La Unión Europea ha puesto en marcha una nueva ley que regula la importación de productos relacionados con deforestación y sus derivados
Por Lidia Ucher y Laura Villadiego
Consumimos a costa de la extinción de los bosques de medio planeta. En solo un año, el mundo perdió 12 millones de hectáreas de cobertura forestal, equivalentes al área de Grecia, según datos de World Wildlife Fund (WWF). Y Europa es uno de sus principales causantes. Así, se calcula que entre un 10 y un 16% de la deforestación global está directamente relacionada con lo que Europa consume, siendo el segundo mayor importador de materias primas agrícolas relacionadas con deforestación tropical, sólo por detrás de China.
La lista de productos que contribuyen a la deforestación y que terminan en nuestros platos es larga. Desde el café y el cacao hasta la carne de vacuno y el aceite de palma, que se encuentra en una innumerable cantidad de productos procesados. A estos se suman otros como la soja y el maíz, que son especialmente problemáticos por su uso en piensos para alimentación animal y en agrocombustibles. España, por ejemplo, es el octavo país importador de soja del mundo, y el 71% de nuestras importaciones proceden de los trópicos, zonas en las que el riesgo de deforestación es alto.
La Unión Europea es consciente del impacto socioambiental de su consumo y ha empezado a abordarlo con una serie de regulaciones que buscan que las empresas que comercian en el continente hagan un escrutinio más exhaustivo de sus cadenas de suministro para evitar y reparar sus impactos negativos. Lo que ha venido llamándose diligencia debida. De hecho, hay sobre la mesa una legislación concreta sobre esta cuestión, que podría aprobarse en 2024. Pero ya se ha dado un primer paso regulando la importación de productos que causan deforestación, como el café, el cacao, el aceite de palma, la carne de vacuno, la madera y el caucho.
Así, en 2023 entró en vigor un nuevo reglamento que podría marcar un antes y un después en la lucha global contra la deforestación, ya que es la primera regulación internacional que obligará a las empresas importadoras de ciertas materias primas a garantizar la trazabilidad de sus cadenas de suministro.
Un paso importante que, sin embargo, tiene grandes carencias. La primera es que la lista de materias primas que estarán obligadas a este escrutinio está limitada a la ternera, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, el caucho y la madera. Una de las materias primas que no ha entrado en el acuerdo y que se considera preocupante es el maíz. La legislación tampoco protege todos los ecosistemas. Así, la base de la regulación es el concepto tradicional de bosque (“extensiones de más de 0,5 hectáreas con árboles de más de 5 metros y copas que cubran más del 10%”, según la definición de FAO) y olvida otros ecosistemas clave como los humedales. “En teoría, el objetivo del reglamento es minimizar la contribución de la UE a la deforestación y degradación forestal global. Pero al no incluir productos como el maíz, la caña de azúcar y otros ecosistemas que no son bosques, se estima que el 30,5% de los ecosistemas naturales de Sudamérica -como buena parte del Chaco argentino- quedan desprotegidos con el actual ámbito de aplicación aprobado por el Reglamento. Sería el equivalente a una superficie superior a 5 veces el tamaño de Francia”, explica Tom Kucharz, activista de la Alianza Cero Deforestación.
El reglamento tampoco afectará por igual a todos los países. Así, está previsto que se ponga en marcha un sistema de medición de riesgos que establecerá diferentes obligaciones según el país del que procedan las materias primas. A más riesgo de deforestación, más controles habrá que pasar. La Comisión Europea está ahora creando un sistema de clasificación de los países como de riesgo bajo, estándar o alto que debería estar listo antes de finales de año.
“Otro problema”, apunta Kucharz, “es que los derechos humanos no se incluyen en los artículos sobre el ámbito de aplicación, ni en las cláusulas de revisión del Reglamento”. Así, aunque la legislación sí que menciona que las empresas importadoras deben respetar también los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas y sus derechos de propiedad colectiva, tienen un papel secundario en la regulación.
Cómo se rastrea una materia prima
La trazabilidad ha salido en los últimos años a la palestra pública, pero su historia es más larga, explica el experto y consultor en la materia Ricardo Sánchez. Así, la trazabilidad se asoció en un primer momento a la seguridad alimentaria, con el objetivo de poder retirar rápidamente alimentos de los que se pudiera sospechar que estuvieran contaminados o defectuosos sobre todo en Europa y Estados Unidos. “La Unión Europea quería saber qué es lo que está consumiendo por una cuestión de calidad alimentaria. En Estados Unidos es por una cuestión de miedo y por eso lo metieron en la Ley de Bioterrorismo”, explica Sánchez.
En 2002 la Unión Europea aprobó una Ley de Seguridad Alimentaria que hacía la trazabilidad obligatoria “en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución” teniendo que implementarse los sistemas necesarios de identificación de los productos a través de etiquetados u otros documentos de identificación. Por ello, ahora lo normal es que los productos alimenticios tengan asignados números de lotes y otros elementos que hacen que se puedan encontrar rápidamente si hay una alerta.
Pero con algunas materias primas no siempre es tan fácil, explica Michael Lathuillière, investigador del Stockholm Environment Institute. Especialmente con las que proceden de países con regulaciones más laxas, como puede ser el caso de la soja latinoamericana o el aceite de palma del Sudeste Asiático. Porque lo normal es que la materia prima se transporte a granel y se mezcle con otra materia prima que procede de otros lugares, ya sea en silos, plantas de procesamiento, puertos o barcos. Lathuillière habla del ejemplo de la soja de Argentina: “Cada año hay entre 3 y 4 millones de toneladas de soja que entran en Argentina desde Paraguay para hacer harina. Es imposible rastrear esa soja porque se mezcla con otra”.
Sánchez asegura que si se hace bien, “se puede llegar incluso a la unidad de producción”, es decir, a la parcela de cultivo de la que procede. De hecho, la regulación europea obligará a las importadoras a que utilicen «herramientas de seguimiento por satélite, auditorías sobre el terreno, capacitación de los proveedores o pruebas isotópicas para comprobar la procedencia de los productos». Esos datos tendrán que ser además accesibles para las autoridades europeas y también estarán a disposición del público, aunque de manera anónima.
La clave estará en la implementación, apunta Sánchez, ya que uno de los principales problemas será la corrupción existente en muchos de los países de origen de las materias primas. “Cuando Europa se ponga fuerte y lo exija, no les va a quedar otra que ponerlo. El tema es que pongan a gente [para controlarlo] que sea creíble”, asegura.
El reglamento no entrará completamente en vigor hasta el 30 de diciembre de este año que será cuando las empresas realmente tengan que asegurarse de que esa trazabilidad se cumple. El reglamento será además revisado en varias etapas para valorar la posibilidad de incluir otros ecosistemas o materias primas a la regulación. El pequeño paso adelante aún tiene mucho camino por recorrer.
| La lucha global contra la deforestación 1. La Ley Europea: Un Modelo en evolución La nueva ley de la UE representa un avance significativo en la lucha contra la deforestación. Su enfoque en la trazabilidad y la responsabilidad corporativa establece un precedente importante. Además, la inclusión de los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas añade una dimensión ética clave a la legislación. 2. El enfoque de Brasil y sus desafíos internos Brasil, hogar del Amazonas, ha implementado leyes para frenar la deforestación, no sin problemas debido a la presión económica y política. A pesar de tener un sistema de monitoreo de deforestación avanzado, como el Sistema de Alerta de Deforestación (SAD), las políticas actuales han sido criticadas por no ser lo suficientemente efectivas. Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 9,5% en el año 2020, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas actuales y la necesidad de estrategias más robustas. 3. La Iniciativa de Indonesia: Compromiso y controversia Indonesia, conocida por sus vastas selvas tropicales, ha promulgado leyes para reducir la deforestación, particularmente relacionadas con la producción de aceite de palma. Sin embargo, estas leyes han sido objeto de debate debido a cuestiones de implementación y cumplimiento. Un estudio de Greenpeace indica que, aunque ha habido avances, aún persisten desafíos en la aplicación efectiva de estas leyes. 4. El caso de la Cuenca del Congo En África, la Cuenca del Congo es un área clave. Algunos países de esta región han comenzado a implementar políticas para proteger sus bosques, pero a menudo carecen de los recursos y el apoyo internacional necesarios para hacer frente a la deforestación a gran escala. Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan la importancia de aumentar el apoyo internacional para fortalecer estas iniciativas. 5. Esfuerzos de Norteamérica: Diversidad en estrategias En Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos tienen enfoques diversos, desde leyes federales hasta iniciativas a nivel estatal o provincial. Su enfoque tiende a centrarse en la gestión sostenible de los bosques y la reforestación. Un ejemplo notable es el Programa de Acción Forestal de Canadá, que se centra en la gestión forestal sostenible y la conservación. |
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