Cada vez surgen más dudas sobre si el dinero que las empresas invierten en proyectos de compensación de emisiones contribuye a la lucha contra el cambio climático o si, en realidad, es una mera distracción
Por Laura Rodríguez
En un mundo donde la preocupación por el cambio climático se ha generalizado, es común encontrarse con empresas y servicios que presumen de ser «neutros en emisiones». Desde tomarse un café matutino Nespresso “100% sostenible” hasta el mensajero de Seur que entrega un paquete “cero emisiones netas”, pasando por el último viaje en un vehículo de Cabify, la opción de vivir una vida «neutra en carbono» parece estar al alcance de la mano. Incluso cuando se reserva un vuelo, es probable tener la posibilidad de compensar las emisiones de carbono por un modesto sobrecargo en el precio. La idea de contrarrestar los efectos de un viaje por solo unos pocos euros puede ser tentadora y reconfortante para quienes desean contribuir a la lucha contra el cambio climático. Según una encuesta realizada por National Geographic en enero de 2022, el 38% de los usuarios estaría dispuesto a pagar por compensar sus emisiones, un porcentaje que se dispara al 48% entre los millennials.
Sin embargo, detrás de esta fachada de buenas intenciones y soluciones simples, hay un escenario lleno de retos. Cada vez surgen más dudas sobre si el dinero que las empresas invierten en proyectos de compensación de emisiones contribuye a la lucha contra el cambio climático o si, en realidad, es una mera distracción. Organizaciones mundiales, como Objetivos Basados en la Ciencia, defienden que debemos ser escépticos ante la efectividad de estas medidas. También algunas empresas comienzan a retractarse por litigios legales o los pésimos datos que siguen apareciendo.
Joe Romm, uno de los autores climáticos más influyentes en Estados Unidos, está convencido de que se trata de una estrategia que nos está impidiendo avanzar. En un documento que acaba de publicar en el Centro de Ciencia, Sostenibilidad y Medios de Comunicación de la Universidad de Pensilvania, donde es investigador, analiza la historia de la compensación de las emisiones de carbono y dónde nos ha llevado. “Las personas que crearon este sistema eran personas muy inteligentes y con buenas intenciones”, nos explica por teléfono. “Pero hay problemas inherentes que no pueden solucionarse”. Barbara Hire, directora del Proyecto de Comercio de Carbono de Berkeley, coincide con este veredicto: “Todos los que han intentado hacer esto no sólo han fracasado, sino que han fracasado gravemente“.
Numerosos estudios recientes han contribuido a engrosar las dudas. En enero de 2023, una investigación conjunta entre el diario The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial reveló que hasta el 90% de los proyectos en bosques tropicales financiados por la agencia líder de créditos de carbono, Verra, no lograban reducir genuinamente las emisiones. Además, desde 2019, varios estudios han señalado que los programas de reforestación en California, incluidos en proyectos de compensación de carbono, han resultado ineficaces debido a los incendios que han asolado la región en los últimos años. Hace apenas unos meses, el proveedor de créditos de carbono SouthPole admitió que su proyecto estrella en Zimbabue, llamado Kariba, no cumpliría con las reducciones de emisiones prometidas a empresas como easyJet, Gucci o la banda de música Pearl Jam.
«El problema de las compensaciones de carbono es que se basa en una ciencia defectuosa”, nos dice Lindsay Otis Nilles, experta en mercados globales de la organización no gubernamental Carbon Market Watch. “No se puede demostrar científicamente que un crédito de carbono equivalga a una tonelada de CO2 emitida. Por eso cuando una empresa asegura comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones y contrarrestar su huella es simplemente falso».
Consideremos un ejemplo clásico: una empresa que invierte en créditos de carbono destinados a proteger un bosque en la selva tropical. En teoría, se calcula el impacto positivo en la atmósfera al conservar este depósito de carbono. Sin embargo, no hay garantía de que la madera que se iba a extraer de ese bosque no se obtenga en otro lugar igualmente valioso. Ni se puede asegurar que en el futuro no se desencadene un incendio liberando más emisiones o que, por razones políticas, la tierra se destine a otro propósito. Así, las supuestas reducciones de emisiones se convierten en meros números en papel.
La noción de las compensaciones de carbono se originó a finales del siglo XX y se consolidó en el Protocolo de Kioto de 1997. Este acuerdo dio vida a los Mecanismos de Desarrollo Limpio, diseñados para permitir a los países descontar de sus emisiones aquellas inversiones que hicieran en proyectos de absorción de carbono, en naciones en desarrollo por lo general.
Junto a esto, se estableció un mercado de carbono voluntario donde empresas, gobiernos u otros organismos podían llevar a cabo una operación similar y restar de su huella de carbono las emisiones atmosféricas que, en teoría, se reducirían a través de proyectos climáticos en los que participaran. En esencia, las emisiones de carbono crearon su propio mercado, al estilo de bienes de consumo. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los proyectos que se negocian se basan en beneficios futuros hipotéticos y en mediciones que tanto el vendedor como el comprador intentan maximizar. Además, se trata de un mercado que carece de regulación y de una entidad independiente de supervisión, lo que permite que cualquiera pueda ofrecer su producto sin ninguna garantía.
Un ejemplo paradigmático es lo que ocurrió con el Mundial de fútbol en Catar en 2022. La FIFA anunció que, por primera vez, su evento sería «neutro en carbono». Sin embargo, una investigación del organismo suizo que regula la publicidad reveló que las afirmaciones carecían de fundamento y se basaban en créditos proporcionados por una agencia creada unos meses antes por el propio gobierno catarí. Se habían certificado proyectos que otros organismos más exigentes habrían rechazado y prometían reducciones de emisiones que no se podían verificar. “En los últimos años, otros países como Arabia Saudita, Japón y Zimbabue también han creado sus propias agencias de certificación “, asegura Romm. “Es la la ley de la selva”
La falta de regulación afecta también a los precios, que varían desde unos pocos dólares por tonelada, hasta los 80 o 100 dólares establecidos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea o los 800 dólares que se pueden pagar por los proyectos basados en captura directa de carbono (los que absorben el carbono y, por ejemplo, lo inyectan en rocas). Esto significa que muchas empresas optan por las soluciones más económicas para neutralizar sus emisiones, sin tener en cuenta su calidad. “Cuando puedes compensar las emisiones de un vuelo de avión por dos o tres dólares, te están vendiendo una fantasía para dar buena imagen”, explica Romm. “Si realmente estuvieras pagando los precios del sistema regulado de la UE tendrías que sumar al menos un 20% más a tu billete”.
El mercado voluntario de compensaciones de carbono suscita, además, cuestiones de justicia social. Numerosos estudios han revelado el impacto negativo que algunos proyectos tienen en comunidades indígenas que residen cerca de áreas destinadas a la preservación de bosques. Paradójicamente, estas comunidades se ven forzadas a cambiar su estilo de vida y a luchar por su supervivencia cuando sus tierras se convierten en moneda de cambio para compensar las emisiones de individuos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia.
La disparidad entre los países vendedores y compradores es innegable. Los países en desarrollo, impulsados por necesidades económicas, a menudo ceden sus derechos de emisión, mientras que los compradores suelen ser naciones económicamente más fuertes que pueden continuar emitiendo gases de efecto invernadero sin restricciones. En un mundo donde la urgencia de reducir las emisiones a cero es evidente, estos números simplemente no encajan. Tanto compradores como vendedores estarán obligados a reducir drásticamente la producción de gases de efecto invernadero.
En los últimos años, un creciente número de expertos ha retirado su respaldo a las compensaciones de carbono.La regulación global resulta demasiado compleja y vulnerable a manipulaciones que distorsionan los resultados. A pesar de que existen sectores, como el cemento, el acero o la aviación, que aún son difíciles de descarbonizar, las compensaciones no abordan eficazmente el problema. No reducen las emisiones; sólo crean una ilusión. Como respuesta, Lindsay Nilles sugiere adoptar un término más honesto para las inversiones de las organizaciones en proyectos climáticos, como «apoyo a la acción climática», que refleja de manera más precisa su contribución. El término «neutralidad en carbono», dice, resulta capcioso.
Esta creciente percepción negativa afecta también a las empresas, que se enfrentan a demandas legales por posible publicidad falsa. En los últimos dos años, compañías como Easyjet, Gucci, Nestle y Shell han anunciado su decisión de dejar de utilizar compensaciones de carbono en sus estrategias climáticas. Otras, como Microsoft, han manifestado su compromiso con la captura directa de carbono. Se percibe un cambio de tendencia que podría consolidarse si la regulación sopla a su favor. En septiembre de 2023, la Unión Europea aprobó una ley provisional que prohíbe la promoción general de productos como «libres de emisiones» o «neutros en carbono». Es posible que los departamentos de marketing estén explorando alternativas de etiquetado menos controvertidas. Sin embargo, a medida que la información disponible se multiplica, las estrategias de lavado verde cada vez lo tendrán más difícil.
| Proyectos que no compensan a las poblaciones Por Aurora Moreno Alcojor Más allá de las dudas que genera el mercado de compensación de carbono debido a las dificultades para verificar su eficiencia y veracidad, en los últimos años ha surgido además otra derivada aún más perniciosa: los impactos que estos grandes proyectos de compensación de carbono pueden tener sobre determinadas poblaciones y comunidades, generalmente del sur global. Tal y como funciona el sistema, la compensación de emisiones se hace destinando una cantidad económica a proyectos que evitan o reducen las emisiones (por ejemplo, mediante la reforestación, la sustitución de combustibles fósiles o la reducción de residuos). Es decir: son otras personas, lugares o actividades productivas las que dejan de emitir C02. Y en muchos casos, esto está teniendo importantes impactos sobre las condiciones de vida de las comunidades. Uno de los casos más llamativos ha sido el acaecido en Kenia, donde la ONG Northern Rangeland Trust lleva una década vendiendo las bondades de un proyecto que en teoría permitiría reducir las emisiones sustituyendo el pastoreo tradicional “no planificado”, por otro bien calculado y que incluyera el cuidado de los pastos, que permitiría que la vegetación creciera más rápidamente.La iniciativa, conocida como Northern Kenya Rangeland Carbon Project, ocupa un espacio que ocupa 1,9 millones de hectáreas en el que viven más de 100.000 personas de diferentes etnias. El informe Blood Carbon, elaborado por la ONG Survival en 2023, alerta sin embargo de que la iniciativa a duras penas ha pasado el sistema de verificación Vera y recoge las numerosas dudas que plantea el proyecto: ¿realmente las formas de pastoreo “planificadas” son más eficientes para reducir emisiones de C02? En caso de que así fueran, ¿qué supone para las comunidades cambiar sus formas de vida y, realmente lo están haciendo? y, en tal caso: ¿no deberían ser ellas las beneficiarias directas de estas compensaciones? Otro caso que ha levantado las sospechas de los defensores medioambientales ha sido la noticia de un posible acuerdo entre Liberia y la empresa Blue Carbon, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por el cual el país africano cedería hasta un 10% de su territorio para que la compañía los utilice para proyectos de compensación de carbono. Un acuerdo que, de terminar llevándose a la práctica, podría tener un enorme impacto en el uso final de las tierras, independientemente de las necesidades de las comunidades locales. |
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