España es el segundo inversor en Colombia, sólo por detrás de los Estados Unidos, y las multinacionales españolas ostentan posiciones de liderazgo en toda América Latina en sectores como la electricidad, la telefonía o la banca. El balance de su presencia en los últimos veinte años no ha sido, en algunos casos, positivo. Por eso viajamos a Colombia para analizar sobre el terreno la cara y la cruz de las multinacionales españolas. Este es el segundo reportaje de la serie que está publicando la revista Fronterad.
En Barranquilla, el sol del mediodía castiga con 35 grados a la sombra todos los días del año. La temperatura media en la cuarta ciudad más poblada de Colombia rebasa los 27 grados y los lugareños dicen que, con esto del cambio climático, ese calor húmedo y empalagoso va a peor. Una tarde sin ventilador «“aquí lo llaman abanico– se hace interminable. Un día sin nevera equivale a perder todo el alimento en una casa; qué decir en un comercio. Y sin embargo, esa es la situación a la que deben hacer frente, casi a diario, las 440 familias que habitan Malambo, un barrio popular de la periferia de Barranquilla; una comuna, como dicen en Colombia. Sus habitantes sufren cortes continuos y el suministro eléctrico es tan deficiente que conectar un equipo electrónico a la red implica arriesgarse a perderlo. En Malambo, como en tantas comunas y favelas de las periferias urbanas latinoamericanas, el tendido eléctrico es un amasijo de cables sin mucho orden y concierto, prueba de que fueron los habitantes del barrio quienes, con sus propios y limitados medios, levantaron la red. Pero aquí no se pinzan ilegalmente al sistema, como es también común en las comunas: aquí, cada vecino recibe su factura de la luz, por importes que a veces alcanzan la mitad del ingreso familiar.
Conozco a Miriam Escocia en La Victoria, un barrio barranquillero de ingreso medio, en un encuentro que la Red de Usuarios de Servicios Públicos de Barranquilla ha preparado con motivo de mi visita para ofrecerme una panorámica del descontento de los ciudadanos con el servicio que prestan las filiales colombianas de Gas Natural Fenosa en los departamentos (provincias) del Caribe. Son dos: Electricaribe, que atiende a 1,8 millones de clientes, y Energía Social, con 120.000 usuarios que viven en barrios llenos de carencias. Una docena de habitantes de La Victoria, indignados, me resumen sus quejas por el servicio de la compañía: facturas elevadas, deficiente servicio, cortes continuos. No se libra ni la Iglesia católica: de hecho, celebramos nuestra reunión en la parroquia de San Germán de París, que se enfrentó a Electricaribe cuando la compañía, tras cambiar el contador, triplicó la cuantía de las facturas «“que alcanzan los 200 euros al mes»“ y pretendió cobrar más de un millón de pesos en concepto del consumo que, supuestamente, se había dejado de facturar con el antiguo contador.
Miriam ha viajado hasta La Victoria para hablarme del caso más extremo: el de Malambo y otros barrios pobres y carentes de infraestructuras que la Administración colombiana decidió llamar barrios subnormales, y se muestra encantada de hacer de guía. Como muchos habitantes de las comunas, Miriam llegó a la periferia barranquillera huyendo del conflicto armado y la violencia paramilitar: ella es uno de los cinco millones de desplazados forzados en Colombia. En Malambo rehízo su vida y levantó una vivienda sencilla, pero agradable, con un pequeño patio exterior. Allí, aliviamos el calor con un delicioso jugo de guanábana, mientras su esposo me cuenta que él, por suerte, tiene un empleo: trabaja como camionero de larga distancia. Es casi una excepción en Malambo, donde la mayor parte de la población vive de la economía informal, eso que los colombianos llaman el rebusque. Pero tampoco a Miriam y su familia les resulta fácil pagar las facturas de Energía Social, que alcanzan los 60, 80 y hasta 100.000 pesos colombianos (hasta 50 euros), pese a que las facturas están subsidiadas por más de la mitad del importe. Son cifras que suponen a veces la tercera parte, incluso la mitad de los recursos que una familia consigue con actividades informales como la venta ambulante, muy extendida en Colombia. Así que a veces se retrasan en el pago, les cortan la luz y les cobran un cargo de reconexión que pasa a formar parte de la impagable deuda de los usuarios con Energía Social: 183.000 millones de pesos (69 millones de euros). «Nos llaman subnormales»¦ sí, subnormales para todo, menos para pagar», se queja Miriam.
Energía Social opera en Malambo desde hace unos años. «La empresa engañó a la comunidad. Algunos intentamos resistirnos, porque habíamos escuchado muchas quejas de otros barrios», cuenta Miriam mientras recorremos la comuna y va presentándome a los vecinos que nos encontramos por el camino. Cada uno de ellos, nada más escuchar el nombre de Energía Social, tuerce el gesto con indignación y corre a traerme una factura, a mostrarme el estado de la infraestructura del barrio, a enseñarme su casa para evidenciar que el gasto energético posible en una vivienda tan modesta no cuadra con una factura que, sin el subsidio estatal, llegaría a los 100 euros. «Es muy importante que esto se sepa en tu país», insisten.
Pero los problemas técnicos y tarifarios tienen una cara más perversa: las muertes por electrocución. Sólo entre 2011 y 2013 han muerto 91 ciudadanos electrocutados en la Costa Atlántica. Según la Red de Usuarios de Servicios Públicos la cifra total desde la llegada de Unión Fenosa supera los 800 fallecidos. De ellos, 150 en Barranquilla, una de las ciudades donde se han registrado más deficiencias en el servicio. «El transformador se daña continuamente, y la solución siempre es tardía: la comunidad tiene que resolverlo todo», asegura un vecino de Malambo. Pero el drama de las electrocuciones no se limita a los barrios populares: ocurren también en los de clase media, según me cuentan habitantes de La Victoria. Muchos de ellos creen que la razón estriba en que, para abaratar costos, Electricaribe ha sustituido el cobre por materiales más baratos. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, que se presenta como una alternativa de Gobierno de izquierdas, atribuye estos accidentes al mal estado de las redes y la falta de inversiones en infraestructura…
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* La fotografía es de Jheisson A. López.
* Este es el segundo reportaje de la serie sobre multinacionales españolas en América Latina, publicada en la revista Fronterad. Aquí puedes leer la primera entrega, centrada en las represas en Colombia.