TTIP y transgénicos: ¿Qué pasará con el etiquetado?

Este sábado, 11 de octubre, se celebrará en varias ciudades europeas una jornada de oposición al Tratado de Libre Comercio que están negociando desde principios de año la Unión Europea y los Estados Unidos (más conocido como TTIP por sus siglas en inglés). Las razones que se esgrimen son numerosas, quizá la más poderosa de ellas es que las negociaciones se están llevando bajo la más estricta confidencialidad, lo que mina el derecho básico a la información sobre los asuntos públicos (algo que, por desgracia, es habitual en este tipo de tratados). De lo que se ha podido saber del acuerdo, preocupa además la posibilidad que darí­a a las empresas de demandar a gobiernos si estos aprueban regulaciones que los perjudiquen o la armonización de normas entre EE.UU. y Europa que llevarí­a a esta última a renunciar a muchas de las protecciones a los consumidores actualmente vigentes (Podéis ver aquí­ el manifiesto de la Campaña No al TTIP).

Uno de los asuntos que más preocupa en esta armonización son los transgénicos, como ya han denunciado numerosas organizaciones. La Unión Europea tiene unas estrictas normas en lo que se refiere a comercializar nuevos productos alimenticios, sean estos transgénicos o no. Es, por ejemplo, el caso de la estevia que, a pesar de no ser un transgénico, su comercialización como alimento está prohibida, ya que se considera una planta no conocida. En el caso de los transgénicos, la Unión Europea ha enfatizado esta necesidad de pasar un control previo a través de una regulación especí­fica, aprobada en 2003, «a fin de proteger la salud humana y la sanidad animal».

Esa misma normativa europea contiene una diferencia fundamental con la estadounidense: obliga a las empresas a etiquetar los productos que tengan ingredientes genéticamente modificados, aunque permite, una presencia de hasta el 0,9 por ciento del producto, siempre que ésta sea accidental o inevitable. En Estados Unidos, los productores no están obligados a especificar si sus ingredientes han sido modificados genéticamente, a pesar de la presión de la campaña «Just label it!» («¡Simplemente, etiquetalo!») que tiene el apoyo del más del 90 por ciento de los ciudadanos, según Consumers Union.

Estados Unidos parece decidida a apostar fuerte en el asunto de los transgénicos. El pasado mes de febrero, dos senadores, uno de ellos presidente de la Comisión Financiera de la cámara, enviaron al representante de Comercio Exterior de Estados Unidos una carta en la que insistí­an que Washington deberí­a forzar una relajación de la polí­tica europea hacia los transgénicos como condición para firmar el acuerdo. Los lobbies agrí­colas y alimentarios también apoyan un cambio de la normativa europea.

Sin embargo, la oposición a cambiar la regulación no tiene partidarios sólo en el lado europeo y los ciudadanos estadounidenses ven el tratado como una oportunidad precisamente para impulsar su campaña pro-etiquetado. Hace escasos dí­as, 70 organizaciones enviaron una carta al presidente Barack Obama para que instarle a que no permita que el acuerdo suponga un paso atrás en la lucha por una mayor transparencia y para que la referencia sea el modelo europeo y no el estadounidense. De momento, sólo un estado del paí­s, Vermont, ha aprobado el etiquetado de transgénicos, pero una veintena más lo están debatiendo.

Pero parece que los transgénicos no serán los únicos afectados por el acuerdo, si Estados Unidos consigue imponer sus normas. La armonización de etiquetas irá desde los quí­micos a las famosas denominaciones de origen, que han sido consideradas como competencia desleal desde Estados Unidos. Todo apunta a que el acuerdo primará la opacidad en un etiquetado que, a pesar de haber mejorado durante los últimos años, sigue siendo insuficiente para que el consumidor esté informado.