Cuando en 2002 se aprobó la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE en sus siglas en inglés), la Unión Europea anunció a bombo y platillo que se convertía así en la región del mundo más avanzada en este preocupante asunto. Desde entonces ha habido una revisión importante del texto en 2012, afortunadamente más exigente, que obliga a los Estados a recoger entre el 65 y el 85 por ciento de los desechos eléctricos y electrónicos en 2019. Hoy, supuestamente, comienza la carrera ya que se cumple el plazo máximo dado por Bruselas para que los países adapten la directiva europea a sus propias legislaciones.
La WEEE partía del principio de «quien contamina paga» y emplazaba a los fabricantes a ocuparse de la gestión de residuos electrónicos en Europa. Así, estarían obligados a establecer puntos de recogida de los aparatos inservibles o que el consumidor ya no deseara, ya fuera dentro de los puntos de venta, si estos son mayores a 400 m2 y si se produce una venta de otro dispositivo, o en lugares externos. La idea era que si se responsabilizaba a los productores y a la parte comercial de la recogida, los fabricantes mejorarían el diseño para evitar la ya famosa obsolescencia programada. Ademas, los Estados también deberían establecer sus propios puntos de recogida, algo que en España se ha traducido en los conocidos como puntos limpios
No parece que haya habido demasiado éxito en la mejora de los diseños, aunque sí en el de la recogida. Según las últimas estadísticas de Eurostat, de 2010, la mayor parte de los países ya había superado entonces el 30 por ciento de desechos recogidos (aunque en ese momento la lista de productos incluidos en la directiva era muy reducido y no incluía los grandes electrodomésticos, que ahora sí están recogidos en la revisión de 2012). España estaba en la cola de la lista, con un 31 por ciento. Entre los últimos puestos destaca, por ejemplo, Bélgica (un país en el que las bolsas de basura van con nombre y diferentes colores según el tipo de residuo y donde se aplican multas si el ciudadano selecciona mal), con sólo un 28 % o incluso Luxemburgo con un aún más reducido 20%. Por el otro lado de la lista, también hay sorpresas, como el 92% de recogida en Eslovenia (primer puesto) o el 85 % de Bulgaria (segundo).
A falta de datos más recientes y que incluyan todo tipo de dispositivos y no sólo los más pequeños (esto sólo será obligatorio a partir de 2018), presupongamos que Europa va por buen camino. Pero ¿es la recogida suficiente? Según la directiva debería de serlo, porque emplaza a los Estados a asegurar un «tratamiento adecuado» (en este apartado no menciona nunca el reciclaje o la reutilización) de todo aquello que es recogido. Por tanto, si ha sido recogido, tendrá que ser «tratado». La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya nos demostró que al menos en España no hay ninguna garantía. OCU llevó así 16 dispositivos eléctricos o electrónicos a diferentes puntos de recogida, como puntos limpios, tiendas o los servicios de recogida en casa. De ellos, sólo cuatro terminaron en plantas de reciclaje homologadas.
El problema no acaba aquí. Según la directiva, «las operaciones de tratamiento también podrán realizarse fuera del Estado miembro respectivo o fuera de la Unión», supuestamente con condiciones. Ha sido uno de los puntos más criticados, porque deja la puerta abierta a las exportaciones a países en desarrollo donde son tratados sin medidas de seguridad y acaban contaminando a las comunidades locales e intoxicando a los trabajadores de los vertederos.
El reciclaje de productos eléctricos y electrónicos es un tema muy serio. La mayoría de ellos contienen metales pesados que son tóxicos y que requieren de un procesado especial para no terminar contaminando el agua y la tierra de los lugares en los que son depositados. Y lo es también por su magnitud. El año pasado, en todo el mundo se produjeron casi 49 millones de toneladas métricas de basura electrónica, equivalente a 7 kilogramos por cada habitante del planeta, y para 2017 la cifra aumentará un 33 %, según un estudio de la Universidad de las Naciones Unidas. En Europa, se calcula para en 2020 se producirán unos 12 millones de toneladas.
Europa ha recorrido un camino importante en la recogida, pero en el reciclado efectivo está probablemente por detrás de Estados Unidos donde iniciativas como los e-Stewards ofrecen más garantías. Lo cierto es que la legislación europea aún está lejos de ser tan garantista como nos quieren vender. La buena noticia es que la rareza de muchos de los minerales utilizados en el mercado de la electrónica, y su alta concentración en yacimientos en China, hará cada vez más interesante el reciclaje, al menos de algunas de sus partes. Pero aún quedan muchos interrogantes sobre los componentes menos interesantes y, especialmente, sobre las condiciones del tratamiento de la llamada basura electrónica. Una basura que cada año nos invade más por culpa de una industria que avanza mucho en funciones y aplicaciones, pero poco en sostenibilidad.
Imagen: The Story of Electronics
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