Este es el quinto capítulo de nuesto primer libro ‘Amarga Dulzura. Una historia sobre el origen del azúcar’ que publicamos en mayo de 2013. Cinco años después de su publicación, liberamos gradualmente su contenido. Sin embargo, si quieres conseguir una copia en formato de libro electrónico, hazte mecenas de Carro de Combate y ayúdanos a seguir escribiendo libros como éste.
“Pelar caña era una hazaña / del que nació pa’ el rigor…”
(Atahualpa Yupanqui)
Si desde hace siglos las grandes plantaciones de azúcar se han asociado a la esclavitud [1], un siglo y medio después de su abolición, “ya los barcos negreros no cruzan el océano. Ahora los traficantes de esclavos operan desde el Ministerio de Trabajo. Salarios africanos, precios europeos” [2]. La esclavitud legal se sustituyó por salarios de hambre que deben aceptar ejércitos de brazos sin futuro, muchas veces migrantes. En muchos de los principales productores, la mecanización del proceso de caña sigue sin avanzar; así es en Brasil, donde desde los años 70 la industria promete una modernización que nunca llega. Aunque esto tal vez cambie al calor de los acuerdos con Estados Unidos para la exportación de etanol [3].
Mientras llega la mecanización, los cortadores de los cañaverales brasileños siguen sometidos a condiciones de trabajo inhumanas. Es un secreto a voces: cada año, los informes del propio Ministerio de Trabajo revelan que las plantaciones de azúcar emplean a buena parte de los trabajadores que, en Brasil, viven en condiciones análogas a la esclavitud. Los trabajadores cobran al peso y realizan extenuantes jornadas de sol a sol para conseguir salarios de alrededor de 800 reales al mes (menos de 300 euros). Viven en pésimas condiciones de seguridad e higiene, y a menudo, mal alimentados. Las crónicas relatan cómo, a veces, llegan a consumir drogas, como crack o marihuana, para soportar la dureza de las jornadas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 2005 que había unos 25.000 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud en Brasil; los cálculos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) arrojan cifras similares. De ellos, un 80 por ciento eran empleados en el sector agrícola. Se sabe que, por la naturaleza del cultivo, muy intensivo en mano de obra, la caña de azúcar es el sector que más trabajo esclavo emplea en el campo brasileño: en 2009, casi 2.000 trabajadores fueron liberados en los cañaverales del país, un 45 por ciento de todos los trabajadores ‘rescatados’. Se sabe también que la esclavitud y la pobreza tienen color en Brasil: según datos oficiales, tres de cada cuatro trabajadores sometidos a régimen análogo a la esclavitud son negros o mulatos.
Entre 1995 y 2006, alrededor de 18.000 personas fueron ‘liberadas’ de su situación de semi-esclavitud en operaciones de fiscalización en unas 1.500 propiedades rurales. Y, según el periodista Leonardo Sakamoto, “no eran propietarios desinformados, escondidos en haciendas atrasadas (…) sino empresarios insertados en el agronegocio, muchos de ellos, produciendo con alta tecnología” [4]. En esas haciendas modernas, “los trabajadores temporales -los jornaleros- viven sin derecho al agua, comida y alojamientos recientes, humillados, sin poder volver para casa”. A menudo son migrantes, a los que se trajo desde sus lugares de origen por medio de engaños sobre las condiciones de trabajo, y que, una vez en el lugar de destino, deben pagar la deuda del viaje y comprar la comida a su explotador. El círculo se cierra sobre ellos; bajo ciertas condiciones, es muy fácil transformar el sistema salarial en una eficaz forma de esclavitud moderna, mucho más lucrativa, por cierto, que esa antigua esclavitud colonial en la que el propietario debía mantener al esclavo durante los 365 días del año. Ahora, el bracero, acabados los meses de cosecha, es sistemáticamente abandonado a su suerte. Y si es ‘liberado’ por las autoridades estatales, se encontrará devuelto al abandono, por lo que, muy probablemente, volverá al mismo círculo vicioso la próxima cosecha.
Frente a este problema, la actitud del Estado brasileño es contradictoria. De un lado, el Estado, que desde 2002 trabaja junto a la OIT para la erradicación del trabajo esclavo, ha aumentado la fiscalización en los últimos años, y se ha conformado una ‘lista sucia’ de empleadores de trabajo esclavo, integrada actualmente por unas 200 empresas. Al margen de las responsabilidades penales en cada caso, pertenecer a esta lista conlleva no sólo el escarnio público, sino otras consecuencias, como la imposibilidad de acceder a créditos del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). Sin embargo, al mismo tiempo el Estado sigue fomentando un modelo económico apoyado en el agronegocio a gran escala y focalizado en la exportación, que es el modelo que alimenta el trabajo esclavo, en oposición a la pequeña agricultura.
Los 150 diputados de la llamada bancada ruralista impiden cualquier avance legislativo en esta materia. Defensores acérrimos de los intereses del agronegocio y el latifundio en Brasil, han impedido hasta ahora que salga adelante la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 438, según la cual las propiedades rurales o urbanas donde las autoridades comprueben que se emplea a trabajadores esclavos sean expropiadas y colocadas a disposición de la reforma agraria, en el campo, o la construcción de viviendas sociales, en la ciudad.
Para la Comisión Pastoral de la Tierra, “el trabajo esclavo no fue erradicado en Brasil porque interfiere con los intereses del agronegocio”, que es, a su vez, aliado del gobierno del Partido de los Trabajadores, hoy en manos de Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva. “El trabajo esclavo crece con el agronegocio, que es la niña de los ojos de la política gubernamental. Aunque ha presentado un plan de erradicación de trabajo esclavo, avanza la concentración del capital en pocas manos, con apoyo gubernamental, y se crea una desigualdad brutal”, explica el religioso Tomás Balduino, de la CPT. Y recuerda que, después de Paraguay, Brasil es el país más latifundista del planeta [5]. Balduino cita el caso de Cosan, holding del sector azucarero: la mayor productora de azúcar de caña y etanol del mundo, que recientemente engrosó la ‘lista sucia’ de empleadores de trabajo esclavo, según el Ministerio de Trabajo brasileño.
Enfrentarse a estas estructuras de poder puede conllevar riesgos para los campesinos: tristemente célebre es la Masacre de Eldorado dos Carajás, cuando 19 campesinos del Movimiento de los Sin Tierra fueron muertos a balazos por la Policía Militar. Cada año se producen muertes de activistas en el campo, a manos, muchas veces, de cuadrillas de mercenarios tras los cuales se encuentran los empresarios y latifundistas [6]. Pero esta violencia no sólo afecta a comunidades campesinas e indígenas: también los auditores fiscales del trabajo esclavo sienten en sus carnes el peso de la represión de los esclavistas. En la localidad de Unaí, un municipio del estado de Minas Gerais, en enero de 2004 cuatro funcionarios del Ministerio de Trabajo fueron asesinados mientras inspeccionaban las fincas de la región. Hasta ahora, no se ha investigado el caso. Para el Sindicato Nacional de los Auditores Fiscales del Trabajo (Sinait), casos como este evidencian las conexiones entre el crimen organizado y el trabajo esclavo: “Estamos mapeando las rutas de esas organizaciones criminales, que practican crímenes financieros, lavado de dinero, formación de cuadrillas, etc. La realidad del trabajo esclavo está presente en todas las regiones del país, tanto urbanas como rurales. Es rentable para los grandes empresarios”, llegó a declarar la presidenta del Sinait, Rosangela Silva Rassy [7].
Filipinas, el antiguo cañaveral de Estados Unidos
En el Sudeste asiático la caña de azúcar ha estado tradicionalmente ligada a la cultura local. Aún hoy, en la mayor parte de los países que forman la región se pueden ver carritos paseando y ofreciendo el jugo recién exprimido o a los niños masticando los gruesos tallos. Sin embargo, hasta el siglo XX, la caña de azúcar apenas se refinaba y la industria no era importante; el azúcar se consumía en las casas, crudo y oloroso. Ya conocimos el caso de Camboya, donde esta tendencia ha llegado mucho más tarde, mientras que en Tailandia, veremos más tarde, las grandes plantaciones se extenderían en la segunda mitad del siglo XX. Filipinas, sin embargo, la sufrió mucho antes.
Se cree que la caña llegó a Filipinas hace miles de años desde las islas del Pacífico, aunque algunos apuntan a que fueron los comerciantes árabes quienes la introducirían. En cualquier caso, cuando los nuevos colonos españoles llegaron al archipiélago en el siglo XVI, se encontraron con el “paraíso” que no habían tenido en América; la caña ya crecía allí, no hacían falta esfuerzos para plantarla y adaptarla. Pero fue el incremento en el consumo de azúcar en Estados Unidos durante el siglo XX lo que impulsó la industria en las islas. El embargo sobre Cuba en los años 60 supuso el último empujón a una industria de la que se benefició directamente la dictadura de Ferdinand Marcos después de nacionalizarla. Tras la caída de Marcos, el sector se liberalizó en un momento en el que otras dos grandes potencias de la región construían sus propias industrias: Tailandia y Australia.
Eso no benefició a los trabajadores de las plantaciones de Filipinas, que tuvieron que competir con otros cortadores (o máquinas, en el caso de Australia) que parecían más eficientes que ellos. Su vida, en realidad, ha cambiado poco desde la época colonial. “Los trabajadores del azúcar de hoy son los bisnietos de los trabajadores del azúcar del pasado. Viven sin poseer nada propio, ni siquiera sus vidas, solo las deudas que heredaron de sus antepasados” escribe Cynthia A. Deduro de la Coalición Internacional de Trabajadores Agrícolas. En Filipinas, como en tantos otros países colonizados, el modelo de la hacienda sigue perviviendo. La tierra está así concentrada en las manos de unas pocas familias para las que trabajan unos 500.000 jornaleros.
Como en tantos otros cañaverales a lo largo y ancho del mundo, los cortadores son pagados al peso y a menudo cobran la mitad del salario mínimo del país. Sus sueldos son tan míseros, casi siempre menos de un dólar y medio diario, que familias enteras tienen que trabajar en los campos para poder llevarse algo a la boca. Los cañaverales de Filipinas están atestados de pequeños trabajadores que a veces ni siquiera sobrepasan los diez años de edad. «No negamos que hay trabajo infantil en nuestra industria”, le dijo Edith Villanueva, presidenta la de Sugar Industry Foundation, a la cadena estadounidense CNN en mayo de 2012 [8]. “Es una práctica entre familias a las que se paga gradualmente por el trabajo. Les gusta emplear a sus hijos porque hay más ingresos para las familias”, aseguraba Villanueva, quien añadía que experiencias previas de un aumento de los salarios de los padres no había disminuido el trabajo infantil en las plantaciones.
Filipinas ya no es el cañaveral exclusivo de Estados Unidos y sus exportaciones han crecido durante los últimos años gracias a países como China, Corea del Sur o Vietnam. Pero poco parece moverse dentro de las plantaciones, ancladas todavía en los tiempos del poder oligárquico. Los cañaverales no tienen escapatoria. Los niños nacen con la deuda sobre sus hombros y viven para siempre con ella. Es una forma absurda de esclavitud humana en la que las familias son tratadas como una simple fuerza de trabajo que tiene que cumplir con ciertas labores, sin importar el quién ni el cómo.
África, ¿el nuevo paraíso de la caña?
El sur de África ha sido durante los últimos años una de las regiones con mayor expansión de la caña azucarera en todo el mundo. Las nuevas plantaciones han venido además de la mano del preocupante proceso de acaparamiento de tierras que ha sufrido el continente y que ha supuesto la pérdida de millones de hectáreas en favor de grandes multinacionales. La caña de azúcar no es nueva en África, pero los cambios en el mercado internacional y las buenas condiciones climáticas de la zona la han hecho especialmente apetitosa para la industria. El sector se ha reestructurado prácticamente en todo el continente, primando “el outsourcing y la racionalización de la mano de obra”, asegura el investigador Jorge Chullén. Las grandes empresas han concentrado la propiedad y, en la mayoría de los casos, han empeorado las condiciones de sus trabajadores. “No hay salud ni seguridad ocupacional y cuanto más subcontratan más se deteriora, porque las empresas subcontratadas dejan de cubrir los aspectos sociales”, explica Chullén.
Un caso significativo es el de Mozambique. La antigua colonia portuguesa apenas tenía industria azucarera hace unos años. Ahora se han creado unos 25.000 puestos de trabajo en el sector, pero que han sido denunciados en varias ocasiones por las malas condiciones. Ethical Sugar habla, por ejemplo, del caso de la plantación en el estado de Xinavane que dirige la empresa Sudafricana Tongaat Hulett y que emplea ella sola a un tercio del total de la mano de obra del sector en el país. Según Ethical Sugar, los salarios sólo cubrían las necesidades más básicas y la seguridad en el lugar de trabajo era muy pobre, hasta el punto de que los accidentes mortales eran habituales [9]. Las instalaciones provistas por la compañía para los trabajadores también eran muy precarias y la higiene tan básica que en 2010 una de las comunidades sufrió una epidemia de cólera.
De nuevo, los trabajadores estacionarios, los más numerosos en todas las plantaciones de azúcar del mundo, son los más perjudicados por el sistema. Sin recibir a menudo un pago por las horas extra – o, cuando son pagados al peso, siendo engañados en la cantidad cortada –, los trabajadores se enfrentan a seis meses de desempleo una vez que la temporada termina. El esquema se ha repetido durante siglos y ha dado la vuelta al mundo. Los africanos también parecen encerrados en este círculo vicioso eterno; ya fueron esclavos del azúcar una vez en tierras lejanas; ahora podrían volver a serlo en su propia casa.
Trabajo de haitiano
Una descripción de los cañaverales de la República Dominicana nos retrotrae también a los tiempos de la esclavitud: vejaciones, malos tratos, jornadas de sol a sol a cambio de un salario de hambre. Así lo describe Joana Socías en su reciente obra El púlpito de la miseria, una crónica sobre la situación de los cortadores de caña que viven como esclavos en las plantaciones de San José de los Llanos, en la República Dominicana, y sobre cómo el sacerdote anglo-español Christopher Harley Satorious revolucionó sus vidas [10]. Socías recorre en su narración los pormenores del lucrativo negocio de la caña, que no ha cambiado tanto desde los tiempos de la esclavitud, cuando miles de africanos fueron transportados a las Antillas por las necesidades de mano de obra que suponía el monocultivo de la caña destinado a la exportación.
En el negocio azucarero en República Dominicana “confluyen muchos actores, todos interesados en que las cosas continúen como hace siglos: mano de obra semiesclava para aumentar los beneficios; monopolio de la plantación y exportación del azúcar para mantener firme al Estado; control de los medios de comunicación y silencio cómplice de la jerarquía de la Iglesia católica. Un complicado entramado del que nadie habla y en el que es prácticamente imposible meter la mano”[11]. Harley la metió, y le valió su expulsión del país, diez años después de su llegada. Para entonces, algo había cambiado entre los cortadores.
En Los Llanos, como en Pernambuco o en Riberão Preto, los empresarios se resisten a mecanizar la recogida de caña, porque la mano de obra sigue siendo más barata y eficiente. En Santo Domingo le dicen “trabajo de haitianos”, en referencia a las hordas de inmigrantes que desde hace generaciones se desplazan al país en busca de trabajo. Sólo les espera el ‘batey’, una suerte de infierno, según lo describe Socías: los cortadores no cobran dinero, sino vales que sólo pueden cambiar por alimentos en la propia empresa. “El sistema de escolaridad no llega ni a los cuatro cursos, no existe un censo oficial y por supuesto no tienen derecho a médico ni servicios básicos” [12].
Cuando el padre Christopher llegó a la República Dominicana en 1997, se encontró esta situación, conoció niños desnutridos, hombres que seguían trabajando a los 90 años y todo tipo de injusticias; llegó a comprender cómo funciona el negocio, basado en la importación de trabajadores baratos desde Haití, el país más pobre de América. Y, de la mano de la abogada Noemí Méndez, descubrió que aquel complejo entramado dependía en realidad de una gran familia: los Vicini, dueños de las plantaciones y bien relacionados con la veintena de familias que manejan toda la economía dominicana, entre ellos nombres como el de Brugal o Bacardi, que tanto nos suenan por el ron, que también sale de la caña. Impulsados por el sacerdote, los trabajadores haitianos comenzaron a perder el miedo y se enfrentaron a los poderes establecidos: las oligarquías, la jerarquía eclesiástica, el Gobierno y los medios de comunicación.
La cuestión tiene implicaciones internacionales, que Socías describe al final de su libro. El negocio azucarero en la República Dominicana no sólo beneficia a unos cuantos privilegiados en el país, sino que es apenas el comienzo de una cadena mucho más compleja. Lo demuestran, por ejemplo, las dificultades que tuvo el sacerdote con Bonsucro, un sello de certificación que, teóricamente, pretende dar una garantía de ciertas condiciones ambientales y sociales en los cañaverales, pero que en la práctica está ligada a los intereses de grandes multinacionales sospechosas de alimentar todo lo contrario. Lo veremos más adelante en este mismo ensayo.
Eso es, precisamente, lo que nos proponemos visibilizar en este libro. El foco es recuperar una visión integradora para entender lo que se nos oculta a lo largo de la cadena de producción del azúcar. Los casos expuestos aquí son sólo unos pocos, pero dan cuenta de una preocupante realidad: el empleo de trabajadores esclavos en los cañaverales no es la excepción, sino la regla. Lo entendió muy bien el padre Christopher, que ahora, en una remota aldea de Etiopía, sigue luchando contra esas nuevas formas de esclavitud institucionalizada que, como dice el periodista brasileño Leonardo Sakamoto, “son fruto del capitalismo: no son enfermedad, sino síntoma del sistema”. La inhumana y obtusa lógica de la maximización del beneficio, llevada al extremo.
NOTAS AL CAPÍTULO
1. Véase el capítulo 1, dedicado a la dimensión histórica del negocio azucarero
2. Cf. Eduardo Galeano, “El Rey Azúcar y otros Monarcas”, en Las venas abiertas de América latina.
3. Sobre este particular, véase el capítulo dedicado a los Biocombustibles.
4. Leonardo Sakamoto, “A economia da escravidao”, en Repórter Brasil.
5. Cf. Lucia Rodrigues, “Agronegócio escraviza milhares de trabalhadores no campo”, en la revista Caros Amigos, Noviembre de 2011.
6. Lo veremos más detenidamente en el capítulo que dedicamos, al final de este libro, a la lucha de los Sin Tierra en Brasil.
7. Cf. Lucia Rodriguez, op. Cit.
8. “Life not sweet for Philippines’ sugar cane child workers”, Kyung Lah, CNN, 2 de Mayo de 2012
9. “Sugarcane in Southern Africa: A Sweeter Deal for the Rural Poor?”, Ethical Sugar, octubre 2010
10. Joana Socías, En el púlpito de la miseria, La esfera de los Libros, 2013.
11. Aurora Moreno Alcojor, “Esclavitud moderna”. En http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=2&id=3552
Íbid.
12. Íbid.
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