por Nazaret Castro
El Lago Neltume posee una belleza de cuento de hadas y bosque con duendes, con el imponente volcán Choshuenco a lo lejos. No extraña que turistas llegados de todo el mundo se acerquen a este lugar virgen, que transmite una tranquilidad eterna. La mayor parte de los lugareños, muchos de ellos de etnia mapuche, vive de un turismo relajado, de casas bajas y tiendas de campaña a la orilla del agua. Es el caso de Guido Melinao: él y su familia se oponen a la represa que inundaría el terreno que hoy alberga su camping, su fuente de sustento.
Como otros miembros de la comunidad mapuche, Valeriano Cayicul, don Guido, cree que la represa es pan para hoy y hambre para mañana: por eso mira con recelo la compensación económica que se le ofrece a cambio de permitir que sus tierras sean inundadas para llenar el embalse. En juego está la construcción de una megarrepresa de 490 megavatios de capacidad instalada, con un coste de 781 millones de dólares. El proyecto es de Endesa Chile, la filial chilena de Enersis, que es una multinacional subsidiaria de la española Endesa. í‰sta, a su vez, está controlada desde 2009 por la italiana Enel. Una sopa de letras.
Para muchos integrantes de las seis comunidades mapuche afectadas, la central hidroeléctrica de Neltume es la nueva amenaza que pende sobre Panguipulli, el municipio al que pertenece Neltume, en la Región de los Ríos, unos 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. La represa llega ahora que la población ha conseguido que sea declarada reserva ecológica y preservada así del avance del eucalipto, en una región donde las plantaciones destinadas a la industria maderera se han convertido en un pilar de la economía y una constante del paisaje. Además, cientos de mapuches deberán abandonar sus territorios y ser realojados. Sufrirán además otras consecuencias sobre sus modos de vida, comenzando por la inundación de el Palenque, un enclave sagrado donde las comunidades celebran ritos religiosos. Endesa propone trasladar el Palenque a otro lugar; para el pueblo mapuche, es inconcebible: ese territorio es ancestral.
El proyecto de Neltume ha sido aprobado ya por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero los movimientos sociales y una parte de los afectados exigen un nuevo estudio. «La ley ambiental se concibió como garantía para las empresas antes que para la conservación del medio. Cuando una empresa presenta un proyecto deficiente ante la SEIA, las autoridades, en lugar de evaluar y desechar el proyecto, lo que hacen es mejorarlo, aportando información e ideas para que la iniciativa empresarial salga adelante: está diseñado para que los proyectos salgan», asegura Mauricio Durán, editor del medio alternativo Puelche Comunicaciones y asesor de una de las comunidades afectadas por la represa. De hecho, antes de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental , el SEIA había publicado estudios que detallaban los efectos adversos de la represa sobre el suelo, el agua y el aire en la zona; más tarde, el organismo dio el visto bueno al proyecto.
Después, el organismo aprobó el proyecto, pero las obras fueron suspendidas para iniciar el proceso de consulta, como exigía el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acuerdo internacional más importante del que disponen las pueblos originarios para preservar sus territorios ancestrales. Hasta 22 países, entre ellos España y la mayor parte de América Latina, han firmado el convenio. Chile lo hizo en 2008, pero hasta ahora no lo había puesto en práctica. Por eso pararon las obras de la represa de Neltume: el acuerdo obliga a que las comunidades indígenas afectadas sean consultadas sobre el proyecto. Paralelamente, se les consultará sobre la extensa línea de alta tensión que, previsiblemente, atravesará la región «“y más de la mitad del país»“ para llevar hasta la capital, Santiago, la energía que se produce en el sur.
Un proceso de consulta para los mapuches
El 5 de octubre de 2013 asistí al primer encuentro de una serie de reuniones preparatorias para definir cómo se realizará la primera consulta indígena en Chile. El Convenio 169 establece que las comunidades deben escoger en qué condiciones se desarrollará la consulta, y en Chile todavía no se ha detallado ningún reglamento: por eso lo que en estos meses suceda creará precedente en el país, y de ahí que militantes mapuches se resistieran al inicio de estas reuniones. Finalmente, cuatro de las seis comunidades afectadas decidieron dar su visto bueno a la consulta, y en esta cita están presentes representantes de esas cuatro comunidades. Está también Rosa, que habla por la comunidad Inalafquen, que todavía no se ha sumado a la consulta.
Las distintas comunidades arrojan visiones muy distintas: unos creen que traerá progreso a la zona, otros temen por el futuro del turismo y algunos pretenden ser incluidos en una lista de afectados que los dejó fuera. Las disensiones ya han tenido consecuencias profundas: las treinta familias que componen Inalafquen, sin ir más lejos, son una escisión de la comunidad Juan Quintulam que se debió a la divergencia de opiniones sobre la central.
«Nos van a robar nuestra tranquilidad. El lago es nuestra fuente de ingresos, es también el lugar donde nuestros niños se bañan. Muchas cosas van a cambiar. La empresa ha venido con mentiras. Nos dicen que no nos va a afectar, pero no nos detallan hasta qué nivel se va a inundar», me cuenta Rosa antes del encuentro. Ella cree que la empresa, con la ayuda de las autoridades estatales, ha contribuido a esa división. Si es así, parece que lo han conseguido: de las cinco comunidades presentes, cada una defiende planteamientos muy diferentes. Unos pretenden conseguir mejores compensaciones; otros se oponen tajantemente al proyecto; unos pocos pretenden sumarse a la lista de afectados que les ha dejado fuera.
La tensión puede cortarse con un cuchillo, tanto que aún me pregunto cómo me dejaron pasar. Intento pasar inadvertida y afinar el oído:
«”La empresa da diferentes versiones del proyecto en cada comunidad para provocar divisiones. Por eso creemos que es mejor que la consulta sea colectiva «“dice la representante de una de las comunidades.
«”Hasta ahora, la empresa no ha querido conversar con nosotros «“apunta otro.
«”Esta situación se debe a un error del Estado: llegó después que la empresa, cuando Endesa ya había comprado voluntades entre las comunidades, y ahora vienen a consultarnos «“añade una de las voces más críticas.
Edmundo Pérez Larraín, director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región de Los Ríos, corta cualquier apelación de este tipo para devolver la reunión al cauce que él considera más oportuno: definir los detalles más puramente técnicos de cómo se celebrarán estas reuniones preparatorias. Mauricio Durán, que participa del encuentro con mucha discreción, no puede menos que intervenir: le inquieta que el SEIA vacíe de contenido el encuentro, que lo aleje de la discusión cualitativa, que pretenda imponer como condición necesaria la presencia de Endesa en la consulta. Así que toma la palabra para aclarar un par de cuestiones clave:
«”Opino que, antes de entrar en esos detalles de forma, convendría dirimir la naturaleza de la consulta. Según el Convenio 169, si un proyecto afecta al modo de vida de una comunidad ésta debe dar su consentimiento, y entonces no hablamos tan sólo de establecer compensaciones sino de la posibilidad de decir no al proyecto. Lo comento porque de lo contrario se podría desvirtuar el espíritu del Convenio»¦
El Convenio dispone que el proceso de consulta se debe aplicar de buena fe, respetando los tiempos y las decisiones de las comunidades indígenas, y que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las comunidades toda la información necesaria. Mauricio duda de la buena fe del Estado chileno. También los militantes mapuches del Parlamento de Koz Koz, una organización creada en 2007 en Panguipulli, que hace hincapié en la defensa del territorio y de la identidad cultural mapuche.
* Este reportaje pertenece a la investigación Cara y cruz de las multinacionales en América Latina, publicada en la revista Fronterad. Puedes leer aquí el reportaje completo.
* La fotografía es de Jheisson A. López. La imagen corresponde a una represa que se está construyendo actualmente en el municipio de Santa Bárbara, en la región del Alto Bío Bío.
Gracias