La explotación que sustenta la rentabilidad de la fresa en Huelva

Nuestra compañera Nazaret Castro estuvo en Huelva, como parte de la Brigada de Observación Feminista, para conocer de primera mano la situación de las trabajadoras que recogen los frutos rojos. En este texto, recorre las situaciones de abuso que documentó en su viaje. Un segundo texto aborda la dimensión sistémica y estructural de esta sobreexplotación. Y una última crónica aborda qué hacer desde nuestra posición de consumidoras y ciudadanas.

El día que visitamos el asentamiento de Palos de la Frontera, lo encontramos devastado. Pocos días antes, un incendio ha arrasado buena parte de las chabolas, y muchos hombres están, esa tarde, levantando de nuevo sus frágiles viviendas. La situación es de una precariedad tan extrema que da escalofríos: sin luz, sin agua, sin recogida de basura, sin papeles, sin derechos. Su única suerte es que tienen una fuente pública de agua, donde recargar sus garrafas, a escasos metros de las chabolas, en el polígono industrial que se alza frente al asentamiento. “¿Cuánto le costaría al Ayuntamiento colocar unos tubos para que el agua llegase hasta el asentamiento? No es, evidentemente, una cuestión de falta de presupuesto. Interesa mantener a estas personas en condiciones indignas. Si la gente está sin agua, será más fácil que acepte peores condiciones laborales. La rentabilidad de la fresa en Huelva se basa en la existencia de estos asentamientos”, afirma frente a las chabolas Pastora Filigrana, abogada y activista por los derechos humanos.

En la provincia andaluza de Huelva, miles de personas, llegadas de países como Senegal y Marruecos, viven en asentamientos como el de Palos de la Frontera. Cada día, pasan vehículos que se llevan a unos cuantos hombres y mujeres para trabajar a cambio de un exiguo jornal; si protestan por las condiciones, difícilmente los tomen al día siguiente. No hay muchas más oportunidades de empleo, así que muchos hacen la temporada de la fresa para después marchar a otras regiones, en un nomadismo forzado que les expone a todo tipo de situaciones: en Lleida, cuentan, ni chabolas les permiten hacerse, así que les toca dormir al raso. A comienzos de 2020, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó Huelva y se mostró “espantado” por las condiciones que encontró en los asentamientos. Nada, o muy poco, ha cambiado desde entonces.

Este es uno de los tres perfiles que se encuentran en los invernaderos onubenses de frutos rojos, que requiere cada año de los brazos de unas cien mil temporeras, en su mayoría mujeres. Están las autóctonas, que el resto del año trabajan en otros sectores también precarizados, como la hostelería y los cuidados. Y están, por último, las mujeres, en su mayoría marroquíes, que llegan con contratos de origen para trabajar los dos o tres meses que dura la temporada y regresar, después, a sus lugares de origen. Estas temporeras suelen vivir en las viviendas que las empresas han construido en las propias fincas, a varios kilómetros del pueblo, aisladas y en un contexto en el que la empresa despliega toda una serie de estrategias de control de sus movimientos dentro y fuera del horario de trabajo, y a menudo las encargadas de la finca juegan un rol intimidatorio: “Tiemblo sólo al escuchar su nombre”, confiesa Zahra (nombre ficticio) en Almonte.

Ser pobre sale muy caro

“Aquí se paga por todo”, nos explican en el asentamiento de Palos de la Frontera. Por todo es, literalmente, por todo. Entre 300 y 600 euros tienen que pagar por empadronarse, porque no es fácil obtener el padrón cuando tu tez es oscura, estás sin papeles y tu domicilio es una chabola sin servicios de luz ni agua. Entre 3.000 y 6.000 euros por un contrato de trabajo que alimenta la promesa de conseguir la regularización de la residencia; una cantidad desorbitada que se paga recogiendo frutos rojos, pero también a cambio de sexo, porque el abuso sexual –que se convierte en prostitución de supervivencia si no queda otra que aceptar el chantaje– se ha convertido en una constante, como denuncia Fatiha Suleman (nombre ficticio) en este video. En otras palabras: estas mujeres deben pagar con sexo la oportunidad de trabajar en los invernaderos a cambio de un sueldo de miseria.

Cuando dicen que pagan por todo es que, literalmente, pagan por todo. Entre 300 y 500 euros salen los materiales para construir una chabola a base de palés, cartones y plásticos; a razón de 1,5 euros el palé, que les venden las propias compañías freseras. Y vuelta a empezar si, como sucede demasiado a menudo, el fuego devora las viviendas: varias de las mujeres con las que hablamos en el asentamiento de Palos afirman que pasan la noche en vela, sin poder conciliar el sueño por miedo a que sus casas se incendien.

De tanto pagar por todo, a muchas temporeras contratadas en origen termina por no salirles a cuenta el viaje. Deben costearse la PCR obligatoria para viajar, a la ida y al regreso. Se les descuenta su jornal el pasaje de vuelta a Marruecos. A menudo pagan un alquiler de en torno a 50 euros por vivir en las fincas; otras veces, les piden 50 euros para guardarles el puesto el año próximo, aunque difícilmente cumplirán su promesa. Si, como ha sido el caso en 2021, el trabajo escasea, trabajarán muchas menos horas de las 39 semanales pactadas y el salario mensual será mucho menor que el prometido. Si años atrás les daban una libreta en la que figuraban esos descuentos, ahora todo es mucho más opaco. Tanto que, muchas veces, las cuentas no les salen: terminan endeudadas por todos los gastos del viaje y no les da lo que ganan ni para cubrir los gastos. Por eso, Zahra y Chadia, dos temporeras con las que hablamos en Almonte, presionaron a sus patrones para que les permitan trabajar un mes más.

Diez euros pagan, migrantes y autóctonas, por el chip que, en algunas empresas, están obligadas a llevar al tajo para que se controlen minuciosamente las cajas de fresas que recogen cada día; las que menos recogen, son penalizadas: no podrán ir a trabajar por unos días y, por tanto, no cobrarán. Pagan también por la mochila o bolso transparente con la que deben acudir a trabajar, para que el empresario sepa que no están robando la fruta que sus manos recogen, durante un mínimo de siete horas al día, agachadas bajo los plásticos del invernadero. Ellas mismas deben aprovisionarse de los mecanismos con los que son controladas.

En algunas empresas, como Hortifruit, las mujeres marroquíes se ven obligadas a firmar un seguro médico, contratado con el banco La Caixa, que no saben para qué sirve, porque ni está en su lengua ni nadie se lo traduce, por el que llegan a pagar hasta 200 euros. La que tiene NIE (documento de extranjería) paga menos; la que está sin papeles, paga más: cuanto más vulnerables, más expuestas a todo tipo de abusos. Y sin embargo, a pesar de pagar el seguro médico privado, y a pesar de pagar la Seguridad Social que se les descuenta de sus nóminas, si caen enfermas encuentran grandes dificultades para recibir asistencia sanitaria: en algunas empresas, el encargado les pide 50 euros para llevarlas al hospital. En casos extremos, ni siquiera se les permite salir de la finca y buscar por sus propios medios el camino al hospital.

Por todo les cobran y tan poco reciben las mujeres que ponen sus brazos para que el alimento pueda llegar a nuestra mesa. Y no es sólo la explotación: es, también, el desprecio. “Nos humillan, nos insultan, nos dicen todo el tiempo que somos unas sucias”, nos cuentan dos temporeras en Lepe. En algunas fincas, las temporeras denuncian insultos constantes; en otras, les impiden ir a trabajar en tirantes y pantalón corto –imagine la lectora el calor que en el mes de mayo debe hacer en Huelva bajo los plásticos de los invernaderos–; hay encargados que exigen que les limpien el coche a cambio de una botella de Fanta; las ‘manijeras’ que ponen orden en el tajo niegan a menudo el derecho a ir al baño. La lista de atropellos es larga, y ha sido muy bien documentada en las crónicas de Olga Rodríguez y Justa Montero.

Punto de intersección entre el racismo estructural y el patriarcado, los cuerpos de las temporeras son percibidos como un lugar del que siempre es posible extraer aún más valor. Aunque hay empresas que hacen las cosas bien –un caso destacable es el de Flor de Doñana–, los abusos que relatamos son antes la norma que la excepción, ante la pasividad de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Y no se trata apenas de Huelva: como sostiene un reciente informe de Terra!, semejantes condiciones de sobreexplotación se reproducen en Murcia y en otros lugares de de producción agrícola en Italia y Grecia. Porque, como veremos en el siguiente artículo, el problema es sistémico y es una consecuencia de haber adaptado el campo español a las necesidades de un mercado global cada vez más controlado por un puñado de empresas transnacionales.

*Imágenes: Quepo

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