“¿Qué comeremos, si todo es palma y caña?” Modelos de desarrollo en pugna: monocultivo vs soberanía alimentaria

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Trabajadores recogen el fruto de la palma en Tumaco, en la costa del Pacifico colombiano. Imagen de Jheisson L. Restrepo.

La selva ya está desarrollada; la selva es vida”

(Fanco Viteri, dirigente indígena de Sarayuku, Ecuador)1

Aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo finito o es un imbécil o un economista”

(K. Boulding)

Decir que el aceite de palma está presente en uno de cada dos productos que podemos adquirir en un supermercado implica reconocer la centralidad de este aceite en el modelo de consumo mundial. El aceite de palma es, como ya hemos visto, un ingrediente profusamente utilizado por la industria agroalimentaria para la elaboración de alimentos ultraprocesados, desde margarinas a panadería y bollería; de hecho, las mayores compradoras de aceite de palma son los grandes grupos empresariales del sector alimentario, como Unilever y Nestlé. Salvo en ciertas regiones de África, Asa o en Brasil, este ingrediente no es empleado directamente por los hogares, sino que es sinónimo de industria, de largas cadenas de valor que comienzan en el Sudeste asiático o la América tropical y terminan, cada vez más, en un supermercado o gran almacén, perteneciente a su vez a otra gran cadena, como Wal-Mart o Carrefour. La preeminencia de grandes corporaciones multinacionales se reproduce en el caso de cosméticos, jabones o detergentes. Y está también un segundo uso, vinculado a otra cadena de valor global igualmente compleja: el mercado del biodiésel, impulsado por una Unión Europea que en 2014 destinó 3500 millones de litros de aceite de palma a producir agrocombustible, según la organización Transport & Environment. Pero la palma, además, está fuertemente conectada con los intereses de las grandes transnacionales del agronegocio, como Cargill, y con entidades financieras que participan del mercado de materias primas o commodities, un tema al que dedicaremos otro capítulo de esta investigación, porque ya nada, o casi nada de la economía mundial puede entenderse sin la creciente financiarización de todo, comenzando por la naturaleza.

A lo largo de este reportaje, trataremos de visibilizar y entender cómo el monocultivo palmero expande un modelo de desarrollo hegemónico, orientado a la ganancia y la reproducción del capital, a territorios que hasta ese momento estaban consagrados a la producción de alimentos. Se enfrentan dos modelos de desarrollo: el agronegocio frente a la agricultura campesina. Y la adopción de uno u otro tiene profundas consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales y, también, sobre los ecosistemas. El paso de comunidades enteras de las formas de hacer y ser campesinas al trabajo para una gran multinacional implica todo un reguero de consecuencias que, en las líneas que siguen, trataremos de trazar.

El caso de la palma aceitera es paradigmático de la profunda transformación de la agricultura mundial a la que asistimos. En su cualidad de materia prima flexible,2 el aceite de palma es una commodity cada vez más apetecida por los mercados internacionales. Por eso, gobiernos, instituciones supranacionales y empresas de diferentes sectores convergen en el interés de fomentar el monocultivo palmero como forma de inserción en las redes globales de valor3 de territorios que, hasta entonces, permanecían relativamente independientes de la economía global. Se expande así un modelo que, a nivel mundial, está copado por un puñado de empresas: según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el 86% del mercado lo controlan cuatro empresas intermediarias -y productoras- de compra venta, con Wilmar a la cabeza, copando el 45% del mercado mundial.4 La cara es el ascenso de estas corporaciones que acumulan jugosos beneficios; la cruz, el retroceso de las economías campesinas de subsistencia, que producen alimentos saludables en mayor armonía con el medio ambiente, pero son calificadas de “atrasadas” y poco productivas. Es a partir de ese atraso que se justifica la penetración de los territorios del monocultivo palmero, que implantan el “desarrollo” con o sin el beneplácito de las comunidades campesinas locales.

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Una vereda en Montes de María. Imagen de Jheisson L. Restrepo.

El papel del Estado y las organizaciones supranacionales

En 2012, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitó el municipio de María la Baja, en la región de los Montes de María, cerca de Cartagena. En ese municipio de población campesina y afrodescendiente, uno de los que sufrieron con mayor virulencia la estrategia del terror practicada por los grupos paramilitares en los años 2000, aseguró: “Colombia tienen un potencial de aumento de su producción de alimentos […] yo añoro que este aguacate se pueda vender en un supermercado en Miami en ojalá no mucho tiempo”.5 Cuatro años después, los aguacates, la yuca o el arroz siguen escaseando; pero hay palma, mucha palma. Entre 2001 y 2007, el área sembrada de palma se incrementó en un 11,9% anual, según TNI, en parte, gracias al importante rol del Estado al impulsar este cultivo.6

Los campesinos colombianos han visto, en las últimas décadas, como los tratados de llibre comercio abrían la puerta a productos agrícolas a precios por debajo del coste, al tiempo que aumentaban los precios de los insumos, como semillas y pesticidas, sin que el Estado les facilitase ninguna ayuda; de ahí que muchos campesinos se pasasen a la producción de cultivos ilícitos, que les garantizaban una mayor rentabilidad, aunque también les sometían a la injerencia de los grupos armados. La palma se presentó como una alternativa: “un sector lícito, competitivo y rentable”, en palabras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que oculta ese discurso que legitima la expansión de la palma por su rentabilidad es que ésta se basa, en parte, en los generosos subsidios y el marco institucional hecho a la medida de los grupos empresariales del monocultivo palmero. “Todos los préstamos al agro eran para la palma: no había nada más”, explica en Tumaco, al suroccidente del país, una activista del Proceso de Comunidades Negras (PCN). El resultado: “Mucha gente se empobreció, perdió su tierra. Desaparecieron los productores tradicionales: ya no se produce para la casa, sino para la industria.

La expansión de la palma contó con el apoyo decidido del Banco Mundial y de las agencias de desarrollo, como la USAID. Ésta apoyó, en la primera década del siglo, 26 proyectos palmeros bajo el modelo de “alianzas productivas” entre pequeños cultivadores y productores de aceite con una inversión total de 194 millones de dólares, según la USAID. “Ese dinero fue muy importante para la reciente expansión palmera a partir del 2001 . Así que los empresarios palmeros ni siquiera pusieron el capital para expandir las plantaciones bajo el modelo de alianzas”, explica la académica Victoria Marin-Burgos, que investigó a fondo este mercado para su tesis doctoral. La financiación aportada por la USAID se dedicó a ayudas para el acceso al crédito de pequeños campesinos, en subvenciones para comprar semillas a las empresas líderes del sector, o en capacitación.7 El crédito representa un papel creciente en las familias campesinas. El desarrollo rural cada vez se considera más como una cuestión de inclusión financiera, y en este sentido es clave el papel del Estado y de las agencias de desarrollo, cuyo papel fundamental pasa a ser que los campesinos tengan acceso al crédito.8 Pero, para acceder al crédito, los campesinos deben escoger plantar palma y dejar de cultivar alimentos para el consumo local. En pocas palabras, este tipo de instituciones entienden el desarrollo como inclusión del campesinado en el circuito financiero y las redes de valor globales.

A imponer ese modelo han contribuido de forma determinante instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que a través de los planes de ajuste aplicados masivamente a los países del Sur durante los años 90, impusieron el desmantelamiento de las políticas agrarias de decenas de países. El caso extremo es el de África: era autosuficiente e incluso exportadora neta de alimentos (1,3 millones de toneladas al año entre 1966 y 1970); después de los planes de ajuste, tiene que importar el 25% de los alimentos que se consumen, y convive con cíclicas hambrunas.9 Otro caso extremo: Haití, que en los años 80 era autosuficiente en arroz, fue inundado, tras el paso del FMI, por el arroz subvencionado de Washington; hoy, el Gobierno haitiano gasta el 80% de sus ingresos en comprar comida. En palabras del ex relator de la ONU Jean Ziegler: “Allí donde hace estragos el FMI, se encogen los campos de mandioca, de arroz y de mijo. La agricultura de subsistencia muere”. Siempre, con el argumento del desarrollo: “Para maximizar sus ventajas comparativas y acumular divisas, se invita a los fuertemente endeudados países del Sur a centrarse en unos cultivos con mayor valor añadido en los mercados internacionales”.10 Tampoco ha sido menor el papel de la Unión Europea que, al promover enfáticamente los agrocombustibles como solución al cambio climático, creó a nivel internacional la expectativa de que ese mercado tenía futuro.

En Indonesia, el Banco Mundial también tuvo un papel importante en la expansión del aceite de palma como modelo de desarrollo económico. El aceite de palma llegó al archipiélago asiático a principios del siglo XX de manos de los colonos holandeses, pero su expansión se limitó a ciertas áreas de la isla occidental de Sumatra. El dictador Suharto, bajo la política del ‘Nuevo Orden’, se propuso desarrollar el país impulsando ciertos sectores clave, entre ellos el de la producción de aceite de palma, siguiendo el modelo de la vecina Malasia. El Banco Mundial colaboró apoyando el programa de transmigración, ya iniciado por los propios holandeses para proveer de mano de obra a las plantaciones, por el que se buscaba que los habitantes de la superpoblada Java se desplazaran a otros lugares con menor densidad de habitantes. A menudo, este programa de transmigración estuvo ligado al aceite de palma, ya que los campesinos eran enviados a plantaciones u obligados a plantar la palma aceitera. Hoy en día, Indonesia ya es el principal productor mundial de aceite de palma y el programa sigue activo, aunque a una escala mucho menor que en los años 80, y varios gobiernos regionales han iniciado programas de reducción de la pobreza ligados al aceite de palma por el que se dan tierras que sólo pueden ser destinadas las altas palmeras.

Los resultados de estos programas de desarrollo son continuamente discutidos. Varios estudios de académicos han defendido tanto la bonanza del aceite de palma a la hora de incrementar el nivel de vida de los indonesios como el empobrecimiento que suponen para las comunidades locales. Para muchos, el resumen se parece mucho a lo que ocurrió en el pueblo de Dosan, en la provincia indonesia de Riau. Allí, el gobierno local lanzó en 2003 un programa de desarrollo por el que dio tres hectáreas a cada familia para que plantase aceite de palma. Las nuevas plantaciones trajeron más dinero a los campesinos pero también crearon las condiciones perfectas para que el fuego devastara la zona cada vez que llegaba la estación seca. “Yo miré a mis vecinos y vi que tenían más dinero que yo. Por eso elegí el aceite de palma. En ese momento, no entendí las consecuencias del aceite de palma”, asegura Pak Dahlan, líder de los campesinos del pueblo.

Otros han tenido menos suerte, y han perdido sus tierras por la expansión de la industria. Así la ONG Sawit Watch, que monitorea la industria del aceite de palma – sawit significa palma aceitera en el lenguaje local de Indonesia – en el país, tenía registrados 731 casos de conflictos de tierras entre comunidades locales y plantaciones en 2014.11 Muchos de los que han perdido sus tierras terminan trabajando como jornaleros por magros salarios en las mismas plantaciones que antes eran suyas. “Dicen que el aceite de palma trae riqueza, pero, ¿dónde está? Aquí sólo hay casas de gente pobre. El dinero se ha ido a la ciudad”, dice Panut Hadisiswoyo, director del Orangutan Information Center, una organización que trabaja con comunidades campesinas para ofrecer alternativas al aceite de palma y evitar la destrucción medioambiental asociada a esta industria.

Volvamos a Colombia. En el país de las tres cordilleras andinas, los empresarios del sector, aglutinados en la federación de productores Fedepalma, contaron, desde la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), con el firme apoyo del Estado. Una de las conclusiones de la investigación de Marin-Burgos es que el papel del Estado ha sido central: “Otorga subsidios y aporta incentivos, que ha gestionado Fedepalma -que agrupa a nivel nacional a los productores de palma- gracias a su enorme papel de lobby; entre 2000 y 2010, la palma recibió una parte sustancial de todas las ayudas estatales al agro”, asegura la investigadora. Bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el máximo órgano estatal de planificación, publicó dos documentos que favorecían la expansión de la palma, diseñados a la medida del sector; el segundo de ellos, a través de una gran apuesta en los biocombustibles. Fueron las activas políticas públicas las que posibilitaron el acelerado ascenso de la palma en Colombia: “Los grandes beneficiarios fueron las familias de grandes palmicultores y productores de aceite de palma, muchas de ellas cercanas al gobierno Uribe o financiadoras de su campaña”. Algunas de estas familias son: Murgas Dávila (propietarios de Oleoflores), Dávila Abondado (DAABON Business Group), Eder (Manuelita Business Group) y familia Gutt Haime (Indupalma).12

Alianzas productivas: ¿desarrollo rural o despojo maquillado?

Para Marin-Burgos, las alianzas productivas son el mejor ejemplo de una estrategia de expansión palmera que busca la asimilación del modelo por parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; el otro modelo, más brutal, es la acumulación por despojo, esa que sufrieron las comunidades negras del Pacífico o de Montes de María, obligadas a huir por el terror paramilitar, como ya vimos en mayor detalle en otro capítulo de esta serie. Un tercera vía de expansión de la palma -y, en general, del modelo del agronegocio orientado a la exportación- en Colombia será la constitución de una Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), especialmente en la región del Meta, llamada a ser el granero del país, como sostiene el sociólogo y escritor Alfredo Molano. En buena medida, como tantas veces, Colombia ha sido el país pionero en la implementación de estas estrategias que después se van expandiendo a otros países, como Guatemala y Ecuador.

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Trabajadores de la palma en Esmeraldas (Ecuador). Fotografía de Jheisson L. Restrepo.

De estos tres modelos para la expansión de la palma, nos detendremos especialmente en las alianzas productivas o alianzas estratégicas, que se expanden por diversos países del mundo, para la palma pero también para otros monocultivos apetecidos por los mercados financieros internacionales, como la caña de azúcar. Las alianzas productivas han sido defendidas por Fedepalma y por los sucesivos gobiernos de Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos como vía para el desarrollo rural y alternativa a los cultivos ilícitos, esto último pese a que, como señala Marin-Burgos, la palma y la coca se desarrollan en condiciones de suelo y clima totalmente diferentes. Fedepalma asegura que, a través de estas alianzas con los productores, se crean puestos de trabajo, se favorece la inclusión y se lleva el desarrollo a zonas antes abandonadas. En muchos casos, los campesinos entran en la palma porque no existe ninguna otra alternativa, y quedan después sometidos a los vaivenes de los precios internacionales. Eso, por no hablar de quienes, como sucedió en Nariño a miles de campesinos, ven cómo la enfermedad de la pudrición del cogollo acaba con toda su cosecha: allí, “los subsidios no alcanzan. Los campesinos que le apostaron, que creyeron en el modelo, ahora están en la ruina” en las zonas afectadas por la plaga de la pudrición del cogollo, afirma Marin-Burgos.

En Montes de María, el modelo del despojo, perpetrado a sangre y fuego por los grupos paramilitares, convive con las alianzas productivas. Antes de la sangrienta llegada de la palma la agricultura campesina convivía con el arroz, ese sí, en propiedad de grandes empresas. La situación se complicó cuando, fruto de acuerdos de comercialización con Estados Unidos que después desembocarían en el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, Colombia comenzó a importar arroz barato, a precios con los que el campesino no podía competir. Y ahí entra en juego el ingeniero agrónomo Carlos Murgas, ministro de Agricultura con Pastrana y principal artífice de la expansión palmera en la región: “Apareció Murgas para sembrar el desarrollo, y prometió a los campesinos que se crearía mucho empleo; ellos, que ya estaban endeudados, le creyeron. Era además la solución que el Estado daba al campesino, se daban créditos para que todos entraran en la palma, y sólo a eso”, explica un líder comunitario en María La Baja. Pero ese modelo tenía trampa: “Les proveen la capacitación, los insumos, todo; pero eso se lo descuentan de lo que deberían pagarles por la palma. A veces, el cheque llega en cero, y entonces te dan otro crédito: así amarran a la gente. El riesgo, al final, es perder la tierra”, explica Vanegas.

“En muchos casos, los campesinos le apostaron a ese modelo, le creyeron a las empresas, y ahora están en la ruina”, asevera Marin-Burgos, y explica: “Los contratos son muy desiguales. Todas las ventajas son para los palmeros. Les venden un plan seductor, pero quedan amarrados por contratos que son muy desiguales: las grandes empresas evitan los riesgos asociados a la producción del fruto de palma, y ganan con los procesos de transformación que agregan más valor”. Los agricultores pierden el control sobre qué plantan y a qué precio lo venden: durante 20 o 30 años que dura el contrato, están obligadas a vender a una empresa que, en la práctica, será quien marque el precio. Además, como los contratos comienzan con la concesión de un crédito, normalmente se crea un fideicomiso que administra el dinero. Así lo ha verificado el sociólogo y escritor Alfredo Molano: “Les venden semillas, abonos, fumigantes, toda la asistencia técnica hasta que la palma comienza a dar fruto, 3 o 4 años después de la siembra: entonces comienzan a pagar la deuda acumulada. Ahí empiezan las trampas: porque la empresa dice que el corozo (el rojo fruto de la palma) no lo compra suelto, ni el verde o demasiado maduro, o pagan al peso en una pesada que nadie vigila. Muchas veces, tienen una cooperativa de venta de alimentos a las que los campesinos compran todo, la comida, las botas, los machetes, porque eso también lo pone el trabajador. Cuando al tipo lo van a liquidar el mes, hacen las cuentas y salen a deber, así que el endeudamiento va creciendo, y en última instancia, si no puede pagar, la garantía es la tierra”.

“A las grandes empresas no les interesa la propiedad, sino el uso del suelo: se trata de extraer la mayor cantidad de nutrientes en el menor tiempo posible”, sostiene el economista ecuatoriano Alberto Acosta. “Lo que quieren es asegurarse el suministro de productos agrícolas para sus mercados. Para ello, vinculan a los pequeños propietarios con las cadenas alimentarias globales: si ese campesino no quiere estar dentro, se queda al margen, excluido, marginalizado. Son otras formas de dominación: hay una suerte de neocolonización de la agricultura que tiene que ver con la demanda de los países centrales”, añade. Aunque los campesinos mantengan la propiedad de la tierra, pierden el control de lo que producen a través de esos contratos a 25 años. Así lo explica el ingeniero agrónomo ecuatoriano Víctor Arroyo: “Es una tendencia mundial que la producción se va desligando de la tenencia de la tierra. Se dan contratos de precompra: tú siembras, yo te compro la producción; a través de un crédito, te entrego insumos y asistencia técnica, y tú sólo me puedes vender a mí. Así, las empresas derivan el riesgo. Ese modelo se replica en todas partes: Malasia, África, Centroamérica. La tierra que antes estaba en manos de los campesinos pasa a estar en pocas manos. Es la nueva configuración del capital”. Así, Wilmar, la empresa que controla el 45% del negocio palmero sólo produce por si misma el 5%; el resto lo compra a productores supuestamente independientes.

El agronegocio vinculado a la palma aceitera es el mejor ejemplo de cómo, en el sector agrícola, se reproduce a nivel mundial la misma tendencia que en el sector manufacturero: cada vez más, el valor se agrega -es decir: los beneficios se obtienen- en las fases de diseño (cabe decir, semillas) y distribución, pero no en la producción.13 Por eso, como nos repiten sobre el terreno investigadores y activistas, cada vez parece ser menos importante la propiedad del suelo: lo esencial es mantener el control sobre el uso del suelo. Los pequeños productores, apunta la Mesa Redonda sobre la Palma Sostenible (RSPO), controlan entre el 30 y el 40% de la producción palmera global. Y eso se logra a través de un modelo que, en países como Colombia, se ha llamado de alianzas productivas o estratégicas. Según este esquema, los pequeños propietarios de tierra firman un contrato con la empresa palmera mediante el cual se comprometen a vender el fruto a la empresa durante los 20 o 25 años que dura el contrato; a cambio, reciben créditos blandos, subsidios y asistencia técnica, beneficios de los que no gozarían si continúan plantando cultivos para la alimentación local, como maíz o yuca. Dada la asimetría en estas alianzas entre pequeños agricultores y grandes empresas, que gozan además del apoyo gubernamental, los campesinos tienen pocas posibilidades de negociar a su favor el precio del fruto o las condiciones de pago; pero son ellos los que cargan con todos los costos si la cosecha es mala o si, como sucedió en la costa pacífica colombiana y ecuatoriana, el monocultivo se ve aquejado por alguna plaga.

“El modelo del agronegocio implica que pueblos enteros terminan siendo dependientes de la palma; es por eso que no hay una línea divisoria en las comunidades entre los que están a favor o están en contra: es un asunto más complejo”, explica Marin-Burgos. Muchos defienden la palma, simplemente, porque no hay alternativa; y a quien no tiene opciones, es fácil imponerle las condiciones laborales más leoninas, sobre todo en países donde, como en Colombia, Honduras y Guatemala, los asesinatos de sindicalistas y activistas sociales son una realidad cotidiana. Así nos narra su experiencia un trabajador en Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, uno de los territorios colombianos donde la presencia paramilitar sigue imponiendo el silencio: “No está bien pagado, pero es lo que hay. Esta es una zona abandonada por el Gobierno. Sólo hay palma o chocolate y no se apoya al campesinado. Es peligroso cortar, lo hacemos sin protección, pero es que el casco es incómodo”. Uno de sus compañeros explica que sindicarse está prohibido: “No se podía ni nombrar la palabra, que lo echaban a uno”. Difícil, entonces, pedir mejoras, aunque sean tan razonables como la que expone Guillermo, un jornalero de unos veinte años: “Me dedico al control de maleza, a echar el glifosato y los otros químicos. Lo hacemos sin protección; son confiados”, dice, mostrando sus manos agrietadas, que parecerían las de un hombre que le triplique la edad. Cuenta también, aunque no como una queja sino más bien con resignación, que siempre les pagan tarde; ahora, dice, les deben tres quincenas.

Discursos en pugna

Para los defensores del monocultivo palmero, el principal argumento es que la palma lleva el desarrollo y empleo a las comunidades rurales hasta entonces marginales y atrasadas. Difícil entender a qué se refieren con el poroso y ambiguo término de desarrollo; pero lo que sí puede discutirse es si, en efecto, la palma promueve el empleo. En realidad, la palma emplea un trabajador por cada 8 hectáreas, según la USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos, cuando casi cualquier otro cultivo requiere más trabajadores.14 Es más, los esfuerzos de las empresas del sector están encaminadas a reducir ese ratio a través de una mayor mecanización del sector, como ya ha sucedido con la caña de azúcar provocando grandes flujos migratorios.15 También se ofrecen argumentos ambientales, pese a las evidencias de los procesos de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de fuentes hídricas y sobreexplotación de la tierra, la USAID argumenta que la palma capta 40 toneladas de carbón por hectárea, y la Federación Colombiana de Palmicultores sostiene que “los cultivos de palma de aceite son bosques protectores de los ecosistemas” .

La USAID basa su defensa del modelo de desarrollo palmero en “las alianzas entre grandes y pequeños productores” que les han permitido “acceder de manera efectiva a una actividad con altos índices de rentabilidad y comenzar la construcción de una nueva clase media empresarial rural, propietaria de la tierra y con buenos indicadores de calidad de vida”. Gracias a los programas financiados por la palma, se logra vincular “a medianos y pequeños productores con un sector lícito, competitivo y rentable”, según los investigadores del Economic Research Service.16 Pero en los territorios afectados por la palma, donde ésta no es una fría estadística, sino una realidad que afecta cada rincón de la vida de las comunidades, la realidad es otra. “El conflicto es por la tierra y por el agua”, concluye Marin-Burgos.17 Se trata, para Esperanza Martínez, de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, de “modelos de despojo, por los cuales comunidades enteras pierden sus formas de vida y se insertan en la lógica de un mercado que no controlan, que depende del mercado internacional, y entran en procesos de empobrecimiento y marginalidad”.

La palma aceitera, como otros monocultivos, implica la inserción de esos territorios y de esos campesinos en la lógica de la globalización y sus cadenas de valor: los pequeños productores son subordinados a conglomerados agroindustriales que controlan la cadena de las materias primas. Aunque no pierdan la propiedad de la tierra, ya no pueden decidir qué quieren plantar ni a qué precio lo venden. Aunque los pequeños productores de palma aumenten sus ingresos -un 24% en el caso de Colombia, según la USAID-, pierden autonomía. Pasan de producir alimentos que garantizan su sustento, como maíz o árboles frutales, a producir cultivos que no se dedican a la alimentación local, y no son autónomos en ninguna fase de la cadena: necesitan comprar semillas, agroquímicos y otros insumos a las empresas; requieren también de su asistencia técnica, que se impone frente al desvalorizado saber campesino tradicional. Para aquellos que, legalmente, aún tienen la capacidad de elegir qué plantar, técnicamente se les hace imposible; los largos procesos vitales del aceite de palma, de hasta 25 años, encadenan a las comunidades a las plantaciones. “Plantar aceite de palma o no es una de cisión de toda una generación familiar, a veces de dos o tres”, asegura Johan Verbug, asesor sobre cadenas de producción en favor de los pobres de Oxfam, quien ha estudiado la situación en Indonesia.

Todo esto tiene consecuencias, también, en el tejido comunitario: como sostiene la investigadora Sara Mingorria, la llegada de la palma introduce nuevas desigualdades en el seno de la comunidad y quiebra tradiciones e instituciones comunitarias. Si sólo se valora la dimensión cuantitativa de los ingresos, podemos concluir que la palma mejora la situación de pobreza en las comunidades; pero si atendemos a otros factores, como las redes de solidaridad comunitarias y el uso del tiempo, el balance será otro muy distinto.

Posiblemente, la pregunta clave es qué entendemos por riqueza. Y lo más probable es que, con el paso de los años, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida en el planeta, los seres humanos valoremos cada vez más la calidad del aire y del agua, y no tanto la cantidad de objetos materiales que somos capaces de acumular. Así lo enuncia una campesina afrodescendiente en María La Baja: “En estas comunidades de campesinos y pescadores, había la lógica del trueque, salían todos los días a las grandes ciudades cinco camiones cargados de ñame, yuca, maíz, plátano. No teníamos tecnología, pero sí tranquilidad, y eso no se compra con dinero. Teníamos bienestar, en el sentido de que vivíamos bien”.

La dignidad de trabajar la tierra

La seguridad alimentaria se ha visto afectada. La gente ha perdido su vocación, que es campesina, porque no tiene acceso a la tierra”, asegura una campesina en María La Baja. Lo mismo señalan en las comunidades indígenas del Valle de Polochic, en Guatemala, donde tres cuartas partes de la tiérra fértil han sido ocupadas por la palma y la caña de azúcar: “¿Qué comeremos si todo es caña y palma?” El corozo [el fruto de la palma] no se come. Pero no es sólo eso: la palma ha transformado radicalmente la forma en que los campesinos se relacionan con la tierra, y eso afecta de lleno en la manera en que se percibe a sí mismo y a los otros: “Un campesino sin tierra es como un ciudadano sin identidad. La identidad para el campesino es la tierra, su cultura tiene que ver con el cultivo. Si se pierde la tierra, se pierde la identidad, las tradiciones y las costumbres, el legado que nos dejaron nuestros abuelos”, afirma un joven campesino en María La Baja. Un campesino sin tierra es un asalariado más, en un territorio donde la abundancia ha sido reconvertida en escasez, hasta dibujar la palma aceitera como la única solución para la supervivencia de un pueblo, y unos compiten con otros en lugar de regalar la yuca o el plátano como solían hacer.

Un campesino sin tierra pierde también la memoria. En tiempos de la globalización capitalista, el territorio se propone como algo intercambiable, fragmentable, homologable: pero somos seres de lugares, como señala el antropólogo colombiano Arturo Escobar.18 El territorio, el lugar que reconocemos y nos reconoce como parte de una comunidad. Por eso dice el maestro Juan García Salazar, referente de las comunidades afrodescendientes en la región ecuatoriana de Esmeraldas, que “palma es desterritorialización”. Como cuando, en María La Baja, la palma secó el pozo que, durante más de un siglo, proveyó de agua y de historias a la comunidad: “El pozo de La Leticia era el lugar donde la gente de estas veredas compartía, era el lugar de recreo, tantas historias de amor y romance que vio pasar en 100 años. Pero se secó: la raíz de la palma es tan grande que compacta la tierra. Se secó de la tristeza”.

Despojado de su memoria colectiva y de sus conocimientos ancestrales, separado de su tierra, el campesino afrodescendiente queda sumido en la dependencia, a merced de los vaivenes de los mercados internacionales de la palma aceitera. La empresa ya no se refiere a él como campesino, sino como “obrero” o “trabajador”. Él ya no ve crecer la planta desde la semilla hasta la recogida, consciente de los ciclos de la tierra y la luna, atento a guardar las mejores semillas; ahora le venden las semillas y la asistencia técnica y los ingenieros agrónomos y demás personal “cualificado” le dicen lo que ha de hacer; su trabajo se parece más al de un obrero en una fábrica que al de un agricultor. “Uno ya ni sabe qué hora es porque el gallo no canta; ahora es el celular el que hace el sonido ese”, como dice un campesino en María La Baja.

Se pregunta una campesina en María La Baja: “¿Y si dejáramos de cultivar? Si desistimos del campo, se acaba el mundo. Sin campo no hay ciudad, la ciudad la mantenemos nosotros, pero no se nos da el valor que merecemos. En la ciudad ni saben de dónde vienen los alimentos, ni todo lo que hay que luchar para que ellos se los encuentren en el mercado. El gobierno debería apoyarnos, porque somos el sustento de todos. Que las personas que están lejos entiendan lo valioso que es obtener alimento sano, sin químicos”. A fin de cuentas, “el campo es autosustentable; la ciudad no”. Aunque tan a menudo se nos olvide a los citadinos…

 

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Notas al texto

1Citado en Naomi Klein (2015) Esto lo cambia todo. Buenos Aires, Ed. Paidós, pág. 478.
2Las materias primas flexibles o flex crops son aquellas que tienen varios usos: biocombustibles, uso alimentario, piensos para animales, insumos para industrias cosméticas; etc. Así, la palma, el maíz, la caña de azúcar o la soja. Profundizaremos en esta cuestión en el capítulo dedicado a los mercados financieros. Cf. Borras et al (2012).
3El concepto de “redes de valor global” es propuesto por algunos investigadores (Cf. TNI, 2014; Alonso-Fradejas, 2016) como alternativa al de “cadenas globales de valor”, para subrayar la creciente interdepencia entre sectores de la economía, lugares y territorios.
4Las siguientes intermediarias en importancia son Sinar Mas, Golden Agri-Resources, Musim Mas y IOI Group. Cf. Laura Villadiego, “Cinco apellidos del aceite de palma”, en revista Ballena Blanca, abril de 2016.
5Citado en François Houtart et al (2014) Agrocombustibles. Falsa solución global y destrucción local en Colombia. Bogotá, Ed. Desde Abajo/Comisión Intereclesial Justicia y Paz.
6El rol estatal es fundamental para crear un clima favorable a la inversión, justificar el monocultivo jurídica y políticamente y poner a disposición de las empresas que necesitan los inversores (TNI, 2014: 14).
7Cf. Economic Research Service – ERS USAID / MIDAS Crops (2009) “Situación actual y perspectivas del mercado de aceite de palma colombiano”, en USAID, Sostenibilidad de los proyectos de palma apoyados por USAID.
8Soedeberg, citado en TNI (2014: 9).
9Según el sociólogo belga Laurent Delcourt, citado en Robin, Marie-Monique (2013) Las cosechas del futuro.
10Ibidem.
11http://www.foeeurope.org/front-line-biofuels-indonesia-101014
12Cf. Marín Burgos (2014: 129).
13Cf. Kaplinsky (2000).
14“Los monocultivos industriales suelen expulsar más mano de obra de la que absorben” (TNI, 2014: 13).
15En el Valle del Cauca, Colombia, muchos trabajadores, mayoritariamente afrodescendientes, se han quedado sin trabajo tras las inversiones del sector de la caña de azúcar para mecanizar el proceso de cultivo. Gran parte de esos trabajadores se han desplazado a otras regiones, como el Meta, donde han pasado a trabajar en la palma.
16ERC USAID/MIDAS Crops (2009: 81).
17Dice el investigador Iván Roa (2012) que las alianzas productivas fueron una forma de sortear la Ley 70, que daba cumplimiento al derecho de las comunidades afrodescendientes, recogido por la Constitución colombiana de 1991, a la titularidad colectiva de sus territorios ancestrales. Allí donde, como en el corredor pacífico colombiano, los campesinos conservan la titularidad sobre sus tierras, las alianzas productivas permitieron a las empresas palmeras penetrar en territorios colectivos ya titularizados como tales.Sin embargo, muchas voces cuestionan la legalidad del monocultivo palmero en las tierras comunales que, según la Ley 70, deben destinarse al uso comunitario.
18 Cf. Escobar (2012).