- Artículo publicado originalmente en iWatch Africa, traducido con permiso de la organización y de su autor. Se puede leer completo y en versión original aquí
- Artículo apoyado por el programa Journalismfund Europe
- Autores: Jonathan Moens and Gideon Sarpong
En 2007, Peter Boafo firmó un proyecto que le apoyaría a él y a miles de otros campesinos del caucho en Ghana a establecer sus propias plantaciones. Actualmente instalado en la región del Oeste, Boafo pasa su tiempo dirigiendo sus plantaciones en Axim Abora y Sekyere Krobo. La región está repleta de bosques donde abundan los árboles de caucho de los que se extrae una savia blanquecina y lechosa conocida como látex- la materia prima para producir la goma. Actualmente, Boafo posee unas 15 acres de árboles de caucho y recibió equipamiento básico y guías de la mayor compañía de goma del país, Ghana Real Estate Limited (GREL), cuando puso en marcha sus plantaciones.
Las malas hierbas son un grave problema cuando se trabaja en una plantación de caucho. Éstas compiten por recursos con las plantaciones jóvenes y pueden terminar hospedando plagas y otras enfermedades. Así que Boafo recibió también los productos químicos que le permitirían mantenerlos alejados de su cosecha.
Uno de estos químicos era el paraquat, un herbicida altamente tóxico que, en caso de ser ingerido, puede tener consecuencias severas, en algunas ocasiones fatales, y que tiene un impacto negativo para el medio ambiente.
“El mayor efecto pernicioso del trabajo tiene que ver con el uso de químicos”, dice Boafo, quien solía trabajar para GREL como conductor de camiones antes de convertirse en agricultor él mismo. “Si aplicas los químicos (paraquat) exactamente como se dice en las instrucciones, entonces no hay problema; pero si no lo haces, puedes sufrir complicaciones médicas severas”. El paraquat fue prohibido en la Unión Europea en el año 2007. Sin embargo, el proyecto de plantación de caucho, diseñado para apoyar a pequeños agricultores en áreas rurales de Ghana, que ha sido implementado ya por cientos de personas, recibió fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), un banco de desarrollo francés.
Los bancos de desarrollo públicos son propiedad del estado y apoyan la inversión privada en proyectos que tengan como objetivo el apoyo a países en desarrollo. Esta contradicción -que bancos públicos europeos apoyen supuestamente a países en el extranjero financiando proyectos que utilizan pesticidas y herbicidas que ellos mismo han prohibido en sus terrenos-, es una cuestión que genera cuestiones éticas acerca del doble estándar utilizado, según algunas voces críticas.
“Hay una cierta hipocresía en la Unión Europea: prohibimos pesticidas para proteger la salud de los ciudadanos europeos y nuestro medio ambiente, pero apoyamos su uso en el extranjero a través de fondos para proyectos de desarrollo o exportando nuestra industria química”, dice Martin Dermine, director de Pesticide Action Network, una ONG con sede en Reino Unido centrada en temas relacionados con los pesticidas.
La hipocresía se extiende más allá de las fronteras de Ghana. La investigación mostró ejemplos similares de bancos públicos invirtiendo millones de euros en proyectos que implican el uso de pesticidas prohibidos en la UE. Estos incluyen el banco neerlandés FMO, que invierte en plantaciones de eucalipto en Paraguay a través de un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo, el Arbaro Fund, y múltiples fondos de más de 100 millones de euros por parte del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la International Finance Corporation, el brazo para el sector privado del Banco Mundial, para modernizar la industria del algodón en Uzbekistán.
En Ghana, AFD afirmó haber llevado a cabo informes de impacto social y medioambiental antes de invertir en dichos proyectos. Añadió que el esquema ha logrado una reducción de la pobreza en las áreas rurales gracias a los beneficios regulares y la formación que reciben los agricultores”. Sin embargo, no desmintieron el uso de paraquat en las instalaciones de GREL.
GREL, por su parte, sí negó el uso del herbicida. Lionel Barré, director general de la compañía, insistió en que la empresa “nunca ha entregado o recomendado este pesticida a ningún agricultor”. Gregory Mensah, responsable de la gestión del uso del suelo en GREL entre 2015 y 2020, también lo negó.
Sin embargo, una investigación panEuropea que incluye a iWatch Africa, Mediapart, Nederlands Dagblad, De Groene Amsterdammer y El Surtidor, dirigida por Lighthouse Reports, –una redacción colaborativa de investigación-, desvela algo diferente. Tres agricultores, dos de los cuales eran beneficiarios directos del Proyecto de caucho, afirman haber recibido paraquat por parte de GREL. Además, un estudio científico sobre los costes de utilizar herbicidas en pequeñas plantaciones financiadas por AFD menciona específicamente los “derivados del paraquat” como uno de los pesticidas comúnmente utilizados. Este estudio se basó en entrevistas a más de 80 pequeños agricultores
“Lo que pasa es que la gente en el sur global se está viendo expuesta a sustancias altamente peligrosas”, dijo Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas para los tóxicos y los derechos humanos. Ninguno de los seis agricultores con los que iWatch Africa y Lighthouse Reports habló dijo haberse visto dañado por el uso del pesticida, aunque algunos admitieron tener poco conocimiento sobre los impactos potencialmente negativos en la salud, por lo que optaron por no llevar equipo de protección.
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El proyecto, conocido como el Rubber Outgrower Plantation Project (ROPP), se remonta al año 1995, cuando la compañía de caucho GREL llegó a un acuerdo con el Gobierno de Ghana, ADF y el Banco alemán de Desarrollo (kfW) para ofrecer a los agricultores pequeños créditos a través de dos bancos que hacían las veces de intermediario: el Banco de Desarrollo Agrícola y el Banco Nacional de Inversiones (Agricultural Development Bank y National Investment Bank, en inglés).
La agricultura representa alrededor de un 20% del PIB de Ghana y la iniciativa de plantación de caucho tenía como objetivo ofrecer empleo e ingresos estables a campesinos en las áreas rurales, así como amortiguar la creciente migración desde las zonas rurales a las urbanas que enfrenta el país.
El proyecto estaba compuesto por 5 fases y ofreció créditos a cerca de 9000 pequeños agricultores en tres regiones de Ghana para ayudarles a crear sus propias plantaciones de caucho, bajó la dirección de la compañía GREL. La fase final del programa, que se llevó a cabo entre 2014 y 2022, supuso una inversión de 17,7 millones de euros, pero la inversión total, a través de bancos intermediarios, llegó hasta los 60 millones.
Los agricultores reciben pequeños créditos por parte del Banco de Desarrollo Agrícola (Agricultural Development Bank), los cuales devuelven vendiendo sus productos de vuelta a GREL a precio de mercado. Sin embargo, algunos documentos obtenidos por iWatch Africa y Lighthouse Reports muestran que algunos agricultores todavía están teniendo dificultades para devolver los préstamos, de hasta 4.000 euros, que fluctúan con la moneda y en ocasiones aumentan. Además, algunos de ellos viven lejos de GREL y podrían obtener un mejor negocio vendiendo su caucho en otros lugares. De hecho, varios de los campesinos con los que habló iWatch Africa optaron por vender su producción a la empresa Narubiz, competidora en la Región de Wasap East, a pesar de que se encontraron con resistencias por parte de los oficiales de GREL.
“GREL nos apoyó con la plantación, pero ahora nos están amenazando para que no vendamos nuestros productos a otras compañías”, explicó Sekyere Krobo, un joven agricultor de la Western Region, en declaraciones a iWatch. “Estoy sobrepasado con el crédito de mi madre, ya fallecida, que continúa aumentando porque el precio estaba en euros”.
Más allá de Ghana, la situación también es complicada. La compañía que fundaron de forma conjunta el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la International Finance Corporation (IFC), Indorama Agro, se comprometió a mantener fuertes estándares medioambientales y regulatorios y a llevar a cabo importantes evaluaciones de impacto ambiental en la región, especialmente teniendo en cuenta su escalofriante historia de trabajo forzado y trabajo infantil.
A pesar de estos esfuerzos, Lighthouse Reports y iWatch Africa han encontrado evidencias del uso de varios químicos peligrosos, incluyendo indoxacarbo, chloratos, y chlorpyrifos, todos ellos prohibidos en la Unión Europea. Parte de esta información proviene de la propia lista de pesticidas de Indorama Agro en 2022, y fue obtenida por Lighthouse Reports vía Bankwatch Network, una organización no gubernamental que monitorea la financiación de las instituciones financieras.
Los documentos obtenidos incluían una carta dirigida a Bankwatch Network, donde EBRD afirma: “El Banco reconoce el asunto del uso de pesticidas prohibidos o restringidos en la Unión Europea”, añadiendo que han planteado el tema a Informa Agro, quien había “aceptado considerar qué alternativas aprobadas por la UE están reguladas para su uso en Uzbekistán”.
Una encuesta de monitorización anónima entre 20 empleados y ex empleados, así como residentes locales, llevada a cabo por el Foro Uzbeko para los Derechos Humanos, una organización no gubernamental basada en Alemania, que trabaja para proteger los abusos de derechos humanos en Uzbekistan, también reveló que Indorama Agro no siempre ofrece equipo de protección e instrucciones adecuadas. También confirma el uso de químicos peligrosos en el caso de los agricultores de algodón.
Algunos cuentan tener problemas de respiración persistentes, y otros reportan haber visto a familiares y amigos que trabajaban para la compañía con síntomas como “visión borrosa, pelo anormal, pérdida de dientes, problemas de hígado, despigmentación blanca en la piel y problemas gastrointestinales”.
Lighthouse Reports intentó ponerse en contacto con las personas que participaron en la encuesta en múltiples ocasiones, pero prefirieron no hablar por miedo a perder sus trabajos. Gulnoz Mamarasulova, director de la Oficina de Representación de la Asociación Central Asia en Afganistán, una ONG que trabaja sobre temas de democracia y derechos humanos en la región, entrevistó a la mitad de las personas que aparecían en la encuesta, confirmando los hallazgos.
Indranil Majumdar, jefe de operaciones en Indorama Agro, declinó responder a las preguntas, pero dijo que la compañía tiene “un robusto proceso de ‘gestión integral de plagas”, que responde a todos los puntos mencionados. Por su parte, EBRD y IFC no respondieron a los múltiples requerimientos de preguntas del medio.
En Paraguay, la financiación indirecta de FMO a las plantaciones de eucalipto vía Arbaro Fun en el Forestal San Pedro y Foresto Apepu, también han sido una fuente de controversia. En una auditoría, Arbaro Fund lista el haloxifor como uno de los pesticidas utilizados desde 2021 -a pesar de que desde 2020 está fuera de la lista de pesticidas aprobados por la UE. El informe continúa explicando que esta substancia será utilizada en 210 hectáreas de tierra en San Pedro entre 2021 y 2026. El proyecto también prevé el uso de 5.000 kilos de fipronil, un pesticida asociado al cáncer y a la muerte masiva de abejas, cuyo uso fue limitado en la UE desde 2013. Arbaro Fund reconoce su uso, pero mantiene que “se utilizan muchos menos pesticidas que anteriormente”. Además, añaden que el haloxyfop solo se utilizará excepcionalmente para tratar las malas hierbas y que la compañía hará todo lo que esté en su mano para proteger a los trabajadores que tengan que manejarlo.
Las razones por las que los bancos europeos de desarrollo invierten fondos en estos proyectos tan cuestionables son complejas. Al menos, parte de la respuesta depende de que las regulaciones sobre pesticidas son lo suficientemente laxas para que estos bancos no tengan responsabilidades legales. De hecho, estos bancos tienen “listas de exclusión” en las que describen los tipos de proyectos que no van a financiar, pero no son legalmente vinculantes.
Tampoco existen leyes internacionales que puedan prohibir el uso de los pesticidas. “Desafortunadamente, no existen leyes internacionales que permitan realizar prohibiciones globales sobre los pesticidas”, dice Dermine. “Peor aún, cuando la Unión Europea intenta prohibir nuevos pesticidas en su territorio, muchos estados intentan disuadirla mediante las normas de Organización Mundial del Comercio”.
Otro problema es la falta de monitoreo significativo y concienzudo en el terreno. GREL, por ejemplo, ofreció activamente paraquat y equipos protectores a pequeños propietarios, según los agricultores con los que habló iWatch AFrica, pero la compañía tiene pocos recursos dedicados a monitorizar el uso de los Equipamiento de protección personal que distribuyó. Los agricultores locales revelaron que sólo había “un oficial de GREL” dedicado a monitorizar a todos los pequeños agricultores en Sekyere Aboaboso en el distrito de Wassa East, admitiendo que no siempre usan equipo de protección, debido a la limitada supervisión.
Mensah, el antiguo asistente y último responsable de uso de la tierra en GREL, dijo que el paraquat no se utilizaba para la producción industrial de caucho, pero que era posible que se utilizase dentro del esquema de pequeños agricultores porque es más costoso mantener el control de sus actividades. “Cuando empezamos con estos agricultores les dimos materiales para plantar”, dijo Mensah. “Pero si nos involucrábamos también en las actividades de mantenimiento, eso iba a suponer un gran coste para nosotros”. Sin embargo, el coste de miles de agricultores expuestos a herbicidas peligrosos podría dejar en nada el coste de invertir en programas de monitorización para GREL.
Boafo, 60 años, tiene de vez en cuando dudas y pensamiento sobre sobre su salud en un futuro próximo. Es consciente de que las consecuencias negativas de verse expuesto a químicos peligrosos podrían no aparecer inmediatamente: “Solo espero que en el futuro, no nos supongan ningún problema”, dice.
Imagen: Wassa East, Ghana, Gideon Sarpong