La Política Agrícola Común, que en 2023 cumplió 6 décadas, es una de las principales regulaciones de la Unión Europea y ha sido objeto de candentes debates durante las elecciones europeas. Repasamos su historia y algunos de sus principales impactos
La Política Agrícola Común ha sido uno de los principales temas de debate durante las recientes elecciones europeas. Tras las últimas protestas agrícolas en varios países europeos, varios partidos han intentado capitalizar el descontento en el campo con promesas de flexibilizar este programa de ayudas condicionadas a los agricultores. Pero ¿qué es esta Política Agrícola Común y qué impactos ha tenido?
En 2023, la Política Agrícola común cumplió 60 años. Aprobada en 1962, no sería hasta el año siguiente cuando empezaría a implementarse esta política agraria cuyo objetivo principal era producir la máxima cantidad de alimentos posible para paliar las carencias que aún vivía Europa tras la II Guerra Mundial. Su segundo objetivo sería garantizar a los agricultores unos ingresos suficientes para que pudieran centrarse en su propósito principal: seguir produciendo alimentos.
Se puso así en funcionamiento un sistema de intervención del mercado en el que se daban precios mínimos garantizados a los agricultores por tonelada producida. La medida fue tan exitosa que, ya en los años 70, Europa producía más de lo que podía consumir y los excedentes se acumulaban. Esto obligó a establecer cuotas máximas de producción de ciertos productos y, en los años 90, Europa aprobó la reforma cuya huella ha sido más profunda: desligar las ayudas de la cantidad producida y establecer la extensión de terreno como la referencia para calcular las ayudas. Es decir, a más hectáreas, más dinero.
El resultado sería un sector agrícola cada vez más concentrado e industrializado, en el que los pequeños agricultores se están viendo abocados a la desaparición. “La PAC condiciona el sistema agroalimentario. La mayor parte de sus fondos favorecen producciones intensivas y prácticas que perjudican el bienestar animal, de las personas y de la naturaleza”, aseguran desde la organización Por otra Pac.
Las cifras constatan esta tendencia. Entre 2005 y 2020 desaparecieron 5,3 millones de explotaciones en Europa, lo que supone una reducción del 37%. La mayor parte de esas explotaciones, 4,6 millones, tenían menos de 5 hectáreas. Sin embargo, en España, las explotaciones de más de 100 hectáreas se incrementaron en un 11%, tan sólo entre 2016 y 2020. La superficie de esas explotaciones se incrementó incluso más, con un crecimiento de casi el 14% en ese periodo y cerca de 250 hectáreas de media. Suponen así menos del 8% de las explotaciones pero acaparan aproximadamente el 60% de la extensión cultivada.
También ha descendido el número de personas empleadas en el sector, que ha pasado de suponer el 6,4% del total del empleo en Europa en 2005, al 4,4% en 2018. En España, ese porcentaje había descendido al 3,6% en 2023. Mientras, la producción, y los beneficios, se han concentrado, de nuevo, en las grandes explotaciones agrícolas, un 2,7% del total, que producen el 54,4% del total de la producción agrícola en el continente.
Todo este sistema industrializado no sería posible sin el uso de fitosanitarios. Por ello, a medida que se intensificaba la producción, aumentaban también sus ventas, que han crecido un 67% entre 2013 y 2021. España fue en 2021 el país de la Unión Europea que más fitosanitarios compró con un 21% del total del continente.
Esto ha creado un paisaje homogéneo en el que se producen materias primas – que a menudo ni siquiera son alimentos – pero en el que no hay vida. “La PAC ha llevado a la simplificación y consolidación del paisaje, a incrementos drásticos en el uso de pesticidas y la frecuencia del laboreo, a la expansión del regadío y a la destrucción de pastos”, aseguraban 2.500 científicos en una carta enviada en noviembre de 2019 al Parlamento Europeo pidiendo medidas urgentes parar reducir el impacto de las prácticas agrícolas intensivas en Europa. La PAC “está convirtiendo las áreas rurales en desiertos verdes de monocultivos que buscan la máxima producción y que son inhabitables”, aseguraban.
Además, la acumulación de fitosanitarios ha supuesto importantes daños a los ecosistemas, por lo que la Unión Europea se propuso reducirlos a la mitad antes de 2030. Pero la presión de la industria ha sido más fuerte y la lucha contra los fitosanitarios ha perdido dos grandes batallas en 2023. La primera fue contra el glifosato, cuya autorización fue renovada por diez años más por la Comisión Europea. La segunda tuvo lugar en el Parlamento Europeo, quien rechazó en noviembre el plan de reducción de pesticidas.
Tras las protestas agrícolas de principios de 2024, se flexibilizaron otros requisitos incluidos en la PAC, entre ellos, la obligación de dejar un 4% del terreno en barbecho.
Europa había prometido con el Pacto Verde Europeo una agricultura más respetuosa con los ecosistemas. Un plan al que ya se le ha dado una estocada casi mortal.