“No la llames africana”. La violenta expansión de la palma de aceite en Colombia

“Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista
europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con
penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre
pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda
América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio”
(Eduardo Galeano)

“Somos tierra que camina”
(Proverbio indígena)

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Un recolector de palma, en María La Baja. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

La palma aceitera no es nueva en Colombia, y al mismo tiempo sí lo es. Si bien las primeras plantaciones en el país llegaron en los años 60 y se expandieron por los departamentos del Cesar y el Magdalena, su expansión fue en principio moderada: para 1984, ocupaba 50 mil hectáreas; en 1998 eran 150 mil. Fue entonces que la expansión de la palma adquirió un ritmo vertiginoso: en 2004 alcanzaba las 250 mil Ha; en 2008, superaba las 350 mil Ha; en 2012, rondaba las 450 mil hectáreas. Con crecimientos del 10% anual, se consolidaba como el cultivo más dinámico del sector agropecuario y, en su calidad de insumo para la producción de agrodiésel, como una pieza central de esa “locomotora minero-energética” llamada a ser el motor del modelo de desarrollo en Colombia, según Juan Manuel Santos, presidente del país desde 2010.

La aceleración de la expansión palmera coincide con la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) y se intensifica durante el mandato de su sucesor, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Fue Carlos Murgas, ingeniero agrónomo y ministro de Agricultura con Pastrana, quien diseñó un marco normativo a la medida de la industria palmera (Marin-Burgos, 2014), en su propio beneficio: fue presidente de Fedepalma, la federación colombiana de palmeros, y es uno de los empresarios más importantes del sector en la actualidad. Gracias a los incentivos a la palma, entre ellos subsidios y créditos blandos para los pequeños productores, y a la apuesta por crear un mercado nacional de biocombustibles, el país se ha convertido en el cuarto productor de palma del mundo y el primero de América: contribuye en el continente con el 30% de la palma cultivada, que representa un 2% de la producción mundial, según datos de Fedepalma (cf. Martínez Peláez, 2013). La palma se vendió en los territorios como una oportunidad de desarrollo rural, alternativa a los cultivos ilícitos y pieza central para la economía del país.

Pese a los argumentos del lobby palmero, la realidad evidencia que los campesinos no cedieron libremente sus tierras a la palma, sino que el agronegocio palmero se impuso en el país en estrecho vínculo con las estrategias de terror de los grupos paramilitares, que vivieron su apogeo en tiempos de Uribe y que mantienen el control de los territorios pese a su supuesta desmovilización en 2006. No se trata de la opinión sesgada de los críticos a la industria, sino de una realidad recogida en múltiples informes, documentos, testimonios. Al final de este texto se encuentran las referencias bibliográficas de algunos de esos estudios, pero hay muchos más. Y la prueba más fehaciente es superponer el mapa de las plantaciones palmeras con los territorios más golpeados por la violencia paramilitar: Magdalena Medio, Nariño, Chocó, Montes de María. Tal vez porque, como nos repiten varios investigadores y activistas de derechos humanos, la palma aceitera en Colombia ha sido, antes que un lucrativo negocio -que también-, un proyecto de control territorial. Lo han pagado y lo siguen pagando, al insoportable precio de sus vidas, las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, obligadas a sustituir sus cultivos tradicionales por esta planta recién llegada.

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Cargando palma en Montes de María. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

De la abundancia a la escasez en los Montes de María

“No la llames palma africana, que yo también soy africano y no causo tanto destrucción”, nos alerta un campesino afrodescendiente, joven y vivaracho, que nos guía en nuestro recorrido en los Montes de María. Lo llamaremos Pedro, un nombre ficticio con el que protegemos su identidad, como haremos también con otros campesinos que han dado su testimonio para este reportaje. Ofrecen su voz, pero no sus nombres: saben que, en Colombia, oponerse a la destrucción de sus territorios ancestrales puede ser firmar una sentencia de muerte. Lo han aprendido a sangre y fuego en María La Baja, una región en las faldas de los Montes de María conocida por la fertilidad de sus suelos; a sólo dos horas al norte está Cartagena de Indias, la turística capital del departamento de Bolívar. Pedro nos acompaña por las veredas y corregimientos -como en Colombia llaman a las pedanías- de María La Baja, a las que nos referiremos también de modo genérico, para no exponer a nuestros entrevistados.

Cuentan en María La Baja que, hace apenas veinte años, los sacos de arroz, yuca o maíz estaban por todas partes. “Salían camiones todos los días cargados de alimentos para Cartagena, Barranquilla, incluso para Medellín”, explica una joven campesina a la que llamaremos Natalia. Hoy, se las rebuscan para sobrevivir día tras día: “Tanta yuca que yo regalé en la vida, no puedo creer que hoy tenga que comprarla”, cuenta un anciano. En el medio, pasó el terror paramilitar, y kilómetros plantados de palma aceitera. Porque en esta región puede uno recorrer kilómetros y kilómetros sin ver otra cosa más que palma, y sorprende saber que nada de eso existía a fines de los años 90, cuando los paramilitares entraron a sembrar el terror en la región.

Las veredas de María La Baja albergan historias siniestras; tal vez demasiado terribles para contarlas, pero  demasiado atroces para silenciarlas. Sólo entre 1999 y 2002, los grupos paramilitares cometieron 56 masacres, algunas tan atroces como la de El Salado, en la que asesinaron a 70 personas, como ha descrito el sociólogo y escritor Alfredo Molano Bravo. Los paramilitares ocuparon pueblos enteros, sembraron su ley del silencio y el miedo: “Había que pedirles permiso hasta para reírse”, recuerda Natalia. En otra de las veredas, narra Mario: “Hubo gente que tuvo que ver morir a sus hijos sin sin llorar para que nadie se diera cuenta, porque entonces acababan con todo el nido. Hay gente que no puede volver porque ha sido directamente amenazada por los paramilitares. Dividen a las familias. Si se interesan por una mujer y ella no está interesada, la violan y la obligan a quedarse por la fuerza; o ella va para evitarle problemas a su marido. Eso lo ha hecho también el Ejército: se ha llevado a las mejores niñas. O le dicen a la chica que mañana traiga a su hermana, y cómo decirles que no, si ellos conocen a tu familia y todos tus movimientos; así que vuelves al día siguiente con tu hermana; y así han prostituido a muchas jóvenes. Y sigue pasando. Unas hablan, otras callan, temen qué pasará cuando cumplan sus penas y salgan a la calle”. Los días de mayor terror han pasado, pero el miedo persiste, abonado por el horror de los recuerdos y avivado por las amenazas y el hostigamiento contra las comunidades: por ejemplo, cuando roban o matan a sus animales.

“Los megaproyectos, entre ellos la palma, llegaron a los Montes de María de la mano del conflicto, como parte de una estrategia que llevó al desplazamiento y al detrimento de la economía campesina”, explica uno de los líderes comunitarios, Wilmer. Las mujeres, como tantas veces, se llevaron la peor parte: “Aquí las mujeres han llevado el peso del conflicto. Se las usó como arma de guerra, para mandar mensajes y para sembrar el terror”. Una de esas mujeres, Luisa, comparte su vivencia: “Muchas de nosotras fuimos víctimas de violencia sexual. Es un dolor profundo, un trauma que es tanto físico como mental, que está muy adentro; hay mujeres que no se atreven a levantar la cara, que no han sanado porque ni siquiera han podido hablar: una queda que tuvo la culpa, que no vale nada”. ¿Cómo se sobrepone una mujer, una familia, un pueblo ante semejante horror?

La estrategia del terror consiguió su propósito: entre fines de los 90 y el primer lustro del siglo, más de 250 mil personas huyeron de sus hogares en Montes de María, dejando atrás sus tierras, sus recuerdos, las tumbas de sus ancestros. Algunas familias se ubicaron en otros terrenos cercanos; otras, probaron suerte en la ciudad. A la mayoría no le fue bien: “Los campesinos sabemos defendernos de una culebra, pero no de un carro embalado”, como dice Mario Así que, cuando creyeron que las cosas podían estar más tranquilas, muchos decidieron volver. Álvaro Uribe Vélez, el presidente con el que los grupos paramilitares tocaron techo [1], había prometido desmovilizar a las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC). Y muchas familias, como las de Natalia y Pedro, regresaron a sus casas, dispuestas a recuperar lo que era suyo. Encontraron sus tierras cubiertas de palma aceitera; algunas familias no pudieron volver a cultivar yuca, maíz o arroz. Algunos optaron por cultivar la palma; otros sobreviven cosechando lo que pueden en las pequeñas parcelas que no fueron cubiertas por el monocultivo. Natalia lo resume así: “La palma fue una maldición para nosotros. La plantaron para tener acceso al territorio. Llegó manchada de sangre, y todas esas vivencias son imborrables, aunque pasen mil años, no se puede olvidar”.

Donde había abundancia, ahora hay escasez.“Esta zona era la despensa de toda la región: de aquí se abastecían los mercados de Cartagena, Barranquilla, Medellín. Ahora casi no se produce nada”, prosigue Natalia. La propia palma es, seguramente, la forma más persistente y eficaz de hostigamiento: en una de las veredas, el monocultivo cerca todo el pueblo, sin dejar la mínima posibilidad de crecimiento o de cultivo de pancoger, como llaman en Colombia a la producción de alimentos para el consumo local. La palma les rodea por todas partes, les ahoga en medio de un desierto verde. No parece casualidad: la misma estrategia ha sido usada en otros territorios de Colombia y Ecuador para forzar a los campesinos a vender sus tierras.

De entre las desgracias que trajo la palma a Montes de María, el agua es quizá lo que más se siente en el día a día de las veredas de María La Baja. Desde hace medio siglo, estas comunidades disponen de un distrito de riego que lleva a las veredas el agua de un embalse, con la que se bañan y limpian; para el consumo han utilizado durante décadas el agua de un pozo cercano a una de las veredas. Pero el monocultivo de palma requiere agua, mucha agua. Así que el pozo se ha secado, mientras que el agua del embalse se ha contaminado por los agroquímicos que se aplican a la palma. Cuando visito esa comunidad, todos los vecinos se quejan de sufrir picazón y enfermedades dermatológicas; además, el agua contaminada ha dejado de llegarles a las casas. Para beber, es aún más complicado: después de que el pozo se secó, una vecina de la vereda exploró en sus tierras hasta encontrar agua y abrió un nuevo pozo; ahora sólo les queda rezar cada día para que, como dicen ellos, el pozo “llore” lo bastante y haya agua para el día siguiente. Agua que son las mujeres las encargadas, casi siempre, de ir a buscar. La contaminación del agua también ha mermado la variedad y cantidad de peces que se encontraban en la zona, al tiempo que los agrotóxicos y plagas que trajo la palma han acabado con muchas especies animales y vegetales.

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Caminando entre la palma en Montes de María. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

¿Qué paz para María La Baja?

Nos lo advirtió en Medellín, antes de emprender nuestra travesía por la geografía de la palma en Colombia, la investigadora Victoria Marin-Burgos, autora de la tesis doctoral Acceso, poder y justicia en las fronteras de los commodities: “Al principio, era tan ingenua que pretendía investigar la palma al margen del conflicto [armado]; después me di cuenta de que era imposible”. Pero nada o casi nada de lo que sucede en Colombia, y menos si hablamos de economía y territorio, puede analizarse sin tener en cuenta el contexto de violencia que sufre el país hace más de medio siglo. El pasado septiembre, un histórico acuerdo del Estado con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) prometía dar un primer paso en la dirección de la paz; el no de los colombianos en las urnas, en el plebiscito del 2 de octubre, colocaba ese horizonte más lejos. Pero, en cualquier caso, lo que se decidió en los acuerdos firmados en La Habana era sólo un capítulo de la violencia que azota a Colombia y que preexiste al alzamiento en armas de las guerrillas. “La mayor parte de la violencia se da por fuera del conflicto armado: existe violencia antisindical, desplazamientos forzados, uso ilegal de la inteligencia. Las violaciones de derechos humanos de mayor relevancia, como las masacres y la generación de terror que deriva en desplazamiento para propiciar megaproyectos extractivos, todo esto nada tiene que ver con el conflicto armado, pero éste sirve de excusa, de ocultamiento”, afirma Dora Lucy Arias, abogada y activista de la Corporación Colectivo de Abogados José Restrepo (CCAJAR). El viejo conflicto con las guerrillas se utiliza como legitimación de una “violencia estatal y paraestatal dirigida a imponer un modelo de desarrollo neoliberal”, como explica el politólogo Carlos Medina Gallego. Su aseveración se confirma para el caso de la palma, cuya expansión ha llegado a los territorios asociada a los más truculentos episodios de violencia militar y paramilitar.[2]

A los vecinos de María La Baja, una región que el Estado reconoció como foco del conflicto armado y el despojo, les prometieron que les restituirían sus tierras, como prometió la Ley de Víctimas aprobada en 20115, y celebrada como un pilar para el llamado “posconflicto”. Pero esa ley ha demostrado tener sus fallas, entre otras cosas, porque muchos campesinos tienen miedo para reclamar sus tierras, o desisten de hacerlo tras recibir amenazas. Uno de los problemas que encuentra la ley es que, muchas veces, las tierras han sido puestas a nombres de testaferros, es decir, aquellos que despojaron por medios violentos vendieron esas tierras a compradores, supuestamente, de buena fe. “La ley de restitución de víctimas sólo tiene diez años de durabilidad; ha pasado la mitad del tiempo y si digo que se ha restituido las tierras al 5%, ya es mucho”, señala Wilmer. ¿Y entonces? “Quieren hacer legal lo que fue ilegal”, concluye Pedro. En otras palabras: legitimar el despojo y ordenar el mercado de tierras en Colombia, colocándolo al servicio de un modelo agroindustrial orientado a la exportación. [3]

La mayor parte de los campesinos entrevistados comparten la opinión de Luisa: “Me parecen bien los acuerdos de paz, pero el miedo es que se queden en un papel. La paz no se construye en La Habana, se construye en las veredas, en los hogares”. La paz se teje en los territorios, y las comunidades campesinas proponen cómo: permitiendo que las comunidades rurales puedan permanecer en sus territorios con dignidad, haciendo eso que saben hacer: producir alimentos “mucho más saludables que los que vienen de fuera del país”, como recuerda Natalia. Se trata de reivindicar la dignidad del trabajo en la tierra: “Hay que explicarle a la gente de la ciudad el esfuerzo que hay detrás de cada alimento; hay que contarle que los problemas del campo no les son ajenos”. Los intereses del Estado parecen, de momento, lejos de esa propuesta.

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Trabajadores transportando la palma en Tumaco. Imagen de Jheisson L. Restrepo.

Un modelo de control territorial

Las investigaciones de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, tal vez la organización que más ha trabajado con las comunidades afectadas por la palma, concluyen que las AUC, más que desmovilizarse, se reorganizaron, cambiaron de nombre y se hicieron conocer por el eufemismo de bacrim (bandas criminales), pero mantuvieron su objetivo fundacional: el control territorial. Así lo explica, en la sede de Justicia y Paz en Bogotá, Abilio Peña: “Los paramilitares no sólo son un grupo armado: son un proyecto político, económico y social que busca el control territorial, asociado a la ganadería extensiva y a la agroindustria”. El diagnóstico que comparten Peña y Alfredo Molano es que, si en otra época el control territorial sirvió para garantizar la explotación agraria y ganadera en manos de las oligarquías, hoy sucede al contrario: el monocultivo es una forma de garantizar el control territorial. Así sucedió en la región del Magdalena Medio, de la que Molano es profundo conocedor: “Hubo un momento en que la guerrilla robaba el ganado de los latifundistas; los tubos de los oleoductos eran fáciles de romper. Pero con la palma, ¿qué hacían, se robaban un racimo? Una extractora era más difícil de asaltar”.

Para cuando se implantó a sangre y fuego ese siniestro modelo de control territorial, ya había palma aceitera en Colombia. Había llegado en los años 60 a regiones como Tumaco y el Cesar, y se utilizaba, sobre todo, como insumo para la industria cosmética; pero su relevancia y su impacto no habían sido muy grandes. Habría que esperar a fines de los años 90 y comienzos de los 2000 para que una segunda oleada de expansión de la palma aceitera, esta vez más masivo, ocupase los territorios del corredor Pacífico, el Magdalena Medio y los Montes de María. Carlos Murgas, que fuera ministro de Agricultura entre 1998 y 1999, inspirado por la experiencia malasia, instauró el esquema de las alianzas productivas o alianzas estratégicas, por las que los pequeños agricultores firman contratos a 20 o 25 años con las empresas palmeras. El apogeo del modelo coincide con el mandato de Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, los años del apogeo del paramilitarismo, la paraeconomía y la parapolítica en Colombia. [4] Hoy, según los datos de Fedepalma actualizados en febrero de 2016, la palma aceitera ocupa 483.733 hectáreas en 20 departamentos del país, e involucra a 5 mil productores. Y muchos creen que esas cifras podrían estar muy por debajo de la realidad.

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Cosecha de palma en Tumaco. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, región del Chocó, constituyen el caso más documentado y probado de la relación estrecha entre expansión de la palma y paramilitarismo. [5] Pero, por más que se empeñen los defensores de la palma en calificarlo de una “lamentable excepción” que utilizan los críticos del modelo de agronegocio para “caricaturizar al sector” de la palmicultura, como nos dice un consultor del área de la agricultura sostenible que prefiere guardar el anonimato, lo que sucedió en el Chocó y Montes de María fue antes la norma que la excepción. Y lo que ocurrió fue tan escalofriante que es difícil de narrar. Los grupos paramilitares llegaron primero a Cacarica y, a través de la llamada Operación Génesis, lograron expulsar de sus casas a más de 15 mil personas. La estrategia fue la misma que en los Montes de María; la misma que, en esos años, AUC desplegaron en todo el territorio nacional: sembrar el terror. En Cacarica, una pequeña localidad que fue el centro neurálgico del despojo, todavía resuenan en el aire enrarecido los gritos de horror de los hombres y mujeres asesinados en las casas de pique [6], como se llamó a las tenebrosas casas en las que se descuartizó con motosierras a inocentes, o se los degolló a punta de machete, lo suficientemente cerca de sus vecinos y familiares, para que todo el mundo escuchara sus gritos y captase el mensaje: había que huir. En 2005, las comunidades se organizaron y, bajo el liderazgo de Enrique Petro, decidieron volver a sus tierras. Cuando llegaron, tardaron en reconocerlas de tanto que había cambiado el paisaje: donde hubo bosque, donde estaban sus casas, donde habían enterrado a sus muertos, ahora sólo había hectáreas y hectáreas plantadas de palma de aceite.

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Trabajadores recolectando palma en Tumaco. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

En el Chocó, como en todo el corredor del Pacífico colombiano, un emergente movimiento de lucha por los derechos de los afrodescendientes, articulado en torno al Proceso de Comunidades Negras (PCN), había logrado, con ayuda de los movimientos indígenas, que la Constitución de 1991 contemplase el derecho de los afrodescendientes a Territorios Colectivos que, según reguló la Ley 70 de 1993, serían tierras inembargables, imprescriptibles e inalienables, que sólo podían dedicarse a usos forestales a cargo de los Consejos Comunitarios. Se titularon más de 5 millones de hectáreas a partir de 1995 (García Reyes, 2014); exactamente los mismos años en que la presencia paramilitar dejó su siniestra huella en la región. En el Bajo Atrato, más de 20 comunidades huyeron del terror y dejaron desierto el territorio entre las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó; en su ausencia, esos territorios se cubrieron de palma aceitera, aunque gran parte de esas tierras eran colectivas y, por tanto, ese uso era manifiestamente ilegal.

“La primera empresa en conformarse, Urapalma, tuvo fuertes vínculos con los paramilitares. En distintas versiones se señalaron sus lazos con [el tristemente célebre paramilitar] Vicente Castaño”, asegura la investigadora Paola García Reyes. A su vez, el proyecto de Urapalma contó con el apoyo estatal: un informe de la Defensoría del Pueblo de 2002 se refiere a un proyecto de Urapalma y Asopalma para plantar 20 mil hectáreas de palma en territorios colectivos, que recibió subvenciones y diversos apoyos del Ministerio de Desarrollo, la Finagro, el Banco Agrario y la Gobernación de Antioquia. En 2010, “la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura contra los 23 empresarios a los que acusó de ser “verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios” palmeros, según García Reyes.

Las investigaciones de Justicia y Paz han corroborado también la complicidad estatal en la sangrienta expansión de la palma en el Bajo Atrato. En 2004, ya presidente, Uribe fomentó la siembra de palma “a pesar de que una comisión dirigida por el Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curvaradó”, denuncia Justicia y Paz en el informe Agrocombustibles. “Uribe mostró por la palma “más interés que los propios empresarios palmeros”, subraya Abilio Peña. La relación en aquellos años entre Fedepalma, la federación de empresarios palmeros, y el ex presidente Uribe fue tan estrecha que llegó a crear malestar entre algunos empresarios del sector, sobre todo cuando se han ido demostrando los nexos entre el paramiltiarismo y su círculo político más cercano. Sin embargo, el respaldo estatal al sector palmero se mantuvo firme con Juan Manuel Santos, que ha otorgado generosas ayudas al sector. [7] Ocurrió que, pese al empeño de Pastrana, Uribe y Santos, una plaga, la pudrición del cogollo (PC), acabó con las expectativas de crecimiento del sector en la región del Chocó, y terminaron imponiéndose en la región otros negocios, como el banano.

Las comunidades se organizaron, se protegieron de los actores armados a través de zonas humanitarias que gestionan con ayuda de Justicia y Paz, y lograron que el caso llegara a la justicia: 19 empresarios han sido condenados tras demostrarse sus vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, como sucede en Montes de María, la prometida restitución de tierras no llega, frenada por el miedo y las amenazas; “El paramilitarismo permanece: hay más de 300 en la zona”, asegura Abilio Peña.

La planta de la muerte en el Pacífico colombiano

No faltan quienes creen el Chocó que fue un ritual de santería o una venganza de sus muertos: la PC acabó con la palmicultura casi tan rápido como ésta había llegado. De esa plaga poco se sabe, pese a que los ingenieros agrónomos llevan años estudiándola: se cree que es un hongo; algunas investigaciones relacionan la plaga con el glifosato, un agroquímico muy cuestionado por sus posibles impactos sobre la salud. Lo que sí se sabe es que se extiende con rapidez allí donde el clima es muy húmedo: por eso en regiones con temporada seca, como Montes de María o el Meta, la planta sobrevivió sin problemas, pero en el corredor Pacífico, donde las lluvias son constantes todo el año, la enfermedad del cogollo arrasó con la palma. Tal vez, como nos dirá Víctor Arroyo al otro lado de la frontera, es que la naturaleza se defiende porque sabe que el monocultivo no le hace bien. Lo cierto es que todo monocultivo es proclive a desarrollar plagas; de ahí la necesidad de usar cantidades crecientes de pesticidas, funguicidas y un sinfín de productos agroquímicos agresivos con los ecosistemas y la salud humana.

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Los estragos provocados por la plaga de la PC en Tumaco. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

Desde Panamá hasta el norte de Ecuador, esa franja del Pacífico se denomina Biorregión del Chocó: es una selva tropical húmeda que ha sido definida como una de las más biodiversas del planeta; es, a su vez, una región mayoritariamente habitada por comunidades afrodescendientes. Ha sido también la zona escogida para plantar un monocultivo que a su paso acaba con toda la biodiversidad, biológica y cultural. A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones ambientalistas por visibilizar ese ecosistema como uno de los hotspot de biodiversidad del planeta, desde hace dos décadas esa exuberancia vegetal viene cediendo ante la expansión acelerada del cultivo de la palma aceitera: “Allí donde hay palma, no crece nada más”, nos repiten los campesinos. No pareciera muy certero, en un contexto de crisis climática, destruir tanta biodiversidad, esa que garantiza la resiliencia de los ecosistemas, esto es, su capacidad para recuperarse de las agresiones externas. Pero cuando lo que manda es una rentabilidad medida en dólares, gana la palma.

Cualquiera que esté familiarizado con la palma aceitera sabe que, una vez le entra la PC a la planta, es cuestión de tiempo que muera. No hay nada que hacer. La PC se expandió rápidamente del Chocó a Esmeraldas, al norte de Ecuador, llevando a la ruina a los pequeños productores que habían entrado en el negocio. Fue lo que sucedió en Tumaco, la principal localidad del Pacífico nariñense, en la frontera con Ecuador. “La palma llegó a Tumaco a fines de los 80 y se presentó como el gran proyecto que resolvería la vida de las comunidades”, cuenta Tatiana (nombre ficticio), una activista vinculada al PCN. El Estado, que nunca había brindado a los pequeños productores ninguna ayuda agrícola, fomentó la palmicultura ofreciendo créditos blandos y promoviendo las alianzas, siempre asimétricas, entre empresas y campesinos. “Ahí comenzó el proceso de compra de tierras y expropiaciones: quienes no querían vender, fueron amenazados. La palma fue ganando terreno y, como en mitad de la palma no puede crecer nada, se fue acabando todo lo que se plantaba para la subsistencia: plátano, frutales, cacao”, prosigue Tatiana. Una buena parte de las tierras habían ganado la titularidad colectiva a través de la Ley 70, pero, pese a que la legalidad lo prohibía, las palmicultoras compraron tierras, mientras muchos campesinos se endeudaban con créditos blandos para plantar palma.

En esas llegó la PC y arrasó con los cultivos. Ocho mil familias perdieron su fuente de ingresos, según documenta el informe Que nadie diga que no pasa nada, publicado por la Diócesis de Tumaco en 2011. “El 70% de los cultivos murió entre 2001 y 2003”, asegura Tatiana. Enormes campos de palma quedaron reducidos a un cementerio. Muchos de esos campesinos arruinados emigraron a Ecuador, como muchos otros habían hecho antes, huyendo de la violencia paramilitar y de los chantajes de la guerrilla. Pese a ello, la palma siguió considerándose como el modelo de desarrollo para la región: a día de hoy se están ensayando semillas híbridas que, aunque son menos productivas, son más resistentes a la enfermedad.

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La carga de palma llegando a la planta procesadora. Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

En Tumaco, el miedo se mide por la densidad del silencio. “La zona está muy militarizada, uno no sabe: para que vengas a visitar la comunidad habría que convocar a la guardia indígena. Todo tiempo hemos recibido amenazas”, nos dice una líder indígena. “No sería la primera vez que tenemos un muerto por haber ido por ahí a investigar”, nos advierte uno de los pocos líderes sociales que se anima a recorrer con nosotros las plantaciones. Pocos quieren hablar; nadie se atreve a dar su nombre. Esta región fronteriza es hoy un territorio atravesado por la violencia, abandonado por el Estado y en manos de dos bandas criminales, Los Rastrojos y Águilas Negras, que controlan no sólo el narcotráfico, sino las mototaxis que articulan el transporte interurbano, y el tráfico de gasolina traída ilegalmente de Ecuador, como denuncia el informe de la Diócesis. El mismo estudio señala que prácticas barriales de jugar, visitar y compartir con los vecinos “han disminuido en algunos sitios, en otros han desaparecido”. La ilegalidad, la palma o el abandono de sus tierras aparecen como las únicas oportunidades vitales; la prostitución infantil no deja de aumentar. “Los jóvenes no tienen horizontes ni sueños; todo está atravesado por la violencia. La gente se vuelve conformista: hay miedo y silencio”, lamenta Tatiana.

Al silencio había precedido la lucha de hombres y mujeres como Daira Quiñonez. Hablamos con ella en Bogotá, donde vive desde hace años, alejada de su tierra, a la que nunca pudo volver. Los paramilitares mataron a su madre y a su esposo, agredieron a uno de sus hijos, la mantienen a ella amenazada, en las listas negras que con total impunidad siguen publicando. Ella resiste desde la fría capital, tejiendo un proceso de resistencia que pasa por la recuperación de sus raíces culturales, de sus plantas medicinales, sus creencias espirituales. Habla con la fortaleza de quien supo habitar en paz en medio del horror. “Contra la palma luchamos desde el primer momento. En 1992 ya venía una avalancha de masacres y desplazamientos. La estrategia de los palmicultores fue apoyada por la Caja Agraria: hubo personas que se negaron a plantar palma, así que entraban en su tierra, los amenazaban, o los mataban. Todo esto se invisibilizó; muchos tuvieron que marcharse a Ecuador”. Al líder del movimiento afrodescendiente en la región, José Arístides Rivera, lo mataron el mismo mes que veían reconocido su derecho a la titularización colectiva de tierras. Los paramilitares, a sangre y fuego, se fueron adueñando del territorio. Recuerda Daira: “Más que un cultivo, la palma ha sido el pretexto para quitarle la tierra, y la vida, a la gente. Muchas mujeres siguieron resistiendo, plantando cultivos tradicionales: ellas siempre fueron el corazón de la lucha”.

Las palabras de Daira Quiñonez llegan certeras, cargadas de la autoridad de quien supo transformar el dolor en fortaleza, la injusticia en dignidad: “La lucha es por la tierra. La palma está fuerte: se han perdido vidas, y en esta guerra se ha debilitado el movimiento social que habíamos construido; dividieron a las comunidades, mataron a nuestros líderes, a Yolanda Cerrón, Francisco Hurtado, José Arístides. Ellos decían: que me maten por la tierra, que yo de aquí no me voy. Su espíritu nos da aliento, la memoria de nuestros ancestros nos guía. Ellos son la base de nuestra fortaleza espiritual, nos enseñan que debemos luchar por recuperar la armonía con la tierra, con nuestros corazones, para sanar todas las impurezas que ha generado esta larga guerra. Debemos sembrar buenos vivires. Algún día esos monopolios entenderán que no somos nada sin el aire, sin la tierra. Que somos espíritu”.

 

Notas al pie
[1] Varias personas cercanas al círculo del ex presidente Uribe han sido detenidas o imputadas por vínculos con el paramilitarismo, lo que en aquel momento se llamó “parapolítica”. No faltan las acusaciones a Uribe Vélez por esos mismos nexos, tanto con los grupos paramilitares como con los narcotraficantes que, en los años 80, financiaron su creación en territorios como el Urabá y el Magdalena Medio.

[2] Según el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro de Memoria Histórica, las guerrillas han sido responsables de la mayor parte de los secuestros y atentados contra el patrimonio, mientras que la mayor parte de los asesinatos, masacres y desplazamientos masivos son responsabilidad de los grupos paramilitares, que han contado con la complicidad, por acción u omisión, de las Fuerzas Armadas y de una parte del aparato estatal: es lo que en su día se conoció como “parapolítica”.

[3] Para un análisis sobre las contradicciones sobre la promesa de restitución de tierras a las víctimas y el modelo de desarrollo agroindustrial, véase el estudio de Paula Martínez publicado en 2013 por FDCL y TNI.

[4]Son numerosos estudios que documentan la parapolítica y la relación directa del terror paramilitar con el despojo de millones de campesinos desplazados. Remitimos a los informes anuales sobre derechos humanos de Human Right Watch y Amnistía Internacional y, para el análisis específico de la palma, a los completos estudios de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, disponibles algunos de ellos en su web.

[5] El caso del Bajo Atrato está ampliamente documentado y reconocido, por las organizaciones de derechos humanos y por el propio Estado colombiano, como una de las zonas donde ocurrieron violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzados. Véase, por ejemplo: el informe El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad Ambiental, territorial y derechos humanos, de Human Rights Everywhere y Diócesis del Chocó, publicado en 2004; Curvaradó y Jiguamiandó: Informe de Verificación Bajo Atrato 2012, realizado por una Comisión Internacional de organizaciones humanitarias; “La gran prueba de la restitución de tierras de Santos”, en La Silla Vacía, publicado el 18 de marzo de 2011.

[6] Véase “Historias de una casa de pique”, en El Espectador: ; “Herederos de la esclavitud en Buenaventura”, en Justicia y Paz; “¿Qué pasa con Buenaventura”, en Amnistía Internacional.

[7]Según el informe de Houtart y Justicia y Paz (2014), ese “tratamiento privilegiado al sector palmero” se traduce en las siguientes cifras: la palma recibió en 2010 el 7% del total de créditos del Programa Desarrollo Rural con Equidad, el 11% del Incentivo de Capitalización rural (subsidió a las tasas de interés de los créditos rurales) y 280 mil millones de pesos colombianos (unos 82 millones de euros) para créditos de la Finagro [Fondo para el Financiamiento del sector agropecuario].

 

Bibliografía de referencia
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