Mientras el humedal de Doñana se seca, las autoridades andaluzas siguen favoreciendo a los agricultores freseros, quienes además abusan sistemáticamente de las trabajadoras, sobre todo migrantes, de los invernaderos
por Nazaret Castro*
Volvió a ocurrir a fines de septiembre de 2023. En esta ocasión fue en el asentamiento de Palos de la Frontera y se calcula que las llamas calcinaron 200 chabolas, alrededor del 85% del total. Una vez más, un incendio en un asentamiento dejaba a cientos de personas sin sus precarias casas, sin sus pertenencias y sin sus documentos, tan preciados como la promesa de acceder algún día futuro a la soñada regularización. No es ninguna novedad, como tampoco lo es la desidia de las administraciones. En los últimos años, cuatro personas han muerto en los incendios en los poblados de infraviviendas de pueblos como Moguer, Palos de la Frontera, Lepe y Lucena del Puerto. Cientos de familias han tenido que comenzar de cero y volver a construir sus hogares con palés de madera forrados de cartón y plástico.
La mayor parte de estas personas trabajan en los campos de Huelva, muchas de ellas en la agroindustria de la fresa y el fruto rojo. La boyante economía del “oro rojo” aporta, según datos de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), el 8% del PIB andaluz, y requiere de entre 80.000 y 100.000 trabajadoras cada campaña, de las que casi la mitad son extranjeras. Las que están en peor situación son, posiblemente, quienes llegan de países extracomunitarios y no tienen ‘papeles’. Para muchas de ellas, el arraigo es la única opción para aspirar a la regularización: eso supone demostrar que llevan tres años viviendo en el Estado español, pero durante ese tiempo no tienen permiso legal para trabajar. Dicho de otro modo: deben lograr empadronarse –cosa que a menudo no les facilitan los ayuntamientos– y sobrevivir como puedan esos años. Esta situación les condena a trabajar de forma irregular en aquellos sectores de alta demanda de mano de obra barata; las mujeres suelen tener como opciones el campo, la limpieza y el cuidado de personas mayores, cuando no el trabajo sexual. De hecho, a menudo oscilan entre unos y otros empleos, en una suerte de “puertas giratorias” de la precariedad.
Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL), colectivo de trabajadoras del campo autoorganizadas en defensa de sus derechos, ha denunciado el “racismo institucional” que esconde la Ley de Extranjería y que se refleja en la desidia de las administraciones ante lo que sucede en los tajos y en los pueblos de Huelva. La vulnerabilidad en la que la ley deja a estas personas permite abusos como que se les pidan cientos de euros por un empadronamiento, o miles de euros por un contrato de trabajo. “Hay gente que ha cumplido tres años aquí y necesita contratos para regularizar su situación, y algunos jefes se aprovechan de eso y cobran hasta cuatro mil euros por hacerles un contrato”, cuenta una habitante de un asentamiento. Relatos similares abundan en los pueblos de Huelva.
Aunque con particularidades locales, la sobreexplotación de las personas migrantes se repite en otras regiones del Estado español donde la producción agroindustrial es intensiva, como Almería, Lleida o Murcia, pero también en países como Francia, Italia y Grecia, como documenta el informe E(U)xploitation de la organización italiana Terra! Lo que sí ha abanderado Huelva es el modelo de la contratación en origen, celebrada por la patronal fresera y por las autoridades gubernamentales como un modelo de “migración ordenada”. En torno a veinte mil mujeres llegan cada campaña a Huelva, procedentes en su mayoría de Marruecos, con este tipo de contratos. Este modelo permite que contingentes de trabajadoras vengan a cosechar la fresa durante los meses de mayor demanda de mano de obra, para volver después a su país; de hecho, se contrata preferentemente a mujeres con hijos menores, un requisito discriminatorio, para garantizar supuestamente que así no se quedarán en el país.
Sobre el papel, estos contratos permiten a estas mujeres ganar unos sueldos muy por encima de los que se cobran en Marruecos; sin embargo, una larga cadena de abusos e irregularidades terminan haciendo el trato mucho menos conveniente. Aunque la normativa no lo permite, es frecuente que se les cobre por el alojamiento en las fincas y por la luz y el agua. A muchas de las temporeras se les ha restado de su nómina un seguro médico privado por hasta 200 euros, gestionado a través de La Caixa, pese a que tienen derecho a su tarjeta de la sanidad pública, que, sin embargo, no siempre se les da. Otra queja habitual tiene que ver con las listas de productividad, que alimentan la competencia entre las trabajadoras y son una gran fuente de estrés, puesto que las temporeras que menos fruta recogen están expuestas, como castigo, a perder días de empleo y sueldo, pese a que las contratadas en origen tienen asegurado sobre el papel un cierto número de horas semanales de trabajo en los tajos. Frente a este tipo de abusos, la mayoría de estas mujeres no sólo desconocen nuestra lengua, sino que viven en alojamientos en las fincas, a kilómetros de los pueblos, en un aislamiento que dificulta que puedan denunciar lo que les ocurre. “Quieren guetos: no las miran como vecinas sino que las invisibilizan para así poder explotarlas más”, apunta Sandra Algaba El Khadraoui, de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Juegan a enfrentar pobre con pobre”, añade. Lo cierto es que, en los últimos veinte años, la generalización del empleo de extranjeras ha ido de la mano de un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo en los tajos, también para la población autóctona. Pero, si en algo es Huelva una excepción, es en la visibilidad que han logrado las jornaleras: primero, en 2018, gracias a las denuncias de las temporeras marroquíes que revelaron haber sufrido abusos sexuales sistemáticos; después, por la posterior labor sostenida de denuncia y divulgación de Jornaleras de Huelva en Lucha.
Huelva como zona de sacrificio
La provincia andaluza se ha convertido en un caso paradigmático de territorio periférico forzado a ser un reservorio de materias primas baratas. Los invernaderos, junto con la minería y el polo químico, han convertido a Huelva en una zona de sacrificio. El sistema agroalimentario global requiere de estas periferias, pues el modo globalizado e industrializado en que producimos alimentos ha desconectado la agricultura de las necesidades y recursos locales. En Huelva se produce intensivamente un producto que requiere de grandes cantidades de agua de regadío y que se exporta a los países del norte de Europa, mientras retrocede el cultivo de productos más tradicionales de estas tierras y menos demandantes de agua, como el garbanzo, que España importa en un 90% –mayoritariamente, de los países de América del Norte–. La pregunta es si en una región donde el agua nunca abundó, en un contexto de cambio climático que va camino de convertir la sequía en algo estructural en Andalucía, podemos permitirnos exportar tanta agua en forma de fresas. A la vista del desastre ecológico en el humedal de Doñana, la respuesta es muy probablemente negativa.
Las 11.000 hectáreas de cultivo de la fresa y el fruto rojo se concentran en el área cercana al parque natural y el riego procede de los mismos acuíferos que alimentan las marismas. Ya en 2014 el CSIC determinó que había “síntomas de desecación” en el mayor humedal de Europa; ese mismo año, un estudio de impacto ambiental cifró en 2.500 los pozos que surten a la agroindustria; de ellos, 800 eran ilegales. Casi una década después, se han clausurado 400 de ellos, pero no sabemos si habrá otros nuevos. En los últimos meses, la Junta de Andalucía ha anunciado por dos veces su intención de declarar la amnistía a los regantes irregulares, pese a que los expertos están de acuerdo en el estado límite al que ha llegado Doñana. El riesgo no es sólo que el parque natural colapse como lo hizo ya el Mar Menor; es, también, que llegue a faltar el agua para el uso de la población local.
¿Cómo salir de la agricultura extractiva?
Huelva ha sido un laboratorio de ensayo para la agroindustria ibérica y ha demostrado ser un modelo de desarrollo muy lesivo para la salud de cuerpos y territorios. Las soluciones no son fáciles, porque el problema es estructural y tiene raíces complejas. El modelo agroindustrial globalizado favorece sistemáticamente a las grandes empresas multinacionales, en especial las biotecnológicas (Bayer-Monsanto, BASF), comercializadoras de semillas (Bunge, Cargill), empresas alimentarias (Unilever, Nestlé) y grandes distribuidores (Carrefour, Wallmart, Mercadona). La producción agroecológica es obligada a competir en el mercado jugando con cartas marcadas. Modificar esas asimetrías de poder requiere una labor de incidencia política que pasa, entre otras cosas, por tomar las calles en defensa del agua, de la tierra y de las personas que trabajan en nuestros campos.
Sin embargo, son muchas las medidas que se pueden implementar. Jornaleras de Huelva en Lucha demanda un cuestionamiento profundo no sólo el mecanismo de la contratación en origen, sino la propia Ley de Extranjería que deja a miles de personas a la intemperie. Al mismo tiempo, plantea unas líneas de acción para avanzar hacia un modelo más justo y sostenible. En palabras de Ana Pinto, cofundadora de Jornaleras: “Recuperar cultivos tradicionales como la vid, apostar por el pastoreo anclado al territorio y por la transición a la agroecología y generar puestos de trabajo alternativos para la población rural que se centren en el trabajo de regeneración y conservación del bosque”.
Y mientras tanto, ¿qué hacer como consumidoras críticas? El boicot es una opción polémica, en tanto las jornaleras no tienen por el momento alternativas laborales; además, otras frutas y verduras comportan impactos socioambientales muy similares. Más que vetar ningún producto, se trata de apostar por la producción agroecológica, confiando más en los productores de la Economía Solidaria que en los sellos de certificación de las grandes empresas, y de contribuir a que cuestiones que atraviesan la producción del fruto rojo tan esenciales como los derechos de las personas migrantes y el futuro de nuestro derecho al agua se conviertan en una prioridad en la agenda política.
*Periodista, cofundadora de Carro de Combate y coautora junto a Ana Pinto del libro Abramos las cancelas. La lucha de las jornaleras de Huelva por otro modelo de agricultura (La Laboratoria, 2023).
Fotografía: Adri Salido