El ‘boom’ sojero en el Cono Sur

Latuff-agronegócio

El nuevo oro verde avanza sobre todo el Cono Sur: la soja ocupa un 66% de la tierra cultivada en Paraguay, un 59% en Argentina y un 35% en Brasil, según un estudio de 2012 del Centro para la Bioseguridad de Noruega. Monsanto vende conjuntamente las semillas de soja RR y su Roundoup, que es ya el herbicida más vendido del mundo. Los pequeños agricultores deben comprar ese paquete, que incluye además tecnologí­a especí­fica de la empresa sin la que no obtendrán la productividad deseada. En muchos paí­ses, además, la patente de la soja RR de Monsanto está protegida, lo que obliga a los agricultores a pagar regalí­as al a empresa sobre la parte de su cosecha que utilizan para volver a sembrar. Todos estos factores conllevan unos costos difí­ciles de soportar para los pequeños agricultores, que son, finalmente, desplazados por los grandes empresarios del agronegocio. La soja ofrece una elevada rentabilidad, pero sólo para grandes superficies con altos rendimientos de escala.

Además, el ‘modelo sojero’ implica la necesidad de pocos agricultores para grandes superficies de terreno. Esto supone la expulsión de una parte de los trabajadores del mundo rural, que deben emigrar a la ciudad; muchas veces, para pasar a engrosar los barrios de tugurios periféricos. Esto es notorio en paí­ses como Argentina y Brasil. En este último, la resistencia social ante este despojo se ha articulado en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que ocupa tierras baldí­as para ponerlas a producir alimentos tradicionales como maí­z o frijol.

En Argentina, pese a la innegable oposición popular, el Gobierno de Cristina Fernández mantiene una apuesta firme por el modelo agroexportador, tal vez porque la maltrecha economí­a argentina depende cada vez más de los 23.200 millones de dólares que el sector aportó en 2013. El boom sojero en el paí­s austral ha sido espectacular: en 1980, la soja representaba un 10% de la producción granaria; en 2008 llegaba al 50%, según datos publicados por el suplemento económico Cash (Página 12). Mientras, en el norte de Argentina, en las provincias de Chaco y Formosa, el pueblo Qom ha denunciado que lleva años sufriendo amenazas y agresiones para obligarlos a desplazarse de sus territorios ancestrales, apetecidos por los empresarios sojeros; al sur de Brasil, los guaraní­-kawowá se enfrentan al avance de la soja y la caña.

Argentina introdujo los transgénicos hace veinte años, pero Monsanto no consiguió patentar su soja: se crearon otras variedades adaptadas al suelo local. La multinacional estadounidense se quejaba de que en Argentina el 85% de la soya lleva su fórmula, pero solo la tercera parte de los productores le pagan regalí­as. La solución de Monsanto fue advertir a los productores de que sólo les facilitarí­a su tecnologí­a si accedí­an a ser fiscalizados. Desde entonces, la multinacional ha firmado centenares de acuerdos privados que contradicen la legalidad vigente «Esos contratos actúan como una estructura paralela de gobierno. Monsanto tiene detectores en los puertos para verificar si la soya que sale debe pagarle regalí­as», explica el doctor Mauricio Berger, profesor en el Seminario de Justicia Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba. Si sale adelante el proyecto de ley que lentamente avanza en el Congreso argentino, conocida como Ley Monsanto, los agricultores se verán obligados a comprar la soja Intacta RR2BT, patentada por la multinacional estadounidense.

* Este texto es un extracto del Informe de Combate que acabamos de publicar sobre la soja. Si quieres recibir nuestros informes, hazte mecenas de Carro de Combate: aquí­ te contamos cómo

* La ilustración es de Carlos Latuff.