El Reglamento de Deforestación Importada, aprobado por la Unión Europea en 2023, regulaba la entrada en Europa de aquellas materias primas que pueden estar relacionadas con la deforestación -cacao, café, madera, soja…-. Su entrada en vigor estaba prevista para el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, a tan solo mes y medio de esa fecha, el europarlamento ha pospuesto 12 meses su aplicación. Analizamos por qué y recordamos qué supone dicha normativa.
La noticia saltó a los medios a principios de octubre: la Comisión Europea proponía retrasar un año la entrada en vigor del Reglamento sobre Deforestación Importada (EUDR, según siglas en inglés), inicialmente aplicable a partir del 30 de diciembre de 2024. A mediados de ese mismo mes, el Consejo aprobaba la propuesta y el 14 de noviembre el Europarlamento acogía la votación definitiva, que fue muy ajustada pero que terminó con la aprobación de varias enmiendas propuestas. Así, a mes y medio de la entrada en vigor de la ley, se posponía un año su aplicación y se votaba a favor de la creación de una nueva categoría de países “sin riesgo”, por la cual sus productos no necesitarán ser rastreables ni estar acompañados de una declaración de diligencia debida. Al cierre de este artículo aún estaba pendiente de llegarse a un acuerdo final entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los países miembro para confirmar el retraso de la implementación del reglamento – algo que prácticamente todos los actores daban por hecho – y el resto de enmiendas, que tienen menos probabilidades de salir adelante.
Este cambio de última hora fue fruto de las presiones y peticiones provenientes de diferentes ámbitos, especialmente grandes productoras y conglomerados empresariales y agrícolas, así como algunos países productores -como Estados Unidos o Brasil, que habían solicitado el retraso de la ley-, e incluso europeos, como Alemania. Así lo han denunciado las organizaciones que componen la Alianza Cero Deforestación, de la que forma parte Carro de Combate: “las únicas beneficiarias son las grandes empresas, desde los traders [intermediarios] de las materias primas hasta la industria forestal, pasando por los sectores del agronegocio (ganadería, soja, aceite de palma), fabricantes de agrocarburantes y gran distribución, que llevan tiempo haciendo lobby en Bruselas para hacer descarrilar este Reglamento”, escribían en un comunicado.
Las razones para solicitar este aplazamiento fueron, según explicaban sus impulsores, las dificultades de los importadores para cumplir con la normativa establecida por la legislación sobre Deforestación Importada. Así lo anunciaban desde la patronal de distribución y supermercados (EuroCommerce), quienes en julio aseguraban en su página que web que la Comisión no les había dado las directrices suficientes y que no contaban con el desarrollo tecnológico necesario.
Sin embargo, hay empresas, como Barry-Callebaut que, unos días antes de la votación, se pronunciaban justo en el sentido contrario, señalando que “la reapertura del contenido de la ley en esta fase podría perturbar la aplicación operativa de la EUDR, al tiempo que crearía inseguridad jurídica para las empresas”. En palabras de la Alianza Cero Deforestación, “este retraso penaliza injustamente a aquellas empresas que ya han realizado importantes inversiones para cumplir con el EUDR al tiempo que recompensa a los que se han quedado atrás”.
Pero, ¿qué es el Reglamento de Deforestación Importada?
El Reglamento de la UE relativo a la comercialización e importación de materias primas asociadas a la deforestación es todo un hito -a pesar de haber dejado fuera algunas materias primas importantes, como el maíz, y de no proteger por igual a todos los ecosistemas-, y supone un gran paso adelante en la lucha de la Unión Europea contra lo que se ha denominado “deforestación importada”, esto es, la pérdida de bosques y biodiversidad provocada en diversos países del mundo para producir los insumos que posteriormente se consumen en la Unión Europea. Materias primas como la madera, el café, el cacao, el aceite de palma, el caucho o la soja, entre otras, cuyo crecimiento en la producción se ha realizado a costa de la desaparición de bosques y espacios de enorme biodiversidad. La legislación exige a los importadores demostrar, principalmente, dos aspectos: a) que los productos proceden de tierras que no han experimentado deforestación después del 31 de diciembre de 2020; y b) que cumplen con la legislación pertinente del país de producción. Para ello, deben recopilar la geolocalización de todos los lugares de donde viene su producto y presentarlo en la declaración de diligencia debida. Posteriormente, las autoridades competentes podrán comparar las coordenadas proporcionadas con imágenes satelitales o mapas de cobertura forestal para confirmar que la materia prima proviene de áreas libres de deforestación en la fecha de corte establecida.
La legislación responde a una situación crítica, debida a las alarmantes tasas de deforestación que se están viviendo en todo el mundo, pero sobre todo en algunos de los países productores. Por ejemplo, en el caso del cacao, la situación extrema en lugares como Costa de Marfil, un país que produce por sí solo casi el 40% de todo el cacao mundial, y donde se han constatado unas enormes tasas de deforestación históricas y actuales. Algunos estudios calculan que entre un 30 y un 40% de toda la producción marfileña proviene de zonas “protegidas” (bosques clasificados como tal o parques nacionales), y existe constancia de que “cientos de miles de hectáreas de bosques como RapideGras, Haut-Sassandra, Goin-Debe, Cavally, Parc de la Marahoué y Mont Peko se han convertido en plantaciones de cacao”, según escribe uno de los investigadores de CIRAD, organismo de investigación agrícola francés.
Y no se trata ni mucho menos de un caso aislado. Esta situación se repite en multitud de países de todo el mundo, desde Brasil a Tailandia, pasando por Ghana o Ecuador, por la expansión de diversos agronegocios. Según estimaciones de la FAO, desde el año 1990 hasta el 2020 se han perdido unas 420 millones de hectáreas de bosque, un tamaño similar al de toda la Unión Europea. Y las cifras siguen aumentando. Según la Alianza Cero Deforestación, sólo en el año 2023 en el mundo desapareció una superficie forestal tan grande como toda Suiza.
Frente a esto, la normativa que ahora se acaba de posponer -y que nació con la petición expresa de 1,2 millones de personas de toda la UE- tiene como objetivo principal que las empresas importadoras y distribuidoras se aseguren de que las materias primas (o el ganado que se alimenta con ellas) no provengan de lugares que hayan sido deforestados. Pero, ¿cómo asegurarse de esto? Para ello, las empresas deben cumplir con algunas condiciones, principalmente presentar una declaración de diligencia debida y proporcionar la ubicación geográfica exacta del lugar de producción de las materias primas. Los encargados de hacer cumplir estos requisitos son los importadores -aquellas empresas que en primer lugar traen las materias primas a la unión europea-, aunque también existe una corresponsabilidad por parte de las grandes empresas que les compran los productos.
Sin duda, esto presenta dificultades, pero ya existen las posibilidades técnicas para hacerlo posible. Una de las muchas propuestas para ello es la de Coolx, una empresa fundada por cuatro jóvenes españoles, convencidos de la importancia del impacto social de las empresas, que ofrece un software para ayudar a los importadores a cumplir con la normativa. Se trata de un sistema de información que permite evaluar los riesgos de cada zona de producción y consta de dos “pasos”. En primer lugar, la geolocalización. Esta parte es básica para cumplir con el reglamento, y se realiza mediante datos de satélite: las imágenes permiten comparar cómo era determinada zona antes de diciembre de 2020 y cómo se encuentra ahora. Una simple superposición de ambas imágenes permite comparar si ha habido deforestación. Pero por sí solo, esto no es suficiente, señala Bruno Domínguez García, uno de los fundadores. “Además, las empresas o cooperativas locales que exportan la materia prima [esto es, la cadena de suministro de los importadores europeos] han de adecuarse también a otros requisitos, principalmente, cumplir con la legislación local”. Para ello, han de ofrecer facturas, registro de trabajadores, documentos relacionados con las condiciones laborales, el cumplimiento de los derechos humanos… Documentos que, mediante inteligencia artificial, permiten hacer un primer análisis de riesgos. Después, señala Domínguez, “siempre es necesario una revisión humana, realizada por expertos”. No se puede automatizar todo. Además, en los dos últimos años, los países han ido avanzando y poniendo en marcha sus propios sistemas de información, lo cual es muy positivo para poder crear este mapa global. “Cuantas más bases de datos y más información haya disponible, siempre es mejor. Eso sí, tienen que ser de calidad, como en Brasil, por ejemplo”, señala Domínguez.
Retos y oportunidades
Mientras tanto, construir y utilizar estos sistemas de información siguen siendo un reto. Para empezar, suponen un importante coste económico y requiere de tiempo. En Camerún, por ejemplo, en 2021 se puso en marcha la Hoja de Ruta para el cacao libre de deforestación, una iniciativa que tenía como objetivo la total trazabilidad del 100% del cacao producido en el país en 2025. Sin embargo, los informes señalan que, de momento, solo se han registrado las parcelas de unos 25.000 productores, del total de los 300.000 del país. Otra de las dificultades es controlar que la información recibida es coherente, que sea uniforme, que se almacene correctamente y se actualice en función de los cambios -las parcelas pueden variar de tamaño, de cultivos, de dueños…-, que no se dupliquen los datos, etc. tal y como explicaba Fréderic Baron, experto en usos del suelo y cadenas de valor libre de deforestación en América Latina del Instituto Forestal Europeo (EFI) en un webinar organizado por el programa AL-INVEST Verde de la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo, esto podría suponer también oportunidades y quizás pueda convertirse en un primer paso para desarrollar un sistema centralizado de datos que sirva a los países productores no sólo para cumplir con el EUDR sino también para tener un control sobre su espacio forestal y su capacidad agrícola que, a largo plazo, tenga otros efectos positivos.