Los problemas del campo tienen más que ver con la industrialización y la liberalización del sector agrícola que con la aplicación de medidas medioambientales
“Nunca había estado tan mal como en los últimos tres años”. Manuel lleva más de 20 años plantando trigo, girasol y olivo en su finca de la provincia de Huelva, y asegura que cultivar nunca había sido tan duro. Los costes le ahogan y el precio que le pagan no es suficiente para afrontar facturas y jornales. “No podemos seguir así. Nos están matando”.
Manuel es uno de los miles de agricultores que lleva semanas manifestándose en toda España – y en media Europa – pidiendo que se revise la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027. La Política Agrícola Común ha regido el devenir de la agricultura europea desde los años 60. Aprobada en 1962, nació con dos objetivos claros: asegurar suficiente comida en Europa, en un contexto de posguerra, y garantizar a los agricultores unos ingresos adecuados para que pudieran centrarse en su propósito principal, seguir produciendo alimentos.
La política fue un éxito y en los años 70 Europa producía más de lo que podía consumir. Empezaron entonces a imponerse cuotas de producción y poco a poco las ayudas se desligaron de la cantidad de alimento producida para remunerar de acuerdo a la superficie que tenía cada agricultor. Esto ha llevado a una mayor concentración de la tierra cada vez en menos manos. Así, entre 2005 y 2020 desaparecieron 5,3 millones de explotaciones en Europa, una reducción del 37%. La mayor parte de esas explotaciones, 4,6 millones, tenían menos de 5 hectáreas. Sin embargo, en España, las explotaciones de más de 100 hectáreas se incrementaron en un 11%, tan sólo entre 2016 y 2020. La superficie de esas explotaciones se incrementó incluso más, con un crecimiento de casi el 14% en ese periodo y cerca de 250 hectáreas de media. Suponen así menos del 8% de las explotaciones pero acaparan aproximadamente el 60% de la extensión cultivada.
Sin embargo, esa exitosa política dejó una importante impronta medioambiental, por lo que en los últimos años se han ido introduciendo nuevos requisitos a los agricultores para intentar reducir su huella ecológica. La nueva PAC – y otras regulaciones asociadas – suponían un paso más allá en ese intento de implantar una agricultura más verde – que no obstante aún quedaba muy lejos de modelos como el agroecológico. Así, se plantearon, entre otras medidas, reducir en un 50% el uso de pesticidas (como parte de la estrategia de la Granja a la Mesa), obligar a tener un 4% de las explotaciones en barbecho o la creación de franjas de protección en los márgenes de los cursos de agua.
No son medidas caprichosas. Las ventas de fitosanitarios en Europa han crecido un 67% entre 2013 y 2021. España fue en 2021 el país de la Unión Europea que más fitosanitarios compró, con un 21% del total del continente. Por otra parte, un estudio reciente apunta a la agricultura como el principal culpable del descenso del número de aves en un 25% en Europa en los últimos 40 años, entre otros impactos. Esos márgenes en los cursos de los ríos podrían ser clave para que no se sigan perdiendo esos pájaros y otros polinizadores que son clave para que la agricultura pueda seguir siendo productiva. Europa se está quedando sin suelo fértil y entre el 60 y el 70% de los suelos del continente está degradado. La rotación de cultivos y el barbecho son clave para mantener esa fertilidad. Y hay muchos otros impactos que apenas estaban contemplados en la PAC como la sobreexplotación de acuíferos o la contaminación de aguas con nitratos.
Sin embargo, los agricultores en Europa se oponen a aplicar esas medidas porque, en un mercado liberalizado, están en situación de desventaja (aquí hay un resumen de las reivindicaciones de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos – UPA). “A nosotros nos piden que apliquemos todas esas medidas pero luego permiten la entrada de productos que no los cumplen. No podemos competir con ellos”, asegura Lorenzo, un agricultor de trigo de la provincia de Burgos.
Y es cierto. El mercado agrícola se ha internacionalizado y las importaciones no paran de crecer. Esta tendencia se ha profundizado desde 2020, y muy especialmente en 2022, cuando las importaciones de productos agrícolas en España aumentaron un 31%. Importamos fundamentalmente pescado y marisco, cereales, aceites y grasas y, en cuarto lugar, frutas y verduras frescas.
Pero también exportamos cada vez más, sobre todo a países europeos, a donde se dirigen el 64% (en valor) de las exportaciones alimentarias de España. Y como se ve en el gráfico, las exportaciones superan a las importaciones, seguido de Reino Unido y China.
Atrapados en el embudo
Si las exportaciones han crecido más que las importaciones y la balanza es positiva, ¿por qué los agricultores aseguran que no pueden sobrevivir? Porque en la mayoría de los casos la industria se beneficia, pero ellos no. Manuel, y muchos otros agricultores con los que he hablado estos días aseguraban sentirse impotentes a la hora de negociar sus precios de venta. “Yo no puedo decidir el precio. Me pagan la naranja a 0,10 (euros el kilo) y eso no es suficiente”, se quejaba Miguel Ángel, un agricultor de cítricos.
Uno de los culpables, para ellos, es la importación desde países no comunitarios por la competencia desleal que suponen. Por ello, los agricultores piden las llamadas “claúsulas espejo”, es decir, que toda mercancía agrícola que entre en Europa tenga que cumplir los mismos requisitos que se les imponen a ellos para cultivar.
Pero eso sólo solventaría una pequeña parte de sus problemas. Porque lo cierto es que, según los mismos datos de la balanza agroalimentaria, la mitad de las importaciones (en valor) ya proceden de la misma Europa donde las reglas son las mismas para todos. En segundo lugar están los países del MERCOSUR (22% en volumen y 11% en valor), principalmente Argentina y Brasil, que proveen muchas de las materias primas baratas de los piensos animales. Es decir, que si se aplican las cláusulas espejo, los más perjudicados serían los ganaderos de intensivo, aunque algunos agricultores de cereal se vieran beneficiados. Muchas multinacionales de origen español también se verían perjudicadas, porque irónicamente muchas de esas frutas y verduras que hacen competencia desleal son de grupos empresariales nacionales.
El principal problema es que la PAC ha alimentado un sistema cada vez más industrializado en el que ya no hay cabida para la agricultura familiar (y en el que como explicábamos en el libro ‘Los Monocultivos que conquistaron el mundo’ el sector agrícola ya no produce para alimentar sino para sacar el mayor rendimiento posible). Y si esa agricultura familiar sigue existiendo es a merced de lo que imponen ciertos actores del sector, principalmente los fabricantes de insumos (fitosanitarios, piensos…), los supermercados, las marcas o los intermediarios. Es lo que se ha llamado la teoría del embudo de Grievink (que también se conoce como cuello de botella de la industria alimentaria). Así, en las redes de suministro y comercialización del sistema alimentario, quienes tienen menos capacidad de decisión son los que en un principio son los más importantes: los que producen y los que consumen.
En muchos casos, los productores se han convertido en simples instrumentos para las grandes marcas o para los fondos de inversión, cada vez más presentes en el sector primario. Ejemplo de ello es el sector del porcino, donde marcas como ElPozo o BonÁrea no poseen granjas, pero someten a los productores que trabajan con ellas a todo un sistema de integración donde es la marca quien decide todo. “El cerdo es de la marca, no es nuestro. Hasta que se muere. Entonces es nuestro problema”, contaba un productor de cerdo de la zona de Huesca el año pasado.
Las protestas han conseguido ya importantes concesiones y la Comisión Europea ha cedido a la hora de hacer voluntarios algunos de los requisitos medioambientales que se imponían en la nueva PAC. También ha prometido que se reducirán los trámites burocráticos que se habían visto incrementados de forma notable – otra de las reivindicaciones de los agricultores. La coalición Por Otra PAC ha calificado las medidas como “un retroceso sin precedentes” que llevaría a la Política Agrícola Común a ser menos ambiciosa ambientalmente que la de 2014. “Es una irresponsabilidad que va a dificultar la adaptación del sector agrario a un escenario climático muy preocupante, al avance de la desertificación, a la amenaza de la sequía y al empeoramiento de la contaminación por nitratos”, ha asegurado la coalición.
Limitar los requisitos medioambientales en un sector que depende de la salud ecosistémica para seguir funcionando es pan para hoy y hambre para mañana. Como ya ocurrió con las protestas de hace 4 años, que también pedían precios más justos por sus cosechas, las medidas que entonces se tomaron – principalmente la Ley de la Cadena Alimentaria – no han solventado sus problemas, porque no se reconoce la cuestión principal: que el sector primario debería centrarse en alimentar a las personas y no en maximizar la rentabilidad.