El tráfico de personas para su explotación sexual está creciendo «de forma alarmante» en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, «países de origen, captación, destino y tránsito» de las víctimas, que quedan atrapadas en un complejo entramado de redes criminales que recorre varias provincias y países, funcionan con «estructura empresarial» y mantienen sólidos lazos con los poderes públicos. Estas son algunas de las crudas conclusiones del Encuentro de Diócesis de Frontera celebrado recientemente en Gualeguaychú, con la participación de 60 obispos católicos y 14 representantes laicos de las diócesis. Y así de cruda es la realidad en una Argentina donde la trata de blancas afecta a miles de mujeres de todo el país con la connivencia y participación activa de las instituciones del Estado.
«La mafia atraviesa transversalmente todos los partidos políticos, la justicia y la policía en Argentina», señala Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, una ONG que lucha contra la trata de personas por fines de explotación laboral o sexual. «El crimen organizado incide en todo el aparato estatal, hasta el punto de que hay un miembro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que está envuelto en una red de proselitismo, así como varios jueces federales. No son casos aislados: es un problema sistémico», afirma Vera.
La mayoría de las víctimas son paraguayas o de provincias del norte y noroeste argentino, como Salta, Tucumán, Corrientes o Misiones; también, en menor medida, vienen de Bolivia, Perú o la República Dominicana. No pocas de ellas son vendidas a Estados Unidos o Europa Occidental, o bien se las destina al turismo sexual, que, según los obispos católicos, continúa creciendo en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay). En muchos casos, son menores de edad, que, dice Vera, «cotizan mucho más» en este mercado macabro.
Basándose en sus investigaciones independientes y en estimaciones oficiales, la fundación calcula que unas 60.000 mujeres trabajan en más de 8.000 prostíbulos en Argentina. La ley argentina prohíbe los prostíbulos y la prostitución por cuenta ajena, pero es legal por cuenta propia. Sin embargo, explica Vera, la meretriz «independiente» prácticamente ha desaparecido en el país desde que, en los años 90, se inició un proceso para forzar a las prostitutas a insertarse en las redes de proselitismo.
Vera sostiene que el aparato estatal coaccionó a las meretrices, y lo ilustra con el episodio del Loco de la Ruta, en Mar del Plata, a fines de los 90, cuando una veintena de prostitutas fueron asesinadas. Las autoridades policiales reportaron que un individuo las asaltaba en la carretera, pero «la investigación demostró que era la propia policía la que estaba detrás de los crímenes». Se produjo así, cuenta Vera, un «proceso de concentración del negocio en manos de los proxenetas», negocio que se hizo aún más lucrativo cuando se incluyó el narcotráfico en el paquete: «Se obliga a las prostitutas a vender drogas, y muchos prostíbulos se han convertido en puntos de venta de drogas».
El caso Marita Verón
Si autoridades y jueces no están por la labor de erradicar el problema, entonces sólo la presión social puede promover un cambio. Por eso en La Alameda intentan que sus denuncias alcancen repercusión en los medios y lleguen hasta la opinión pública. En los últimos años, la trata de blancas se colocó en la agenda mediática gracias al caso de Marita Verón. Hace una década, Marita fue secuestrada por una red mafiosa en la provincia de Tucumán; su madre, Susana Trimarco, inició entonces una búsqueda incansable, un peregrinaje que la llevó de prostíbulo en prostíbulo y que evidenció la resistencia de policías, gobernadores y jueces a que avanzase en su investigación.
El secuestro es un modo habitual de captación de las víctimas, aunque el más común es el engaño. Una vez captadas, se las lleva lejos de sus casas, quedan endeudadas y son maltratadas hasta quedar sometidas; a menudo, se les ofrecen drogas y terminan haciéndose adictas: eso las hace más manipulables. Cuando son liberadas, su cuadro psíquico es tan complejo que ninguna ONG tiene una estructura capaz de contenerlas. «El Estado se hace cargo, pero una vez pasa el eco mediático del caso, las abandona a su suerte. Tenemos evidencias de que muchas vuelven a ser captadas por las mafias», concluye Vera.
Además de la trata con fines de explotación sexual, los obispos católicos y La Alameda denuncian el crecimiento en la región del tráfico de personas destinado a la esclavitud laboral, la venta de órganos y el robo de bebés.
* Reportaje publicado ayer en elmundo.es.
* Ilustración de Carlos Latuff.