Esclavos en el campo argentino

 

La lacra del trabajo esclavo en el campo argentino vuelve a ser noticia. Alrededor de 360 trabajadores estaban sometidos a condiciones análogas a la esclavitud, explotados por una empresa aceitunera en la provincia de La Rioja, al noroeste de Argentina. Así­ lo comprobaron las inspecciones realizadas entre el pasado domingo y el lunes por el Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores (Renatea). La aceitunera en cuestión es Promas, de Mastellone Hermanos, y, según reveló la agencia Télam, la finca inspeccionada pertenece al Grupo Mastellone-La Serení­sima, uno de los grupos empresariales más fuertes dentro del sector alimentario en el paí­s.

La responsable de la delegación de Renatea en La Rioja, Ana Córdoba, confirmó que los trabajadores se encontraban hacinados y en condiciones de alojamiento muy precarias. Además, no percibí­an un salario, sino que cobraban por kilo de aceitunas recogidas, lo que viola la ley de empleo agrario argentina. Además, la empresa incumplí­a la normativa de seguridad: los empleados carecí­an de guantes, protección para el sol y vestimenta adecuada, y usaban precarias escaleras de madera de una sola lí­nea que apoyaban en los árboles. Entre los trabajadores habí­a dos parejas con bebés de ocho y catorce meses.

Unos 150 trabajadores se alojaban en un galpón de chapa que contaba con sólo ocho letrinas. Cada habitación albergaba a treinta personas y contaba con una sola ventana sin vidrios. Se veí­an obligados a cocinar a la intemperie y con la leña que ellos mismos recogí­an. Por supuesto, ninguno de los jornaleros poseí­a libreta de trabajador agrario, imperativa por ley.

La finca, de 1.600 hectáreas, se halla a sólo 18 kilómetros de la capital de la provincia. Quienes allí­ viví­an debí­an comprar los alimentos dentro de la propia finca, a precios desorbitados; la opción de llegar hasta la ciudad en autobús también resultaba muy cara, además de demorada. Y poco tiempo les sobraba a los jornaleros con jornadas de trabajo que rondaban las 13 horas diarias, de lunes a sábados.

El resto de los trabajadores estaban diseminados en casas, muchas de ellas ex prostí­bulos, ubicadas en la ciudad de La Rioja o junto a la carretera. Una de esos ex prostí­bulos perteneció a la difunta Liliana Medina, principal imputada por el caso Marita Verón, según ha publicado el diario Página 12.

El operativo se inició a partir de la denuncia interpuesta por un sindicato local de trabajadores agrarios. La primera denuncia habí­a sido por problemas de salud de un joven cosechero de 22 años; después se sumaron casos de trabajadores despedidos a quienes no se abonaron las jornadas trabajadas.

El Renatea, un organismo público de reciente creación, anunció que iniciará una acción judicial para dilucidar si se cometieron los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas para fines de explotación laboral. Los inspectores del Renatea constaron que, si bien los empleados no estaban fí­sicamente encerrados, sí­ se veí­an impedidos de salir del lugar por motivos económicos.

Vulnerabilidad social

El mismo drama se repite año tras año. Los trabajadores son captados en provincias empobrecidas, como Santiago del Estero, Jujuy y Salta. Una vez en el lugar de destino, se ven sometidos a condiciones deplorables, pero no tienen cómo salir de una situación que se ha convertido en un cí­rculo vicioso sin salida. Los peones relataron que habí­an sido captados mediante engaños en sus regiones de origen por los hermanos Néstor y Omar Flores, alias Los Mellizos. La nueva ley de contratación agraria prohí­be las llamadas ‘empresas de recursos humanos’ en el sector agrario, precisamente para evitar este tipo de abusos.

El drama se repite cada año. En las provincias del norte y del noroeste argentino abunda la población vulnerable, que el explotador traduce en mano de obra barata. Demasiado barata. Muchas veces los ‘reclutan’ con engaños sobre las condiciones laborales que disfrutarán; otras veces, ni siquiera es necesaria esa trampa. Así­ lo relataron los trabajadores de la finca de Mastellone a la agencia Télam: «Venimos y nos tratan mal, nos estafan todos los años. Si venimos es porque tenemos necesidad».

De poco sirven los operativos policiales y las leyes si no se atacan las bases económicas del problema. Mientras la pobreza y la desigualdad persistan en amplias regiones del paí­s, habrá generosas oportunidades para la explotación laboral. Porque, aunque los organismos fiscalizadores han avanzado notablemente para combatir el trabajo esclavo en Argentina, lo cierto es que el Estado no sabe dar a esos trabajadores una solución integral. Una vez ‘liberados’, volverán a sus lugares de origen. Volverán a pasar necesidades. Y se verán obligados de nuevo a dejarse explotar como condición para una supervivencia que a algunos argentinos les sale demasiado cara.

 

* Publicado hoy en elmundo.es.

* Ilustración de Silvana Martins.