En el contexto de la transición energética, los biocombustibles se presentan con frecuencia como una alternativa sostenible a los combustibles fósiles. Las grandes empresas del sector, junto con los medios de comunicación, los enmarcan como una solución limpia y viable para descarbonizar el transporte. Sin embargo, esta visión optimista oculta una serie de impactos sociales y ambientales que pocas veces llegan al debate público.
Detrás del relato de la sostenibilidad y el desarrollo económico se esconde la expansión de los monocultivos como la palma o la soja en territorios de América Latina y Asia. Esto está vinculado al llamado cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, por sus siglas en inglés), un fenómeno que ocurre cuando la producción alimentaria es desplazada hacia otras zonas por cultivos destinados a la fabricación de biocombustibles, provocando deforestación, pérdida de biodiversidad, un aumento de las emisiones que supuestamente se quieren reducir y un incremento de la inseguridad alimentaria, al competir directamente con cultivos destinados al consumo humano.
Por otro lado, los combustibles de segunda generación (producidos a partir de residuos) también presentan algunas dificultades: la demanda de materia prima excede la capacidad local de recolección, lo que ha llevado a importar residuos como el aceite de cocina usado (UCO), principalmente desde Asia. Esto plantea una pregunta: ¿tiene sentido transportar basura por el mundo en nombre de la sostenibilidad? Además, se han detectado fraudes en la venta de aceite virgen como UCO, lo cual reproduce alguno de los impactos de los biocombustibles de primera generación.
En este contexto, los medios de comunicación suelen reproducir un encuadre predominantemente económico, en el cual los biocombustibles son noticia cuando implican inversión, innovación o liderazgo empresarial, pero muy pocas veces cuando generan conflicto o vulneran derechos. Las empresas dominan el discurso y las voces críticas de la sociedad civil apenas tienen presencia en la cobertura. Esta falta de pluralidad contribuye a la construcción de una narrativa hegemónica en la que los biocombustibles aparecen como beneficiosos no solo para el medioambiente, sino también para la economía local, la independencia energética o la generación de empleo. Esta discusión destaca la importancia de que los debates ambientales sean comunicados de forma clara y asertiva, fortaleciendo derechos como el acceso a la información y participación ciudadana, y cuestionando el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de narrativas.
El estudio completo, realizado por María Joséfina Frixione para su Trabajo de Fin de Máster, analiza las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación entre octubre de 2023, fecha en la que se aprobó la Directiva sobre Energías Renovables de la UE 2023/2413, conocida informalmente como DER III, en la que se establece “aumentar el objetivo global de la Unión en materia de energías renovables hasta el 42,5 %” (incluyendo los agrocombustibles), y enero de 2025.
