandó a varias empresas y al Estado argentino por el uso indiscriminado de agrotóxicos, cada vez más generalizados en Argentina. La Corte Suprema de Justicia analiza la demanda desde el pasado 21 de diciembre.
Entre los demandados figuran las principales empresas productoras de organismos genéticamente modificados (OGM), esto es, las variedades de semillas transgénicas -principalmente soja, maíz y arroz- que se venden, en un paquete cerrado, junto con los herbicidas y pesticidas necesarios para optimizar el rendimiento de esa semilla. El ejemplo clásico es la soja ‘Roundup Ready’ (RR) de la firma estadounidense Monsanto, una semilla resistente al herbicida Roundup, a base de glifosato. Y la soja, casi siempre transgénica, ocupa ya el 59% de la tierra cultivable en Argentina, según un estudio del Centro de Biodiversidad de Noruega, y sigue contando con el apoyo de un Gobierno que encuentra en las exportaciones sojeras una de sus mayores fuentes de divisas.
Además de Monsanto, han sido demandadas las firmas Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera y Bayer, entre otras productoras de OGM, así como el Estado nacional y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los demandantes piden a la Corte que exhorte al Poder Ejecutivo a suspender provisionalmente el uso de OGM y agrotóxicos, hasta que se llegue a una conclusión científica sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente. Pretenden además que el Congreso legisle sobre bioseguridad y condene a las firmas demandas a reparar el ambiente y pagar las indemnizaciones oportunas.
La modificación artificial del genoma de las plantas se aprobó en Argentina en 1996, y desde entonces se ha aprobado el uso de 27 semillas transgénicas, diez de ellas Å›olo en el último año. Según los demandantes, se emplean en el país 200 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña rural, en algunos casos muy cerca de poblaciones, y a sabiendas de los daños que podrían causar a esas personas.
En varias ocasiones, esos efectos sobre la salud han sido evidentes -por ejemplo, con altísimos índices de cáncer en comunidades cercanas a los cultivos- y han provocado movilizaciones sociales como la del pueblo Qom, que consiguió en 2010 expulsar a la soja de sus tierras ancestrales, o la del barrio cordobés de Ituzaingó, que, tras una larga lucha, consiguió colocar por primera vez a productores agropecuarios en el banco de los acusados, en un juicio pionero que arrancó el pasado junio.
Riesgos del modelo agroindustrial
Pero, como pone de manifiesto la argumentación de esta demanda, no se trata sólo de los peligros para la salud. El modelo agroindustrial asociado al empleo masivo de agrotóxicos y dirigido a la exportación tiende al monocultivo y al latifundio. En Argentina y otros países del Cono Sur, donde la soja avanza a pasos agigantados desde hace una década, la tierra está cada vez más concentrada y avasalla a su paso a comunidades campesinas e indígenas que, expropiadas ilegalmente -como ha denunciado Amnistía Internacional-, pierden su fuente de sustento, y, cuando resisten, se ven enfrentadas al hostigamiento y la violencia.
Además, el monocultivo lleva cinco siglos evidenciando en América Latina sus devastadoras consecuencias sobre el medio ambiente. De un lado, porque el monocultivo devasta la fertilidad de la tierra y requiere en su avance implacable la tala de bosques vírgenes, como sucede ahora en El Cerrado brasileño, una región, en el centro del país, cuya biodiversidad se compara a la Amazonia, y donde la caña de azúcar se está implantando con fuerza.
Agronegocio vs Soberanía alimentaria
De otro lado, el modelo del agronegocio compromete la soberanía alimentaria de los pueblos, pues las tierras se dedican a cultivar un único producto que se exporta fuera del país, olvidando las necesidades alimenticias de los pueblos. No sólo eso: la concentración de la producción en cada vez menos variedades deja los campos inermes frente a las plagas y supone una vulnerabilidad creciente que, para muchos, atenta contra la reproducción de las generaciones futuras.
El debate es más que oportuno ahora que el Congreso está ultimando una ley sobre el uso de semillas que los pequeños agricultoras han bautizado como Ley Monsanto, por entender que la norma se está concibiendo a medida de la multinacional estadounidense. La nueva ley impedirá a los agricultores que, como sucede ahora, puedan utilizar las semillas resultantes de la cosecha anterior, y obligará a los agricultores a pagar todos los años por la siembra. Eso, si no lo impiden las resistencias ciudadanas.
* Publicado en elmundo.es.
* Ilustración de Carlos Latuff.
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