Artículo publicado originalmente en eldiario.es

Todas las entradas a la PT Abdi Budi Mulia, una gran plantación de palma aceitera en la isla indonesia de Sumatra, están custodiadas por una garita de seguridad. Sólo los trabajadores tienen permiso para entrar, aunque los controles son poco exhaustivos y es posible traspasar la barrera con el coche y la ayuda adecuados. Una vez dentro, la estampa es monótona. Durante kilómetros, las grandes palmas se suceden las unas a las otras, todas con la misma distancia de separación para asegurar su mejor rendimiento, aunque muchas de ellas dobladas debido a la mala calidad del suelo turboso. Es mediodía, y los trabajadores se apresuran bajo el abrasador sol tropical a recoger los racimos de frutos de palma para no ser penalizados por no llegar al mínimo diario exigido.

La PT ABM, como es más conocida, es una de las cinco plantaciones indonesias que Amnistía Internacional (AI) ha analizado en un informe publicado esta semana y en el que acusa al gigante singapurense Wilmar, dueño o principal comprador de las plantaciones analizadas, de “serios abusos de los derechos humanos.” Entre los abusos documentados por la organización, se incluyen trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación por género y prácticas peligrosas para la salud de los trabajadores, asegura el informe. “Los abusos identificados no son incidentes aislados sino que se deben a las prácticas sistemáticas de los subsidiarios de Wilmar y sus proveedores, especialmente el bajo nivel de los salarios, el uso de cuotas y ‘tarifas por pieza’ (en los que los trabajadores son pagados en base a las tareas completadas y no a las horas trabajadas) y el uso de un sistema complejo de penalizaciones”, dice el informe. Wilmar es el principal intermediario de la industria del aceite de palma y se calcula que controla aproximadamente el 45% del mercado internacional de esta materia prima. Buena parte procede de Indonesia, el principal productor mundial de este rojo aceite.

La investigación de Amnistía Internacional apunta además a algunas de las grandes marcas de alimentación y cosmética que compran aceite de palma a Wilmar, como la española AFAMSA, o las multinacionales Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever. El estudio también incluye a ADM, una de las principales empresas de comercialización de materias primas agrícolas del mundo, que también procesa el aceite de palma para ser utilizado por otras industrias o como pienso de animales. En sus consultas a las marcas que usan el aceite de Wilmar, sólo Kellogg’s y Reckitt Benckiser, denuncia AI, dio respuestas detalladas sobre su relación con la empresa singapurense, mientras que las otras dieron respuestas imprecisas o no contestaron al cuestionario de la organización.

El informe denuncia además que Wilmar, como miembro de la Mesa Redonda por el Aceite de Palma Sostenible (RSPO en sus siglas en inglés), una iniciativa establecida en 2004 para mejorar los estándares medioambientales y sociales de la producción de aceite de palma, viola de forma reiterada los principios del sello. No obstante, la membresía no significa que la empresa esté obligada a cumplir los estándares del sello, algo que requiere de una certificación adicional, aunque sí implica un compromiso de mejorar paulatinamente las condiciones generales de producción. Por otra parte, de las plantaciones analizadas por Amnistía Internacional, sólo tres de ellas están certificadas por la RSPO, una es miembro pero no tiene la certificación, mientras que ABM es la única que no tiene relación directa con el sello de sostenibilidad.

La pesadilla de las cuotas

Desi*, a sus 14 años, lleva ya uno ayudando a su padre a recoger los 950 kilos de frutos diarios que ABM le exige para no imponerle penalizaciones sobre su salario. “Si estuviera solo necesitaría 10 horas para poder alcanzar la cuota. Con su ayuda tardo siete”, asegura el padre de Desi. El padre de Desi está dispuesto a hacerlo sin ayuda, asegura, pero el reloj juega en su contra. Si no quiere ver su sueldo reducido, tiene que hacer una primera entrega a las dos de la tarde, cuando tiene que tener listos los pesados racimos que reposan sobre las hojas de las palmeras a varios metros de altura y que libera gracias a una hoja insertada en una largo palo. Tres horas más tarde, tiene que entregar los pequeños frutos que se han quedado esparcidos por el suelo cuando los racimos caen de lo alto. Ahí es donde Desi ayuda a su padre, cada día de lunes a sábado, entre las 2 y las 5 de la tarde, una vez que ha terminado el colegio.

El informe de Amnistía Internacional relata más casos de trabajo infantil de entre 8 y 14 años, que “trabajan sin equipos de seguridad en plantaciones donde se utilizan pesticidas tóxicos, y transportan pesadas bolsas de frutos de palma que pueden pesar de 12 a 25 kilos”. Ese mínimo que tiene que recoger el padre de Desi es la razón principal de que muchos niños ayuden a sus padres en las plantaciones y que algunos incluso tengan que abandonar el colegio. “Las cuotas no tienen ningún tipo de base real. Se impone de forma aleatoria por las empresas, sin tener en cuenta lo que puede recoger un trabajador en un día o la capacidad productiva de la plantación”, explica Herwin Nasution, líder del sindicato Serbundo. Las cuotas varían según las plantaciones y las penalizaciones por no cumplirlas, también. A menudo, además de la reducción de los salarios, se dan avisos a los trabajadores que no cumplen las cuotas, y son despedidos al llegar a cierto número, tres en el caso de ABM. En algunas plantaciones, como la PT Milano, los trabajadores aseguran que no les obligan a cumplir las cuotas durante la época seca, en la que las plantas son menos productivas.

Junto a los menores, las mujeres son otras de las grandes afectadas por estas cuotas y a menudo, cuando terminan sus jornadas rociando las palmeras con pesticidas y fertilizantes, acuden a ayudar a sus maridos a pesar de los efectos que los químicos tienen sobre su salud. La propia madre de Desi tuvo que dejar de ayudar a su marido y ser reemplazada por su hija cuando los mareos que sentía tras su jornada le impedían pasarse otras tres horas recogiendo los frutos. Nila, otra trabajadora de la ABM de tan sólo 22 años, relata sus condiciones: “No tenemos máscaras ni guantes. Yo sólo tengo un pañuelo que es mío. La empresa no me da nada”, asegura la joven, quien tuvo que dejar de rociar los pesticidas porque se sentía continuamente mareada. Ahora, sigue rociando fertilizantes que, asegura, le producen alergias en la piel y dolor de estómago pero que, al menos, no le impiden trabajar.

Condiciones desiguales en las plantaciones

A pesar de que el aceite de palma es un producto relativamente sencillo, su cadena de producción puede llegar a ser altamente compleja. Las plantaciones son a menudo propiedad de empresas de tamaño mediano o grande, aunque entre el 30 y el 40 por ciento de la producción está en manos de los llamados pequeños productores, que tienen terrenos de menos de 50 hectáreas. Los pequeños propietarios pueden vender directamente a refinerías, pero a menudo proveen, especialmente si no tienen una refinería suficientemente cerca de sus plantaciones, a empresas de mayor tamaño.

Entre las propias empresas también se venden aceite las unas a las otras, por lo que el aceite de varias plantaciones, refinerías y empresas se mezcla antes de llegar al consumidor final. El aceite certificado también se mezcla con aceite no certificado, ya que a menudo el aceite con sello RSPO no tiene suficientes compradores que quieran pagar su sobreprecio.

Trazar la procedencia exacta del aceite utilizado por cada empresas es, por ello, muy complejo y la mayor parte de las grandes marcas no tienen ningún tipo de sistema de verificación de la procedencia del aceite de palma que utilizan, como denunció Greenpeace en un informe el pasado mes de marzo (http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Forests-Reports/Cutting-Deforestation-Out-Of-Palm-Oil/). Entre ellas están varias de las mencionadas por AI: Nestlé, Colgate, Unilever, Kellogg’s, Procter & Gamble o Unilever.

No obstante, la situación no es la misma en todas las plantaciones incluidas en el informe, según las entrevistas realizadas por eldiario.es. “Las condiciones laborales son mejores en la PT Milano, aunque los bonus son mayores en ABM”, relata Río, uno de los líderes sindicales de la zona. Ami, una mujer que trabaja en PT Milano desde que tiene 15 años, asegura que, a diferencia de la situación de Nila en ABM, la compañía les facilita el equipo de seguridad necesario para manejar los químicos que rocían a los árboles desde que ésta se unió a la RSPO en 2011. Sin embargo, Ami, como la mayor parte de las mujeres de las plantaciones en Indonesia, sigue sin tener un contrato a pesar de que ha trabajado durante años una media de 20 días al mes.

En South Labuhan Batu, el distrito indonesio donde están ABM y otras dos de las plantaciones analizadas, aseguran que la clave es la transparencia. “Wilmar es una de las empresas que lidera la RSPO así que debería ser más transparente sobre cuáles son las condiciones de sus plantaciones y de sus proveedores”, continúa Río, quien añade que, tal y como denuncian desde Amnistía Internacional, la RSPO ha mejorado algunas condiciones, pero no significa que las plantaciones estén libre de violaciones de derechos. “Aquí hay abusos, sobre todo a los jornalerros. La RSPO debería obligar a que se les hicieran contratos”, asegura el sindicalista.

Las condiciones laborales son a menudo tan precarias, que varias generaciones de la misma familia se ven encadenadas a las palmeras. Desi aún sueña con que algún día podrá dejar la plantación y estudiar Medicina en la capital del país, Jakarta. “Sabes que eso es imposible”, le dice su padre. “Acabarás trabajando en la plantación como lo hace tu padre y como lo hizo tu abuelo”.

*Todos los nombres de trabajadores han sido modificados para proteger la identidad de los entrevistados

“La selva ya está desarrollada; la selva es vida”

(Fanco Viteri, dirigente indígena de Sarayuku, Ecuador)¹

“Aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo finito o es un imbécil o un economista”

(K. Boulding)

Decir que el aceite de palma está presente en uno de cada dos productos que podemos adquirir en un supermercado implica reconocer la centralidad de este aceite en el modelo de consumo mundial. El aceite de palma es, como ya hemos visto, un ingrediente profusamente utilizado por la industria agroalimentaria para la elaboración de alimentos ultraprocesados, desde margarinas a panadería y bollería; de hecho, las mayores compradoras de aceite de palma son los grandes grupos empresariales del sector alimentario, como Unilever y Nestlé. Salvo en ciertas regiones de África, Asia o en Brasil, este ingrediente no es empleado directamente para cocinar en los hogares, sino que es sinónimo de industria, de largas cadenas de valor que comienzan en el Sudeste asiático o la América tropical y terminan, cada vez más, en un supermercado o gran almacén, perteneciente a su vez a otra gran cadena, como Wal-Mart o Carrefour. La preeminencia de grandes corporaciones multinacionales se reproduce en el caso de cosméticos, jabones o detergentes. Y está también un segundo uso, vinculado a otra cadena de valor global igualmente compleja: el mercado del biodiésel, impulsado por una Unión Europea que en 2014 destinó 3500 millones de litros de aceite de palma a producir agrocombustible, según la organización Transport & Environment. Pero la palma, además, está fuertemente conectada con los intereses de las grandes transnacionales del agronegocio, como Cargill, y con entidades financieras que participan del mercado de materias primas o commodities, un tema al que dedicaremos otro capítulo de esta investigación, porque ya nada, o casi nada de la economía mundial puede entenderse sin la creciente financiarización de todo, comenzando por la naturaleza.

A lo largo de este reportaje, trataremos de visibilizar y entender cómo el monocultivo palmero expande un modelo de desarrollo hegemónico, orientado a la ganancia y la reproducción del capital, a territorios que hasta ese momento estaban consagrados a la producción de alimentos. Se enfrentan dos modelos de desarrollo: el agronegocio frente a la agricultura campesina. Y la adopción de uno u otro tiene profundas consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales y, también, sobre los ecosistemas.

El caso de la palma aceitera es paradigmático de la profunda transformación de la agricultura mundial a la que asistimos. En su cualidad de materia prima flexible,² el aceite de palma es una commodity cada vez más apetecida por los mercados internacionales. Por eso, gobiernos, instituciones supranacionales y empresas de diferentes sectores convergen en el interés de fomentar el monocultivo palmero como forma de inserción en las redes globales de valor³ de territorios que, hasta entonces, permanecían relativamente independientes de la economía global. Se expande así un modelo que, a nivel mundial, está copado por un puñado de empresas: según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el 86% del mercado lo controlan cuatro empresas intermediarias -y productoras- de compra venta, con Wilmar a la cabeza, copando el 45% del mercado mundial.⁴ La cara es el ascenso de estas corporaciones que acumulan jugosos beneficios; la cruz, el retroceso de las economías campesinas de subsistencia, que producen alimentos saludables en mayor armonía con el medio ambiente, pero son calificadas de “atrasadas” y poco productivas. Es a partir de ese atraso que se justifica la penetración de los territorios del monocultivo palmero, que implantan el “desarrollo” con o sin el beneplácito de las comunidades campesinas locales.

El papel del Estado y las organizaciones supranacionales

En 2012, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitó el municipio de Maríalabaja, en la región de los Montes de María, a 66 kilómetros de Cartagena de Indias. En ese municipio de población campesina y mayoritariamente afrodescendiente, uno de los que sufrieron con mayor virulencia la estrategia del terror practicada por los grupos paramilitares en los años 2000, aseguró: “Colombia tienen un potencial de aumento de su producción de alimentos […] yo añoro que este aguacate se pueda vender en un supermercado en Miami en ojalá no mucho tiempo”.⁵ Cuatro años después, los aguacates, la yuca o el arroz siguen escaseando; pero hay palma, mucha palma. Entre 2001 y 2007, el área sembrada de palma se incrementó en un 11,9% anual, según TNI, en parte, gracias al importante rol del Estado al impulsar este cultivo.⁶

Los campesinos colombianos han visto, en las últimas décadas, como los tratados de libre comercio abrían la puerta a productos agrícolas a precios por debajo del coste de producción, al tiempo que aumentaban los precios de los insumos, como semillas y pesticidas, sin que el Estado les facilitase ninguna ayuda; de ahí que muchos campesinos se pasasen a la producción de cultivos ilícitos, que les garantizaban una mayor rentabilidad, aunque también les sometían a la injerencia de los grupos armados. La palma se presentó como una alternativa: “un sector lícito, competitivo y rentable”, en palabras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que oculta ese discurso que legitima la expansión de la palma por su rentabilidad es que ésta se basa, en parte, en los generosos subsidios y el marco institucional hecho a la medida de los grupos empresariales del monocultivo palmero. “Todos los préstamos al agro eran para la palma: no había nada más”, explica en Tumaco, al suroccidente del país, una activista del Proceso de Comunidades Negras (PCN). El resultado: “Mucha gente se empobreció, perdió su tierra. Desaparecieron los productores tradicionales: ya no se produce para la casa, sino para la industria».

La expansión de la palma contó con el apoyo decidido del Banco Mundial y de las agencias de desarrollo, como la USAID. Ésta apoyó, en la primera década del siglo, 26 proyectos palmeros bajo el modelo de “alianzas productivas” entre pequeños cultivadores y productores de aceite con una inversión total de 194 millones de dólares, según la USAID. “Ese dinero fue muy importante para la reciente expansión palmera a partir del 2001 . Así que los empresarios palmeros ni siquiera pusieron el capital para expandir las plantaciones bajo el modelo de alianzas”, explica la académica Victoria Marin-Burgos, que investigó a fondo este mercado para su tesis doctoral. La financiación aportada por la USAID se dedicó a ayudas para el acceso al crédito de pequeños campesinos, en subvenciones para comprar semillas a las empresas líderes del sector, o en capacitación.⁷ El crédito gana protagonismo en las economías campesinas. El desarrollo rural cada vez se considera más como una cuestión de inclusión financiera, y en este sentido es clave el papel del Estado y de las agencias de desarrollo, cuyo papel fundamental pasa a ser que los campesinos tengan acceso al crédito.⁸ Pero, para acceder al crédito, los campesinos deben escoger plantar palma y dejar de cultivar alimentos para el consumo local. En pocas palabras, este tipo de instituciones entienden el desarrollo como inclusión del campesinado en el circuito financiero y las redes de valor globales.

A imponer ese modelo han contribuido de forma determinante instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que a través de los planes de ajuste aplicados masivamente a los países del Sur durante los años 90, impusieron el desmantelamiento de las políticas agrarias de decenas de países. El caso extremo es el de África: era autosuficiente e incluso exportadora neta de alimentos (1,3 millones de toneladas al año entre 1966 y 1970); después de los planes de ajuste, tiene que importar el 25% de los alimentos que se consumen, y convive con cíclicas hambrunas.⁹ Otro caso extremo: Haití, que en los años 80 era autosuficiente en arroz, fue inundado, tras el paso del FMI, por el arroz subvencionado de Washington; hoy, el Gobierno haitiano gasta el 80% de sus ingresos en comprar comida. En palabras del ex relator de la ONU Jean Ziegler: “Allí donde hace estragos el FMI, se encogen los campos de mandioca, de arroz y de mijo. La agricultura de subsistencia muere”. Siempre, con el argumento del desarrollo: “Para maximizar sus ventajas comparativas y acumular divisas, se invita a los fuertemente endeudados países del Sur a centrarse en unos cultivos con mayor valor añadido en los mercados internacionales”.¹⁰ Tampoco ha sido menor el papel de la Unión Europea que, al promover enfáticamente los agrocombustibles como solución al cambio climático, creó a nivel internacional la expectativa de que ese mercado tenía futuro y fomentó activamente las inversiones.

En Indonesia, el Banco Mundial también tuvo un papel importante en la expansión del aceite de palma como modelo de desarrollo económico. El aceite de palma llegó al archipiélago asiático a principios del siglo XX de manos de los colonos holandeses, pero su expansión se limitó a ciertas áreas de la isla occidental de Sumatra. El dictador Suharto, bajo la política del ‘Nuevo Orden’, se propuso desarrollar el país impulsando ciertos sectores clave, entre ellos el de la producción de aceite de palma, siguiendo el modelo de la vecina Malasia. El Banco Mundial colaboró apoyando el programa de transmigración, ya iniciado por los propios holandeses para proveer de mano de obra a las plantaciones, por el que se buscaba que los habitantes de la superpoblada Java se desplazaran a otros lugares con menor densidad de habitantes. A menudo, este programa de transmigración estuvo ligado al aceite de palma, ya que los campesinos eran enviados a plantaciones u obligados a plantar la palma aceitera. Hoy en día, Indonesia ya es el principal productor mundial de aceite de palma y el programa sigue activo, aunque a una escala mucho menor que en los años 80, y varios gobiernos regionales han iniciado programas de reducción de la pobreza ligados al aceite de palma por el que se dan tierras que sólo pueden ser destinadas las altas palmeras.

Los resultados de estos programas de desarrollo son continuamente discutidos. Varios estudios de académicos han defendido tanto la bonanza del aceite de palma a la hora de incrementar el nivel de vida de los indonesios como el empobrecimiento que suponen para las comunidades locales. Para muchos, el resumen se parece mucho a lo que ocurrió en el pueblo de Dosan, en la provincia indonesia de Riau. Allí, el gobierno local lanzó en 2003 un programa de desarrollo por el que dio tres hectáreas a cada familia para que plantase aceite de palma. Las nuevas plantaciones trajeron más dinero a los campesinos pero también crearon las condiciones perfectas para que el fuego devastara la zona cada vez que llegaba la estación seca. “Yo miré a mis vecinos y vi que tenían más dinero que yo. Por eso elegí el aceite de palma. En ese momento, no entendí las consecuencias del aceite de palma”, asegura Pak Dahlan, líder de los campesinos del pueblo.

Otros han tenido menos suerte, y han perdido sus tierras por la expansión de la industria. Así la ONG Sawit Watch, que monitorea la industria del aceite de palma – sawit significa palma aceitera en el lenguaje local de Indonesia – en el país, tenía registrados 731 casos de conflictos de tierras entre comunidades locales y plantaciones en 2014.¹¹ Muchos de los que han perdido sus tierras terminan trabajando como jornaleros por magros salarios en las mismas plantaciones que antes eran suyas. “Dicen que el aceite de palma trae riqueza, pero, ¿dónde está? Aquí sólo hay casas de gente pobre. El dinero se ha ido a la ciudad”, dice Panut Hadisiswoyo, director del Orangutan Information Center, una organización que trabaja con comunidades campesinas para ofrecer alternativas al aceite de palma y evitar la destrucción medioambiental asociada a esta industria.

Volvamos a Colombia. En el país de las tres cordilleras andinas, los empresarios del sector, aglutinados en la federación de productores Fedepalma, contaron, desde la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), con el firme apoyo del Estado. Una de las conclusiones de la investigación de Marin-Burgos es que el papel del Estado ha sido central: “Otorga subsidios y aporta incentivos, que ha gestionado Fedepalma -que agrupa a nivel nacional a los productores de palma- gracias a su enorme papel de lobby; entre 2000 y 2010, la palma recibió una parte sustancial de todas las ayudas estatales al agro”, asegura la investigadora. Bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el máximo órgano estatal de planificación, publicó dos documentos que favorecían la expansión de la palma, diseñados a la medida del sector; el segundo de ellos, a través de una gran apuesta en los biocombustibles. Las activas políticas públicas posibilitaron el acelerado ascenso de la palma en Colombia: “Los grandes beneficiarios fueron las familias de grandes palmicultores y productores de aceite de palma, muchas de ellas cercanas al gobierno Uribe o financiadoras de su campaña”, señala Marin-Burgos. Algunas de estas familias son: Murgas Dávila (propietarios de Oleoflores), Dávila Abondado (DAABON Business Group), Eder (Manuelita Business Group) y familia Gutt Haime (Indupalma).¹²

Alianzas productivas: ¿desarrollo rural o despojo maquillado?

Para Marin-Burgos, las alianzas productivas son el mejor ejemplo de una estrategia de expansión palmera que busca la asimilación del modelo por parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el otro modelo, más brutal, es la acumulación por despojo, esa que sufrieron las comunidades negras del Pacífico o de Montes de María, obligadas a huir por el terror paramilitar, como ya vimos en mayor detalle en otro capítulo de esta serie. Un tercera vía de expansión de la palma -y, en general, del modelo del agronegocio orientado a la exportación- en Colombia será la constitución de una Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), especialmente en la región del Meta, llamada a ser el granero del país, como sostiene el sociólogo y escritor Alfredo Molano. En buena medida, como tantas veces, Colombia ha sido el país pionero en la implementación de estas estrategias que después se van expandiendo a otros países, como Guatemala y Ecuador.

De estos tres modelos para la expansión de la palma, nos detendremos especialmente en las alianzas productivas o alianzas estratégicas, que se expanden por diversos países del mundo, para la palma pero también para otros monocultivos apetecidos por los mercados financieros internacionales, como la caña de azúcar. Las alianzas productivas han sido defendidas por Fedepalma y por los sucesivos gobiernos de Pastrana, Uribe Velez y Juan Manuel Santos, con el argumento de que promueven el desarrollo local y son una alternativa a los «cultivos ilícitos». Fedepalma asegura que, a través de estas alianzas con los productores, se crean puestos de trabajo, se favorece la inclusión y se lleva el desarrollo a zonas antes abandonadas. En muchos casos, los campesinos entran en la palma porque no existe ninguna otra alternativa, y quedan después sometidos a los vaivenes de los precios internacionales. Eso, por no hablar de quienes, como sucedió en Nariño a miles de campesinos, ven cómo la enfermedad de la pudrición del cogollo acaba con toda su cosecha: allí, “los subsidios no alcanzan. Los campesinos que le apostaron, que creyeron en el modelo, ahora están en la ruina” en las zonas afectadas por la plaga de la pudrición del cogollo, afirma Marin-Burgos.

En Montes de María, el modelo del despojo, perpetrado a sangre y fuego por los grupos paramilitares, convive con las alianzas productivas. Antes de la sangrienta llegada de la palma la agricultura campesina convivía con el arroz. La situación se complicó cuando, fruto de acuerdos de comercialización con Estados Unidos que después desembocarían en el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, Colombia comenzó a importar arroz barato, a precios con los que el campesino no podía competir. Y ahí entra en juego el ingeniero agrónomo Carlos Murgas Guerrero, ministro de Agricultura con Pastrana y principal artífice de la expansión palmera en la región: “Apareció Murgas para sembrar el desarrollo, y prometió a los campesinos que se crearía mucho empleo; ellos, que ya estaban endeudados, le creyeron. Era además la solución que el Estado daba al campesino, se daban créditos para que todos entraran en la palma, y sólo a eso”, explica un líder comunitario en Maríalabaja. Pero ese modelo tenía trampa: “Les proveen la capacitación, los insumos, todo; pero eso se lo descuentan de lo que deberían pagarles por la palma. A veces, el cheque llega en cero, y entonces te dan otro crédito: así amarran a la gente. El riesgo, al final, es perder la tierra”, añade el líder comunitario, que guardamos en el anonimato porque no faltan en la región amenazas sobre quienes defienden sus territorios y cuestionan el monocultivo de palma o de piña.

“En muchos casos, los campesinos le apostaron a ese modelo, le creyeron a las empresas, y ahora están en la ruina”, asevera Marin-Burgos, y explica: “Los contratos son muy desiguales. Todas las ventajas son para los palmeros. Les venden un plan seductor, pero quedan amarrados por contratos que son muy desiguales: las grandes empresas evitan los riesgos asociados a la producción del fruto de palma, y ganan con los procesos de transformación que agregan más valor”. Los agricultores pierden el control sobre qué plantan y a qué precio lo venden: durante 20 o 30 años que dura el contrato, están obligadas a vender a una empresa que, en la práctica, será quien marque el precio. Además, como los contratos comienzan con la concesión de un crédito, normalmente se crea un fideicomiso que administra el dinero. Así lo ha verificado el sociólogo y escritor Alfredo Molano: “Les venden semillas, abonos, fumigantes, toda la asistencia técnica hasta que la palma comienza a dar fruto, 3 o 4 años después de la siembra: entonces comienzan a pagar la deuda acumulada. Ahí empiezan las trampas: porque la empresa dice que el corozo (el rojo fruto de la palma) no lo compra suelto, ni el verde o demasiado maduro, o pagan al peso en una pesada que nadie vigila. Muchas veces, tienen una cooperativa de venta de alimentos a las que los campesinos compran todo, la comida, las botas, los machetes, porque eso también lo pone el trabajador. Cuando al tipo lo van a liquidar el mes, hacen las cuentas y salen a deber, así que el endeudamiento va creciendo, y en última instancia, si no puede pagar, la garantía es la tierra”.

“A las grandes empresas no les interesa la propiedad, sino el uso del suelo: se trata de extraer la mayor cantidad de nutrientes en el menor tiempo posible”, sostiene el economista ecuatoriano Alberto Acosta. “Lo que quieren es asegurarse el suministro de productos agrícolas para sus mercados. Para ello, vinculan a los pequeños propietarios con las cadenas alimentarias globales: si ese campesino no quiere estar dentro, se queda al margen, excluido, marginalizado. Son otras formas de dominación: hay una suerte de neocolonización de la agricultura que tiene que ver con la demanda de los países centrales”, añade. Aunque los campesinos mantengan la propiedad de la tierra, pierden el control de lo que producen a través de esos contratos a 25 años. Así lo explica el ingeniero agrónomo ecuatoriano Víctor Arroyo: “Es una tendencia mundial que la producción se va desligando de la tenencia de la tierra. Se dan contratos de precompra: tú siembras, yo te compro la producción; a través de un crédito, te entrego insumos y asistencia técnica, y tú sólo me puedes vender a mí. Así, las empresas derivan el riesgo. Ese modelo se replica en todas partes: Malasia, África, Centroamérica. La tierra que antes estaba en manos de los campesinos pasa a estar en pocas manos. Es la nueva configuración del capital”. Así, Wilmar, la empresa que controla el 45% del negocio palmero sólo produce por si misma el 5%; el resto lo compra a productores supuestamente independientes.

El agronegocio vinculado a la palma aceitera es el mejor ejemplo de cómo, en el sector agrícola, se reproduce a nivel mundial la misma tendencia que en el sector manufacturero: cada vez más, el valor se agrega -es decir: los beneficios se obtienen- en las fases de diseño (cabe decir, semillas) y distribución, pero no en la producción.¹³ Por eso, como nos repiten sobre el terreno investigadores y activistas, cada vez parece ser menos importante la propiedad del suelo: lo esencial es mantener el control sobre el uso del suelo. Los pequeños productores, apunta la Mesa Redonda sobre la Palma Sostenible (RSPO), controlan entre el 30 y el 40% de la producción palmera global. Y eso se logra a través de un modelo que, en países como Colombia, se ha llamado de alianzas productivas o estratégicas. Según este esquema, los pequeños propietarios de tierra firman un contrato con la empresa palmera mediante el cual se comprometen a vender el fruto a la empresa durante los 20 o 25 años que dura el contrato; a cambio, reciben créditos blandos, subsidios y asistencia técnica, beneficios de los que no gozarían si continúan plantando cultivos para la alimentación local, como maíz o yuca. Dada la asimetría en estas alianzas entre pequeños agricultores y grandes empresas, que gozan además del apoyo gubernamental, los campesinos tienen pocas posibilidades de negociar a su favor el precio del fruto o las condiciones de pago; pero son ellos los que cargan con todos los costos si la cosecha es mala o si, como sucedió en la costa pacífica colombiana y ecuatoriana, el monocultivo se ve aquejado por alguna plaga.

“El modelo del agronegocio implica que pueblos enteros terminan siendo dependientes de la palma; es por eso que no hay una línea divisoria en las comunidades entre los que están a favor o están en contra: es un asunto más complejo”, explica Marin-Burgos. Muchos defienden la palma, simplemente, porque no hay alternativa; y a quien no tiene opciones, es fácil imponerle las condiciones laborales más leoninas, sobre todo en países donde, como en Colombia, Honduras y Guatemala, los asesinatos de sindicalistas y activistas sociales son una realidad cotidiana. Así nos narra su experiencia un trabajador en Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, uno de los territorios colombianos donde la presencia paramilitar sigue imponiendo el silencio: “No está bien pagado, pero es lo que hay. Esta es una zona abandonada por el Gobierno. Sólo hay palma o chocolate y no se apoya al campesinado. Es peligroso cortar, lo hacemos sin protección, pero es que el casco es incómodo”. Uno de sus compañeros explica que sindicarse está prohibido: “No se podía ni nombrar la palabra, que lo echaban a uno”. Difícil, entonces, pedir mejoras, aunque sean tan razonables como la que expone Guillermo, un jornalero de unos veinte años: “Me dedico al control de maleza, a echar el glifosato y los otros químicos. Lo hacemos sin protección; son confiados”, dice, mostrando sus manos agrietadas, que parecerían las de un hombre que le triplique la edad. Cuenta también, aunque no como una queja sino más bien con resignación, que siempre les pagan tarde; ahora, dice, les deben tres quincenas.

Discursos en pugna

Para los defensores del monocultivo palmero, el principal argumento es que la palma lleva el desarrollo y empleo a las comunidades rurales hasta entonces marginales y atrasadas. Difícil entender a qué se refieren con el poroso y ambiguo término de desarrollo; pero lo que sí puede discutirse es si, en efecto, la palma promueve el empleo. En realidad, la palma emplea un trabajador por cada 8 hectáreas, según la USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos, cuando casi cualquier otro cultivo requiere más trabajadores.¹⁴ Es más, los esfuerzos de las empresas del sector están encaminadas a reducir ese ratio a través de una mayor mecanización del sector, como ya ha sucedido con la caña de azúcar provocando grandes flujos migratorios.¹⁵ También se ofrecen argumentos ambientales, pese a las evidencias de los procesos de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de fuentes hídricas y sobreexplotación de la tierra, la USAID argumenta que la palma capta 40 toneladas de carbón por hectárea, y la Federación Colombiana de Palmicultores sostiene que «los cultivos de palma de aceite son bosques protectores de los ecosistemas» .

La USAID basa su defensa del modelo de desarrollo palmero en “las alianzas entre grandes y pequeños productores” que les han permitido “acceder de manera efectiva a una actividad con altos índices de rentabilidad y comenzar la construcción de una nueva clase media empresarial rural, propietaria de la tierra y con buenos indicadores de calidad de vida”. Gracias a los programas financiados por la palma, se logra vincular “a medianos y pequeños productores con un sector lícito, competitivo y rentable”, según los investigadores del Economic Research Service.¹⁶ Pero en los territorios afectados por la palma, donde ésta no es una fría estadística, sino una realidad que afecta cada rincón de la vida de las comunidades, la realidad es otra. “El conflicto es por la tierra y por el agua”, concluye Marin-Burgos.¹⁷ Se trata, para Esperanza Martínez, de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, de “modelos de despojo, por los cuales comunidades enteras pierden sus formas de vida y se insertan en la lógica de un mercado que no controlan, que depende del mercado internacional, y entran en procesos de empobrecimiento y marginalidad”.

La palma aceitera, como otros monocultivos, implica la inserción de esos territorios y de esos campesinos en la lógica de la globalización y sus cadenas de valor: los pequeños productores son subordinados a conglomerados agroindustriales que controlan la cadena de las materias primas. Aunque no pierdan la propiedad de la tierra, ya no pueden decidir qué quieren plantar ni a qué precio lo venden. Aunque los pequeños productores de palma aumenten sus ingresos -un 24% en el caso de Colombia, según la USAID-, pierden autonomía. Pasan de producir alimentos que garantizan su sustento, como maíz o árboles frutales, a producir cultivos que no se dedican a la alimentación local, y no son autónomos en ninguna fase de la cadena: necesitan comprar semillas, agroquímicos y otros insumos a las empresas; requieren también de su asistencia técnica, que se impone frente al desvalorizado saber campesino tradicional. Para aquellos que, legalmente, aún tienen la capacidad de elegir qué plantar, técnicamente se les hace imposible; los largos procesos vitales del aceite de palma, de hasta 25 años, encadenan a las comunidades a las plantaciones. “Plantar aceite de palma o no es una de cisión de toda una generación familiar, a veces de dos o tres”, asegura Johan Verbug, asesor sobre cadenas de producción en favor de los pobres de Oxfam, quien ha estudiado la situación en Indonesia.

Todo esto tiene consecuencias, también, en el tejido comunitario: como sostiene la investigadora Sara Mingorria, «la llegada de la palma introduce nuevas desigualdades en el seno de la comunidad y quiebra tradiciones e instituciones comunitarias». Si sólo se valora la dimensión cuantitativa de los ingresos, podemos concluir que la palma mejora la situación de pobreza en las comunidades; pero si atendemos a otros factores, como las redes de solidaridad comunitarias y el uso del tiempo, el balance será otro muy distinto.

Posiblemente, la pregunta clave es qué entendemos por riqueza. Y lo más probable es que, con el paso de los años, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida en el planeta, los seres humanos valoremos cada vez más la calidad del aire y del agua, y no tanto la cantidad de objetos materiales que somos capaces de acumular. Así lo enuncia una campesina afrodescendiente en Marialabaja: “En estas comunidades de campesinos y pescadores, había la lógica del trueque, salían todos los días a las grandes ciudades cinco camiones cargados de ñame, yuca, maíz, plátano. No teníamos tecnología, pero sí tranquilidad, y eso no se compra con dinero. Teníamos bienestar, en el sentido de que vivíamos bien”.

La dignidad de trabajar la tierra

“La seguridad alimentaria se ha visto afectada. La gente ha perdido su vocación, que es campesina, porque no tiene acceso a la tierra”, asegura una campesina en Marialabaja. Lo mismo señalan en las comunidades indígenas del Valle de Polochic, en Guatemala, donde tres cuartas partes de la tierra fértil han sido ocupadas por la palma y la caña de azúcar: “¿Qué comeremos si todo es caña y palma?” El corozo [el fruto de la palma] no se come. Pero no es sólo eso: la palma ha transformado radicalmente la forma en que los campesinos se relacionan con la tierra, y eso afecta de lleno en la manera en que se percibe a sí mismo y a los otros: “Un campesino sin tierra es como un ciudadano sin identidad. La identidad para el campesino es la tierra, su cultura tiene que ver con el cultivo. Si se pierde la tierra, se pierde la identidad, las tradiciones y las costumbres, el legado que nos dejaron nuestros abuelos”, afirma un joven campesino en Marialabaja. Un campesino sin tierra es un asalariado más, en un territorio donde la abundancia ha sido reconvertida en escasez, hasta dibujar la palma aceitera como la única solución para la supervivencia de un pueblo, y unos compiten con otros en lugar de regalar la yuca o el plátano como solían hacer.

Un campesino sin tierra pierde también la memoria. En tiempos de la globalización capitalista, el territorio se propone como algo intercambiable, fragmentable, homologable: pero somos seres de lugares, como señala el antropólogo colombiano Arturo Escobar.¹⁸ El territorio, el lugar que reconocemos y nos reconoce como parte de una comunidad. Por eso dice el maestro Juan García Salazar, referente de las comunidades afrodescendientes en la región ecuatoriana de Esmeraldas, que “palma es desterritorialización”. Como cuando, en Marialabaja, la palma secó el pozo que, durante más de un siglo, proveyó de agua y de historias a la comunidad: “El pozo de La Leticia era el lugar donde la gente de estas veredas compartía, era el lugar de recreo, tantas historias de amor y romance que vio pasar en 100 años. Pero se secó: la raíz de la palma es tan grande que compacta la tierra. Se secó de la tristeza”.

Despojado de su memoria colectiva y de sus conocimientos ancestrales, separado de su tierra, el campesino afrodescendiente queda sumido en la dependencia, a merced de los vaivenes de los mercados internacionales de la palma aceitera. La empresa ya no se refiere a él como campesino, sino como “obrero” o “trabajador”. Él ya no ve crecer la planta desde la semilla hasta la recogida, consciente de los ciclos de la tierra y la luna, atento a guardar las mejores semillas; ahora le venden las semillas y la asistencia técnica y los ingenieros agrónomos y demás personal “cualificado” le dicen lo que ha de hacer; su trabajo se parece más al de un obrero en una fábrica que al de un agricultor. “Uno ya ni sabe qué hora es porque el gallo no canta; ahora es el celular el que hace el sonido ese”, como dice un campesino en Marialabaja. A su lado, se pregunta una compañera: «¿Y si dejáramos de cultivar? Si desistimos del campo, se acaba el mundo. Sin campo no hay ciudad, la ciudad la mantenemos nosotros, pero no se nos da el valor que merecemos. En la ciudad ni saben de dónde vienen los alimentos, ni todo lo que hay que luchar para que ellos se los encuentren en el mercado. El gobierno debería apoyarnos, porque somos el sustento de todos. Que las personas que están lejos entiendan lo valioso que es obtener alimento sano, sin químicos”. A fin de cuentas, “el campo es autosustentable; la ciudad no”. Aunque tan a menudo se nos olvide a los citadinos…

Bibliografía

Acosta, Alberto (2009) La maldición de la abundancia, Quito, Abya-Yala.

Almeyra et al (coord.) (2014) Capitalismo: Tierra y poder en América Latina (1982-2012). (3 vol.) Ḿéxico DF, CLACSO.

Amigos de la Tierra Internacional (2014) Financiarización de la biodiversidad. Documento de posición de ATI.

Borras, S. M, et al (2012) “Land grabbing in Latin America and the Caribbean”, en The Jornal of Peasant Studies 39 (3-4), pp. 845-872.

Carrere, Ricardo (comp.) (2001) El amargo fruto de la palma aceitera: despojo y deforestación. Montevideo, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

Economic Research Service – ERS USAID / MIDAS Crops (2009) “Situación actual y perspectivas del mercado de aceite de palma colombiano”, en USAID, Sostenibilidad de los proyectos de palma apoyados por USAID.

Escobar, Arturo (2012) Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales. Bogotá, Desde Abajo.

Grupo ETC (2008) “¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida”. Disponible en: portal.mda.gov.br/o/1526750 [Consultado el 27 de noviembre de 2016].

Houtart, François et al (2014) Agrocombustibles. Falsa solución global y destrucción local en Colombia. Ed. Desde Abajo, Bogotá.

Kaplinsky, Raphael (2000) “Spreading the Gains from Globalization: What can be learned from Value Chain Analysis?”, Institute of Development Studies.

Keucheyan, Razmig (2016) La naturaleza es un campo de batalla. Ensayo de ecología política. Madrid, Clave Intelectual

Marin-Burgos, Victoria (2014) Access, Power and Justice in Commodity Frontiers. The political ecology of access to land and palm oil expansion in Colombia. Universidad de Twente, Países Bajos.

Mingorría Martínez, Sara (2016) Los nadies tejiendo resistencias. Los conflictos de la palma aceitera y la caña de azúcar en el territorio, las comunidades y los hogares Q’etchi’ del Valle del Polochic, Guatemala. Tesis doctoral en el ICTA-UAB.

Potter, Lesley (2011) “La industria del aceite de palma en Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores?”, en revista Eutopía, n.º 2, octubre, pp. 39-54.

Roa, Iván (2012) El desborde de la violencia: raza, capital y grupos armados en la expansión transnacional de la palma aceitera en Nariño y Esmeraldas. Quito, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador.

Robin, Marie-Monique (2013) Las cosechas del futuro.

TNI (2014) Aproximación a la dinámica política de los cultivos y las materias primas flexibles. TNI. Disponible en: https://www.tni.org/es/publicacion/aproximacion-a-la-dinamica-politica-de-los-cultivos-y-las-materias-primas-flexibles

Yumbla Mantilla, M. R. (2011) “Encadenamiento agroalimentario: ¿solución sustentable de desarrollo rural o consolidación del poder agroindustrial?”, en revista Eutopía, n.º 2, octubre, pp. 116-145.

Notas al texto

En el trayecto que va de South Labuhan Batu, un distrito en el centro de Sumatra, una de las grandes islas de Indonesia, hasta Medan, la ciudad mas grande de la isla, el paisaje es monótono. Una plantación de aceite de palma se sucede tras otra y solo algunas casas destartaladas manchan de vez en cuando la uniforme estampa que se extiende durante más de 350 kilometros. En las tierras en las que ahora se extienden las plantaciones, había hace menos de un siglo frondosas junglas en las que vivían orangutanes, tigres y elefantes, entre otros. Sin embargo, los indonesios parecen más preocupados por otro de los impactos medioambientales asociados al aceite de palma de los que apenas se hablan: el agua. “En unos años tendremos una gran crisis de agua en Sumatra”, reflexionaba Lombak, un joven sindicalista local mientras ve pasar una tras otra las palmas aceiteras a través de la ventana del tren.

En realidad, las crisis por el agua en Indonesia empezaron hace décadas. Las grandes palmeras cubren hoy cerca de 11 milliones de hectáreas en Indonesia, concentradas en la isla de Sumatra y, cada vez más, en Kalimantan (el nombre que recibe la parte indonesia de Borneo) y Papua. Un cambio tan radical en el ecosistema ha terminado por tener consecuencias que pocos se esperaban. Así, en Aceh Tamiang, uno de los distritos de la provincia de Aceh, al norte de Sumatra, una gran inundación en 2006 hizo perder a muchos sus casas y sus cosechas. “La deforestación fue la principal causa de las inundaciones”, explicaba Rudi Putra, un activista medioambiental de la región. Un informe del Banco Mundial respalda su argumento y achaca la catástrofe a la deforestación del cercano ecosistema Leuser, continuamente amenazado por las plantaciones de aceite de palma, junto a la minería y las plantaciones papeleras. «Muchos se dan cuenta ahora de que el agua lo es todo. Y los bosques son fundamentales en los ciclos del agua. Sin árboles no hay agua. Y sin agua, no hay vida. Tampoco la nuestra», continúa Rudi Putra.

Después de perder sus casas, muchos habitantes del distrito de Aceh Tamiang tuvieron que mudarse y recomenzar sus vidas. Ahora miran al río con miedo. Pero la fuerza del agua no es su única preocupación. El aceite de palma es una planta sedienta que está secando sus acuíferos. “Este es el primer año que tengo que comprar agua. ¡Es muy cara!”, se quejaba Tengku Zainah, una ama de casa que perdió todo en las inundaciones de 2006.

En Riau, la más afectada por los incendios, el drenaje del agua que normalmente está atrapada en las tierras de turba es la principal causa de que cada año las llamas devoren miles de hectáreas. Los incendios son tan intensos que entre agosto y octubre buena parte del Sudeste Asiático suele estar cubierta de una densa nube de humo. “La turba cuando está seca es como gasolina”, explicaba Woro Supartinah, coordinadora de la ONG Jikalahari, que monitoriza a través de información satélite estos fuegos. El agua es de nuevo clave para evitar que esto ocurra, y las comunidades han empezado ahora a poner presas en los canales de drenaje para controlar el nivel de humedad y que el suelo no arda de nuevo cuando en agosto comience la época seca.

Aguas contaminadas

Una de las consecuencias más invisibilizadas de las grandes plantaciones industriales de palma aceitera es el uso intensivo de agroquímicos durante los primeros años de la planta, en los llamados viveros (pepinière, en francés, nurseries, en inglés). Éstos son una de las zonas más importantes de las plantaciones, y para poder satisfacer la gran cantidad de agua que necesitan, suelen situarse cerca de zonas con abundante agua. Como contábamos en el capítulo sobre impactos ambientales, el aceite de palma no es la planta oleosa con mayor huella hídrica, pero esta es, no obstante, importante. Así según datos de Naciones Unidas, el aceite de palma tiene una huella hídrica alta, de 5000 m3 por tonelada, mayor que la soja, con 4200, o el maíz, con 2600 litros por tonelada. Sin embargo, su necesidad de agua es menor que la del aceite de oliva, con 14500 litros de agua necesarios por tonelada, o el de ricino, con 24700

Las plantaciones en general, y los viveros en particular, acaparan así el agua disponible para los campesinos, mientras que los químicos de los pesticidas que se utilizan en las pequeñas palmeras terminan contaminando unas fuentes de agua (generalmente riachuelos) clave para la vida no sólo acuática, sino también terrestre en los alrededores de los ríos. “En la parte alta del río, donde no hay plantaciones, aún hay dragones voladores. Aquí abajo, ya no”, explicaba Husaini, un activista de Aceh Tamiang.

En la comunidad de Quilombo, en Camerún, los campesinos se han quejado ya en numerosas ocasiones de la contaminación de las aguas, explica Solange Ngobakounne, representante local de la aldea, quien ha visto cómo el vivero se instalaba frente a su casa. “Cuando echan los pesticidas, los desechos caen al río. Muchos días hemos encontrado que los peces que pescábamos estaban muertos. Y muchos niños han enfermado del estómago, porque nosotros bebemos también el agua del río”, relata.

En Montes de María, al norte de Colombia, la riqueza de fuentes de agua contrasta con la emergencia hídrica que vive la población. A los pies de las montañas de los Montes de María, en los poblados rurales del municipio de María la Baja, que hasta hace 15 años era la despensa agrícola de la región del Caribe, la palma africana se ha convertido en el nuevo oro rojo: la palma ocupa más del 60% de las tierras cultivables de María la Baja.

La población, mayoritariamente afrodescendiente y campesina, tiene sed, pese a las dos grandes represas, Arroyo Grande y Matuya, que abastecen uno de los mayores y más antiguos distritos de riego del país. Los campesinos culpan al monocultivo palmero como la razón principal: dicen que los empresarios del sector, especialmente el Grupo Oleoflores, han acaparado el agua, y que los agrotóxicos que precisa la palma han contaminado el agua de la represa. “El funcionamiento del distrito de riego responde exclusivamente a los intereses del cultivo de la palma, afectando el acceso al agua para pequeños y medianos propietarios”, denuncia Corporación Desarrollo Social (CDS). La tensión es constante entre la gerencia de Usomaria, el órgano que regula el distrito de riego, y la población rural de María la Baja.

Son las mujeres las que deben afrontar el reto diario de llevar agua a las casas. Una de ellas, que prefiere guardar el anonimato, explica que antes un pozo cercano suministraba agua para todos; ahora, el pozo “se secó de la tristeza”, dice melancólica; la palma requiere mucha agua: entre siete y diez litros por día y palma. Así que muchas mujeres deben caminar varios kilómetros hasta la represa, para recoger el agua, que transportan sobre sus cabezas en pesados baldes de veinte litros.

En algunos barrios, ni siquiera llega el agua sucia de la represa, porque las precarias tuberías se rompieron hace más de un año y el Estado se olvidó de arreglarlas. A otros lugares sí llega ese agua contaminada, que utilizan para lavarse; pero deben recoger -arriar, dicen ellas- el agua limpia, que toman del lugar más límpido de la represa y pasan después por los filtros que les suministró un grupo de cooperantes al desarrollo.

La combinación de sol justiciero y falta de agua ha provocado un aumento de enfermedades renales y digestivas, además de las enfermedades en la piel y las infecciones vaginales que sufren la mayor parte de las mujeres por lavarse con agua contaminada.

Cada día, Nila, después de su jornada de trabajo rociando fertilizantes en una plantación de aceite de palma, vuelve a casa mareada y, a veces, con náuseas. “Ahora estoy mejor que cuando rociaba también pesticidas”, explica la menuda mujer de 25 años. Su trabajo vale además menos que el de su marido, un recolector en la misma plantación, a pesar de tener jornadas similares: Nila cobra menos y le niegan un contrato estable.

Aunque la literatura académica sobre las diferencias de género en la industria del aceite de palma es aún escasa, investigadores, activistas y trabajadoras consultados coinciden en que hay un sesgo de género: las mujeres reciben salarios más bajos, son casi siempre contratadas como jornaleras y se encargan normalmente de las tareas de mantenimiento, por lo que sufren más problemas de salud por la continua exposición a pesticidas y fertilizantes. “Las mujeres en las plantaciones no tienen derechos, muchas veces ni siquiera un salario”, asegura Herwin Nasution, presidente de Serbundo, un sindicato centrado en el sector agrícola en Indonesia, el principal productor mundial de aceite de palma. “Viven en una sociedad paternalista donde no se les escucha”.

Nila empieza su jornada a las 8 de la mañana con una reunión diaria en la que sabrá si tendrá trabajo ese día. “Si no me necesitan, me mandan a casa y ese día no cobro”, asegura Nila. Si ese día tiene suerte, cobrará unas 66.000 rupias indonesias (unos 4,5 euros) por rociar 4 hectáreas de árboles. Su marido tiene, sin embargo, un contrato fijo por cortar las voluminosas hojas de las palmas y liberar los rojos racimos de fruto por el que recibe 2,3 millones de rupias al mes, una media de unas 100.000 al día (casi 7 euros.) Nila, además, puede ganar un máximo de 1,3 millones de rupias al mes por los 20 días que como máximo suele contratarla, lejos de los 1,96 millones de rupias del salario mínimo para la provincia en 2017.

Las diferencias en el salario no son, sin embargo, exclusivas de la industria del aceite de palma. Así, según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial en Indonesia se ha disparado entre 2010 y 2014, cuando un 45 por ciento de las trabajadoras con contrato cobraban menos de dos tercios del salario medio, frente a un 25 por ciento de los hombres. La organización internacional no ofrece, sin embargo, datos para los trabajadores casuales como Nila.

Cuando termina su jornada y aún tiene fuerzas, Nila ayuda durante un par de horas a su marido a recoger los frutos que se han desprendido de los grandes racimos en su caída y de los que luego saldrá el preciado aceite. La remuneración por ese trabajo se la lleva su marido, como parte de su salario mensual. “La parte más valiosa de la palma aceitera son los frutos sueltos. Las mujeres están haciendo el trabajo más valioso”, asegura Janarthani Arumugan, investigadora independiente que ha estudiado la situación de las mujeres en las plantaciones. “Se está haciendo mucho dinero sobre los hombros de las mujeres”, continúa.

Uno de los mayores problemas, aseguran los expertos, es sin embargo la constante exposición a químicos sin las medidas de protección necesarias. Así, un informe reciente de Amnistía Internacional que investigaba la plantación para la que trabaja Nila, entre otras, denunció el uso de químicos peligrosos sin medidas de protección adecuadas. Entre los químicos identificados por Amnistía Internacional, se incluía el paraquat, un herbicida que ha sido relacionado con cáncer y otros efectos sobre la salud. La misma Nila confirma que no recibe ningún material de seguridad y su única protección es un pañuelo con el que se cubre nariz y boca para intentar no respirar los químicos. Sus brazos, sin embargo, quedan expuestos y están continuamente irritados. “El doctor dice que es una alergia común y que no está relacionado con el trabajo”, explica Nila, quien sólo se le permitió ver al médico que trabaja para la plantación y no ir al hospital, una práctica que según el sindicato Serbundo es corriente.

Plantaciones en manos de mujeres

Las mujeres han sido tradicionalmente las encargadas de proveer alimentos y comida para sus familias. Son ellas las que se ocupan, generalmente, de los pequeños cultivos familiares y, según datos de Oxfam, producen hasta un 80% de los alimentos que se utilizan para alimentar a las familias. Sin embargo, a menudo no poseen títulos de propiedad sobre sus tierras y su capacidad de negociación con las grandes empresas es inexistente: cuando éstas se extienden, las mujeres pierden su capacidad de generar los alimentos que necesitan. Es lo que ha sucedido en muchas aldeas de Camerún y otros países africanos, donde las enormes concesiones de tierras para la producción de palma aceitera ha dejado a las campesinas sin espacios para tener sus propias palmeras y, por lo tanto, sin acceso al tan preciado aceite de palma, que tantos usos tiene en la zona.

En estos países, de hecho, eran las mujeres quienes tradicionalmente controlaban toda la cadena productiva de la palma, desde el cultivo hasta la venta de sus derivados, salvando la recolección. Las mujeres utilizan los racimos pequeños o los granos sueltos que  no recogen los cortadores para fabricar su propio aceite en prensas manuales. Este aceite se utiliza para elaborar un buen número de platos, siendo de hecho un preciado manjar que llega a alcanzar altos precios en el mercado local, especialmente cuanto mayor es su color rojo o hay malas cosechas. Además, son las mujeres quienes lo envasan en pequeños recipientes o botellas de plástico para venderlo en los cruces de caminos y, quienes elaboran los preciados aceites para la piel que utilizan especialmente para las embarazadas y recién nacidos. Y, por supuesto, a partir de su savia se elabora el popular vino de palma, espeso y blanquecino, de poca graduación alcohólica y muy apreciado por la población local.

Pero todo esto termina cuando se quedan sin tierras. El cambio lo explica Marie Crescence Ngobo, coordinadora de la RADD, Réseau des Acteurs du Développement Durable: “Cuando una mujer cultiva la tierra es para alimentar a su familia. Plantan un poquito de cada producto, planifican la producción, pensando en lo que necesitarán y en la capacidad de trabajo que tienen. Pero cuando pierden sus tierras, quedan expuesta a la inseguridad alimentaria, a la pobreza. Y la pobreza se acrecienta rápido. Una vez que se entra en el ciclo de la pobreza, es muy complicado salir”. Ngobo nos habla desde su despacho, cedido por el distrito 5 del Ayuntamiento de Yaoundé a la RADD,  asociación que agrupa a diversos actores de desarrollo relacionados con la agricultura y las mujeres. Diplomada en Ingeniería del Desarrollo Local, Ngobo nos explica la forma de cultivar de las mujeres y cómo éstas se ven especialmente afectadas por la falta de tierra. Para paliar -aunque sea de manera parcial- la situación, desde la Red de Actores de Desarrollo Durable ofrecen formación, técnicas de comercialización, clases de autogestión económica y finanzas a las mujeres. El día que la visitamos nos muestra pletórica el grupo de mujeres emprendedoras que están aprendiendo a utilizar tabletas, y algunos de los productos de comercio sostenible que tienen a la venta.

Pero además, la red mantiene también una actividad mucho más política, junto a otras organizaciones de la sociedad civil en la zona. LA RADD fue una de las muchas organizaciones que se dieron cita en enero de 2016 en Mundemba, una pequeña localidad situada en el departamento de Ndian, y mundialmente conocida por haberse convertido en el centro neurálgico de la movilización contra Herakles Farm. Allí se reunieron multitud de organizaciones locales y nacionales de Camerún, pero también representantes de otros países de la Cuenca del Congo, para dejar clara su posición ante la expansión de los  monocultivos, especialmente del aceite de palma. Se trataba de un seminario sobre las tácticas y prácticas de las grandes compañías de aceite de palma, y de allí salió un comunicado, conocido como Declaración de Mundemba, en el que las mujeres dejan muy claro cómo les afectan las grandes empresas agroindustriales: “Las explotaciones (…) hunden a la mujer campesina en una sistema de pauperización creciente y, con ella, a la familias enteras amenazando así la seguridad y la soberanía alimentaria de las poblaciones (…); Son una causa de desaparición de buen número de prácticas culturales (…), son una amenaza para la biodiversidad y contribuyen a la desaparición de los “productos forestales no madereros, que se obtienen del bosque y que son una fuente de recursos principales para las mujeres”.

Efectivamente, otro de los problemas es que la desaparición del bosque que llevan aparejadas las grandes plantaciones hace que la madera para encender la lumbre, que es todavía una de las principales formas de cocinar en muchos lugares, esté cada vez más lejos; también desaparecen otros matorrales y árboles nativos que se utilizaban como remedios naturales para determinadas dolencias.

Lo explica muy gráficamente Danielle Oban, una campesina de Bidou III, uno de los poblados dentro de la plantación de Kienké, perteneciente a la Socapalm (de origen francobelga): “La Socapalm lo ha tomado todo, no queda espacio para nosotros. No tenemos plantaciones propias. Las mujeres sufrimos porque si vas a coger nuez de palma, te acusan de haber robado. No tenemos acceso a nada, ni madera ni palma. No podemos hacer nuestro aceite de palma. Hemos intentado negociar con ellos la creación de plantaciones campesinas, pero no nos han apoyado”.

En  la Declaración de Mundemba (firmada por asociaciones de Guinea, Camerún, Nigeria, Gabón, Suiza o internacionales como World Rainforest Movement, en enero de 2016 en Camerún), las mujeres exigían, entre otras cosas:

“La creación de un fondo de apoyo a las mujeres víctimas de abuso en las plantaciones agroindustriales;
El desarrollo de alternativas económicas y una mayor implicación de las mujeres en las esferas de decisión sobre las cuestiones que afectan a la tierra.
La promoción de plantaciones de palma tradicionales.
La creación de un observatorio de las mujeres en torno a las cesiones de tierra a gran escala y el impacto del monocultivo sobre la agricultura familiar.
Realización de estudios legales para influir en las reformas legislativas del sector
Mientras, a las mujeres, se les anima a “ser proactivas para participar en el combate contra la expansión de la palma aceitera industrial; a organizar a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional para ser más fuertes, y de denunciar toda forma de violación de sus derechos”.

Además, la situación de las mujeres no puede desligarse de una realidad más amplia, social y cultural, de las discriminaciones que sufren las mujeres en el acceso legal a las tierras. Así nos lo cuenta Ndongo Luzedte, responsable desde hace once años de la organización Stratégie Femenine pour le Developpement Durable. Luzedte pone el énfasis en la poca capacidad de decisión que tienen las mujeres sobre las tierras: “Si el marido decide vender, ella no puede oponerse”. Esto, nos cuenta, está provocando problemas no sólo en las zonas rurales sino también en las afueras de las grandes ciudades, como Douala o Yaounde. Allí, la urbanización creciente están llevando a muchos a vender sus tierras -en las que antes cultivaban- aprovechando el boom inmobiliario. Un buen negocio, a priori, hasta que el dinero de la venta se acaba y queda una familia sin nada que comer.

Es entonces cuando las mujeres que cultivaban su pequeño terreno, las que se dedicaban a la fabricación artesanal de aceite de palma o las que lo vendían en el mercado, se quedan sin recursos. Son las mujeres que conforman la llamada economía informal, ese ente donde se mueve la mayor parte de la población camerunesa, la africana y la de buena parte del mundo no occidental, y donde las mujeres siempre tienen las de perder.

Una precariedad eterna
Ami, a sus 39 años, solo ha conocido la plantación de aceite de palma en la que vive. Sus padres ya eran peones para la empresa y ella ha trabajado en la misma plantación de aceite de palma desde que tenía 15. Sus condiciones, sin embargo, han ido mejorando con los años, especialmente desde que la empresa obtuvo la certificación sostenible RSPO. “Ahora nos dan equipos de seguridad para rociar los pesticidas”, asegura Ami, quien asegura que, a diferencia de Nila, no ha tenido ningún malestar relacionado con su trabajo.

Sin embargo, a pesar de haber trabajado casi 25 años para la misma empresa, Ami no ha conseguido ser reconocida como trabajadora permanente. “Para tener un contrato fijo, tienes que ser hombre […] No quieren tener que pagarte si te quedas embarazada”, asegura la robusta mujer que tiene 4 hijos, el más pequeño de tan sólo 3 años.

La falta de contratos relega también a las mujeres a un posición de extrema vulnerabilidad y son castigadas a menudo con la pérdida de sus puestos de trabajo incluso cuando la falta no la han cometido ellas. “Las mujeres siempre son las primeras que pierden sus empleos en las plantaciones porque la dirección lo usa para amenazar a los maridos que alborotan con los derechos laborales”, asegura Janarthani Arumugan, quien explica que además el acceso de las mujeres a los sindicatos está limitado porque “están controlados por hombres que relegan a las mujeres al estatus desigual de trabajadoras informales” lo que causa “tensión entre géneros”.

Para Chris Wangklay, de Oxfam Indonesia, uno de los principales problemas es que apenas se han investigado las necesidades reales de las mujeres en las plantaciones. “Hay una gran falta de datos. Necesitamos primero recolectar datos de las propias mujeres para saber cuáles son sus prioridades y principales problemas”, afirma Wangklay. “Así podremos incrementar nuestra capacidad para entender el problema”. Por ello, Oxfam está colaborando con otras organizaciones para reunirse con mujeres con el objetivo de elaborar una guía sobre cuestiones de género que sirva de referencia para los miembros de la RSPO.

*Los nombres de la mayoría de los trabajadores han sido modificados para proteger su identidad:

Como parte de nuestra investigación ‘Uno de dos. El aceite de palma en tu vida diaria’, Amigos de la Tierra nos apoyó económicamente para que pudiéramos dedicar más tiempo y recursos a investigar la relación entre los mercados financieros y la industria del aceite de palma. Gracias a ellos hemos podido realizar dos documentos en los que detallamos cómo los inversores especulan y modelan el mercado de las materias primas en general, y el del aceite de palma, en particular. Y recuerda que si nos quieres ayudar a seguir investigando lo que consumes cada día, puedes hacerte mecenas de Carro de Combate aquí. 

Zamzarmi aún recuerda cuando los rojos frutos que dan sus palmas se vendían a un precio de tres a cuatro veces más elevado al de hoy, hace apenas cinco años. «Antes se pagaba mucho más por el aceite de palma, pero desde hace varios años el precio es muy bajo», asegura este campesino indonesio. Zamzarmi, un pequeño propietario que tiene una plantación de tres hectáreas en la provincia de Riau, en la isla indonesia de Sumatra, sabe que también hubo tiempos peores y que hace tres lustros el aceite de palma se pagaba a la mitad del precio actual.

La línea de los precios internacionales del aceite de palma durante los últimos diez años parece una montaña rusa en el que las subidas y bajadas son a menudo pronunciadas. En 2004, esta materia prima que supone un tercio del aceite que se consume mundialmente y que se utiliza principalmente en alimentación y cosmética, se pagaba en la bolsa de Malasia, el principal punto de compraventa de los títulos de aceite de palma, a menos de 400 dólares estadounidenses por tonelada métrica. En febrero de 2011, el aceite de palma rozaba los 1250 dólares por tonelada, su récord histórico. El último dato registrado para noviembre de 2016 se situaba en 755 dólares(1), casi 200 dólares más que los precios que se pagaban a principios de año.

La teoría económica liberal clásica dice que los precios se forman de manera sencilla en el punto de confluencia entre el precio por el que el productor está dispuesto a vender su mercancía y el cliente, a comprarla. Es, a primera vista, un escenario en el que los elementos que entran en juego están directamente relacionados: el coste de las materias primas, la dificultad para fabricar el productos, las condiciones climáticas en el caso de las materias primas agrícolas, los gustos del consumidor o los productos sustitutivos, entre otros. Es un escenario complejo, pero relativamente tangible.

La realidad es, sin embargo, mucho más compleja. Esa línea de la montaña rusa es tan sólo uno de los factores que influyen en el precio que cobra Zamzarmi por su materia prima. A las condiciones climáticas, la competencia de otros plantaciones en su propio país o a miles de kilómetros o la especulación, se añaden la acción de numerosos actores, desde gobiernos a inversores privados u organizaciones internacionales que también modifican lo que se paga por el popular aceite. » Es muy difícil prever gastos e ingresos», dice Zanzarmi. En mayo de 2016, cuando Zanzarmi fue entrevistado, cobraba 1500 rupias indonesias (11 céntimos de euro) por kilo de fruto. Cada mes saca una media de 5 toneladas en sus tres hectáreas, por las que cobra 750000 rupias (534 euros). Sin embargo, a la incertidumbre del precio del aceite de palma se suma el importe cambiante de los pesticidas y fertilizantes que necesita para su plantación. El balance final de lo que ganará a final de mes nunca está claro.

Pero, al igual que en otros sectores agrícolas, los mercados financieros tienen cada vez un papel más importante en la industria. Un dato lo ejemplifica. Tan sólo en la Bolsa de Malasia se compran y venden títulos de aceite crudo de palma por valor de unos 250 millones de toneladas, es decir, unas 5 veces el valor real de la producción mundial de esta materia prima. En 2015, el presidente del mercado de valores malasio calculaba que la cifra aumentaría a los 310 millones de toneladas (2).

Hay, sin embargo, pocos estudios sobre el impacto real de los mercados financieros en los precios finales de esta materia prima. La financiarización general de las materias primas, sin embargo, ha sido a menudo relacionada con una mayor volatibilidad de los precios debido a la especulación que buscan los inversores. Oxfam lo define así: «El comercio de todas las materias primas está caracterizado por un alto nivel de riesgo. Un buen número de factores – desastres naturales, malas cosechas, cambios políticos o económicos – pueden afectar los precios de las materias primas, lo que puede tener impactos a lo largo de la cadena de producción. Mientras que los precios pueden cambiar rápidamente, los agentes negocian con un suministro que es voluminoso, caro de almacenar y recolectado sólo en ciertos periodos del año. Los precios son resultado de igual manera de la oferta y la demanda anticipadas como de las condiciones existentes» (3).

El aceite de palma es, sin embargo, algo especial. Las grandes palmas aceiteras tardan entre 3 y 4 años en dar sus primeros frutos y se mantienen productivas durante al menos 20 años más. «Las plantaciones de palma son apuestas de toda una generación familiar, a veces incluso de varias», asegura Johan Verbug, asesor sobre cadenas de producción en favor de los pobres (advisor on Pro-Poor Value Chains) de Oxfam. La producción es así poco flexible, lo que puede llevar a una mayor volatilidad de los precios. Por otra parte, aunque el aceite de palma es el favorito de buena parte de la industria, por su versatilidad y bajo precio, se puede sustituir fácilmente, especialmente por soja. Durante los últimos años, con el impulso del uso del aceite de palma como biocombustible se ha añadido una nueva variable: el también fluctuante precio del petróleo.

El papel del sector financiero en la industria del aceite de palma va más allá de las pérdidas o beneficios que puedan obtener los inversores o, incluso, el precio que finalmente vaya a cobrar Zamzarmi. Envuelta en numerosos escándalos desde hace décadas, la industria del aceite de palma ha sido relacionada con deforestación, expropiaciones de tierras y graves abusos de los derechos laborales, entre otros. Esas finanzas son un elemento clave para dar forma a la industria y orientar las inversiones hacia empresas más o menos respetuosas con el medio ambiente o los derechos humanos, como ya se han percatado numerosas organiaciones y consumidores. Pero seguir el rastro de las inversiones hasta el final de la cadena no es sencillo. “Las opacas y complejas cadenas de valor del sector del aceite de palma pueden aislar a los inversores de la percepción de los impactos y riesgos sociales y éticos de sus inversiones”, asegura Amigos de la Tierra en un informe publicado en junio de 2016 (4). Un complejo panorama en el que miles de actores empujan en millones de direcciones diferentes convirtiendo a esta industria en un sector volátil e incierto.

Este trabajo pretende analizar de forma simplificada esas diferentes fuerzas financieras que modelan en buena parte la industria del aceite palma. Es, sin embargo, importante entender primero las tendencias generales hacia la financiarización de las industrias agrícolas, dentro de la cual se enmarca la propia financiarización creciente del aceite de palma. Por ello, analizamos en dos capítulos ambas realidades para ofrecer una introducción a este importante aspecto de la economía actual.

• Los mercados financieros y la palma de aceite (I): Cuando la naturaleza se convierte en mercancía
• Los mercados financieros y la palma de aceite (II): Una industria modelada por los inversores

Notas y referencias:

1. Datos del Banco Mundial para el mercado de materias primas: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

2. Why it’s a boom time for palm oil: Interview with Chong Kim Seng, Open Markets, 2 Marzo 2015

3. Cereal Secrets: The world’s largest commodity traders and global trends in agriculture, Oxfam, agosto de 2012

4. Are You Invested in Exploitation? Why US investment firms should quit financing conflict palm oil and commit to human rights A briefing paper for U.S. equity investors, Friends of the Earth US, Junio de 2016

Texto por Aurora Moreno Alcojor

“Al que roba aceite de palma, le traiciona su boca enrojecida”,

refrán tradicional de África Occidental.

Si en algún lugar del mundo la palma aceitera no es nueva, es precisamente en África occidental, donde se ha cultivado y consumido desde tiempos inmemoriales. La palma era uno más de los cultivos tradicionales junto a bananeras, cafetales, campos de maíz  y enormes extensiones de bosque entre otras muchas plantaciones. Una planta utilizada para producir aceite y vino, pero también jabones, cremas y otro tipo de derivados que ayudaban en la economía doméstica de los campesinos.

Hoy, las inmensas zonas de bosque que existen en esta húmeda y fértil área se ven arrinconadas por el avance de las grandes plantaciones: concesiones de miles de hectáreas otorgadas empresas internacionales. Muchas de ellas son plantaciones de palma, que se ha posicionado como un nuevo Eldorado que dará respuesta a las necesidades de desarrollo de estos países africanos. Un discurso que asocia las nuevas plantaciones con el crecimiento y la creación de empleo, y que ha llevado a los gobiernos de todo el continente a ceder inmensas cantidades de tierra a empresas generalmente extranjeras para la producción a gran escala de aceite de palma. Es el caso de Camerún, que en 2001 lanzó el proyecto Aceite de palma, para multiplicar la producción y cuyo gobierno ha señalado en numerosas ocasiones que la producción industrial de palma es “un elemento principal de la política de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza”. El objetivo declarado en 2015 era aumentar la producción en un 26% en los siguientes tres años, según su ministro de Agricultura, Essimi Menye.

Este crecimiento se repite en otros países africanos como Liberia, Sierra Leona, Angola y Gabón a pesar de que, en su conjunto, la producción total del continente no es más que una gota en el océano del aceite de palma producido a nivel mundial. De hecho, sólo Nigeria aparece en las primeras posiciones del ranking de países productores, a enorme distancia de los primeros.

Pero aunque las cifras que arrojan los países africanos sean pequeñas, es aquí donde más rápidamente está creciendo el cultivo de la palma, puesto que las grandes compañías asiáticas se han visto forzadas a ‘diversificar’ sus zonas de producción. Por eso algunas organizaciones hablan de África como ‘la nueva frontera’ para la palma: el terreno prometido donde empresas de todo el mundo son recibidas con los brazos abiertos. Según una investigación de Greenpeace, en 2012, ya existían 2,6 millones de hectáreas cubiertas por proyectos dedicados a la palma aceitera en África Occidental, la mayoría de los cuales se encontraban en las primeras fases de su desarrollo.

Sin embargo, son muchas las dudas que se ciernen sobre este tipo de monocultivos, especialmente en lo que respecta a las repercusiones positivas para los campesinos. Y el primer mantra puesto en discusión es el del empleo. Según un estudio del Oakland Institute, en 2009 en Camerún las plantaciones industriales ocupaban aproximadamente el 50% de la tierra utilizada para producción de aceite de palma, empleando a unas 19.000 personas, mientras que las plantaciones familiares, la otra mitad, ocupaban a unas 46.000.

Socapalm: una larga historia

Además, está el problema de las familias que durante siglos han vivido junto a las plantaciones, que ven ahora cómo sus recursos y la tierra disponible disminuyen a cambio de nada, pues los acuerdos de compensación se incumplen sistemáticamente y sus quejas son ignoradas de manera recurrente por las autoridades. Es el caso de los campesinos que luchan contra la Socapalm.

Oficialmente denominada Société Camerounaise de palmerais, esta compañía, que opera seis plantaciones de palma en el país, tiene una larga historia a sus espaldas, pues se fundó en 1968 como empresa estatal, para gestionar y aumentar las plantaciones que habían dejado los colonizadores. Décadas después, presionado por los programas de ajuste estructural, el país decidió privatizar su gestión, que pasó a manos del grupo Socfin, de origen belga aunque controlado en un 39% por el magnate francés Vincent Bolloré.

Socfin es un grupo perfectamente diversificado que opera en los más diversos campos: desde la construcción de puertos a las infraestructuras viarias pasando por el cultivo de palma y la extracción de madera, y está instalado en unos 46 países africanos, además de en otros muchos del resto del mundo. En Camerún es especialmente conocido por la buena relación de Vincent Bolloré con Paul Biya [1], presidente del país desde 1981, y por la importancia de Socapalm en el país. En Francia, tampoco pasa desapercibido este empresario, amigo personal de Nicolas Sarkozy, situado en el puesto 18 de las fortunas nacionales (según la revista Challenges, 2009) y dueño de empresas en todos los sectores, incluido el de los medios de comunicación.

“Bolloré tiene más poder que muchos jefes de estado aquí en África”, afirma sin complejos Souni Andre, líder local en la aldea de Lendi, cerca de la plantación de Kribi. Situado en la provincia de Litoral, en Camerún, a unos 8 kilómetros de Kribi, Lendi es uno de los pueblos que más ha sufrido la presencia y expansión de las grandes plantaciones.  Lendi fue partido en dos por la carretera que hoy lleva a la plantación de Kienké y “jamás se ha beneficiado de inversiones, mejoras o infraestructuras”, según cuentan en el pueblo. “Aquí los problemas duran ya 30 o 40 años y las cosas no han cambiado, van a peor. Yo vivo a unos seis kilómetros de la plantación de Socapalm. Antes, al menos, podíamos ir a pescar y eso nos permitía vivir, pero ahora ya no, porque los productos químicos que utilizan para las nuevas palmeras los arrojan al río y el agua ya no se puede beber”, explica Andre.

“El más fuerte siempre tiene las de ganar”, subraya Simawa Georges Thierry, coordinador de la Synaparcarm en Lendi. “Nuestras reivindicaciones son claras”, resume Andre: “Que la empresa ponga fin al uso de fertilizantes que están contaminando nuestros ríos -de ahí luego vienen enfermedades como el cólera, la disentería…; que proporcione centros de salud también para quienes no somos trabajadores, puesto que actualmente no podemos acceder a los que hay y, que ofrezca educación a nuestros hijos”.

En el interior de la plantación de Kienké hay seis poblados, y para entrar a la plantación es necesario pasar una barreras de seguridad instalada por la empresa. La población puede entrar y salir a su antojo, por supuesto, pero su mera existencia es significativa. Una manera clara de delimitar el territorio. Estos seis ‘campamentos’ se encuentran a una veintena de kilómetros entre sí y en ellos viven cientos de personas. Las casas, proporcionadas por la empresa a los trabajadores, no han sido restauradas desde el día de su construcción, a principios de los años 70; los servicios básicos brillan por su ausencia y el mal estado de las viviendas es una queja recurrente.

Para lograr sus reivindicaciones, los campesinos de los poblados aledaños, se han organizado: enfrentarse a este gigante multinacional no es fácil desde un pueblo remoto, pero hacerlo junto a trabajadores del mismo sector y la misma compañía en otros lugares del mundo, es quizás un poco más asequible. Y es eso lo que está haciendo la Alianza Internacional de campesinos y ribereños de las plantaciones Socfin-Bolloré  (que en Camerún representa la Synaparcam -Sinergye Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun-, una organización liderada por Emmanuel Elong y apoyada desde Francia por el proyecto ReAct. Gracias al trabajo de la red, que representa a campesinos de los cinco países en los que Socfin tiene plantaciones de palma: Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Camboya, Emmanuel Elong llegó a ser recibido por el Consejero Delegado del grupo Bolloré en París en octubre de 2014. Allí, presionado por los medios de comunicación franceses y la sociedad civil, Bolloré se comprometió a mejorar las condiciones de vida de las zonas afectadas por la expansión del aceite de palma. Pero a los pocos días, el pacto se rompió alegando la negativa de Socfin, que es quien realmente controla la Socapalm.

A pesar de ello, siguen luchando. Encontramos a Emmanuel Elong en Douala, y recorremos junto a él los 40 kilómetros que separan la gran capital económica y comercial del país -con su vibrante puerto y sus interminables atascos- de Dibombari, donde se encuentra otra de las plantaciones de la Socapalm. El camino, una vez abandonada la gran autopista que sale de Douala, es una interminable sucesión de árboles iguales: primero de caucho, y luego, sin solución de continuidad, palmeras. Es el territorio Socapalm.

En esta plantación, los campesinos sí disponen al menos de un trozo de tierra para cultivar sus palmeras y fabricar su propio aceite. Es un resquicio de la política de buena voluntad que la empresa llevó a cabo antes de ser privatizada, cuando se ofrecieron algunas hectáreas a los campesinos e incluso apoyo para adquirir las primeras palmeras. Pero dicha política duró poco. En la actualidad, las zonas que quedan para ellos, nos cuentan, son cada vez más pequeñas, y por todos lados encontramos palmeras que han buscado acomodo entre los márgenes de las plantaciones y las carreteras.

Ante acusaciones como éstas, que aparecen todos los días, la compañía, que no se prodiga demasiado en declaraciones ni contactos con la prensa, sí respondió  en 2005 con un comunicado en el que aseguraba que desde el año 2000, cuando se privatizó, “la superficie de su contrato [las tierras están en régimen de alquiler] no han aumentado nada. Es más, señala la compañía: «más de 20.000 hectáreas han sido retrocedidas al Estado”. En el comunicado, de un folio, la compañía alega también que «todas sus concesiones han sido adquiridas legalmente” [esto generalmente no se pone en duda, aunque sí se cuestiona la toma de decisiones por parte del estado] y que la empresa está “a la vanguardia del progreso social en todas sus acciones, progreso del que se benefician tanto los empleados como los campesinos ribereños”, pero del que no da ningún detalle.

Sin embargo, el discurso en los poblados sigue siendo el contrario. “No quedan sitios para trabajar, la compañía lo ha cogido todo”, nos explica Njoh Moukeke, nacido en Dibombari y residente allí. “No tenemos clínicas, ni escuela de secundaria”.  Una situación que se repite en las otras plantaciones de la Socapalm. En la de Kienké, por ejemplo, era todavía peor, porque allí no tiene acceso a plantaciones familiares. Así lo confirma una de las pocas mujeres líderes de la red. Es Oban Danielle, a la que encontramos en Bidou III, en la plantación de Kienké, la más grande de la empresa en Camerún.

Las condiciones de vida han empeorado con los años, según los entrevistados. Especialmente a raíz de la privatización. Lo cuenta Joan, profesora de inglés en la escuela de Dibombari -en teoría, en Camerún ambos idiomas son cooficiales y con igual importancia, pero lo cierto es que el francés es con diferencia la lengua más hablada-. “Muchos de los niños tiene que hacer seis kilómetros para ir y otros tantos para venir del colegio, la subvención estatal es mínima, así que son los padres quienes tienen que pagar las tasas de escolarización. Y no hay clases para los niños de secundaria, que tiene que marcharse a otros pueblos”.

Sólo conseguir electricidad en el poblado fue todo un hito. “La pusieron en 2005, después de muchas movilizaciones”, explica Njoh Moukeke, un trabajador de la compañía a través de las subcontratas. “La única solución para nosotros es tener un terreno para plantar nuestras propias palmeras. La gente que vivimos aquí no somos animales. Somos personas como todo el mundo. Y mientras ellos están ganando millones nosotros vivimos aquí, con el sentimiento de humillación permanente que provoca no poder sacar a tu familia adelante”, explica Moukeke.

Una larga historia

El caso de Camerún es especial en muchos sentidos: primero, porque la plantación industrial de palma comenzó antes que en muchos otros sitios -la primera agroindustria de este tipo se creó en Edéa en 1907, bajo administración alemana – y, segundo, porque según las estadísticas oficiales (hay voces que contradicen esta versión), el total de la producción se dedica a consumo interno y cada año debe importar miles de toneladas de otros países.

A pesar de ello, o quizás precisamente por eso, los países de la zona tienen un interés clave para los inversores: la demanda es alta, la gente está familiarizada con el cultivo, los gobiernos son receptivos por sus necesidades de desarrollo y las condiciones agroecológicas son las perfectas para el cultivo. Además, la tierra y la mano de obra son baratas. Demasiado baratas. Uno de los problemas, de hecho, es el bajo rendimiento por hectárea, según explica Samuel Nguiffo, de CED (Centre pour l’Environnement et le Développement): “Si las compañías hicieran un esfuerzo de inversión y renovación, con la superficie cultivada que tenemos hoy en día podríamos hacer frente a toda la demanda interna.. ¿Por qué no se hace? Porque sale más barato continuar ampliando tierras y el gobierno no les obliga”.

Y precisamente ahí es donde surgen los conflictos. Las empresas ya instaladas van ampliando el número de hectáreas que ocupan, mientras que otras están consiguiendo enormes concesiones del Estado. En 2009, Camerún se convirtió en foco de la atención internacional tras el anuncio de la concesión de 73.000 hectáreas a la empresa Herakles Farm.

Herakles Farm, ¿un caso de éxito de la sociedad civil?

Tan pronto como el convenio entre la empresa y el Ejecutivo salió a la luz, provocó una considerable movilización nacional e internacional por parte de activistas preocupados principalmente por tres cuestiones: el enorme tamaño de la concesión (lo habitual es hablar de 10.000 ha como máximo); la  opacidad de la empresa concesionaria [7] y la cercanía del área de la concesión a zonas de especial protección ambiental. Para comenzar, según el Estudio de Impacto Ambiental de la propia empresa, allí viven unas 14.000 personas, aunque algunas ONGs hablan de que afectaría a unas 40.000. Por otra parte, la empresa, creada ex profeso para explotar tal concesión, y denominada SG Sustainable Oils Cameroon, Ltd (SGSOC), pertenecía en su totalidad a la americana Herakles Farms, una filial de Herakles Capital, que actúa en África en sectores muy diversos como energías, telecomunicaciones, minería, agroindustrias e infraestructuras. Por último, la concesión estaba situada entre el Parque Nacional de Korup y el área protegida de Rumpi Hills, lo que la convertía en un lugar habitual de paso para una amplia variedades de animales. Además, muy cerca de allí se encuentra la plantación de Pamol, que pertenece al Estado y ocupa unas 9.500 hectáreas en el departamento de Ndian. Es otra de las plantaciones históricas en Camerún y la población se queja amargamente de su existencia.

Por si fuera poco, hay quienes temen que la concesión no fuera más que una excusa para extraer madera. Nos explicaba Samuel Nguiffo, director de CED Cameroun que “no hay un procedimiento claro para luchar contra la deforestación, que sea eficaz y fácil de poner en marcha. (…) Además, tenemos un sistema de corrupción muy arraigado y muy enraizado con el mundo forestal: algunas concesiones de tierras son interesantes no sólo por lo que se pueda plantar en ellas sino por la madera de los bosques que hay en ellas”. Le entrevistamos durante la celebración en la Universidad de Yaoundé II de un Congreso internacional sobre Pueblos autóctonos, comunidades locales y recursos naturales en África central [6], en el que salieron a relucir muchos casos similares. Lo que nos avanzaba entonces era una sospecha que sólo mes y medio más tarde parecían corroborar algunas informaciones. Según Mongabay.com, una web especializada en información sobre medio ambiente, durante la segunda mitad de 2015 se observó una “deforestación sin precedentes” en el área de la concesión. Y eso a pesar de que el proyecto de plantación de palma había sido abandonado en mayo de 2015 debido a la fuerte oposición local, que llevó al Gobierno a reducir la concesión a 20.000 hectáreas. Un par de años antes, Le Monde se preguntaba si el nombre de Herakles Farm no sería recordado como siempre como el símbolo de la especulación financiera sobre los recursos del sur .

Éste fue, en apariencia, un caso de éxito de la sociedad civil, organizada desde la pequeña ciudad de Mundemba (en la parte más occidental del país, cerca de la frontera con Nigeria) por el activista Nasako Besingi, director de la ONG SEFE (Struggle to Economise Future Environment). Besingi es hoy un hombre difícil de encontrar, al que sólo conseguimos localizar por teléfono, pues vive asediado por las las citaciones judiciales a las que tiene que hacer frente desde que la empresa le denunciara (le acusan de difamación desde que él denunciara un paliza por parte de dos de las personas de seguridad de la empresa).

¿A quién pertenece la tierra?

El problema de fondo, siempre que surgen este tipo de controversias entre campesinos y el estado es que “el derecho camerunés no reconoce el derecho consuetudinario a la propiedad sobre la tierra (…)”, según Hervé Sokoudjou. De tal manera que, en teoría,  es el Estado quien tiene potestad para cederla a quien considere.  Pero no es tan fácil. En primer lugar, hay leyes nacionales e internacionales que recortan este derecho. Además, los propios acuerdos con las empresas exigen compensaciones a los propietarios, residentes y afectados por las nuevas plantaciones. Pero es un tema extremadamente complejo.

Sobre tierras, acaparamiento y políticas forestales investiga Mathieu Vandi Fache, un joven doctorando camerunés. “Es un asunto con muchas variables”, nos explica. “Para empezar, tendríamos que distinguir lo que es acaparamiento de tierras y qué no”. Y cómo se distingue? ¿En función del tamaño? ¿De la oposición local? “El tamaño es importante, sí, pero más lo es la densidad de población. Unas pocas hectáreas en un lugar sobrepoblado puede ser un polvorín”.  Por otro lado, está el tema de las compensaciones y la consulta real a la población. En teoría, según Vandi Fache, “las tierras no se pueden expropiar tan fácilmente si en ellas hay gente instalada y trabajando”. Pero la realidad, puntualiza, es muy diferente. “Porque es muy difícil demostrarlo si no se tienen títulos de propiedad sobre la tierra”. Y la mayor parte de la gente, no las tiene. (..) “Aproximadamente solo el 10% de las tierras están inventariadas. Y las gestiones para hacerlo son complicadas y largas…”

Por otra parte, está el asunto de la fiscalidad que se aplica a estas empresas, tal y como señala David Bayang, del servicio Justicia y Paz de la Iglesia católica en Camerún, que ha apoyado la creación del portal www.palmespoir.org “Las empresas que vienen aquí deberían cumpliar la misma legislación que las nacionales”, dice Bayang, no sin recordar que este un problema que sucede en todos los países donde se conceden exenciones a las grandes emprseas. Bayang apuesta por el desarrollo del aceite de palma, pero con compensaciones reales y justas para los campesinos y condiciones laborales decentes para los trabajadores. Un tema clave en el que también incide Jaff Napoleon Bamenjo, coordinador de RELUFA, Réseau de Lutte contre la Faim au Cameroun, organización que intenta luchar contra la inseguridad alimentaria “buscando las causas sistémicas que lo provocan”.

Apátridas en su propio territorio

Una inseguridad y una lucha por los recursos que es todavía más preocupante cuando hablamos de un país que, por las adecuadas condiciones climatológicas y la fertilidad de su suelo, debería tener más que asegurada la seguridad alimentaria de todos sus habitantes. El problema, resume uno de los jefes tradicionales de la zona, sa majesté Stagadigni, jefe de Mbeka, es que “las empresas dan más importancia a la  palma que a las personas”. Stagadigni deja muy claro que su pueblo “no está en contra del desarrollo”, pero sí quieren que se respeten las normas, que no se contamine el agua con los productos químicos que se utilizan en los viveros y que se deje espacio para los campesino. Si no, “¿dónde vamos a cultivar nosotros?”, se pregunta. Lo mismo dice Solange Ngobakounne, representante del pueblo de Kilombo. “Estamos rodeados de palmeras. Antes había campos de mandioca, de café, otros cultivos… pero ahora ya sólo queda la palma. Hasta el nombre del pueblo ha cambiado. Enfrente de mi casa han puesto un vivero, y están continuamente regandolo con productos químicos, que han terminado por llegar al agua de nuestros ríos. Es el agua que utilizamos para beber, el que damos a nuestros hijos, y es allí donde pescamos  para comer. Ya ha habido casos de niños  enfermos por el agua”. Y así, poco a poco, los campesinos que se quedan sin tierras se convierten en “apátridas en su propio terreno”, como lo define Bongue Philippe, que a sus 80 años es todavía capaz de recordar que esto ya ha pasado antes. Ahora es de otra forma, pero se le parece mucho. Camerún logró su independencia en 1960, como muchos otros países de la zona. Hace poco más de medio siglo, y Bongue recuerda perfectamente el tiempo de dominio francés. Y recuerda perfectamente lo que su padre le contó antes, respecto a los alemanes. Y no quiere que la historia se vuelva a repetir, aunque ahora sea con otros métodos y otras formas. Por eso, a sus 80 años, continúa luchando, para tener algo que dejarles a todos esos nietos que corretean por alrededor de su casa y que, espera, tengan un futuro diferente en el que los recursos, ahora sí, sean suyos.

Bibliografía:

[1] Glaser, Antoine: AfricaFrance. Quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Ed. Fayard,2014. El capítulo 7, dedicado a Camerún, el autor menciona a Vicent Bolloré como uno de los grandes apoyos de Paul Biya en París.

[3] En marzo de 2009, dos periodistas de France Inter emitieron un reportaje titulado ‘Cameroun, l’empire noir de Vincent Bolloré”, en el que relataban la situación de los trabajadores y los campesinos colindantes a las plantaciones de la Socapalm. Bolloré les denunció por difamación, pero no ha podido evitar que desde entonces muchos otros medios hayan realizado reportajes similares.

[4] Hervé Sokoudjou, “El caso de Camerún: las plantaciones de palma aceitera. ¿Una nueva amenaza para los bosques de Camerún?”, en el libro: El amargo fruto de la palma aceitera: despojo y deforestación. Capítulo IV. Publicado en 2001.

[5] Un análisis exhaustivo de la empresa se encuentra en: “Understanding land investment deals in Africa. Massive deforestation portrayed as sustainable development. The deceit of Herakles Farms in Cameroon”, un informe de The Oakland Institute, en colaboración con Greenpeace International. Entre otras cosas, el informe explica que el CEO de Herakles, Bruce Wrobel, es al mismo tiempo el director ejecutivo de All for Africa, una Organización No Gubernamental de Desarrollo. Una organización cuya web ya no está activa (julio de 2016) y cuya última actualización en su página de facebook es de enero de 2013.

[6] El encuentro, titulado:  Peuples autochtones, communautés locales et ressources naturelles en Afrique centrale : Quels droits ? Quelles mesures de protection ? Quel (s) rôle (s) pour les défenseurs de l’environnement », organizado por el CED con apoyo de la Unión Europea se dieron cita investigadores y defensores del medio ambiente de los países de África central y se trataron temas sobre explotación y abuso de recursos mineros, forestales y de todo tipo. Se celebró en Yaoundé, del 29 al 31 de marzo de 2016.

Texto: Nazaret Castro / Fotos: Jheisson A. López

Cuentan en las veredas –las pedanías rurales– de María la Baja que, hasta hace apenas veinte años, esta era una tierra de abundancia. Este municipio de los Montes de María, una región colombiana cercana a la célebre Cartagena de Indias, era famoso por su tierra fértil, que permitía que el monocultivo de arroz conviviese con las economías campesinas, cuyos productos de pancoger –como llaman en Colombia a la producción de alimentos para el consumo– se exportaban a Cartagena, Barranquilla e incluso Medellín.

Todo cambió al borde del cambio de siglo. Entre 1998 y 2003, todo el país sufrió la sacudida del terror paramilitar, que protagonizó escalofriantes masacres y obligó a millones de personas a abandonar sus casas y sus tierras. Sólo en los Montes de María, alrededor de 250.000 personas huyeron. Muchas volvieron al cabo de unos años y encontraron sus tierras irreconocibles: donde ellos plantaban maíz, yuca o plátano, ya sólo había palma de aceite. Así sucedió en el Chocó y Nariño, en la costa pacífica, y también en María la Baja. Y así fue cómo la palma pasó de ocupar 150.000 hectáreas en 1998 a superar las 350.000 hectáreas en 2008. Hoy, con alrededor de medio millón de hectáreas, se ha convertido en el cuarto productor del mundo y primero de América Latina del ambicionado aceite de palma.

Desde entonces, la abundancia se tornó escasez. “En estas comunidades de campesinos y pescadores, había la lógica del trueque, salían todos los días a las grandes ciudades cinco camiones cargados de ñame, yuca, maíz, plátano. No teníamos tecnología, pero sí tranquilidad, bienestar, en el sentido de que vivíamos bien”, narra Natalia, una campesina afrodescendiente de María la Baja. Su nombre, como el del resto de campesinos entrevistados para este reportaje, es ficticio: si bien la violencia paramilitar amainó tras la supuesta desmovilización de los paramilitares que promovió en 2006 el entonces presidente del país, Álvaro Uribe Vélez, las amenazas persisten contra aquellos que se atreven a defender sus territorios y formas de vida.

“La palma fue una maldición para nosotros: la plantaron para tener acceso al territorio. Llegó manchada de sangre, y todas esas vivencias son imborrables, aunque pasen mil años, no se puede olvidar”, prosigue Natalia. Lo cierto es que la brutal arremetida de los paramilitares precedió a la compra de tierras de las empresas palmeras, que aprovecharon un marco legal a su medida para expandirse a costa de las comunidades campesinas. En el caso del Chocó, en la costa pacífica, la justicia evidenció la conexión entre los paramilitares y la empresa Urapalma; en Montes de María, esa relación no se ha podido demostrar jurídicamente, pero llama la atención que los empresarios palmeros llegaran exactamente en el momento en que miles de campesinos huían aterrorizados.

Un marco legal a la medida de las empresas
Fue Carlos Murgas, ingeniero agrónomo y ministro de Agricultura con Andrés Pastrana (presidente entre 1998 y2002) quien diseñó un marco normativo a la medida de la industria palmera. Murgas es hoy el ‘zar de la palma’ en María la Baja, donde no posee tierras pero controla la producción a través de ‘alianzas productivas’ en las que los pequeños campesinos se endeudan y se comprometen a vender la palma a Oleoflores, la empresa de Murgas, por los 25 años que da fruto la planta.

“El papel del Estado es clave. Otorga subsidios y aporta incentivos, y creó un mercado del agrodiésel a la medida de esta industria”, sostiene la investigadora Victoria Marin-Burgos, autora de la tesis doctoral Acceso, poder y justicia en las fronteras de los commodities. El modelo de las alianzas productivas, que Murgas conoció en Malasia, tenía la ventaja de que los campesinos conservan sus tierras, y se presentó como oportunidad para el desarrollo local, alternativa a los cultivos ilícitos y pieza central de esa «locomotora minero-energética» llamada a ser el motor del modelo de desarrollo en Colombia, según su presidente, Juan Manuel Santos.

Sin embargo, ese modelo tenía trampa: “Los campesinos deben tomar un crédito, les proveen las semillas, insumos, capacitación, todo; pero eso se lo descuentan de lo que deberían pagarles por la palma. A veces, el cheque llega en cero, y entonces te dan otro crédito: así amarran a la gente. El riesgo, al final, es perder la tierra”, afirma Pedro, un líder comunitario en María la Baja. Además, si una plaga acaba con las cosechas, como sucedió en Nariño cuando arrasó la PC (pudrición del cogollo), quien sale perdiendo es el agricultor.

“A las grandes empresas no les interesa la propiedad, sino el uso del suelo: se trata de extraer la mayor cantidad de nutrientes en el menor tiempo posible. Es la nueva configuración del capital”, explica el economista ecuatoriano Alberto Acosta. Así, Wilmar, la empresa que controla el 45% del negocio palmero en el mundo, sólo produce por si misma el 5%. Es la misma estrategia que ha llevado a las empresas del textil –como Inditex– a comprar a proveedores en lugar de producir la ropa; y lo mismo cabe decir de Nike o Apple.

Ecocidio en Guatemala
El caso de Colombia es extremo por el grado de terror que acompañó a la entrada de la palma en los territorios; sin embargo, en otros países de América del Sur y Centroamérica, fundamentalmente en Ecuador, Brasil, Honduras y Guatemala, la palma se expande despojando a los campesinos y provocando agudos impactos socioambientales.

En el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, toda la tierra está ocupada por la palma, salvo una comunidad que resiste, como aquella irreductible aldea gala de Asterix, a la invasión palmera. Se llama Manos Unidas –y no, no tiene nada que ver con la ONG homónima– y se ha convertido en la última frontera de la resistencia al monocultivo, porque, cuentan sus habitantes, allí las tierras todavía gozan de propiedad colectiva. Son hoy las únicas tierras donde todavía es posible cultivar maíz y fríjol.

La tenencia colectiva de la tierra complicó el éxito de las estrategias de las empresas palmeras, que en las comunidades vecinas forzaron a los campesinos a vender, según múltiples testimonios, con amenazas veladas y oscuros argumentos: «La mayoría fueron engañados. Decían que iban a hacer una represa y que desaparecerían varias comunidades, así que malvendieron sus tierras. Les prometieron trabajo de por vida en la palma y dinero en efectivo para hacerse una buena casa. La propia comunidad se dio cuenta después de que todo eran mentiras”, afirma Juan, uno de los líderes comunitarios de Manos Unidas.

En diferentes comunidades y aldeas de Sayaxché, los relatos de los impactos de la palma son muy similares a los de los campesinos de María la Baja: aumento de plagas, cambio climático –más calor y menos lluvia–, pésimas condiciones laborales en las plantaciones y, sobre todo, una crisis hídrica que, causada por los agrotóxicos que se aplican a la palma, ha dejado a muchas comunidades en la más absoluta desesperación. Sus pozos artesanales se han secado y, en la estación seca, muchos deben recurrir a recoger agua del río, aunque bien saben que está contaminada. Y ahí es cuando llegan las enfermedades estomacales y dermatológicas, las insuficiencias renales y las infecciones vaginales.

Nada de lo que sucede hoy en Guatemala puede entenderse sin conocer su historia reciente. Es uno de los países del mundo más atravesados por la violencia y la desigualdad: el índice Gini –el indicador de la desigualdad en el que 1 implica la máxima desigualdad y 0 la máxima igualdad– es del 0,52, el noveno más alto del mundo, mientras que el índice Gini de la tenencia de la tierra es de 0,84, el segundo más alto de América Latina.
“En Guatemala, la profundidad del racismo y el patriarcado han configurado una sociedad dañada y enferma, conflictiva, que difícilmente se reconcilia con su identidad indígena”, sostiene Ana Cofiño, una de las coordinadoras del periódico feminista La Cuerda. Tras 36 años de guerra interna, en 1996 llegaron los ansiados acuerdos de paz, pero no se resolvió el problema que motivó el alzamiento de la guerrilla: la necesidad profunda de una reforma agraria que corrija la extrema injusticia de estructuras sociales heredadas de la colonia.

De aquellos barros, estos lodos. La palma llegó a Sayaxché de la mano del Grupo HAME, siglas de Hugo Alberto Molina Espinoza, considerado uno de los mayores terratenientes del país. Del grupo forma parte la Reforestadora de Palma del Petén, S. A. (REPSA), que se hizo tristemente célebre en 2015, cuando se supo que era la responsable directa del ecocidio en el río La Pasión.

El abogado Saúl Paau, miembro de la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, que lleva el caso del ecocidio, explica de primera mano cómo ocurrió el desastre: “Se desbordaron las lagunas de oxidación y eso provocó una enorme mortandad de peces, y contaminación a lo largo de 150 kilómetros del curso del río”. El caso se tiñó de sangre cuando asesinaron a tiros al campesino que denunció el ecocidio, Rigoberto Lima. El crimen continúa impune y la empresa “sigue funcionando sin ningún tipo de monitorización, a pesar de que el propio Ministerio de Ambiente reconoció que carece de estudio de impacto ambiental”, explica Paau.

*Este reportaje fue publicado originalmente en El Salto. Forma parte de la investigación en profundidad sobre el aceite de palma realizada por Carro de Combate, financiada por crowdfunding por nuestras lecturas y con la ayuda adicional de Entrepueblos para los viajes a Guatemala y Ecuador.

Si quieres ayudarnos a seguir investigando, hazte mecenas de Carro de Combate desde sólo 10 euros al año.

En el tiempo de los mayores

ningún hombre, ninguna mujer de origen africano

nacido/a en esta región del Pacífico

quería ver desnuda a la madre tierra.

Por eso, generación tras generación

asumimos el compromiso de cuidar el monte

que viste a la montaña madre, porque

su desnudez era nuestra vergüenza

(Abuelo Zenon)

Texto: Nazaret Castro. Fotos: Jheisson A. López

Al otro lado de la raya, como llaman las comunidades locales a la huidiza frontera entre Colombia y Ecuador, el bosque tropical y los manglares de la Biorregión del Chocó se prodigan con la misma exuberancia en la provincia de Esmeraldas, una de las más ricas en biodiversidad, y pobre en monedas, del país que preside Rafael Correa desde 2007. Como en Colombia, la palma aceitera se perfila aquí como el cultivo capaz de liderar el modelo del agronegocio; en 2011, Ecuador era ya el segundo productor en el continente americano, con un 15% de la producción -Colombia representaba el 31% y Honduras, el 11%-, según la consultora Oil World. La palma ha crecido al ritmo de entre un 5 y un 10% anual en la última década, afirma la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Ancupa).[1] Como en Colombia, el gremio palmero promueve la certificación de la palma sostenible de la RSPO, cuyo objetivo sería, para la Ancupa, “promover el crecimiento y uso de aceite de palma sostenible mediante la cooperación y diálogo abierto de todos los actores dentro de la cadena de suministro”. Empresarios e inversores del sector aseguran que la palma lleva progreso, empleo, desarrollo, inclusión; pero, también como en Colombia, esos discursos contrastan con las realidades que se palpan en el terreno.

“La expansión de palma fue facilitada por los incentivos del gobierno”, explica Nathalia Bonilla, activista de la organización Acción Ecológica, y se refiere a un decreto de 2002 del ex presidente Gustavo Noboa, que cambió el estatus de tierras de bosque protegido a zonas agrícolas sustentables, contribuyendo así a la expansión de la frontera agrícola. A día de hoy, el gobierno de Rafael Correa mantiene incentivos, a través de programas con fondos de la Corporación Financiera Nacional y del Ministerio de Agricultura; también la Unión Europea promociona el sector, al que se atribuye la virtud de ser un “cultivo flexible”, esto es, apto para diversos usos: el alimentario, las industrias cosméticas y el agrocombustible.

Según datos de 2009 de la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (Fedapal), en ese momento había en Ecuador 240.000 hectáreas sembradas de palma y trabajadas por 6.000 productores; de ellos, según la Ancupa, el 85% son pequeños productores con menos de 50 hectáreas de cultivo, pero el 15% restante, los grandes productores, posee el 48% de la tierra y, sobre todo, las empresas extractoras son las que controlan el mercado y la formación de precios. Para 2019, la Fedapal prevé que la palma ocupe 408.000 hectáreas; pareciera una expectativa optimista si pensamos que, desde 2004, la palma ha crecido a un ritmo del 20% anual.

«La palma avanzó, con una asociación entre empresarios palmeros y madereros: primero bajan el bosque y, con la ganancia de la madera, ponen la plantación; todo ello lo hacen sin apenas control de los riesgos ambientales: se contaminan los ríos y el aire con el arsenal de químicos que necesita la palma”, explica Nathalia Bonilla. Tampoco considera el Gobierno, al promocionar la palma aceitera, en qué condiciones quedarán esas tierras: “La palma necesita muchos nutrientes; el suelo queda destruido, difícilmente se puede plantar después ninguna otra cosa”. Pasados los 25 o 30 años que permanece productiva la planta, los campesinos han perdido la riqueza de su suelo y han visto cómo se contaminaban sus fuentes hídricas, al tiempo que han perdido autonomía, porque lo que antes podían vender por sí mismos a los consumidores, ahora sólo tiene un comprador posible: la empresa palmera a la que pertenece la planta procesadora. Eso, por no hablar de la cantidad de fertilizantes y pesticidas que requiere la palmicultura: “El monocultivo no se da naturalmente: por eso llegan todas las plagas”, resume Nathalia. Y en Esmeraldas, como en el resto del corredor Pacífico, la pudrición del cogollo (PC) llegó arrasando con todo. El ingeniero agrónomo Víctor Arroyo nos dará su versión con exquisita simpleza: “La naturaleza es sabia: sabe que la palmicultura es lesiva, y se protege”.

La palma está presente en el suelo ecuatoriano desde los años 60, pero fue en los 90, de la mano del auge de los agrocombustibles, cuando se expandió por rapidez por la provincia de Esmeraldas, en la costa Pacífica, al norte del país. La provincia, con unos 400 mil habitantes, está dividida en ocho cantones: fue en los que están más al sur, sobre todo en Quinindé, donde antes llegó la palma, y a día de hoy ya está consolidada. Los territorios que recorremos son los que se encuentran más al norte, más cerca de la frontera con Colombia: Eloy Alfaro y San Lorenzo; ambos, con un 80% de población negra. No es cualquier frontera la que separa Colombia y Ecuador: el corredor del Pacífico comparte a ambos lados de la raya una larga historia común de abandono estatal y una puja de intereses: las de las empresas del agronegocio -ayer bananeras, hoy palmeras- frente al proceso organizativo de las comunidades afrodescendientes, que reclamaban su autonomía y la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales.

 La palma en Esmeraldas: ¿oportunidad o despojo?

Víctor Arroyo es ingeniero agrónomo pero, al contrario que la mayor parte de los formados en esa disciplina, critica con convicción el modelo de desarrollo que lleva la palma a sus territorios ancestrales. Él nos explica lo que nos enunciarían con vehemencia en Colombia: “No decimos palma africana; preferimos llamarla palma aceitera, porque queremos desasociar África de esta planta que ha traído el despojo a nuestros territorios”. Víctor investigó en profundidad el caso de la comuna Río de Santiago, donde, irregularidades mediante, la palma entró haciéndose un hueco entre las expropiaciones a los campesinos y la deforestación de la selva. “Según la Ley de Comunas, las tierras son indivisibles e inalienables, pero los palmeros emplearon una argucia legal: llamaron a juicio a quienes fundaron la comuna a fines del siglo XIX, que obviamente estaban muertos”. Sorprende una argucia tan burda: ¿hubo connivencia de la justicia, entonces? “Es que aquí el Estado no existe. El Estado ecuatoriano nunca se ha acordado del norte de Esmeraldas”.

En Ecuador, es verdad, las formas de represión no han sido tan brutalmente violentas como en su vecino del norte; pero eso comenzó a cambiar en los últimos años. Un primer giro se produjo en el año 2000, cuando  Ecuador renunció al sucre y dolarizó su economía: con ello, la inversión extranjera se volvió más atractiva, también para lavar capitales. El investigador Iván Roa ha demostrado la “consolidación de grupos armados ilegales colombianos y sicariales ecuatorianos, que vieron en la región una forma de establecer economías ilegales y ejercer el narcotráfico”, como señala Roa en su tesis El desborde de la violencia: raza, capital y grupos armados en la expansión transnacional de la palma aceitera en Nariño y Esmeraldas. Lo que plantea Roa es que, a ambos lados de la frontera, la palma se expandió a través de la violencia de grupos armados ilegales que impusieron una “economía de la palma” basada en un “patrón racial de poder”: en su opinión, “el capitalismo sigue reproduciendo una jerarquía racial de explotación a través de la palma aceitera”.

El mismo régimen de acumulación de capital, con base en el monocultivo de palma, intenso en capital y no en trabajo, se impone a lo largo de todo el corredor Pacífico de la Biorregión del Chocó. Sea en ausencia o connivencia del Estado, la palma supone, dice Roa, el “acomodo geopolítico de estos territorios a un modelo extractivista”. Como señala un campesino de la región: “El pueblo afro que antes era el dueño de todo este territorio, ha sido reducido en pueblos, y vive y hace sólo lo que le dice la palmera” (en Roa, 2012: 72). La confinación en pequeños territorios, por todas partes rodeados del monocultivo palmero, ha sido aquí, como al otro lado de la raya, una táctica para hacer a los campesinos desistir de optar por otras formas de vida. Por donde pasa la palma, sólo puede haber palma. Ni otras especies vegetales o animales, ni tampoco otras formas de vida ni de organización económica diferentes de las que impone el agronegocio a fuerza de amenazas: “Se obligaba a los propietarios a vender la tierra bajo amenazas y hostigamiento, con grandes dosis de violencia”, cuenta Víctor. Lo documenta Roa en su investigación: “O vendes la tierra, o lo negociaremos con la viuda”, les decían a los campesinos.

Roa concluye que los primeros paramilitares se hicieron visibles en el año 2000 en Esmeraldas, si bien su presencia aumentó en 2007, meses después de la supuesta desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En realidad, como prueban numerosas investigaciones académicas y de ONGs, los paramilitares no se desmovilizaron, sino que se reorganizaron y formaron bandas criminales (bacrim). El lavado de dinero, la palma, el control del narcotráfico y el contrabando de gasolina fueron incentivos más que suficientes para que algunas de los grupos armados establecidos en Nariño, como Águilas Negras y Los Rastrojos, se pasaran al otro lado de la raya. Los vecinos de las comunas de San Lorenzo nos hablarán después de ese cambio de clima: “Antes nos conocíamos todos, pero ahora ha comenzado a llegar gente de fuera, y no sólo llega gente buena”, narra Melania, y cuenta cómo fue asaltada sexualmente una noche, a pocos pasos de su casa, por uno de esos extraños.

Unos años después de su llegada, asegura Roa, los paramilitares habían consolidado su control territorial; después fueron cediendo poder ante los sicarios ecuatorianos. A día de hoy, los capitales legales e ilegales se confunden: a micrófono cerrado, algunos de los expertos consultados por esta reportera afirman que muchas de las empresas palmeras ecuatorianas, oficialmente de capital nacional mayoritario, se constituyeron en realidad con capitales colombianos de dudosa legalidad. En el camino de la consolidación de ese siniestro modelo de control territorial, han silenciado las resistencias. Bien lo sabe Juan García: los Águilas Negras asesinaron a su hijo. Pero a él no lo callaron.

Palma, memoria y desterritorialización

Llegamos sin avisar, pero el maestro Juan García Salazar accede a recibirnos. A sus 70 años, es delgado y vivaracho, muy lúcido, rápido y observador. Víctor nos conduce hasta él y, antes de llamar a su puerta, nos susurra: “Es la persona más especial que he conocido en mi vida”. Su mirada trasluce una bondad y una calma que no esconde los sinsabores. Algunos de ellos los irá desgranando a lo largo de las más de dos horas de conversación: que está desengañado de la lucha de los afrodescendientes; que hace años que esa batalla está perdida. Que a los hermanos negros ya no les interesa reivindicar su ancestralidad. Que ya poco le queda por hacer. Y sin embargo, él sigue dando batalla, ahora en la educación: está editando unos libros para la escuela que inculcan a los niños la raíz africana. Es, dice él, su último tango.

“La configuración de un territorio para la vida, siempre fue para nosotros La Gran Comarca Territorial del Pacífico, que es la tierra donde nos trajo la ambición de otros. Donde nos anduvo el amor por la tierra perdida, que se quedó al otro lado del mar. Esto, cientos de años antes de que nazcan los estados que ahora nos ordenan”. La cita es del Abuelo Zenón, el reconocido sabio de Esmeraldas, abuelo de Juan García, guía suyo y de tantos otros. Esa gran comarca de comunidades negras estuvo sobre la mesa un día. Cuenta Juan García: “Nosotros habíamos trabajado la idea de la ancestralidad del pueblo afrodescendiente, y quisimos reclamar nuestros territorios como ancestrales, hacer una sola comarca, decir que los negros somos del Pacífico, a los dos lados de la raya, que somos una nación y tenemos derecho a un territorio. Esa era una buena idea, podía haber pasado”. Pero no pasó. “Simplemente, la palma ganó y la comunidad perdió. Las cartas estaban marcadas. Nos acusaron de recibir dinero de fuera; nos hicieron pelear con los indios, porque el Estado y los ambientalistas metieron la mano. Y llega un momento en que uno descubre que estoy cansado, que cada vez que uno evalúa, descubre que va perdiendo. Que, casa adentro, uno no tiene protección. Tanta gente que he visto morir”. Entre tantos muertos, su hijo Junior. Resistencia hubo, y sangre derramada. Para cuando venció la palma triunfante, no era posible ya volver a hablar de aquella gran comarca para los pueblos afrodescendientes del Pacífico, porque, como dice Juan García, la palma hace más grandes las fronteras: entre indios y negros, entre colombianos y ecuatorianos. “Las fronteras se refuerzan en el momento en que los territorios tienen otra finalidad que ya no es la sobrevivencia, que no es la solidaridad. Hoy, el territorio es para hacer plata, sea para sacar oro o para cultivar la tierra”.

Antes de bailar su último tango, Juan García pasó años tratando de organizar a las comunidades afrodescendientes del cantón de San Lorenzo para hacer valer sus derechos ancestrales frente a los intereses de las industrias banarera, camaronera, palmera. Durante 45 años, trató de salvaguardar la memoria colectiva de un pueblo cuyos valores siempre estuvieron engarzados en la tradición oral: calcula que realizó diez mil entrevistas a ancianos y ancianas. “Les preguntaba sobre ancestralidad, territorio, ríos, aguas, fronteras, cuentos, mitos”. Una parte de ese material se perdió; otra fue archivada para la consulta de esos pocos que, como Víctor, siguen empeñados en resistir. Como los manglares, que resisten sorprendentemente saludables a los embates de la palma y la minería, aunque ya dan señales de que no podrán seguir así por mucho tiempo.

El impacto de la palma lo resume Juan García con una palabra: “desterritorialización”. O lo que es lo mismo: desmemoria. Perder la memoria es perder el control cultural de un pueblo, recuerda el maestro. Y esa pérdida tiene consecuencias en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestras subjetividades. Juan García lo explica con un ejemplo: “Cuando los primeros pobladores de San Lorenzo se fueron a la ciudad, primero se llevaban de aquí las remesas económicas”, es decir, los recursos para comenzar una nueva vida en la ciudad. “Algunos se ubicaron cerca para no perder la vinculación con el río, la canoa, la cultura; luego, esa remesa física se convierte en remesa simbólica”: una comida, una fiesta del pueblo, un baño en el río. El riesgo es que esas remesas simbólicas se “folcloricen”, que se coman un tapado (un plato típico de Esmeraldas) porque es folclore, y no simplemente porque es lo que se come allí. “Cuando se pierde el territorio, se pierden las remesas físicas, y se pierden también esas remesas simbólicas, porque el territorio ya no es la casa del ancestro. La gente va asumiendo que ese territorio ya no les dice nada: que ya no se puede bañar en el río, que ya no puede reconocer los sitios de la memoria”.

El peligro es que, con los manglares, muera el pueblo afroecuatoriano. “Zenón dice sobre eso: cuando se pierdan los últimos territorios ancestrales, el negro del norte de Esmeraldas empezará una nueva diáspora, esta vez sin retorno”. Si los afrodescendientes no logran conservar su territorio, tampoco conservarán su cultura. Y esa diáspora, cree Juan García, ya está en marcha: “El sentido de pertenencia se ha debilitado, la gente ya no quiere mantener el vínculo con la ancestralidad porque el racismo ha perdido tan fuerte que ha llegado al territorio. Nuestro territorio se vincula a pobreza, exclusión, retraso: el campesino se siente menos que el que vive en la ciudad”.

Dos horas después, salimos de allí transformados, tocados por la humildad y la grandeza de Juan García, maestro de la vida, de la memoria y los silencios, de la lucha ancestral del pueblo afrodescendiente. Se nos agolpan las ideas; sólo se irán ordenando después, a lo largo de los meses. Juan García es de esas personas que, por terribles que sean las vivencias que narra, te deja una sonrisa en los labios. Reconoce la belleza, mantiene la esperanza aun en medio de la derrota. Aunque tema, como Víctor, que esta diáspora que trae la palma puede ser la definitiva para el pueblo africano que anidó en el Pacífico ecuatoriano antes de que Ecuador fuera un país independiente.

“La palma es buena porque no hay más de adónde”

En nuestro recorrido por las veredas encontramos opìniones contradictorias sobre la palma. Al mismo tiempo las comunidades la defienden y cuestionan, en una sucesión de voces cuyas contradicciones se entienden no tanto desde el miedo como desde la falta de alternativas vitales. Nos lo anticipa Víctor: “Hay mucho desempleo, sobre todo juvenil; por eso, cuando aparecen alternativas, como la palma y la madera, son bien recibidas por quienes viven con menos del mínimo. Esas inversiones llegan con el discurso de fomentar el desarrollo local y crear puestos de trabajo, así que la gente lo empieza a ver como una forma de desarrollarse. Tienen quejas, pero se las callan; no hay un discurso de resistencia. Tener un poquito es mejor que no tener nada”.

Víctor nos conduce hasta Rodrigo, que nos recibe en la vereda de Maldonado y desde allí nos dirige a las zonas de mayor desarrollo palmero en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. “Allí donde no se ve bosque, todo es palma”, dice, y mientras conduce nos cuenta, por ejemplo, que tras la llegada de la palma casi ha desaparecido la tagua, la base de la artesanía local. Llegamos a la comuna de la Boca: allí nos recibe Melania, dirigente de la Junta Parroquial a través de la cual se organiza la comuna. Me recibe en su casa, humilde y digna. Soy directa: ¿Qué piensa usted de la palma? “Yo lo veo bien, es la única fuente de trabajo que tenemos, de eso sobreviven nuestras familias”. Le pregunto si las familias que cedieron sus tierras a los palmicultores están mejor o peor que antes, cuando sembraban plátano, banano o yuca: “La gente antes no sembraba para la venta sino para su sustento. Se dejaron engañar: les convencieron de que vendieran sus tierras y les darían trabajo, y se hicieron ilusiones, pero les salió mal: antes ganaban más. Además, si yo tengo mi tierra, siempre la puedo trabajar y algo tengo para mí”. Melina me cuenta además que la palma ha contribuido a contaminar el agua -si bien la minería, legal o ilegal, es quizá la mayor responsable de ello- y, cuando llegó la plaga, no sólo llevó a muchos palmicultores a la ruina, sino que afectó también al coco, el chocolate, el plátano. Pero entonces, ¿mantiene usted que la palma es buena para Esmeraldas? “La palma deja cosas buenas y cosas malas. A unos los beneficia, a otros los perjudica”, sentencia ella, salomónica.

Me despido de Melina para ir hacia la guardería, donde ella me dijo que podría encontrar a otra de las líderes comunitarias, Maruja. Pero antes de llegar, me interrumpen el paso dos hombres: “Nosotros también queremos hacerle unas preguntas”. Parecen hostiles; pronto entiendo que creyeron que mi investigación era para alguna empresa palmera; cuando me presento, cambian de actitud y me siguen hasta la puerta de la guardería. Allí, efectivamente, está Maruja, que defiende así su postura: “Estamos contentos con la palmera, porque es de eso que la gente vive ahora que vendieron sus tierras”. El argumento es contundente. Interviene Fausto, uno de los hombres que me han seguido hasta allí: “Pero no todos trabajamos allá. Muchos estamos desempleados: yo no tengo trabajo hace siete años, porque les dan empleo a los colombianos, y porque me metieron en una lista negra por pedir que nos pusieran un transporte para no tener que caminar todos los días siete kilómetros hasta la plantación”, asegura. “Pero es fuente de trabajo, es bueno: no hay más de adónde”, insiste Maruja. Le responde Fausto con amarga convicción: “Pero es que la palmera no ha dejado nada, más que el agua contaminada. Ya no se puede pescar. Y los jóvenes siguen sin trabajo: por eso hay tanta delincuencia. Antes, siempre podíamos ir al bosque y algo encontrábamos; pero ahora lo han tumbado”. Me voy de allí con tres certezas: una, que las posturas aparentemente encontradas de Fausto y Maruja sólo en apariencia son contrarias. Dos, que a este lado de la raya los ecuatorianos tienen de sus vecinos colombianos una pésima opinión. Tres, que el desempleo es, siempre fue, la política antisindical más efectiva…

Gracias a las gestiones de Rodrigo, nos recibe una de las empresas palmeras, y casi al instante nos prepara una reunión con tres ingenieros agrónomos de su plantilla: Diego Martínez, experto en obra civil y viveros; Juan Millamil, encargado de sanidad vegetal, cosecha y fertilización; y Arquímedes Paredes, al frente de las tareas de mantenimiento. Los ingenieros de Alespalma nos explican que la empresa “paga según la calidad”. Cuando el fruto llega a la planta transformadora, los técnicos lo clasifican en función de su grado de maduración y del tipo de corte, y pagan al productor en función de sus criterios de calidad. Lo que en las empresas se defiende como apuesta por la calidad, entre los productores es cuestionado como un chantaje, puesto que los pequeños productores sólo tienen un posible comprador; además, las características de la palma hacen que sea necesario que llegue a la planta en las primeras 24 horas después de que el fruto haya sido cortado: esto les quita a los pequeños agricultores toda capacidad de negociación.

Diego, Juan y Arquímedes nos explican que, como la enfermedad de la pudrición del cogollo (PC) se difunde más rápidamente en los lugares con alta humedad durante todo el año, es aquí en San Lorenzo, y también en la Amazonia (en las provincias de Sucumbíos y Francisco de Orellana) donde la incidencia de la plaga fue mayor; por eso, Esmeraldas se ha convertido en un lugar de monitorización de la plaga. En Esmeraldas, las empresas decidieron no dejar morir la palma y, tras la PC, comenzaron a sustituir la plata común, la Elaeis Guineensis, por híbridos, algunos investigados en Ecuador, otros traídos de otros países, como Costa Rica. Esos híbridos tienen la ventaja de ser más resistentes a las plagas, pero son menos generosos en el fruto que la Guineensis, que en el momento culminante de su vida productiva, de alrededor de 25 años, llega a dar 35 toneladas por mes de fruto. Otra de las desventajas de los híbridos es que sólo tienen flores femeninas, luego hay que polinizar la planta artificialmente; además, los híbridos necesitan tres veces más micro y macro nutrientes. Es decir: se requieren más insumos tecnológicos, si bien, según afirman los ingenieros, entre las ventajas de los híbridos es que las investigaciones se encaminan a que necesiten agroquímicos menos agresivos. Mientras los ingenieros investigan, en la sede del Ministerio de Agricultura en Esmeraldas, el especialista en Agrocalidad, Roberto Villamarin, nos había dado su versión: la PC se expandió por culpa de las malas prácticas agrícolas de los pequeños productores: “Son agricultores tradicionales, no especialistas; cuando no siguen el cronograma de fertilización y plugicidas, se vuelven un peligro para las plantaciones grandes. Por eso aquí los formamos, para que tomen conciencia de que no les podemos dar todo hecho, deben hacerse cargo de su responsabilidad”, explica.

“Antes de que llegara la palma, aquí sólo había lodo y polvo”

Volvamos a Alespalma. Prosigue Diego Martínez: “Este es un proceso muy tecnificado, lo que llaman buenas prácticas agrícolas”. Y describe así esas buenas prácticas: “Queremos mecanizar todo el proceso para utilizar la menor cantidad de mano de obra posible”. Eso es, al fin y al cabo, lo que les enseñan a hacer a los ingenieros en las facultades: conseguir máquinas más eficientes que ayuden a disminuir la cantidad de trabajo humano necesario en los procesos industriales. La pregunta que se queda en el aire es cómo es posible, entonces, que la agricultura modernizada y tecnificada sea la solución al desempleo. Más allá de la diversidad de los testimonios, hay hechos fáciles de cuantificar, y lo hace por nosotros el economista Carlos Larrea, profesor de la Universidad Andina: el banano emplea diez veces más trabajadores por hectárea que la palma aceitera. Se mire por donde se mire, si lo que se espera es que la palma sea la solución al agudo problema del desempleo en Esmeraldas, la apuesta parece equivocada. A la entrada de la planta transformadora de Alespalma, S. A., un cartel recuerda al visitante que esta es una empresa “eficiente y rentable”, que asume el compromiso de “dar cumplimiento a la legalidad vigente”, de “evaluar y controlar permanentemente los riesgos” y “mitigar los impactos ambientales”.

“¿Que si trajo la palma el desarrollo? ¡Totalmente! Yo llegué aquí hace siete años y lo que ha desarrollado esta región es la palma, no hay industria, no hay alternativas. Cuando yo llegué las calles eran estradas (caminos), hoy están adoquinadas. Hay trabajadores que han podido llevar a sus hijos a estudiar a Quito, algunos son médicos o ingenieros; y eso, gracias a las palmicultoras. Ha mejorado el nivel de vida”, asegura el ingeniero Arquímedes con vehemencia. El mismo entusiasmo manifiesta Francisco Orellana, el gerente de investigación y desarrollo de otra de las empresas palmeras presentes en la región: Energy Palma. “La energía que evoluciona”, reza el eslogan de la empresa; en las oficinas que acompañan a la planta procesadora cada detalle connota innovación tecnológica, futuro, desarrollo. Adornan las paredes carteles que publicitan los programas sociales destinados a los trabajadores. Orellana bromea con mi nacionalidad española y el parecido de su nombre con Francisco de Orellana, el conquistador extremeño; aunque no cae en la cuenta de que el conquistador da nombre a una provincia amazónica donde ya hay sembrada palma aceitera. Después narra cómo Energy Palma, antes llamada Palmera del Pacífico, llegó a la región en el año 2000, con el compromiso, adquirido junto con el Gobierno, “de ampliar la frontera agrícola en esta área, que es marginal”. El gerente de Energy Palma explica con orgullo cómo su empresa está invirtiendo en I+D para encontrar nuevos híbridos cada vez más ecológicos, que requieren un 25% de los fertilizantes; además, la empresa recicla los desperdicios, con los que se elabora compostaje.

Orellana nos expone con claridad su concepto de desarrollo: “Aquí no había ni siquiera carretera: se movían por el agua. San Lorenzo era un pueblito sin desarrollo social ni económico. Por decirte una anécdota, había cinco personas que estaban afiliadas a la seguridad social; hoy hay cinco mil. No había empleo: la gente se dedicaba a coger conchas y tumbar madera, sólo explotar los recursos, sin desarrollo. Las tierras estaban sin cultivar porque nadie se quería arriesgar. Aquí sólo había lodo y polvo. San Lorenzo era una pocilga; hoy es un pueblo medio respetable”. En San Lorenzo, como en todo el corredor pacífico de la Biorregión del Chocó, se había conservado uno de los ecosistemas más biodiversos y delicados del mundo, pero, para Francisco Orellana, no había nada más que lodo y polvo. Era apenas una pocilga hasta que llegó la palma. Como sucede hoy con la selva amazónica.

¿Desarrollo para la selva?

La Amazonia es el horizonte inmediato para la expansión de la palma en Ecuador; la palma se presenta como una “oportunidad de desarrollo ordenado” para la selva ecuatoriana y peruana. En Ecuador, además del norte de Esmeraldas, las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana son las áreas donde el monocultivo de palma se expande con más rapidez. Funciona, una vez más, el chantaje locacional, que explica así el investigador argentino Mauricio Berger: “Los emprendimientos extractivos tienden a ubicarse en regiones empobrecidas, donde se presentan como la única oportunidad de empleo y desarrollo para las comunidades”. En Sucumbíos, la crisis petrolera ha llevado a la recesión por la caída de los precios del crudo: “Las petroleras han despedido gente; y lo que queda es la palma. Son todos más o menos dependientes de la palma”, afirma Bonilla. De ahí que, como sucede en el norte de Esmeraldas, las comunidades tengan posiciones contradictorias sobre el monocultivo palmero.

“Lo que aquí se vive es muy similar a Colombia: la locomotora minero-energética; y la pregunta es entonces, ¿por qué en países tan diferentes políticamente avanza el mismo modelo de desarrollo?”, apunta Esperanza Martínez, dirigente de Acción Ecológica. Como subraya la investigadora y activista, discursivamente el neoliberal Juan Manuel Santos está a años luz de Correa; sin embargo, sus discursos de acercan cuando se trata de sacralizar las ideas de desarrollo y progreso, y dentro de este paquete está el agronegocio.

Desde posiciones más cercanas al correísmo, la economista feminista Magdalena León explica que el monocultivo de palma llega asociado a la visión neodesarrollista del oficialismo: “Antes pensábamos que la palma era parte de la solución; ahora, que es parte del problema. Se ha venido fomentando la producción desde los años 70, con encadenamientos agrícolas dentro de proyectos de industrialización. Había una demanda insatisfecha en la producción de aceite combustible, y se contemplaba como dentro del proceso de modernización incipiente. El plan era producir para importar menos. Desde el imaginario desarrollista, la gran plantación era el equivalente de la modernización. Pero ese modelo partió de bases perversas: facilidad del crédito, deforestación, destrucción de las lógicas campesinas, idea de que tener un empleo remunerado es mejor que ser un agricultor tradicional”.

León cree que la dolarización en Ecuador, decidida en tiempos de hegemonía neoliberal, está en la raíz de la decisión gubernamental de impulsar la palma. El gobierno necesita obtener divisas para sostener la dolarización, y el sector de la palma provee de 180 millones de dólares anuales (Bravo y Bonilla, 2014). “Una economía sin moneda nacional requiere los dólares, y eso proviene de exportaciones, inversión extranjera, cooperación internacional al desarrollo y remesas de inmigrantes; también puede haber narcodólares y dólares falsos. En este contexto, el gobierno sabe que se le acaban las reservas petroleras, y aparece la necesidad de conseguir recursos por otras vías”, afirma el economista Alberto Acosta, que formo parte del primer gobierno de Correa y después se alejó de las posiciones de éste.

El experto en nutrición y pobreza Carlos Larrea, profesor en la Universidad Andina en Quito, comparte el diagnóstico de Acota: “La dolarización lleva a la inercia de la exportación, pero ese modelo está colapsando. Ecuador debe pensar en serio cómo puede alimentar a la población, y para ello es fundamental una política de apoyo al pequeño campesino, que es de quien depende en gran medida la alimentación, aunque el Estado finja haberlo olvidado. En Esmeraldas hay un acoso a los pequeños productores, se les quitan las tierras para destinarlas a la producción de agrocombustibles. Ese es un grave error estratégico en el que Ecuador no debe entrar”, sostiene Larrea.

Difícilmente entenderemos el presente si no nos hacemos cargo del legado histórico. La desmemoria y el olvido nunca alimentaron la paz, sino la resignación. Hacer memoria es recordar que, hace cuatrocientos años, comenzaron a cazar seres humanos en África y la llevaron hasta América para trabajar en las haciendas, los ingenios azucareros y las minas de oro y plata con la que se acumularía el capital necesario para echar a andar, en Europa, el capitalismo, que fue desde sus orígenes -aunque hace apenas unas décadas que hayamos comenzado a notar los efectos- profundamente devastador de la naturaleza. La mentalidad racista y colonial está en la base de las atrocidades cometidas contra los africanos y los indígenas americanos; y permanece, con mucho mayor vigor del que nos gusta reconocer, colocándonos un enorme velo para ocultar las atrocidades que se siguen cometiendo hoy en día en lo que pudo haberse llamado el Gran Corredor Pacífico, en la Amazonia y en tantos otros territorios olvidados por la desmemoria que impusieron los ganadores de aquella gran guerra.

[1]      Fuentes: http://www.revistalideres.ec/lideres/50-aceite-palma-ecuatoriano-exporta.html; web oficial de la Ancupa: http://www.ancupa.com/; web oficial de Fedapal: www.fedapal.com

Bibliografía:

Bravo, Elizabeth y Bonilla, Nathalia (2011) Agrocombustibles: Energía que extingue a la Pachamama. Quito, Acción Ecológica.

García Salazar, Juan (comp.) (2011) Al otro lao’ de la raya. Quito, Abya Yala.

García Salazar, J. y Walsh, C. (2009) “Derechos, territorio ancestral y el pueblo afroesmeraldeño”, en Programa Andino de Derechos Humanos (comp.), ¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009.

Klein, Naomi (2015) Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Buenos Aires, Paidós.

Monar, Ricardo (dir.) (2014), Implementación a escala piloto de un sistema de gestión con base en el cuadro de mando integral para la fábrica extractora Palmeras del Ecuador, S.A. en el área de extracción del aceite rojo de palma. Quito, Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria.

Roa, Iván (2012) El desborde de la violencia: raza, capital y grupos armados en la expansión transnacional de la palma aceitera en Nariño y Esmeraldas. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

«Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista
europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con
penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre
pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda
América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio»
(Eduardo Galeano)

“Somos tierra que camina”
(Proverbio indígena)

La palma aceitera no es nueva en Colombia, y al mismo tiempo sí lo es. Si bien las primeras plantaciones en el país llegaron en los años 60 y se expandieron por los departamentos del Cesar y el Magdalena, su expansión fue en principio moderada: para 1984, ocupaba 50 mil hectáreas; en 1998 eran 150 mil. Fue entonces que la expansión de la palma adquirió un ritmo vertiginoso: en 2004 alcanzaba las 250 mil Ha; en 2008, superaba las 350 mil Ha; en 2012, rondaba las 450 mil hectáreas. Con crecimientos del 10% anual, se consolidaba como el cultivo más dinámico del sector agropecuario y, en su calidad de insumo para la producción de agrodiésel, como una pieza central de esa “locomotora minero-energética” llamada a ser el motor del modelo de desarrollo en Colombia, según Juan Manuel Santos, presidente del país desde 2010.

La aceleración de la expansión palmera coincide con la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) y se intensifica durante el mandato de su sucesor, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Fue Carlos Murgas, ingeniero agrónomo y ministro de Agricultura con Pastrana, quien diseñó un marco normativo a la medida de la industria palmera (Marin-Burgos, 2014), en su propio beneficio: fue presidente de Fedepalma, la federación colombiana de palmeros, y es uno de los empresarios más importantes del sector en la actualidad. Gracias a los incentivos a la palma, entre ellos subsidios y créditos blandos para los pequeños productores, y a la apuesta por crear un mercado nacional de biocombustibles, el país se ha convertido en el cuarto productor de palma del mundo y el primero de América: contribuye en el continente con el 30% de la palma cultivada, que representa un 2% de la producción mundial, según datos de Fedepalma (cf. Martínez Peláez, 2013). La palma se vendió en los territorios como una oportunidad de desarrollo rural, alternativa a los cultivos ilícitos y pieza central para la economía del país.

Pese a los argumentos del lobby palmero, la realidad evidencia que los campesinos no cedieron libremente sus tierras a la palma, sino que el agronegocio palmero se impuso en el país en estrecho vínculo con las estrategias de terror de los grupos paramilitares, que vivieron su apogeo en tiempos de Uribe y que mantienen el control de los territorios pese a su supuesta desmovilización en 2006. No se trata de la opinión sesgada de los críticos a la industria, sino de una realidad recogida en múltiples informes, documentos, testimonios. Al final de este texto se encuentran las referencias bibliográficas de algunos de esos estudios, pero hay muchos más. Y la prueba más fehaciente es superponer el mapa de las plantaciones palmeras con los territorios más golpeados por la violencia paramilitar: Magdalena Medio, Nariño, Chocó, Montes de María. Tal vez porque, como nos repiten varios investigadores y activistas de derechos humanos, la palma aceitera en Colombia ha sido, antes que un lucrativo negocio -que también-, un proyecto de control territorial. Lo han pagado y lo siguen pagando, al insoportable precio de sus vidas, las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, obligadas a sustituir sus cultivos tradicionales por esta planta recién llegada.

De la abundancia a la escasez en los Montes de María

“No la llames palma africana, que yo también soy africano y no causo tanto destrucción”, nos alerta un campesino afrodescendiente, joven y vivaracho, que nos guía en nuestro recorrido en los Montes de María. Lo llamaremos Pedro, un nombre ficticio con el que protegemos su identidad, como haremos también con otros campesinos que han dado su testimonio para este reportaje. Ofrecen su voz, pero no sus nombres: saben que, en Colombia, oponerse a la destrucción de sus territorios ancestrales puede ser firmar una sentencia de muerte. Lo han aprendido a sangre y fuego en María La Baja, una región en las faldas de los Montes de María conocida por la fertilidad de sus suelos; a sólo dos horas al norte está Cartagena de Indias, la turística capital del departamento de Bolívar. Pedro nos acompaña por las veredas y corregimientos -como en Colombia llaman a las pedanías- de María La Baja, a las que nos referiremos también de modo genérico, para no exponer a nuestros entrevistados.

Cuentan en María La Baja que, hace apenas veinte años, los sacos de arroz, yuca o maíz estaban por todas partes. “Salían camiones todos los días cargados de alimentos para Cartagena, Barranquilla, incluso para Medellín”, explica una joven campesina a la que llamaremos Natalia. Hoy, se las rebuscan para sobrevivir día tras día: “Tanta yuca que yo regalé en la vida, no puedo creer que hoy tenga que comprarla”, cuenta un anciano. En el medio, pasó el terror paramilitar, y kilómetros plantados de palma aceitera. Porque en esta región puede uno recorrer kilómetros y kilómetros sin ver otra cosa más que palma, y sorprende saber que nada de eso existía a fines de los años 90, cuando los paramilitares entraron a sembrar el terror en la región.

Las veredas de María La Baja albergan historias siniestras; tal vez demasiado terribles para contarlas, pero  demasiado atroces para silenciarlas. Sólo entre 1999 y 2002, los grupos paramilitares cometieron 56 masacres, algunas tan atroces como la de El Salado, en la que asesinaron a 70 personas, como ha descrito el sociólogo y escritor Alfredo Molano Bravo. Los paramilitares ocuparon pueblos enteros, sembraron su ley del silencio y el miedo: “Había que pedirles permiso hasta para reírse”, recuerda Natalia. En otra de las veredas, narra Mario: “Hubo gente que tuvo que ver morir a sus hijos sin sin llorar para que nadie se diera cuenta, porque entonces acababan con todo el nido. Hay gente que no puede volver porque ha sido directamente amenazada por los paramilitares. Dividen a las familias. Si se interesan por una mujer y ella no está interesada, la violan y la obligan a quedarse por la fuerza; o ella va para evitarle problemas a su marido. Eso lo ha hecho también el Ejército: se ha llevado a las mejores niñas. O le dicen a la chica que mañana traiga a su hermana, y cómo decirles que no, si ellos conocen a tu familia y todos tus movimientos; así que vuelves al día siguiente con tu hermana; y así han prostituido a muchas jóvenes. Y sigue pasando. Unas hablan, otras callan, temen qué pasará cuando cumplan sus penas y salgan a la calle”. Los días de mayor terror han pasado, pero el miedo persiste, abonado por el horror de los recuerdos y avivado por las amenazas y el hostigamiento contra las comunidades: por ejemplo, cuando roban o matan a sus animales.

“Los megaproyectos, entre ellos la palma, llegaron a los Montes de María de la mano del conflicto, como parte de una estrategia que llevó al desplazamiento y al detrimento de la economía campesina”, explica uno de los líderes comunitarios, Wilmer. Las mujeres, como tantas veces, se llevaron la peor parte: “Aquí las mujeres han llevado el peso del conflicto. Se las usó como arma de guerra, para mandar mensajes y para sembrar el terror”. Una de esas mujeres, Luisa, comparte su vivencia: “Muchas de nosotras fuimos víctimas de violencia sexual. Es un dolor profundo, un trauma que es tanto físico como mental, que está muy adentro; hay mujeres que no se atreven a levantar la cara, que no han sanado porque ni siquiera han podido hablar: una queda que tuvo la culpa, que no vale nada”. ¿Cómo se sobrepone una mujer, una familia, un pueblo ante semejante horror?

La estrategia del terror consiguió su propósito: entre fines de los 90 y el primer lustro del siglo, más de 250 mil personas huyeron de sus hogares en Montes de María, dejando atrás sus tierras, sus recuerdos, las tumbas de sus ancestros. Algunas familias se ubicaron en otros terrenos cercanos; otras, probaron suerte en la ciudad. A la mayoría no le fue bien: “Los campesinos sabemos defendernos de una culebra, pero no de un carro embalado”, como dice Mario Así que, cuando creyeron que las cosas podían estar más tranquilas, muchos decidieron volver. Álvaro Uribe Vélez, el presidente con el que los grupos paramilitares tocaron techo [1], había prometido desmovilizar a las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC). Y muchas familias, como las de Natalia y Pedro, regresaron a sus casas, dispuestas a recuperar lo que era suyo. Encontraron sus tierras cubiertas de palma aceitera; algunas familias no pudieron volver a cultivar yuca, maíz o arroz. Algunos optaron por cultivar la palma; otros sobreviven cosechando lo que pueden en las pequeñas parcelas que no fueron cubiertas por el monocultivo. Natalia lo resume así: “La palma fue una maldición para nosotros. La plantaron para tener acceso al territorio. Llegó manchada de sangre, y todas esas vivencias son imborrables, aunque pasen mil años, no se puede olvidar”.

Donde había abundancia, ahora hay escasez.“Esta zona era la despensa de toda la región: de aquí se abastecían los mercados de Cartagena, Barranquilla, Medellín. Ahora casi no se produce nada”, prosigue Natalia. La propia palma es, seguramente, la forma más persistente y eficaz de hostigamiento: en una de las veredas, el monocultivo cerca todo el pueblo, sin dejar la mínima posibilidad de crecimiento o de cultivo de pancoger, como llaman en Colombia a la producción de alimentos para el consumo local. La palma les rodea por todas partes, les ahoga en medio de un desierto verde. No parece casualidad: la misma estrategia ha sido usada en otros territorios de Colombia y Ecuador para forzar a los campesinos a vender sus tierras.

De entre las desgracias que trajo la palma a Montes de María, el agua es quizá lo que más se siente en el día a día de las veredas de María La Baja. Desde hace medio siglo, estas comunidades disponen de un distrito de riego que lleva a las veredas el agua de un embalse, con la que se bañan y limpian; para el consumo han utilizado durante décadas el agua de un pozo cercano a una de las veredas. Pero el monocultivo de palma requiere agua, mucha agua. Así que el pozo se ha secado, mientras que el agua del embalse se ha contaminado por los agroquímicos que se aplican a la palma. Cuando visito esa comunidad, todos los vecinos se quejan de sufrir picazón y enfermedades dermatológicas; además, el agua contaminada ha dejado de llegarles a las casas. Para beber, es aún más complicado: después de que el pozo se secó, una vecina de la vereda exploró en sus tierras hasta encontrar agua y abrió un nuevo pozo; ahora sólo les queda rezar cada día para que, como dicen ellos, el pozo “llore” lo bastante y haya agua para el día siguiente. Agua que son las mujeres las encargadas, casi siempre, de ir a buscar. La contaminación del agua también ha mermado la variedad y cantidad de peces que se encontraban en la zona, al tiempo que los agrotóxicos y plagas que trajo la palma han acabado con muchas especies animales y vegetales.

¿Qué paz para María La Baja?

Nos lo advirtió en Medellín, antes de emprender nuestra travesía por la geografía de la palma en Colombia, la investigadora Victoria Marin-Burgos, autora de la tesis doctoral Acceso, poder y justicia en las fronteras de los commodities: “Al principio, era tan ingenua que pretendía investigar la palma al margen del conflicto [armado]; después me di cuenta de que era imposible”. Pero nada o casi nada de lo que sucede en Colombia, y menos si hablamos de economía y territorio, puede analizarse sin tener en cuenta el contexto de violencia que sufre el país hace más de medio siglo. El pasado septiembre, un histórico acuerdo del Estado con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) prometía dar un primer paso en la dirección de la paz; el no de los colombianos en las urnas, en el plebiscito del 2 de octubre, colocaba ese horizonte más lejos. Pero, en cualquier caso, lo que se decidió en los acuerdos firmados en La Habana era sólo un capítulo de la violencia que azota a Colombia y que preexiste al alzamiento en armas de las guerrillas. “La mayor parte de la violencia se da por fuera del conflicto armado: existe violencia antisindical, desplazamientos forzados, uso ilegal de la inteligencia. Las violaciones de derechos humanos de mayor relevancia, como las masacres y la generación de terror que deriva en desplazamiento para propiciar megaproyectos extractivos, todo esto nada tiene que ver con el conflicto armado, pero éste sirve de excusa, de ocultamiento”, afirma Dora Lucy Arias, abogada y activista de la Corporación Colectivo de Abogados José Restrepo (CCAJAR). El viejo conflicto con las guerrillas se utiliza como legitimación de una “violencia estatal y paraestatal dirigida a imponer un modelo de desarrollo neoliberal”, como explica el politólogo Carlos Medina Gallego. Su aseveración se confirma para el caso de la palma, cuya expansión ha llegado a los territorios asociada a los más truculentos episodios de violencia militar y paramilitar.[2]

A los vecinos de María La Baja, una región que el Estado reconoció como foco del conflicto armado y el despojo, les prometieron que les restituirían sus tierras, como prometió la Ley de Víctimas aprobada en 20115, y celebrada como un pilar para el llamado “posconflicto”. Pero esa ley ha demostrado tener sus fallas, entre otras cosas, porque muchos campesinos tienen miedo para reclamar sus tierras, o desisten de hacerlo tras recibir amenazas. Uno de los problemas que encuentra la ley es que, muchas veces, las tierras han sido puestas a nombres de testaferros, es decir, aquellos que despojaron por medios violentos vendieron esas tierras a compradores, supuestamente, de buena fe. “La ley de restitución de víctimas sólo tiene diez años de durabilidad; ha pasado la mitad del tiempo y si digo que se ha restituido las tierras al 5%, ya es mucho”, señala Wilmer. ¿Y entonces? “Quieren hacer legal lo que fue ilegal”, concluye Pedro. En otras palabras: legitimar el despojo y ordenar el mercado de tierras en Colombia, colocándolo al servicio de un modelo agroindustrial orientado a la exportación. [3]

La mayor parte de los campesinos entrevistados comparten la opinión de Luisa: “Me parecen bien los acuerdos de paz, pero el miedo es que se queden en un papel. La paz no se construye en La Habana, se construye en las veredas, en los hogares”. La paz se teje en los territorios, y las comunidades campesinas proponen cómo: permitiendo que las comunidades rurales puedan permanecer en sus territorios con dignidad, haciendo eso que saben hacer: producir alimentos “mucho más saludables que los que vienen de fuera del país”, como recuerda Natalia. Se trata de reivindicar la dignidad del trabajo en la tierra: “Hay que explicarle a la gente de la ciudad el esfuerzo que hay detrás de cada alimento; hay que contarle que los problemas del campo no les son ajenos”. Los intereses del Estado parecen, de momento, lejos de esa propuesta.

Un modelo de control territorial

Las investigaciones de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, tal vez la organización que más ha trabajado con las comunidades afectadas por la palma, concluyen que las AUC, más que desmovilizarse, se reorganizaron, cambiaron de nombre y se hicieron conocer por el eufemismo de bacrim (bandas criminales), pero mantuvieron su objetivo fundacional: el control territorial. Así lo explica, en la sede de Justicia y Paz en Bogotá, Abilio Peña: “Los paramilitares no sólo son un grupo armado: son un proyecto político, económico y social que busca el control territorial, asociado a la ganadería extensiva y a la agroindustria”. El diagnóstico que comparten Peña y Alfredo Molano es que, si en otra época el control territorial sirvió para garantizar la explotación agraria y ganadera en manos de las oligarquías, hoy sucede al contrario: el monocultivo es una forma de garantizar el control territorial. Así sucedió en la región del Magdalena Medio, de la que Molano es profundo conocedor: “Hubo un momento en que la guerrilla robaba el ganado de los latifundistas; los tubos de los oleoductos eran fáciles de romper. Pero con la palma, ¿qué hacían, se robaban un racimo? Una extractora era más difícil de asaltar”.

Para cuando se implantó a sangre y fuego ese siniestro modelo de control territorial, ya había palma aceitera en Colombia. Había llegado en los años 60 a regiones como Tumaco y el Cesar, y se utilizaba, sobre todo, como insumo para la industria cosmética; pero su relevancia y su impacto no habían sido muy grandes. Habría que esperar a fines de los años 90 y comienzos de los 2000 para que una segunda oleada de expansión de la palma aceitera, esta vez más masivo, ocupase los territorios del corredor Pacífico, el Magdalena Medio y los Montes de María. Carlos Murgas, que fuera ministro de Agricultura entre 1998 y 1999, inspirado por la experiencia malasia, instauró el esquema de las alianzas productivas o alianzas estratégicas, por las que los pequeños agricultores firman contratos a 20 o 25 años con las empresas palmeras. El apogeo del modelo coincide con el mandato de Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, los años del apogeo del paramilitarismo, la paraeconomía y la parapolítica en Colombia. [4] Hoy, según los datos de Fedepalma actualizados en febrero de 2016, la palma aceitera ocupa 483.733 hectáreas en 20 departamentos del país, e involucra a 5 mil productores. Y muchos creen que esas cifras podrían estar muy por debajo de la realidad.

Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, región del Chocó, constituyen el caso más documentado y probado de la relación estrecha entre expansión de la palma y paramilitarismo. [5] Pero, por más que se empeñen los defensores de la palma en calificarlo de una “lamentable excepción” que utilizan los críticos del modelo de agronegocio para “caricaturizar al sector” de la palmicultura, como nos dice un consultor del área de la agricultura sostenible que prefiere guardar el anonimato, lo que sucedió en el Chocó y Montes de María fue antes la norma que la excepción. Y lo que ocurrió fue tan escalofriante que es difícil de narrar. Los grupos paramilitares llegaron primero a Cacarica y, a través de la llamada Operación Génesis, lograron expulsar de sus casas a más de 15 mil personas. La estrategia fue la misma que en los Montes de María; la misma que, en esos años, AUC desplegaron en todo el territorio nacional: sembrar el terror. En Cacarica, una pequeña localidad que fue el centro neurálgico del despojo, todavía resuenan en el aire enrarecido los gritos de horror de los hombres y mujeres asesinados en las casas de pique [6], como se llamó a las tenebrosas casas en las que se descuartizó con motosierras a inocentes, o se los degolló a punta de machete, lo suficientemente cerca de sus vecinos y familiares, para que todo el mundo escuchara sus gritos y captase el mensaje: había que huir. En 2005, las comunidades se organizaron y, bajo el liderazgo de Enrique Petro, decidieron volver a sus tierras. Cuando llegaron, tardaron en reconocerlas de tanto que había cambiado el paisaje: donde hubo bosque, donde estaban sus casas, donde habían enterrado a sus muertos, ahora sólo había hectáreas y hectáreas plantadas de palma de aceite.

En el Chocó, como en todo el corredor del Pacífico colombiano, un emergente movimiento de lucha por los derechos de los afrodescendientes, articulado en torno al Proceso de Comunidades Negras (PCN), había logrado, con ayuda de los movimientos indígenas, que la Constitución de 1991 contemplase el derecho de los afrodescendientes a Territorios Colectivos que, según reguló la Ley 70 de 1993, serían tierras inembargables, imprescriptibles e inalienables, que sólo podían dedicarse a usos forestales a cargo de los Consejos Comunitarios. Se titularon más de 5 millones de hectáreas a partir de 1995 (García Reyes, 2014); exactamente los mismos años en que la presencia paramilitar dejó su siniestra huella en la región. En el Bajo Atrato, más de 20 comunidades huyeron del terror y dejaron desierto el territorio entre las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó; en su ausencia, esos territorios se cubrieron de palma aceitera, aunque gran parte de esas tierras eran colectivas y, por tanto, ese uso era manifiestamente ilegal.

“La primera empresa en conformarse, Urapalma, tuvo fuertes vínculos con los paramilitares. En distintas versiones se señalaron sus lazos con [el tristemente célebre paramilitar] Vicente Castaño”, asegura la investigadora Paola García Reyes. A su vez, el proyecto de Urapalma contó con el apoyo estatal: un informe de la Defensoría del Pueblo de 2002 se refiere a un proyecto de Urapalma y Asopalma para plantar 20 mil hectáreas de palma en territorios colectivos, que recibió subvenciones y diversos apoyos del Ministerio de Desarrollo, la Finagro, el Banco Agrario y la Gobernación de Antioquia. En 2010, “la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura contra los 23 empresarios a los que acusó de ser “verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios” palmeros, según García Reyes.

Las investigaciones de Justicia y Paz han corroborado también la complicidad estatal en la sangrienta expansión de la palma en el Bajo Atrato. En 2004, ya presidente, Uribe fomentó la siembra de palma “a pesar de que una comisión dirigida por el Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curvaradó”, denuncia Justicia y Paz en el informe Agrocombustibles. «Uribe mostró por la palma “más interés que los propios empresarios palmeros”, subraya Abilio Peña. La relación en aquellos años entre Fedepalma, la federación de empresarios palmeros, y el ex presidente Uribe fue tan estrecha que llegó a crear malestar entre algunos empresarios del sector, sobre todo cuando se han ido demostrando los nexos entre el paramiltiarismo y su círculo político más cercano. Sin embargo, el respaldo estatal al sector palmero se mantuvo firme con Juan Manuel Santos, que ha otorgado generosas ayudas al sector. [7] Ocurrió que, pese al empeño de Pastrana, Uribe y Santos, una plaga, la pudrición del cogollo (PC), acabó con las expectativas de crecimiento del sector en la región del Chocó, y terminaron imponiéndose en la región otros negocios, como el banano.

Las comunidades se organizaron, se protegieron de los actores armados a través de zonas humanitarias que gestionan con ayuda de Justicia y Paz, y lograron que el caso llegara a la justicia: 19 empresarios han sido condenados tras demostrarse sus vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, como sucede en Montes de María, la prometida restitución de tierras no llega, frenada por el miedo y las amenazas; “El paramilitarismo permanece: hay más de 300 en la zona”, asegura Abilio Peña.

La planta de la muerte en el Pacífico colombiano

No faltan quienes creen el Chocó que fue un ritual de santería o una venganza de sus muertos: la PC acabó con la palmicultura casi tan rápido como ésta había llegado. De esa plaga poco se sabe, pese a que los ingenieros agrónomos llevan años estudiándola: se cree que es un hongo; algunas investigaciones relacionan la plaga con el glifosato, un agroquímico muy cuestionado por sus posibles impactos sobre la salud. Lo que sí se sabe es que se extiende con rapidez allí donde el clima es muy húmedo: por eso en regiones con temporada seca, como Montes de María o el Meta, la planta sobrevivió sin problemas, pero en el corredor Pacífico, donde las lluvias son constantes todo el año, la enfermedad del cogollo arrasó con la palma. Tal vez, como nos dirá Víctor Arroyo al otro lado de la frontera, es que la naturaleza se defiende porque sabe que el monocultivo no le hace bien. Lo cierto es que todo monocultivo es proclive a desarrollar plagas; de ahí la necesidad de usar cantidades crecientes de pesticidas, funguicidas y un sinfín de productos agroquímicos agresivos con los ecosistemas y la salud humana.

Desde Panamá hasta el norte de Ecuador, esa franja del Pacífico se denomina Biorregión del Chocó: es una selva tropical húmeda que ha sido definida como una de las más biodiversas del planeta; es, a su vez, una región mayoritariamente habitada por comunidades afrodescendientes. Ha sido también la zona escogida para plantar un monocultivo que a su paso acaba con toda la biodiversidad, biológica y cultural. A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones ambientalistas por visibilizar ese ecosistema como uno de los hotspot de biodiversidad del planeta, desde hace dos décadas esa exuberancia vegetal viene cediendo ante la expansión acelerada del cultivo de la palma aceitera: “Allí donde hay palma, no crece nada más”, nos repiten los campesinos. No pareciera muy certero, en un contexto de crisis climática, destruir tanta biodiversidad, esa que garantiza la resiliencia de los ecosistemas, esto es, su capacidad para recuperarse de las agresiones externas. Pero cuando lo que manda es una rentabilidad medida en dólares, gana la palma.

Cualquiera que esté familiarizado con la palma aceitera sabe que, una vez le entra la PC a la planta, es cuestión de tiempo que muera. No hay nada que hacer. La PC se expandió rápidamente del Chocó a Esmeraldas, al norte de Ecuador, llevando a la ruina a los pequeños productores que habían entrado en el negocio. Fue lo que sucedió en Tumaco, la principal localidad del Pacífico nariñense, en la frontera con Ecuador. “La palma llegó a Tumaco a fines de los 80 y se presentó como el gran proyecto que resolvería la vida de las comunidades”, cuenta Tatiana (nombre ficticio), una activista vinculada al PCN. El Estado, que nunca había brindado a los pequeños productores ninguna ayuda agrícola, fomentó la palmicultura ofreciendo créditos blandos y promoviendo las alianzas, siempre asimétricas, entre empresas y campesinos. “Ahí comenzó el proceso de compra de tierras y expropiaciones: quienes no querían vender, fueron amenazados. La palma fue ganando terreno y, como en mitad de la palma no puede crecer nada, se fue acabando todo lo que se plantaba para la subsistencia: plátano, frutales, cacao”, prosigue Tatiana. Una buena parte de las tierras habían ganado la titularidad colectiva a través de la Ley 70, pero, pese a que la legalidad lo prohibía, las palmicultoras compraron tierras, mientras muchos campesinos se endeudaban con créditos blandos para plantar palma.

En esas llegó la PC y arrasó con los cultivos. Ocho mil familias perdieron su fuente de ingresos, según documenta el informe Que nadie diga que no pasa nada, publicado por la Diócesis de Tumaco en 2011. “El 70% de los cultivos murió entre 2001 y 2003”, asegura Tatiana. Enormes campos de palma quedaron reducidos a un cementerio. Muchos de esos campesinos arruinados emigraron a Ecuador, como muchos otros habían hecho antes, huyendo de la violencia paramilitar y de los chantajes de la guerrilla. Pese a ello, la palma siguió considerándose como el modelo de desarrollo para la región: a día de hoy se están ensayando semillas híbridas que, aunque son menos productivas, son más resistentes a la enfermedad.

En Tumaco, el miedo se mide por la densidad del silencio. “La zona está muy militarizada, uno no sabe: para que vengas a visitar la comunidad habría que convocar a la guardia indígena. Todo tiempo hemos recibido amenazas”, nos dice una líder indígena. “No sería la primera vez que tenemos un muerto por haber ido por ahí a investigar”, nos advierte uno de los pocos líderes sociales que se anima a recorrer con nosotros las plantaciones. Pocos quieren hablar; nadie se atreve a dar su nombre. Esta región fronteriza es hoy un territorio atravesado por la violencia, abandonado por el Estado y en manos de dos bandas criminales, Los Rastrojos y Águilas Negras, que controlan no sólo el narcotráfico, sino las mototaxis que articulan el transporte interurbano, y el tráfico de gasolina traída ilegalmente de Ecuador, como denuncia el informe de la Diócesis. El mismo estudio señala que prácticas barriales de jugar, visitar y compartir con los vecinos “han disminuido en algunos sitios, en otros han desaparecido”. La ilegalidad, la palma o el abandono de sus tierras aparecen como las únicas oportunidades vitales; la prostitución infantil no deja de aumentar. “Los jóvenes no tienen horizontes ni sueños; todo está atravesado por la violencia. La gente se vuelve conformista: hay miedo y silencio”, lamenta Tatiana.

Al silencio había precedido la lucha de hombres y mujeres como Daira Quiñonez. Hablamos con ella en Bogotá, donde vive desde hace años, alejada de su tierra, a la que nunca pudo volver. Los paramilitares mataron a su madre y a su esposo, agredieron a uno de sus hijos, la mantienen a ella amenazada, en las listas negras que con total impunidad siguen publicando. Ella resiste desde la fría capital, tejiendo un proceso de resistencia que pasa por la recuperación de sus raíces culturales, de sus plantas medicinales, sus creencias espirituales. Habla con la fortaleza de quien supo habitar en paz en medio del horror. “Contra la palma luchamos desde el primer momento. En 1992 ya venía una avalancha de masacres y desplazamientos. La estrategia de los palmicultores fue apoyada por la Caja Agraria: hubo personas que se negaron a plantar palma, así que entraban en su tierra, los amenazaban, o los mataban. Todo esto se invisibilizó; muchos tuvieron que marcharse a Ecuador”. Al líder del movimiento afrodescendiente en la región, José Arístides Rivera, lo mataron el mismo mes que veían reconocido su derecho a la titularización colectiva de tierras. Los paramilitares, a sangre y fuego, se fueron adueñando del territorio. Recuerda Daira: “Más que un cultivo, la palma ha sido el pretexto para quitarle la tierra, y la vida, a la gente. Muchas mujeres siguieron resistiendo, plantando cultivos tradicionales: ellas siempre fueron el corazón de la lucha”.

Las palabras de Daira Quiñonez llegan certeras, cargadas de la autoridad de quien supo transformar el dolor en fortaleza, la injusticia en dignidad: “La lucha es por la tierra. La palma está fuerte: se han perdido vidas, y en esta guerra se ha debilitado el movimiento social que habíamos construido; dividieron a las comunidades, mataron a nuestros líderes, a Yolanda Cerrón, Francisco Hurtado, José Arístides. Ellos decían: que me maten por la tierra, que yo de aquí no me voy. Su espíritu nos da aliento, la memoria de nuestros ancestros nos guía. Ellos son la base de nuestra fortaleza espiritual, nos enseñan que debemos luchar por recuperar la armonía con la tierra, con nuestros corazones, para sanar todas las impurezas que ha generado esta larga guerra. Debemos sembrar buenos vivires. Algún día esos monopolios entenderán que no somos nada sin el aire, sin la tierra. Que somos espíritu”.

Notas al pie
[1] Varias personas cercanas al círculo del ex presidente Uribe han sido detenidas o imputadas por vínculos con el paramilitarismo, lo que en aquel momento se llamó “parapolítica”. No faltan las acusaciones a Uribe Vélez por esos mismos nexos, tanto con los grupos paramilitares como con los narcotraficantes que, en los años 80, financiaron su creación en territorios como el Urabá y el Magdalena Medio.

[2] Según el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro de Memoria Histórica, las guerrillas han sido responsables de la mayor parte de los secuestros y atentados contra el patrimonio, mientras que la mayor parte de los asesinatos, masacres y desplazamientos masivos son responsabilidad de los grupos paramilitares, que han contado con la complicidad, por acción u omisión, de las Fuerzas Armadas y de una parte del aparato estatal: es lo que en su día se conoció como “parapolítica”.

[3] Para un análisis sobre las contradicciones sobre la promesa de restitución de tierras a las víctimas y el modelo de desarrollo agroindustrial, véase el estudio de Paula Martínez publicado en 2013 por FDCL y TNI.

[4]Son numerosos estudios que documentan la parapolítica y la relación directa del terror paramilitar con el despojo de millones de campesinos desplazados. Remitimos a los informes anuales sobre derechos humanos de Human Right Watch y Amnistía Internacional y, para el análisis específico de la palma, a los completos estudios de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, disponibles algunos de ellos en su web.

[5] El caso del Bajo Atrato está ampliamente documentado y reconocido, por las organizaciones de derechos humanos y por el propio Estado colombiano, como una de las zonas donde ocurrieron violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzados. Véase, por ejemplo: el informe El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad Ambiental, territorial y derechos humanos, de Human Rights Everywhere y Diócesis del Chocó, publicado en 2004; Curvaradó y Jiguamiandó: Informe de Verificación Bajo Atrato 2012, realizado por una Comisión Internacional de organizaciones humanitarias; “La gran prueba de la restitución de tierras de Santos”, en La Silla Vacía, publicado el 18 de marzo de 2011.

[6] Véase “Historias de una casa de pique”, en El Espectador: ; “Herederos de la esclavitud en Buenaventura”, en Justicia y Paz; “¿Qué pasa con Buenaventura”, en Amnistía Internacional.

[7]Según el informe de Houtart y Justicia y Paz (2014), ese “tratamiento privilegiado al sector palmero” se traduce en las siguientes cifras: la palma recibió en 2010 el 7% del total de créditos del Programa Desarrollo Rural con Equidad, el 11% del Incentivo de Capitalización rural (subsidió a las tasas de interés de los créditos rurales) y 280 mil millones de pesos colombianos (unos 82 millones de euros) para créditos de la Finagro [Fondo para el Financiamiento del sector agropecuario].

Bibliografía de referencia
Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad.
Coronado, S. y Dietz, K. (2013) “Controlando territorios, reestructurando relaciones socioecológicas: la globalización de agrocombustibles y sus efectos locales, el caso de Montes de María en Colombia”, en Iberoamericana, XIII, 49.
Diócesis de Tumaco (2011) Que nadie diga que no pasa nada.
Fajardo Montaña, Darío (2014) “Colombia: agricultura y capitalismo”, en Almeyra, G., Concheiro, L. et al (coord.), Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012), vol. 2. México DF, CLACSO.
Gómez López, Andrés O. (2010) Palma de aceite y desarrollo local: Implicaciones en un territorio complejo. Bogotá, Tesis de maestría.
Houtart, François, Comisión de Justicia y Paz, Colectivo Abya Yala et al (2014) Agrocombustibles. Falsa solución global y destrucción local en Colombia. Bogotá, Ed. Desde Abajo.
Human Rights Everywhere y Diócesis del Chocó (2004) El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad Ambiental, territorial y derechos humanos.
García Reyes, Paola (2014) “Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción”. Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), pp. 209-244.
Marin-Burgos, Victoria (2014) Power and Justice in Commodity Frontiers. The political ecology of access to land and palm oil expansion in Colombia. Universidad de Twente, Holanda.
Martínez Peláez, Gabriel (2013) “Panorama de la agroindustria palmera. Retos y oportunidades”. Ponencia presentada durante el seminario La agroindustria de la palma de aceite: un negocio sostenible e inclusivo, de Fedepalma, en Bogotá, 5 de octubre de 2013. Consultado el 6 de junio.
Molano, Alfredo (2010) En medio del Magdalena Medio. Bogotá, CINEP.
——- (2010b) “Desde los Montes de María”, en El Espectador, 18 de septiembre.
—— (2011) Del otro lado. Bogotá, Ed. Aguilar.
—— (2011b) “Montes de María”, en El Espectador, 21 de mayo.

Gracias a la financiación de Entrepueblos y a la ayuda de las organizaciones CEIBA Amigos de la Tierra Guatemala y Sagrada Tierra, viajamos a dos regiones guatemaltecas: el Petén, al norte del país, y la Costa Sur. Allí conocimos los impactos de las plantaciones no sólo de palma aceitera, sino también de caña de azúcar. A lo largo de tres reportajes, ofreceremos un desglose de lo que nos contaron, de primera mano, en las diferentes comunidades que visitamos. En cada una de ellas, nos recibieron diez, veinte, incluso cincuenta campesinos y campesinas que detallaron los impactos del monocultivo en sus vidas. Lo que sigue es un intento de transcribir ese relato coral de las comunidades. Sus identidades han sido protegidas con nombres ficticios para no comprometer su seguridad.

Texto y fotos: Nazaret Castro

Parece limpia, se ve hermosa, pero la laguna La Sombra está contaminada. Y de esa laguna depende la vida de los 700 habitantes de la Cooperativa Manos Unidas, una comunidad perteneciente al municipio de Sayaxché, departamento de Petén, al norte de Guatemala.

La comunidad de Manos Unidas se creó hace 51 años y, hasta hace apenas veinte, el bosque cubría todo el territorio. Manos Unidas -y no, ese nombre no tiene nada que ver con la organización homónima- se ha convertido en la última frontera de resistencia frente al avance de la palma aceitera en la región, porque es la única comunidad que aún conserva tierras. Y lo es, aseguran sus habitantes, porque las tierras gozan de propiedad colectiva. La tenencia colectiva de la tierra complicó el éxito de las estrategias de las empresas palmeras, que en las comunidades vecinas forzaron a los campesinos a vender, según múltiples testimonios, con amenazas veladas y oscuros argumentos: «La mayoría fueron engañados. Decían que iban a hacer una represa y que desaparecerían varias comunidades. Les prometieron trabajo de por vida en la palma y dinero en efectivo para hacerse una buena casa. La propia comunidad se dio cuenta después de que todo eran mentiras”, afirma Juan (nombre ficticio).

Gracias a la tenacidad y conciencia política de estas gentes, Manos Unidas todavía posee tierras para el cultivo propio de maíz y fríjol, y alquila a familias de otras comunidades. No por ello se han librado de los impactos de la palma. La laguna de la que tomaban el agua y el pescado está contaminada, y sus cosechas se han visto afectadas por el cambio climático derivado de la deforestación: más calor y menos lluvia. También han sentido, aseguran, el impacto de los agroquímicos que le aplican a la palma, y el aumento de las plagas: “Antes, no usábamos químicos; pero ahora, si no aplicas fuguicidas, no recoges nada”, prosigue Juan.

La fertilidad exuberante de la naturaleza en Petén contrasta con la situación de abandono de las gentes que habitan el lugar. Ni agua corriente, ni redes de saneamiento, ni recogida de basura. Pero hasta la llegada de la palma, el agua no era un problema. Hoy, los pozos artesanales se están secando y necesitan pozos más profundos que funcionan con luz eléctrica. “Cuando la luz se estropea, a veces tardan quince días en arreglarla, y entonces toca bajar a la laguna a por agua”, cuentan las mujeres de la comunidad. Aunque saben que beberán agua contaminada, y llegarán las ronchas y picazones y el dolor de estómago, que sufren, en especial, los niños. Pero, ¿cómo han llegado a esta situación?

Un poco de historia
Nada de lo que sucede hoy en Guatemala puede entenderse sin conocer su historia reciente. Guatemala es uno de los países más desiguales y atravesados por la violencia racista, clasista y patriarcal, dentro de uno de los continentes más desiguales y violentos. El índice Gini, el indicador de la desigualdad en el que 1 implica la máxima desigualdad y 0 la máxima igualdad, es del 0,56 en este país centroamericano, mientras que el índice Gini de la tenencia de la tierra es de 0,84, el segundo más alto de América Latina.

“La crisis de hoy responde a un agotamiento del pacto de la guerra”, explica el periodista Gustavo Illescas, del Centro de Medios Independientes (CMI). Nada puede entenderse en Guatemala sin retrotraerse a la larga experiencia del conflicto armado interno que, durante 36 años, sembró el terror en el país. En el seno del Ejército se pulió el concepto de enemigo interno, incluyendo a la población civil y campesina como el enemigo a combatir. “La estrategia era doble: neutralizar y despojar a la población. En muchos casos, los propios militares se quedaban con las tierras abandonadas por la población. La guerra trató de resolver los problemas agrarios heredados de la colonia”, apunta Illescas. Por eso, al revés que en Nicaragua, no hubo en Guatemala ningún proceso de reforma agraria que corrigiese el latifundio heredado de la colonia. Por eso, Guatemala sigue siendo uno de los países del mundo donde el reparto de la tierra, y de la riqueza en general, es más desigual. Y este status quo se legitima sobre un racismo agudo y estructural, que atraviesa al Estado y a la sociedad.

“En Guatemala, la profundidad del racismo y el patriarcado han configurado una sociedad dañada y enferma, conflictiva, que difícilmente se reconcilia con su identidad indígena”, sostiene Ana Cofiño, una de las coordinadoras del periódico feminista La Cuerda. “Las subjetividades están permeadas por esa violencia que pareciera eterna y natural, y que ha sostenido los sucesivos despojos, desde la colonia hasta el actual avance de la explotación de los recursos naturales”.

Tras 36 años de guerra, llegarían en 1996 los acuerdos de paz, y con ellos “se abrió un espacio para la libertad de expresión”, concede Cofiño. Lo que no llegó fue la reforma agraria ni, por tanto, la justicia social. “En realidad, la paz fue la desmovilización de la guerrilla. Las elites ganaron: las industriales consolidaron sus negocios, y los terratenientes lograron frenar la reforma agraria. Los militares que estaban a favor de la paz entraron en la política; los que se oponían a la paz, pasaron a engrosar la seguridad privada”, diagnostica Illescas.

Sin reforma agraria y con una presión creciente sobre los territorios por parte de los proyectos agroindustriales y extractivos, la guerrilla había capitulado, pero permanecían los problemas estructurales que provocaron su surgimiento. Las resistencias locales han provocado, además de la proliferación de amenazas y asesinatos contra los defensores del territorio, un aumento de la judicialización y criminalización de las resistencias. Así, por ejemplo, en Polochic, Manuel Xuc Cucul fue condenado a diez años por usurpación y robo agravado; para el investigador Ricardo Zepeda, “su verdadero delito fue exigir sus prestaciones laborales al momento de la liquidación”.

“Los diferentes gobiernos no se han preocupado por cultivos que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos”, sostiene Carlos Paz, del Comité de Unidad Campesina (CUC). “Un grupo de grandes ricos se han adueñado de los recursos, del poder”, lamenta Paz, y apunta dos momentos históricos en los que pudo haber cambiado el rumbo del país: uno fue el movimiento revolucionario democrático de 1944-1957, cuando el gobierno intentó comprar tierras a la United Fruit Company para repartirlas entre los campesinos; y el segundo fueron los Acuerdos de Paz de 1996, tras los que el Estado siguió sin reconocer a los pueblos indígenas, pese a que suponen el 55% de la población guatemalteca. Tras los ansiados acuerdos, “se mantuvo la línea del modelo económico que arrastramos hace 500 años”, lamenta Paz.

El ecocidio del río La Pasión
Volvamos a Sayaxché y a la palma aceitera. En la sede capitalina de la organización Sagrada Tierra, Rolando Pinelo, buen conocedor del Petén, narra cómo ese territorio, otrora poco poblado, mal comunicado y poseedor de una naturaleza salvaje y exuberante, se ha transformado de una forma brutal en los últimos 15 años: “Antes era un territorio petrolero y ganadero y, por ser muy inaccesible, se convirtió en un territorio de refugio en los años de la guerra. Las carreteras se hicieron para transformar el petróleo; esa economía convivía con la agricultura campesina. Como estaba muy poco poblado y el Estado quería colonizarlo, entregó tierras a los militares, que lo repartieron entre los campesinos a cambio de que abrieran caminos”. Esa historia reciente explica la conflictividad que, hasta hoy, existe por los límites territoriales.

“La palma llegó a Petén de la mano de Hugo Molina”, aclara Pinelo. Ya en Sayaxché, el municipio del Petén que concentra la producción palmera, los campesinos aseguran que los empresarios palmeros compraron sus tierras aprovechándose del temor que éstos tenían de perderlo todo, por la amenaza de un proyecto de central hidroeléctrica que inundaría sus tierras, pero que nunca llegó a construirse. Además, las empresas les prometieron que tendrían trabajo de por vida en las plantaciones. Pronto comprobarían que la realidad sería muy distinta.

Las siglas de Hugo Alberto Molina Espinoza, considerado uno de los mayores terratenientes del país, dieron nombre al Grupo HAME, dueño de la Reforestadora de Palma del Petén, S.A (REPSA), así como, entre otras marcas, de Olmeca. La empresa se hizo tristemente famosa cuando, en el año 2015, se supo que era la responsable directa del ecocidio en el río La Pasión, en Sayaxché, cerca del muy visitado santuario maya de Tikal.

El abogado Saúl Paau, miembro de la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, que lleva el caso del ecocidio, explica de primera mano cómo ocurrió el desastre: “Se desbordaron las lagunas de oxidación y eso provocó una enorme mortandad de peces, y contaminación a lo largo de 150 kilómetros del curso del río”. El caso se tiñó de sangre cuando asesinaron a tiros al campesino que denunció el ecocidio, Rigoberto Lima. El crimen continúa impune.

“En 2015, la jueza Carla Hernández decidió que Repsa debía clausurar por 6 meses, pero el juez de otra sala, que las organizaciones sociales consideramos corrupto, recusó a la jueza. Nosotros apelamos a la Corte de Constitucionalidad, que aceptó el caso, pero puede tardar uno o dos años más en resolverse, y mientras tanto, Repsa sigue operando sin monitoreamiento, pese a que el propio Ministerio de Ambiente reconoció que carece de estudio de impacto ambiental (EIA)”, aclara Paau. Las autoridades se negaron a analizar el agua del río, pero la Universidad San Carlos hizo un estudio que detectó la presencia de un agrotóxico que se aplica a la palma: el malatión.

Cuando falta el agua
En San Juan de Acul no hay agua. Así de simple, urgente, desesperante. La única posibilidad que tienen es recoger el agua del río La Pasión, aunque saben muy bien que está contaminado. No hay más opciones, y sin agua no hay vida. Así que con ese agua contaminada con la que cocinan, se bañan, e incluso la beben, cuando ya no queda nadie en la comunidad que pueda vender agua recogida en la época de lluvias, de mayo a octubre. Así que beben agua contaminada que les provoca vómitos, fiebre, picazones y todo tipo de enfermedades.

A nuestra llegada a la comunidad, muy cercana a Manos Unidas, decenas de personas, en su mayoría mujeres, nos esperan para contarnos cómo les ha afectado la palma. Es una de las comunidades más afectadas por la contaminación del río La Pasión; pero el Estado nunca se hizo cargo de su responsabilidad, ni obligó a la empresa a pagar compensaciones. “Lo único que nos dieron fueron bolsitas de agua para beber, pero sólo durante dos meses”, cuenta una mujer. “Los que tienen tanques, sobreviven con el agua de la lluvia; los que no, tenemos que ir al río y recoger agua contaminada. Pedimos toneles para recoger el agua de lluvia, y no nos mandaron sino galones pequeños, vacíos y sucios”. Y no será por la falta de insistencia del líder comunitario, que cada semana va a ver al alcalde para pedirle soluciones para su comunidad.

Además de con el agua, el desastre ecológico del río acabó con la principal fuente de alimento de la comunidad: la pesca. “Antes, en dos días sacábamos 50 libras de pescado: hoy, con suerte sacamos diez o quince, a veces ni eso”, cuenta una pescadora. Algunos alquilan tierras en Manos Unidas, pero son la minoría. Para empeorar el asunto, cada vez hay menos lluvias. Y el río se está secando. Como los pocos pozos que hay en la comunidad.

“Sin el agua no vivimos. Sin agua no hay nada. No nos hemos muerto ya sólo porque Dios tiene misericordia”, afirma una mujer. La única opción al hambre es la palma: “Trabajan muchas horas por poco dinero, pero no hay más de adónde. Trabajan muchas horas, sin horarios fijos, y se tienen que comprar ellos el equipo, a ellos no les importa ni que uno se muera”. El miedo al hambre y a la enfermedad les lleva a soportar esas humillaciones: “Si hubiera otra fuente de ingresos, no se aprovecharían de la necesidad, pero tenemos que comer. Si tu hijo está enfermo, o le compras medicinas, que son caras, o dejas que se muera”. Porque, en esta esquina del mundo, no hay ninguna otra oportunidad laboral. Las economías campesinas desfallecen y la palma se presenta como la única oportunidad de supervivencia. Porque, en esta esquina del mundo, se trata apenas de sobrevivir. “El dinero es el que manipula a la gente pobre: y los ricos salen bien”.

«No hay más de adónde»
De San Juan de Acul partimos hacia la tercera y última comunidad que visitamos en Sayaxché: El Mangal. Allí, la mayor parte de los hombres trabajan en la palma. «Trabajan de 6 a 15 horas por jornales de 60 quetzales (unos 8 euros), que es menos del salario mínimo (de 83 quetzales por jornal en el campo). Cuando llega el día de cobro, no les quieren pagar. Les tratan mal, los amenazan con echarlos si protestan o no son puntuales. Y además, no nos quieren dar trabajo a nosotros, los que hemos sido directamente afectados por la palma, aunque nos lo habían prometido. Traen cuadrillas de Cobán (un municipio cercano) y les pagan todavía menos”, asegura el representante del Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE).

“Hay gente que le pagan 20 quetzales (menos de 3 euros) por el jornal. El golpe más duro es que sólo quieren gente joven. Traen gente de afuera, y la tienen poco tiempo, así se ahorran pagar prestaciones», afirma un trabajador, y concluye: «Están acabando con nosotros, pero la necesidad nos hace llegar al matadero. Somos padres de familia. Si un niño se nos enferma, una medicina no baja de 70 quetzales”.

En El Mangal hablan también de las infecciones respiratorias causadas por los agrotóxicos. “Antes, la gente se mantenía, no había contaminación. Se vivía mejor”. ¿Y el Estado? “Vienen, prometen y no vuelven: sólo vienen a engañar y a dividirnos”, lamenta otro campesino, y sentencia: “El mayor problema de Guatemala es que tienen compradas a las autoridades”.

“Los bosques que quedan son muy poquitos, no alcanzan para purificar el aire”, sostiene otro campesino. “El último aguacero, el agua cayó negra. Yo tuve que tirar medio balde”. Y la lluvia que escasea. Y la tierra que muere: “Están matando a la tierra. Esa raíz es como un petate que no deja salir nada encima de ella”, lamentan.

Un estudio realizado en el Valle de Polochic por la investigadora Sara Mingorria, del ICTA (Universidad Autónoma de Barcelona), respalda esta teoría y apunta a que una de las consecuencias del monocultivo palmero es que, por la gran cantidad de nutrientes que demanda, elimina la capa orgánica del suelo y provoca infertilidad. Mingorria demostró que se requieren 25 años para lograr que la zona en la que se plantó palma aceitera vuelva a ser fértil, pues “el suelo queda tan debilitado que, por más que se abone, los componentes se pierden y desaparecen”. La investigadora añade que estas plantaciones suelen denominarse “desiertos verdes” porque “este tipo de árbol no permite que se forme vegetación a su alrededor”.

Así sintetizan sus temores los campesinos de El Mangal: “Después de 25 años de palma, esas tierras no van a valer para nada”. Ellos luchan para que no sea así, pero saben que nunca el Estado guatemalteco escuchó sus reclamos: necesitan apoyo internacional. Y, tal vez, ese apoyo no vendrá de la estatalidad, sino de la movilización ciudadana, de las mujeres y hombres que comienzan a entender el nexo indisoluble entre los estilos de vida opulentos y consumistas del Norte global y el despojo de los campesinos de los países productores de materias primas.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso Fradejas, A., F. Alonzo y J. Dürr (2008) Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala, IDEAR.
CEIBA – Amigos de la Tierra Guatemala (2016) “Situación del agua en Guatemala”, en Informe del Agua en América Latina y el Caribe, Amigos de la Tierra.
Naciones Unidas (2016) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina de Guatemala.
VV. AA. (2015) Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de agroindustria de palma aceitera en Guatemala.
Zepeda, Ricardo (2016) Dinámicas agrarias y agendas de desarrollo en el Valle del Polochic. Guatemala, Comité de Unidad Campesina.

Una de las principales razones por las que iniciamos el proyecto ‘Uno de Dos. El aceite de palma en tu vida diaria’ es porque a menudo nos encontrábamos con personas que pensaban que nunca consumían este tipo de aceite o que lo hacían de forma muy esporádica. El etiquetado, que ha cambiado desde entonces, no ayudaba, ya que no obligaba a poner el tipo de aceite utilizado en cada producto y la referencia ‘aceite vegetal’ era suficiente.

Aunque ahora las marcas ya están obligadas a reflejar su uso de aceite de palma, los consumidores aún saben poco sobre la omnipresencia de esta grasa. La mayor parte se encuentra en productos de cosmética y alimentación, pero en Europa el uso energético se ha incrementado durante la última década. Así, según el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, en Europa un 61 por ciento del aceite de palma utilizado en 2012 se destinó a las industrias alimentarias y cosméticas, un 19,7 por ciento al biodiésel y un 9,3 por ciento a la producción de electricidad.

Esta lista pretende ser informativa sobre el uso del aceite de palma en productos de consumo cotidiano. Si te planteas utilizarla para modificar tus hábitos de consumo, ten en cuenta también los impactos de las alternativas que escoges. Muchos de los aceites sustitutivos del aceite de palma, como el de soja, tienen también asociados importantes impactos sociales y medioambientales. El aceite de palma se utiliza especialmente en productos procesados. Lo mejor para evitarlo es reducir el consumo de este tipo de productos y apostar por la comida casera cuando sea posible.

Los datos han sido extraídos del análisis de las etiquetas y de la información ofrecida por las empresas. No hemos analizado todos los productos del supermercado y de momento hemos restringido la búsqueda a los que por experiencia sabemos que suelen tener aceite de palma. Iremos actualizando esta lista a medida que vayamos analizando más productos. Si quieres que estudiemos algún producto o tipo de producto en concreto, deja tu comentario con tu sugerencia. Si tenemos los recursos necesarios, revisaremos además las diferentes clasificaciones realizadas por diferentes grupos sobre las políticas de sostenibilidad de las diferentes marcas, para dar una visión más fidedigna de qué marcas tienen mejores prácticas.

No olvides que en Carro de Combate dependemos de nuestros mecenas para realizar este trabajo. Si quieres ayudarnos a que podamos seguir actualizando esta lista y a que investiguemos el aceite de palma y muchos otros productos de consumo cotidiano, hazte mecenas. Puedes ver aquí además el resto de nuestra investigación sobre el aceite de palma, donde relatamos los impactos medioambientales y sociales, entre otros, de esta industria.

Cómo reconocer el aceite de palma

El primer paso es saber reconocer el aceite de palma en las etiquetas. A veces es sencillo, pero muchas otras está escondido bajo nombres que pocos consumidores conocen. Éstos son los principales:

– Nombres del aceite de palma en etiquetas

• Aceite de palma
• Aceite de palmiste
• Grasa vegetal (palma)
• Grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de palmiste
• Sodium Palmitate
• Estearina de palma (Palm stearin)
• Palmoleina u Oleina de palma (Palmolein)
• Manteca de palma
• Elaeis guineensis (nombre científico de la palma aceitera)

– Ingredientes probablemente procedentes del aceite de palma:

• Aceite o grasa vegetal (según la reciente legislación europea, ahora hay que indicar el tipo de grasa utilizada. Aún se puede encontrar en productos antiguos)
• Ácido palmítico, o ácido hexadecanoico
• Palmitato ascorbilo
• Ácido esteárico
• Glicerina
• Glicerol
• Sodium Laureth Sulfate
• Sodium Lauryl Sulfate
• Palmitoil (o Palmitoyl)
• Glyceryl Stearate SE
• Emulgente E472e,
• Aditivo E160 (Betacaroteno) y similares (Carotenoides, Beta apocarotenal y Éster Etílico
• Ácido Beta Apocarotenoico)
• Aditivo E570 – Ácidos Grasos
• Vitamina A palmitato o Palmitato de retinol

Nota: los ingredientes que probablemente proceden del aceite de palma son en su mayoría derivados que se usan principalmente en cosmética y que, aunque a menudo proceden de la palma, también pueden ser obtenidos de otras fuentes. En el caso de los cereales, es común que lo utiliicen para la Vitamina A. Es raro que las marcas informen de la procedencia de estos ingredientes.

Principales marcas consumidoras de aceite de palma 

No se sabe con certeza cuáles son las marcas que utilizan mayores cantidades de aceite de palma, ya que no todas dan datos sobre su provisión de los diferentes ingredientes que utilizan. Algunas de las principales son las siguientes:

Unilever: Unilever es una de las mayores multinacionales hoy en día centrada en productos de consumo alimentario y cosmético. Tiene unas 400 marcas y la empresa asegura que unas 2000 millones de personas utilizan cada día sus productos (casi un tercio de la población mundial). Unilever comprar aproximadamente medio millón de toneladas de aceite de palma y de palmiste cada año, más otra tonelada de derivados, cada año, aproximadamente el 3 por ciento de la producción mundial. No obstante, la empresa calcula que en sus actividades  hasta 5 millones de toneladas de aceite de palma (un 8% por ciento de la producción mundial).

Principales marcas de Unilever que usan aceite de palma: Frigo, Flora, Signal (probable, contiene Sodium Lauryl Sulfate que a menudo procede de la palma), Dove (Sodium Palmitate), helados Ben & Jerry’s (algunos, no todos).

Nestlé:  Nestlé es una de las principales marcas de alimentación y su uso de aceite de palma está creciendo rápidamente. Así, en 2015 Nestlé compró 420.000 toneladas de aceite de palma (1 por ciento de la producción mundial, 100.000 toneladas más que en 2009.

Marcas y productos de Nestlé que usan aceite de palma: bombones de Nestlé, Maxibon, tabletas de chocolate rellenas.

Kellogg’s: la famosa marca de cereales es otra de las compradoras importantes de aceite de palma. La empresa no ha publicado datos de cuánto aceite de palma compra, aunque The Guardian publicó que la estimación es de unas 50.000 toneladas al año. Sin embargo, sí ha publicado quiénes son sus principales proveedores: ADM, Cargill y Wilmar.

Marcas y productos de Kellogg’s que usan aceite de palma (algunos por el uso de Vitamina A palmitate, que a menudo procede del aceite de palma): Smacks, Special K Barritas, Froot loops, All bran, Choco pops. Por otra parte, Kellogg´s Corn Flakes, Special K® Original y Choco Krispis llevan en muchos países Vitamina A palmitato que suele proceder del aceite de palma. Hay, sin embargo, diferencias de composición según los países.

L’oreal: la marca de cosméticos utiliza muy poco aceite de palma bruto (menos de 400 toneladas), pero muchos derivados (más de 60.000 toneladas al año). Según datos de la empresa, L’Oreal controló el origen del 80 por ciento de los derivados que utiliza hasta la refinería y en un 50 por ciento de los casos, hasta la prensadora. El año que viene han prometido llegar al 100%. No dan datos, sin embargo, de las plantaciones.

Marcas y productos de L’oreal que usan aceite de palma: Kerastase (probable, usan Sodium Laureth Sulfate), Vichy, The Body Shop, L’Oreal Paris, Lancome.

Burger King: según los datos nutricionales publicados en su página web, usan aceite de palma para las patatas fritas, pero junto al de canola o soja. También lo utilizan en muchos otros productos.

McDonalds: Al igual que en el caso de Burger King, se puede ver su uso de aceite de palma en los datos nutricionales que publica en su web. En el caso de McDonalds, el principal uso se concentra en los postres. No lo usa para las patatas fritas.

Colgate: Colgate tampoco aclara en qué productos en concreto utiliza aceite de palma y sus derivados, aunque en su página web asegura que lo utiliza «en algunos de nuestros productos de jabones, pastas de dientes, antitranspirantes y desodorantes». Además asegura que utiliza aproximadamente el 0,2 por ciento de la producción total de Malasia, Indonesia y Tailandia.

Starbucks: según los datos que Starbucks publica en su página web sobre la composición de sus productos, usa aceite de palma principalmente en bollería. Sin embargo, puede encontrarse también en algunas bebidas como este Frapuccino.

Lista de productos con aceite de palma o derivados que probablemente proceden del aceite de palma 

ALIMENTACIÓN

Galletas

• Fontaneda: La Buena María, Digestive (chocolate con leche; naranja y chocolate negro; frutas del bosque; avena; Digestive Fibra; soja y naranaja; avena cubiertas de chocolate negro) Belvita (naranja; duo cremoso yogur y fresa) Granola, galletas Osito Lulu, MarieLu (original; integral; barrita dietética frutas rojos).
• Oreo
• Galletas Príncipe (original; barqui-choco; galletitas Estrella)
• Cuétara: Campurrianas (original; 0% azúcares), Napolitanas (originales, bizcochitos) Bocaditos (queso; limón), Surtido,
• Tuc
• Gullón: Galletas creme tropical, VitalDay (Sandwich de avellana; integrales con copos de avena; frutos rojos; yogurt), Butterfly, Mini cracker, María, Diet Nature (barquillos de vainilla, barquillos de choco; cacao con crema), Dibus (angry birds)
• Pastas de té – Dulca
• Chips Ahoy
• Milka (galletas Cake y choco; choco wafer)
• Chiquilín

Bollería

• Sobaos Martínez
• Conchas de chocolate Codan
• Donuts (marca Donuts)
• La Bella Easo Weikis
• Croissants rellenos Dulcesol
• Donettes

Cereales de desayuno

• Froot loops
• All bran
• Choco pops
• Smacks
• Cereales Nesquik
• Chocapic
• Golden Graham
• Estrellitas
• Choco Flakes (Normales; Callejeros; Duo)
• Cereales que llevan en muchos países Palmitato de retinol, que suele proceder del aceite de palma: Kellogg´s Corn Flakes, Choco krispis, Special K® Original

Snacks

• Ruffles
• Doritos
• Fritos de Matutano
• Triskys
• Doritos
• Popitas (palomitas para microondas con mantequilla; palomitas saladas para microondas; )
• Risi (palomitas caramelo)

Margarina

• Tulipán (Original, Margarina sabor mantequilla)
• Flora (Original, Margarina ligera con aceite de oliva,
• Margarina vegetal ligera – Ligeresa
• Artua (Margarina de maíz)
• Central Leche Asturiana (Margarina ligera de soja)
• Delínea  (Margarina con aceite de oliva extra, Margarina ligera)

Pan Tostado

• Recondo: pan tostado ‘Sin sal y sin azúcar’, tostadas pan chapata
• Bimbo: Integral, Silueta integral, tradicional, integral con 8 cereales,
• Ortiz: tradicional, integral,

Chocolates

• Ferrero Rocher
• Milka (triple choco cocoa; triple caramelo; chocolate y barquillo; caramelo y cacahuete; leche, avellanas y caramelo;  leche y caramelo; swing galleta, relleno de fresa, extrafino con leche relleno de almendras y trufas, )
• Kinder (bueno; sorpresa)
• Happy hippo
• Bombones de Lindt (Lindor)
• M&Ms
• Kit Kat
• Mars
• Snickers
• Twix
• Nutella
• Nocilla

Helados

• Frigo: Cornetto clásico
• Haagen Dazs: Caramel biscuit cream
• Nestlé: Maxibon (sandwich nata; sandwich cookie)

Comida precocinada

• Findus: Spaguetti bolognesa, Fetuccini 4 quesos
• Pizzas Dr. Oetker de atún, prosciutto y funghi
• Pizzas Campofrío: Pizzas y Salsa a tu gusto (carbonara con bacón y cebolla, andaluza, criolla, cuatro quesos, kebab, pollo cesar, barbacoa, pepperoni)
• La Cocinera: Nuggets, Cordon Bleu, San jacobos, empanadillas de atún
• Knorr: Cremas de espárragos y de marisco gourmet; sopa de pollo con fideos en polvo, pasta Pot boloñesa, pasta Pot al curry
• Canelones de carne con bechamel – Maheso
• Masas de hojaldre: La Cocinera, Schar (sin gluten), Buitoni (normal, sin gluten ni lactosa), Casa Tarradellas

Caldo (pastillas)

• Knorr: Doble caldo, doble caldo de carne con aceite de oliva, caldo vegetal, caldo de pescado,
• Gallina Blanca. Avecrem Pollo, Avecrem pollo – 30% sal,
• Maggi: caldo de pollo, cubitos de caldo ‘Original’
• Calnort: caldo de pollo
• No pastillas: Knorr Cacitos de Caldo (vegetal; carne; pollo)

Gominolas

• Cintas de pica de fresa de Vidal
• Sugus
• Caramelos para Piñata Fiesta
• Haribo: gominolas de regaliz,

Leches

• Nestlé (Nan 3, Nativa )
• Almirón Advance

COSMÉTICOS

Saber si los cosméticos llevan o no aceite de palma es más complicado, puesto que usan derivados en su composición que, aunque normalmente proceden del aceite de palma, pueden obtenerse también de otras materias primas. Por tanto, la siguiente lista de productos y marcas tienen probablemente aceite de palma, pero no con certeza (a no ser que se diga lo contrario). Sin embargo, hemos comprobado la información pública ofrecida por las marcas para comprobar que efectivamente usan aceite de palma o sus derivados en su cadena de producción

Marcas que reconocen usar aceite de palma o derivados:

• Vichy
• The Body Shop
• L’Oreal Paris
• Lancôme

Marcas que usan ingredientes que probablemente procedan del aceite de palma

• Head and Shoulders
• Pantene
• Herbal Essences

Productos que llevan aceite de palma

• Jabón Dove pastilla