Teresa Vicente: “El Mar Menor tiene casi todas las figuras de protección y aún así hemos provocado su colapso”

En octubre 2019, las redes sociales se llenaron de vídeos e imágenes de peces y crustáceos agonizando en las orillas del Mar Menor. Miles de ellos murieron por la falta de oxígeno en esta albufera de agua salada que acoge uno de los ecosistemas con mayor valor ecológico en España. No era el primer aviso que el Mar Menor daba de su grave deterioro ecológico. Sólo unos años antes, en 2016, el Mar Menor se tiñó de verde por la llamada eutrofización, un crecimiento descontrolado de algas fitoplanctónicas por una presencia excesiva de nutrientes en el agua procedentes de la agricultura. La albufera perdió entonces un 85% de su pradera marina, fundamentalmente por la falta de luz resultante de esta eutrofización, en comparación a los niveles de 2014.

A pesar de su singularidad, el Mar Menor lleva décadas sometido a un gran estrés ecológico por el rápido avance de la industria agrícola y ganadera en la zona, el desarrollo del turismo y los cambios en el ecosistema por el ensanche y dragado del canal del Estacio para permitir el paso de embarcaciones más grandes, entre otras agresiones. Es algo que contaron maravillosamente nuestrxs compañerxs de Datadista en su especial sobre el Mar Menor.

Y a pesar de que su valor ecológico está reconocido, el Mar Menor parece desprotegido. Pero si una empresa, que es una ficción que el ser humano se ha inventado, puede tener personalidad jurídica y ver sus derechos garantizados, ¿por qué un ecosistema, que es algo real y tangible, no? Esa es la pregunta que ronda constantemente la cabeza de Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra sobre Derechos Humanos y Derechos Ambientales de la Universidad de Murcia, y quien está impulsando el reconocimiento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se reconozca la personalidad jurídica del Mar Menor.

Hablamos con ella para conocer los detalles sobre esta iniciativa y por qué es importante participar. Se necesitan 500.000 firmas, nos cuenta, “que son muchísimas, creo que es el país donde más firmas se exigen” para una ILP. Por ejemplo, para iniciar un proceso similar a nivel europeo se pide un millón de firmas, el doble sobre una población que es casi diez veces mayor. Llegar a ese objetivo antes de finales de mes de octubre, que es cuando termina el plazo, “es una proeza” por la situación de pandemia en la que vivimos, cuenta Vicente.

Y sin embargo, ya han conseguido 150.000 firmas, lo que para Vicente “es una llamada a nuestros representantes para decir que el pueblo está clamando por una iniciativa legal”. Si se consiguen las 500.000 firmas, el Parlamento tendrá que decidir si tramita la petición e inicia un proceso legislativo. Pero aunque lo rechace, dice Vicente, este tipo de procesos tienen consecuencias políticas, como ya se vio en el caso de la ILP sobre desahucios. “Nuestros representantes en los parlamentos tanto en el local como en el nacional [deben cumplir] con su papel de escuchar al pueblo y de regular una necesidad tan importante como es proteger nuestros ecosistemas por encima del modelo económico, haciéndolo compatible. No es que nosotros no queramos una agricultura, pero no queremos una agricultura que envenene nuestro medio natural. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana”. 

Para darle un impulso, este 8 de junio habrá puntos de recogidas de firmas en numerosos puntos del Estado español, con motivo del Día Mundial de los Océanos. Puedes consultar los puntos aquí y cómo hacerte voluntarix para ayudar en la recogida de firmas.

Pregunta. ¿A qué pretenden dar respuesta las personalidades jurídicas de los ecosistemas?

Respuesta. Esto es una respuesta mundial. Es una respuesta que tenemos todos los habitantes del planeta al ver que nuestros ecosistemas más valiosos están colapsando cuando llevamos 40 años con leyes de protección ambiental. Y un caso paradigmático es el Mar Menor. El Mar Menor debido a su valor ecológico tiene casi todas las figuras de protección, tanto internacionales como regionales, tanto de Europa como locales. Y con todo eso, hemos provocado su colapso. 

Entonces responde a un movimiento de la ciudadanía mundial que ya no cree en las administraciones, porque realmente la protección del medio ambiente al final recae en si las administraciones dan o no permisos a quienes sí tenemos derechos, que somos las personas y las corporaciones mercantiles, para que puedan impunemente contaminar los ecosistemas. Que se trata de un movimiento mundial lo tenemos muy claro porque hemos sido citados, la ILP del Mar Menor, en el último informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2020 sobre armonía con la naturaleza.

Estar en ese marco jurídico es muy importante, [porque demuestra] que no es una locura que nos ha dado a nosotros, como nos han querido tachar. Es un movimiento internacional que nació en el siglo actual, cuando ya comenzamos la nueva era del antropoceno, que fija claramente la responsabilidad del colapso global en la acción humana, en el modelo de desarrollo económico. Y es una solución que ha partido de los pueblos. Cada vez hay más ecosistemas que tienen estos derechos. 

P. ¿Qué tipo de ecosistemas podrían aspirar a esa personalidad jurídica?

R. En nuestro caso es un ecosistema acuático, porque en la región de Murcia nuestra joya de la corona es el Mar Menor. Y es el que está en peligro de colapso. Por eso hemos empezado por ahí. Pero puede ser el bosque de la Amazonía, como ha hecho Colombia, puede ser un lago, como han hecho en América del Norte con el Lago Erie, puede ser un río, como ha sido el río Whanganui en Nueva Zelanda. Puede ser cualquier ecosistema terrestre o acuático. En el nuestro es un ecosistema lagunar porque es el que está en peligro y el referente de toda la sociedad murciana, sea del color político que sea. Todos tenemos nuestra identidad unida al Mar Menor. 

P. ¿Qué va a suponer para el Mar Menor como ecosistema que se le reconozca esa personalidad jurídica? 

R. El Mar Menor como ecosistema va a tener derecho a la vida, que ahora mismo está en peligro, va a tener derecho a la recuperación, y va a tener derecho a la máxima protección. Pero la diferencia está en base a su propio valor ecológico. Es la vida del ecosistema del Mar Menor que por otra parte es el sostén de la vida humana. Pero él mismo, por su propio valor, va a tener derecho a su hábitat, y en este caso, a la recuperación y la protección. Por ella misma, no ya porque beneficie o no beneficie a los humanos, que eso va de sobra. Si a un ecosistema le permitimos que tenga su integridad ecológica y que se respeten sus necesidades, que son sus derechos, por supuesto, que los humanos, como una especie más, nos vamos a beneficiar de eso.

Pero hasta ahora el modelo era diferente. Hemos avanzado en eso, pero sigue siendo un modelo antropocéntrico. Vamos a defender los ecosistemas porque nos hemos dado cuenta de que si el aire está contaminado, si el agua está contaminada, si los suelos están contaminados, nosotros no vamos a poder disfrutar de los derechos humanos básicos. Este es un paso más. La propia vida del ecosistema tiene derecho por ella misma, esta es la diferencia con las otras figuras. Entonces es un avance jurídicamente en la igualdad.

Ahora mismo, si conseguimos los derechos del Mar Menor, igual que de otros ecosistemas que ya tienen derechos propios, pues estarán en igualdad de condiciones, tanto las empresas que contaminan, o las personas que contaminan, como lo que hasta ahora era el objeto contaminado, que ahora pasa a ser un sujeto. ¿Eso qué efectos tiene? Que lo que se está diciendo tanto desde los años 70 cuando nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que vivir de acuerdo con las necesidades de nuestro ecosistema, esto se va a cumplir con esta figura. Porque ya la economía no va a ocupar el papel principal, sino que el papel principal lo va a ocupar el ecosistema. Es decir, que tenemos que tener un desarrollo económico que no viole los derechos de los ecosistemas, y esto, esta figura lo va a conseguir. 

P. Has comentado que llegamos 40 años de políticas de supuesta protección del medio ambiente que no han funcionado. ¿Por qué crees que esto sí que podría funcionar?

R. Podría funcionar porque es la manera de solucionar el error que hemos cometido y en el que persistimos en esta vía de solución; que es considerar que la naturaleza es un objeto. Y que los únicos que tienen derechos son las corporaciones y las personas.

Ahora nos encontramos en un momento en que con todas estas medidas de protección, son las grandes empresas extractivas y contaminantes las que impunemente, como ellas tienen todos los derechos y la naturaleza es un objeto, pueden contaminar. Esta es la gran diferencia. Es como una evolución en el derecho. El derecho ha ido evolucionando por hitos. Al principio solamente tenían derechos los hombres blancos y los que tenían dinero, luego todos los hombres, luego los hombres y las mujeres, luego los indígenas, luego los niños, y ahora le toca al medio natural. 

P. Has comentado que este no es el primer caso de un ecosistema al que se le concede esta personalidad jurídica. El caso del Mar Menor, ¿tendría alguna particularidad con respecto a los que ya se han reconocido o a los que se está intentando reconocer? 

R. El esquema es el mismo en todos. Es el mismo esquema de cuando se le da personalidad jurídica a una sociedad, a quien cuando se le reconoce personalidad jurídica es una ficción. Que el ecosistema esté vivo, eso sí que es real, porque es el centro de la vida. Nosotros no podemos vivir sin el ecosistema que tiene unas condiciones que han necesitado tanta evolución para permitirnos vivir. Que tiene vida está claro. Pero que le demos personalidad jurídica es una ficción que hace el derecho, como lo hace con las corporaciones, o con las entidades mercantiles, o con los bancos, para poderle otorgar derechos. Para decirle, tú puedes actuar libremente, y además vas a contar con la protección del estado para actuar.

Entonces el esquema es el mismo en todo el planeta. En general consiste en que a los ecosistemas en peligro ahora se les va a reconocer, su gran valor, y ese valor es tan grande, que va a ser el fundamento para reconocerle el derecho a vivir según su propia estructura, y según sus propias necesidades ecológicas, y también a reparar el daño, a restaurar el daño y a protegerlo. 

Pero luego ya concretar la figura ya dependerá de las necesidades de cada ecosistema. No es lo mismo las necesidades de un bosque, que de un río, que de una laguna. 

P. ¿Cómo se enmarca esta personalidad jurídica dentro del sistema jurídico español? ¿Habría que cambiar algún elemento para que fuera posible?

R. Se puede hacer sin cambiar ningún elemento, porque el derecho lo que impide es que en el Parlamento se aprueben leyes que atentan contra los derechos humanos. Pero no impide que se aprueben leyes que benefician a toda la humanidad y que benefician a generaciones presentes y futuras. Así que no es ningún supuesto de los prohibidos por el ordenamiento porque no atenta contra ningún derecho básico, sino todo lo contrario.

También se habla de que si habría que hacer una reforma constitucional. Si se hiciera una reforma constitucional estaría muy bien porque se haría una reforma para avanzar del modelo antropocéntrico, que es el que tenemos, al ecocéntrico. Pero no hace falta. Por ejemplo, el tribunal constitucional de Colombia, que ellos tienen nuestro mismo modelo jurídico, un modelo social, lo ha interpretado dentro del contexto actual, que es el contexto del antropoceno. Es el concepto en el que hacer el centro a la humanidad nos ha llevado a colapsar el planeta. Con lo cual están en peligro muchísimas especies, entre ellas nosotras. Lo ha interpretado en ese contexto, y le ha dado derechos a los ecosistemas en base a esa interpretación, sin mover nada, sin reforma constitucional. En cambio, hay constituciones nuevas que sí ya reconocen este antropocentrismo, aunque el único caso que tiene una constitución ecocéntrica es Ecuador. Las demás son constituciones como la nuestra, constituciones sociales. 

Ahora hay que interpretar lo social dentro del ámbito ecológico. Ahora no se puede hablar jurídicamente de lo social sin hablar de lo ecológico. Eso es imposible. Cualquier daño al ecosistema, o cualquier desigualdad en el disfrute de los ecosistemas, es una desigualdad social. 

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