El ‘boom’ de la soja en Argentina y Paraguay

El monocultivo de soja campa a sus anchas en el Cono Sur de América Latina. Los casos de Argentina y Paraguay son ilustrativos de un modelo que a su paso deja comunidades indígenas y campesinas desplazadas y un grave problema socioambiental asociado a los riesgos para la salud de los agrotóxicos a base de glifosato. El reportaje que sigue fue posible gracias a los mecenas que aportaron para su financiación en nuestro crowdfunding en Goteo de 2018; quienes quieran documentarse mejor sobre el tema, pueden hacerlo en nuestro libro ‘Los monocultivos que conquistaron el mundo’, recientemente publicado por la editorial Akal.

A primeros de los años 90, no existía soja en la Argentina; en 1996 la superficie cultivada no pasaba de los dos millones de hectáreas. Pero, a partir de ese momento, el crecimiento fue exponencial: el monocultivo sojero se multiplicó por tres en sólo tres años y, después, sólo hizo que seguir aumentado. En 2017, la soja, en su inmensa mayoría transgénica, ocupaba 18,8 millones de hectáreas, más del 60% de la superficie cultivable. Eso, en un país que cuenta con tierras excepcionalmente fértiles, especialmente en las Pampas; eso que muchos llamaron el granero del mundo. “Un trofeo mundial que despertó desde siempre la avidez mundial”, en palabras del ingeniero agrónomo y economista ecológico Walter Pengue.

¿Qué pasó para que, en apenas dos décadas, la superficie de tierra dedicada a la soja se multiplicase por nueve en uno de los países con la tierra más fértil del planeta? Si 1996 fue el año de inflexión es porque fue ese año cuando el ingeniero agrónomo Felipe Solá, secretario de Agricultura en el gobierno neoliberal de Carlos Menem, autorizó la siembra de soja genéticamente modificada por Monsanto, la Soja RR Intacta. La agricultura argentina fue la primera en América Latina que abrió sus fronteras a aquel primer evento transgénico. A cambio, el país recibió un trato preferencial por parte de la multinacional estadounidense, que renunció a recibir regalías por más de una década; es decir, permitió que se comercializaran en Argentina variantes locales de su semilla patentada y, de ese modo, los agricultores no tuvieran que pagar las semillas al precio que requería la corporación que ahora pertenece al Grupo Bayer. Es gracias a la acelerada extensión del monocultivo sojero -y, en mucha menor medida, del maíz y el algodón- que Argentina representa el 14% de los cultivos transgénicos sembrados en el mundo, por detrás únicamente de Estados Unidos (41%) y Brasil (21%) [1].

El interés del nuevo producto resultó evidente para muchos agricultores: cuando la soja se rocía con glifosato, el cultivo parece garantizado y, al estar a salvo de malezas, la cosecha está más protegida de factores tan incontrolables como el clima y las plagas. Así que en Argentina los campos de soja comenzaron a ser rociados con el herbicida más vendido del mundo, sin que antes se realizasen estudios o interviniesen organismos de control que analizasen de manera integral los posibles impactos. Lo que sí parecía claro eran las consecuencias económicas: el aumento sostenido de la demanda de soja por parte de China aseguraba un buen precio internacional para esta materia prima. En 2018, se produjeron en Argentina 33,4 millones de toneladas de soja, y ello pese a la merma del 21% con respecto al año anterior [2]. La otra cara de la moneda es que la expansión de la frontera sojera implicó la pampeanización del territorio argentino, es decir, se exportó a otras ecorregiones el modelo agrícola pampeano, basado en la producción de granos; esto implicó cambios del suelo importantes en ecosistemas sensibles, como el Impenetrable chaqueño, al norte del país.

El modelo sojero y el Consenso de los Commodities
Tras la debacle social, económica y política que culminó en la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, llegaría al poder Néstor Kirchner, en 2003; le sustituiría, a partir de 2007, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, que presidió el país hasta la victoria de Mauricio Macri en 2015. Los doce años de hegemonía kirchnerista fueron los de gobiernos que se autodenominaron “progresistas”: al consenso neoliberal que representaba Menem, que había sido contestado en las calles con virulencia en diciembre de 2001, oponían una forma de hacer política “nacional y popular”, de inspiración peronista. Se articularon políticas públicas y asignaciones monetarias a las clases populares que contribuyeron notablemente a mejorar su poder adquisitivo; el relato oficial afirmaba que esas políticas inclusivas podían financiarse gracias a las divisas obtenidas de la exportación de commodities, especialmente la soja.

Es el pasaje que Maristella Svampa caracterizó como del “Consenso de Washington” al “Consenso de los Commodities”. El Consenso de Washington se refiere a las políticas de estabilización monetaria y liberalización del comercio que impuso, desde los años 70, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que señala la socióloga argentina es que tanto los Kirchner como otros gobiernos progresistas latinoamericanos -Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, entre otros- plantaron cara a ciertos elementos del neoliberalismo, pero no salieron de la convicción de que la extracción y exportación de materias primas es la única vía para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de América Latina. Y ello, a pesar de los conflictos socioambientales y de la violencia que genera ese modelo, que se ensaña con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Cuando, en 2003, Néstor Kirchner ocupó la Casa Rosada, el monocultivo sojero ya se había asentado en el país y seguiría creciendo durante los doce años de hegemonía kirchnerista. La economía argentina se hacía cada vez más dependiente de las divisas que suponían las exportaciones del poroto de soja y sus derivados.

Paraguay: el país del latifundio

Si en toda América Latina la actividad agraria ha sido en buena medida colocada a disposición de los requerimientos del mercado global, Paraguay es un caso extremo, donde el 94% de la tierra cultivada se dedica a la producción de commodities. El modelo económico basado en los monocultivos de exportación aseguró un crecimiento económico acelerado en la última década: el Banco Mundial ha destacado el “buen manejo macroeconómico” del país, que aseguró, en gran parte gracias a la soja, un crecimiento promedio del 4,5% del PIB entre 2003 y 2018

Paraguay es un estado siete veces más pequeño que Argentina, pero se ha consolidado como el quinto exportador mundial de soja. Los partidarios del modelo consideran el monocultivo imprescindible para la estabilidad económica y el desarrollo del país; las voces críticas argumentan que las ganancias que genera el modelo las acaparan un puñado de empresarios y terratenientes que prácticamente no pagan impuestos ni redistribuyen la riqueza: el Estado, por su parte, no implementa políticas públicas destinadas a favorecer a la pequeña agricultura. Un informe de 2018 concluye que los campesinos que han sido integrados en el monocultivo de soja han visto cómo se reducía su soberanía alimentaria y aumentaba su dependencia, ya que deben comprar semillas e insumos. Al mismo tiempo, el avance del monocultivo sojero ha implicado cientos de miles de desplazamientos forzosos; quienes resisten se enfrentan al hostigamiento y la criminalización de las resistencias. El correlato de la extensión del monocultivo ha sido la pérdida de bosque nativo; en especial, del bosque atlántico paraguayo.

Pero lo que hoy sucede en Paraguay no podría entenderse sin la guerra que, a mediados del siglo XIX, dejó encallado en la miseria al que era, en 1865, el país más avanzado del continente. “La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay aniquiló la única experiencia exitosa de desarrollo independiente” en América Latina, escribió Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. El escritor uruguayo lo llamó “el capítulo más infame” de la historia del continente. Argentina, Brasil y Uruguay unieron sus fuerzas para derrotar al país que “se erguía como una excepción en América Latina”, pues el Estado paraguayo había logrado controlar y distribuir la riqueza. Tras el conflicto, que se extendió entre 1865 y 1870, la población paraguaya quedó diezmada; Argentina y Brasil se repartirían el botín, aunque fueron los bancos ingleses los grandes vencedores de la contienda. Fue entonces cuando se asentó en el país una estructura latifundista marcada por una profunda injusticia social que condenó a la miseria a cientos de miles de campesinos e indígenas.

La herencia de aquella guerra sigue viva. En un continente donde la concentración de la tierra en pocas manos es una de las principales fuentes de desigualdad, injusticia y conflicto social, el caso de Paraguay es extremo: el 0,2% de las fincas acaparan el 40,7% de la superficie cultivable [3]. El índice Gini de la distribución de la tierra da cuentas también de una concentración extrema: alcanza el 0,93, donde el 0 es la máxima igualdad y el 1, la máxima desigualdad. Si la dictadura de Alfredo Stroesnerr (1954-89) fue un capítulo oscuro, la virulencia del modelo permaneció después. Entre 1989 y 2005 se registraron 115 casos de desapariciones forzosas y asesinatos vinculados a la lucha campesina por la tierra; la inmensa mayoría de las víctimas pertenecían al pueblo guaraní. No está documentado qué porcentaje de estos crímenes están directamente relacionados con la soja, pero lo que sí ha sido registrado por el Atlas de la Justicia Ambiental (EJAtlas) es que algunos de los más notorios conflictos socioambientales en el país están directamente relacionados con el avance del monocultivo sojero.

Muchos creyeron que las cosas podrían cambiar en el país cuando, en 2008, en pleno auge de la soja y otras commodities, ascendió a la presidencia Fernando Lugo. El nuevo gobierno prometió la reforma agraria, pero, tres años después, seguía sin haber avances, mientras el monocultivo sojero alcanzaba cifras record. En 2011, el gobierno de Lugo decidió enfrentar el problema de las tierras malhabidas, esto es, ilegítimamente apropiadas en tiempos de la dictadura. Lo que se esperaba, a medio plazo, era proceder a la reforma agraria que siempre se le negó al pueblo paraguayo. Fue entonces cuando grandes propietarios nacionales, junto a las corporaciones extranjeras, iniciaron su campaña de desprestigio contra el presidente. En medio de tan complejo escenario, un millar de campesinos ocupó una finca en Marina Kue, en departamento de Curuguaty. Le siguió, un aciago 15 de junio de 2012, un violento desalojo policial que se saldó con 17 víctimas mortales. Los enemigos políticos de Lugo lo responsabilizaron de la matanza y siguió un rápido juicio político: una semana después, el presidente había sido destituido. Cuando su vicepresidente, Federico Franco, tomó el relevo en 2012, una de sus primeras medidas fue autorizar nuevas variedades transgénicas de las multinacionales biotecnológicas Monsanto, Dow, Syngenta y Pioneer.

Imágenes: Flickr/United Soybean Board

NOTAS

[1] Fuente: Pengue, Walter Alberto (2016) Cultivos transgénicos. ¿Hacia dónde fuimos? Veinte años después: la soja argentina 1996-2016. Buenos Aires: Heinrich Bôll Stiftung.
[2] Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba, informe núm. 269.

[3] Cifras del Censo Agrícola Nacional de 2010.