La disputa científica es política: el caso de la soja transgénica y el glifosato

Publicamos el tercero de una serie de tres artículos que sintetiza nuestra investigación sobre la soja transgénica, que fue posible gracias a los mecenas que aportaron para su financiación en nuestro crowdfunding en Goteo de 2018. El primero de los textos se centró en cómo entró el monocultivo en Argentina y Paraguay y cuál fue el contexto político que permitió su rápida expansión; el segundo dio cuenta de las resistencias populares al modelo sojero. Abordamos por último el debate en torno a la disputa científica desde el convencimiento de que, aunque se quiera disfrazar de neutral, la ciencia también es política. Os recordamos que encontraréis más información sobre la soja, amplias referencias bibliográficas y un contexto acerca del modelo agroalimentario basado en monocultivos en nuestro libro ‘Los monocultivos que conquistaron el mundo’, editado por Akal.

 

*Imágenes: Huerquen, comunicación en colectivo.

Hay pocos debates más encendidos en la actualidad que el de los organismos genéticamente modificados (OGM). Desde que, en los años 70 del siglo pasado, dos científicos estadounidenses, Herbert Boyer y Stanley Cohen, transfirieran un gen de un tipo de bacteria a otra, se han creado dos trincheras en torno a los defensores y los detractores de este tipo de tecnología. Mientras tanto, las empresas que controlan el sector de la bioquímica están en cada vez menos manos, más aún tras las últimas fusiones y adquisiciones (Syngenta y ChemChina, DuPont y Dow Agroscience, y la más sonada: Monsanto y Bayer).

Bautizada a veces por las luchas sociales como “Monsatán”, Monsanto es sin duda la más cuestionada de estas corporaciones. Tiene hasta un día de lucha internacional en su contra: el 18 de mayo. Uno de los capítulos más oscuros de la historia es haber creado el agente naranja, potente herbicida con el que se rociaron los campos de Vietnam durante la guerra entre aquel país y los Estados Unidos, entre 1955 y 1975. Un año después del fin de esa guerra, Monsanto presentó al mundo el que sería el herbicida más vendido de la historia: el Roundup a base de glifosato, atrazina y otros elementos. Gracias a las patentes de soja y maíz transgénicos, su uso aumentó hasta 20 veces en menos de dos décadas, en países como Estados Unidos, Brasil y Argentina [1]. El glifosato es el herbicida más usado para acabar con las malezas; se aplica sobre semillas genéticamente modificadas para resistir al veneno, como la Soja RR Intacta de Monsanto o las diferentes variedades de maíz y algodón transgénicos. Después de cuarenta años de uso intensivo, se vienen mostrando algunos riesgos, como la aparición de supermalezas que resisten al glifosato o que exigen la aplicación de una cantidad mayor de veneno.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), modificó la clasificación de peligrosidad del glifosato, y la ubicó en la escala 2A, como cancerígeno en animales y “probablemente” cancerígeno en humanos. Con todo, los resultados de las investigaciones científicas respecto de los efectos del glifosato y otros agrotóxicos en la salud humana siguen siendo contradictorios. La disputa se da en los barrios, se da en las calles, pero también en las universidades y en los medios de comunicación.

En Argentina, el científico Andrés Carrasco experimentó en primera persona la crudeza de esa disputa. Carrasco hizo públicos en 2009 los resultados de sus estudios con embriones anfibios, que daban la razón a eso que las poblaciones fumigadas llevaban ocho años diciendo: que el glifosato tiene consecuencias devastadoras para la salud. Después del día de abril de 2009 en que su investigación salió en la portada del diario Página 12, todo cambió. Cambió para las comunidades que resistían y resisten al glifosato, que pudieron ampararse en la comprobación científica de lo que venían sufriendo en carne propia. Cambió para Carrasco, que sufrió una campaña de deslegitimación y el hostigamiento constante hasta su fallecimiento, cinco años después. Y todo cambió, también, para muchos investigadores honestos que recogerían la memoria de Carrasco como símbolo de una forma digna de hacer ciencia que no se pliega al interés de los capitales que financian muchos laboratorios.

En 2011, la prensa desveló que, según un cable de Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires ejerció su poder de lobby para defender el glifosato y a Monsanto en detrimento del investigador, que llegó a recibir llamadas amenazantes y fue desacreditado por el mismísimo ministro de Ciencia del momento, Lino Barañao. Carrasco no se dejó amedrentar. El tiempo puso al científico en su lugar: añorado, admirado y homenajeado, el embriólogo es hoy ejemplo e inspiración de los científicos e investigadores que se enfrentan a un modelo que sigue conservando un importante poder de lobby, pero cuya reputación está cada vez más manchada.

A nivel internacional se reproducen esas presiones. La publicación de comunicaciones corporativas, correos electrónicos y documentos de Monsanto ha revelado la existencia de una campaña de desinformación para ocultar los posibles vínculos de su herbicida contra el cáncer, según un artículo publicado en The Guardian en junio de 2019. La firma trató de manipular a reguladores e investigadores, pero también a los medios de comunicación. Así, se descubrió que una consultora se hizo pasar por reportera a fin de sugerir a los periodistas reales argumentos que favorecían a Monsanto, que además desplegó toda una estrategia para desacreditar a periodistas que fueron críticos con la compañía. La autora del citado artículo, que cubrió durante 17 años información sobre Monsanto para la agencia Reuters, ratifica las presiones sufridas y añade que la Academics Review -una plataforma web que se anunció como facilitadora del examen crítico de los cultivos transgénicos- formó parte de la estrategia de comunicación para favorecer a la corporación creadora del Roundup.

Las denuncias que los movimientos sociales vienen detallando desde 2002 tienen un amplio respaldo científico, en especial en lo que respecta al impacto de los agrotóxicos sobre las posiblidades de padecer un cáncer, la disrupción endocrina, el desarrollo genético fetal y el aparato reproductivo. Sin embargo, el Estado argentino sigue permitiendo su libre uso: Argentina consume al año alrededor de 500 millones de agrotóxicos. Literalmente, llueve glifosato en la Argentina: investigaciones científicas han detectado la presencia de glifosato y atrazina, los dos herbicidas más usados en los campos de soja argentinos, en el 80% de las muestras de agua de lluvia recogidas.

En los Estados Unidos, Bayer y Monsanto, hoy la misma firma, se han enfrentado a fallos muy desfavorables recientemente. En mayo de 2019 llegaba la cuarta condena a en apenas un año: un tribunal de California decidió que Monsanto-Bayer debe pagar 2.000 millones de dólares a un matrimonio que utilizó su herbicida a base de glifosato, el Roundup. La sentencia considera probado que el cáncer que sufren Alva y Alberta Pilliod tiene que ver con el glifosato, que considera peligroso para los usuarios, y sostiene que la corporación actuó con “negligencia” por ocultar los efectos del agrotóxico. Si estas condenas redundan en un efecto en cadena que llegue al Cono Sur, podría ser el fin del reinado del glifosato; sin embargo, el herbicida de Monsanto no es el único factor que hace del monocultivo sojero un modelo insostenible.

En la Unión Europea, los debates sobre el glisofato han sido intensos en los últimos años. En noviembre de 2017, tras una fuerte controversia entre quienes propugnaban su prohibición -con Francia, Bélgica e Italia a la cabeza- y quienes defendían su continuidad -postura defendida por Reino Unido, España y Polonia, entre otros-, la Comisión Europea terminó aprobando su uso durante cinco años más.

Problemas de medición
A pesar de la abundancia de datos empíricos, existe todavía una enorme controversia en torno a los impactos del glifosato, el endusolfán y otros agroquímicos sobre la salud humana. Al respecto dice la periodista e investigadora Marie-Monique Robin que “el diablo está en los detalles”, y detalla cómo diferentes mecanismos han facilitado que estas sustancias sigan siendo ampliamente utilizadas [2]. En primer lugar, los mecanismos de evaluación y reglamentación de los venenos químicos son a puerta cerrada y existe en torno una gran opacidad. Por otro lado, se ha utilizado de forma perversa el principio de Paracelso que dice que “la dosis hace al veneno”. Así, se ha extendido el uso de la Dosis Letal 50 o DL50, el indicador de toxicidad que marca la cantidad de una sustancia que sería necesaria para matar a la mitad de los animales – por lo general, ratas y ratones- que se ven expuestos a esa sustancia por inhalación, ingesta o aplicación.

Autorizar el uso de una sustancia tóxica bajo el argumento de que la exposición a ese producto no llega a una dosis letal implica varios problemas de cálculo. El primero es que la exposición a una concentración débil de un elemento tóxico durante un tiempo prolongado puede tener el mismo efecto mortal que si se trata de una dosis elevada durante un período corto. Un segundo problema es que el glifosato no se utiliza solo, sino que la fórmula comercial supone una mezcla de componentes que resulta mucho más tóxica que el glifosato puro. Si añadimos que las mujeres y hombres del siglo XXI estamos expuestos no sólo a los agroquímicos que utiliza profusamente la agroindustria, sino a otras muchas sustancias químicas -desde aditivos que se introducen en los productos comestibles a químicos que tinturan nuestra ropa, pasando por los parabenos que se añaden a los cosméticos-, el resultado es un auténtico cocktail de sustancias potencialmente tóxicas, y poco o nada sabemos de los efectos de una exposición continuada.

Las nuevas generaciones, además, se exponen a estas sustancias desde su propia gestación, cuando su organismo es especialmente sensible. Y, como denunció en los años 60 Rachel Carson, los seres humanos somos una de las especies más afectadas por la bioacumulación de sustancias tóxicas, ya que estamos en la cima de la cadena trófica. Robin no duda, por ejemplo, de que la explosión de casos de cánceres de mama se debe a los cócteles de hormonas de síntesis que, a estas alturas, están por todas partes en eso que llamamos el mundo civilizado. En el mercado europeo existen entre 30.000 y 50.000 productos químicos de los que apenas el 1% está testado [3]; entre ellos, unos 500 perturbadores o disruptores endocrinos, es decir, sustancias químicas que interfieren en la función del sistema endocrino, que coordina la actividad de nuestras hormonas. Hemos inventado productos químicos similares a nuestras hormonas, que se infiltran en los receptores endocrinos, con consecuencias que podrían ser nefastas, pero que aún desconocemos. Porque somos las cobayas de un inmenso experimento creado por nosotros mismos.

 

NOTAS

[1] Fuente: Ribeiro, Silvia (2016) “Control corporativo, transgénicos y nuevas biotecnologías”, en Marielle Palau (coord.) Con la soja al cuello 2016. Informe sobre agronegocios en Paraguay. Asunción: BASE.

[2] Véase: Robin, Marie-Monique (2012) El veneno nuestro de cada día. La responsabilidad de la industria química en la epidemia de enfermedades crónicas. La Plata: De la Campana.

[3] Según el director del Centro de Toxicología de la Universidad de Londres, Andreas Kortenkamp, entrevistado por Marie-Monique Robin, en Op. Cit.