En el año 2024, los incendios acabaron con más de 10 millones de hectáreas de zonas boscosas en Bolivia. Además de los impactos directos, el fuego tiene otros efectos a largo plazo en las poblaciones. Entre ellos, la desaparición de los medios de vida, el desarraigo y la migración. En Carro de Combate hemos viajado con el apoyo de CERAI al país latinoamericano para documentar la huella que dejaron los incendios el año pasado
Por Aurora Moreno y Laura Villadiego
Cuando el fuego acaba con todo, cuando ya no es posible obtener comida de los chacos, las pequeñas extensiones de terreno que sirven de subsistencia para muchas poblaciones en Bolivia, cuando disminuyen los pequeños emprendimientos productivos que ayudaban a la economía familiar (venta de madera, elaboración de productos a partir de frutos del bosque…), y las lluvias cada vez son menos frecuentes, las poblaciones se ven obligadas a buscar fuera de su territorio lo que ya no encuentran en él.
Lo cuenta Fernando Endara Salvatierra, líder general de Candelaria y segundo vicepresidente del Comité de Gestión del Territorio Alto Paraguá (Bolivia), una zona que lleva años luchando por ser considerada Territorio Comunitario de Origen pero que aún no lo ha conseguido. Fernando asiste, junto a otros representantes territoriales, a la celebración de las fiestas patronales en la comunidad de Colorada. Festejan el Día de San Ignacio, -el 31 de julio- vestigio de la prevalencia de los jesuítas en la Chiquitanía.
“En esta zona [distrito 8] se ha quemado cerca del 95% del territorio, lo que implica que las comunidades no pueden desarrollar su agricultura normal. (Esto) obliga a buscar otras opciones, salir a buscar trabajo a las propiedades ganaderas, o agrícolas. Esto provoca, a su vez, otros problemas sociales: o bien toda la familia se tiene que trasladar, o marcha el marido y los hijos crecen solos”, explica Salvatierra. “También está el problema de acumulación de pobreza en las ciudades: allí hay trabajos -mototaxis, jornaleros, venta ambulante-, que dan ingresos solo para pasar el día. Y descuidan lo que pueden producir en las comunidades, que les ofrece la soberanía alimentaria… Supone la ruptura del ciclo agrícola y de la vida familiar. Hay un problema social con consecuencias funestas en las familias chiquitanas”, continúa. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, asegura, no hay mano de obra disponible en las zonas indígenas porque muchos se han ido a trabajar a la ciudad.
En la cuenca media del Alto Paraguá conviven 13 comunidades indígenas chiquitanas, en su mayor parte dedicadas a la agricultura y recolección de frutos del bosque, así como el aprovechamiento de los recursos piscícolas del río Paraguay. Pero los incendios limitan la posibilidad de quedarse en las comunidades porque los medios de vida desaparecen, a medida que disminuyen los árboles que ayudaban a fijar los recursos hídricos de la zona. “El 100% de las familias dependen de los recursos piscícolas del río, pero con los incendios forestales el agua se va, no hay agua, hay mucha sequía”, explica Lordy Suárez desde la comunidad de San Simón, donde vive junto a su familia. Suárez es un reconocido activista que actuó como portavoz en las marchas indígenas por la defensa del territorio ancestral del año 2024
“Parte de las parcelas se han quemado y no se pueden aprovechar, hay que recurrir a los barbechos -del año anterior-; esto supone que disminuye la producción, ya no hay excedente para vender en los mercados y tener una ganancia extra”. También desaparece la caza para consumo familiar; con los incendios forestales muchos animales mueren o huyen a otras zonas, “esto hace que cada vez seamos más dependientes de lo que se produce en la agroindustria para poder alimentar a la familia”, continúa Suárez. Las comunidades también han visto cambiar el régimen de lluvias. “Hace como unos 10 años ya no llueve así como antes, no hay esa temporada de dos meses nomás de sequía, ahorita son medio año, y eso ya es mucho”, dice Gaspar Oqueret, bombero de la comunidad de Río Blanco. En el año 2024, la sequía y las altas temperaturas volvieron a ser un problema en el país y todo ello se ve agravado por la deforestación. “Por ejemplo, en territorios como San Ignacio de Velasco, la superficie de pérdida de bosque primario ha alcanzado un millón cuatrocientas mil hectáreas, y eso ha tenido una repercusión directa en su principal fuente de agua, la Laguna de San Ignacio, que de tener 240 hectáreas de espejo de agua ha caído un 40% en los últimos dos años”, señala José Marcelo Arandia, director de CIPCA Santa Cruz, una organización que trabaja junto al campesinado y los pueblos indígenas desde hace más de tres décadas.
Al mismo tiempo, también va desapareciendo la biodiversidad: “La agricultura familiar utiliza semillas nativas”, recuerda Lordy, frente a los productos transgénicos de los grandes monocultivos, y se van perdiendo tradiciones y formas de vida. Efectivamente, “Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, con especies endémicas y con una enorme riqueza de ecosistemas, pero enfrenta grandes amenazas a dicha biodiversidad debido a la agroindustria”, explica Alejandra Galán Villamor, técnica de proyectos de la ong valenciana CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional). “Este crecimiento de la agroindustria tiene un impacto negativo ya que afecta de manera directa a sus medios de vida (…). Además de este impacto negativo en las poblaciones rurales y por consiguiente en la agricultura familiar, provoca una alteración en los ecosistemas, amenazando a la rica y amplia biodiversidad boliviana”. Y con la pérdida del bosque, va desapareciendo todo lo demás. “El territorio para nosotros es nuestra casa, es nuestro mercado y nuestra farmacia. Lo es todo. Es el que nos produce vida y nosotros vivimos en él porque nos da la oportunidad de seguir estando, con nuestra forma y manera de ser y estar en el mundo, sin perder nuestra esencia como pueblos indígenas”, cuenta con orgullo Lordy Suárez mientras nos explica su relación con la naturaleza aprovechando la tupida sombra que ofrece el techado de hojas del porche de su casa.
Y se ven reducidas las oportunidades de las mujeres que elaboran productos a partir de los recursos del bosque. Productos como cremas, champús o geles extraídos del cusi, el chamular o el copaibo: “Nuestra materia prima está en el bosque (…) El año pasado fue un año muy duro. Intentamos por todos los medios protegerlo, pero no se pudo, rebasó nuestra fuerza (…) Prácticamente quedamos sin apoyo y sin nada que hacer también. La asociación se vio muy afectada porque sus árboles mayores se quemaron y va a tardar mucho en regenerarse (…), explica Victoria Yopié, secretaria de la organización Buscando Nuevos Horizontes de Palmarito de la Frontera, una comunidad de más de 600 personas, situada a unos 75 kilómetros de Concepción.
El origen de los incendios
Estos incendios, que en el año 2024 afectaron a más de 10 millones de hectáreas en Bolivia y expulsaron a la atmósfera las mayores emisiones de CO2 causadas por incendios forestales de la historia del país, fueron en su mayor parte resultado de quemas provocadas con el objetivo de sembrar nuevos cultivos y ampliar la frontera agrícola. Quemas que en muchas ocasiones cuentan con autorización por parte de las autoridades competentes, ya que forman parte del impulso desarrollista impulsado desde el año 2010 con la flexibilización de la legislación con el objetivo de aumentar la producción. A partir de entonces se pusieron en marcha medidas que han favorecido la expansión de la agroindustria, especialmente de soja, facilitando la concesión de permisos para las quemas, tal y como recoge el informe Incendios forestales 2024. Tras las huellas del fuego, elaborado por la Fundación Tierra y la Alianza por el Ambiente y el Territorio.
Por dar solo un ejemplo: a fecha de octubre de 2024, un informe elaborado con datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques de Bolivia señalaba 3.261 focos de calor en el país y registraba incendios activos en 29 municipios y 32 comunidades de tres departamentos: Santa Cruz, Beni, y la Paz. Y para esa fecha los fuegos ya habían comenzado a disminuir: los meses más duros fueron entre julio y septiembre, cuando buena parte del país, especialmente Santa Cruz y Beni, se vieron arrasados por los incendios. “Fue un incendio, la verdad, que hizo un desastre en nuestro territorio, porque se quemó todo, se quemaron miles y miles de hectáreas de montes”, recuerda Marcela Chové Rojas, lideresa de la central indígena de Concepción. Por eso, las comunidades se preparan para que no vuelva a suceder: “Ahora estamos tratando de hacer prevención (…) Estamos capacitando a las cuadrillas de bomberos comunales, que son los que viven en la comunidad (…) También estamos trabajando con mujeres (..) que van a monitorear el territorio para prevenir y controlar este tema de los incendios”, asegura.
“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de las autoras y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana”
