La tierra, para las mujeres que la trabajan

BiWvJ13CYAASoJT.jpg largeEn varias ocasiones hemos hablado en este blog del acaparamiento de tierras (compra de enormes extensiones de tierra productiva por parte de grandes empresas internacionales en paí­ses en desarrollo) y cómo esta práctica repercute principalmente en las mujeres, que son las que habitualmente cultivan la tierra para alimentar a sus familias.

En muchos paí­ses africanos, a esta situación se une, además, la perversa tradición según la cual, las mujeres no pueden ser dueñas de las tierras que trabajen. Una realidad que a dí­a de hoy sigue vigente en un buen número de lugares, pese a que legalmente, tienen los mismos derechos que los hombres.

Lo expresa muy gráficamente Chema Caballero, buen conocedor del continente, en su libro “˜Los hombres leopardo se están extinguiendo“™: “Aunque la ley de Sierra Leona dé igualdad de derechos y obligaciones a hombres y mujeres, en la práctica es difí­cil aplicarlo. La mujer no necesita el consentimiento del marido para comprar o vender su propiedad, pero si intenta vender una casa, por ejemplo, y no va a acompañada del marido o del padre, nadie querrá firmar el contrato con ella”.

Y lo confirma Aua Keita, (responsable de Seguridad Alimentaria de la ONG Aprodel) , con quien charlamos hace unas semanas con motivo de su visita a Madrid para participar en un curso sobre Activismos africanos.

“La Constitución habla de derechos iguales para hombres y mujeres, pero a la hora de aplicar la ley, manda la tradición, especialmente en las comunidades rurales. Tiene que ver con la religión y la tradición, y siempre se favorece a los hombres”.  Esto se traduce, explica Aua Keita , en que cuando determinadas superficies empiezan a ser rentables, “cuando por fin se consiguen beneficios tras años de trabajo a cargo de las mujeres, aparece el marido, un hijo o cualquier familiar varón y reclama su propiedad sobre ellas. Y siempre ganan”. Aua Keita

“Eso me da mucha rabia, así­ que mi lucha es que esas tierras se legalicen y se pongan a nombre de estas mujeres, ya sea de forma individual o colectiva”. Se trata, sin duda, de la única forma de hacer frente a la discriminación ancestral, pero también a la moderna práctica que están poniendo en marcha los estados de vender las tierras a empresas extranjeras. 

Y, por una vez, para lograrlo se necesitan menos fondos de los que en un principio podrí­a pensarse: Tres mil euros por tres hectáreas de tierra: estos son los cálculos de la campaña de Alianza por la Solidaridad, que se ha propuesto legalizar y comprar estos 30.000 metros cuadrados en la región de Sare Bacare, en Guinea Bissau, para que pertenezcan a las mujeres que los trabajan.

Si durante mucho tiempo se dijo aquello de “no le des el pez, enséñale a pescar”, hoy bien podrí­amos decir “no des alimentos, permí­teles producirlos“. Un cambio en el concepto de ayuda que ya se está moviendo en las redes con el hasthag #YoDonoTierra, y que permitirá a las mujeres decidir sobre sus cultivos, los beneficios que producen y, sobre todo, afianzarse en su independencia económica.

En un principio, las beneficiarias serí­an 275 mujeres, que lograrí­an el usufructo de la tierra (que es de propiedad colectiva) durante los próximos 90 años. Sin embargo, es un primer paso hacia un cambio más duradero y amplio. La idea es que este grupo de mujeres con tí­tulo de propiedad sirva para concienciar a otras de que exijan sus derechos. “Son mujeres que trabajan hasta 15 horas al dí­a, antes no sabí­an, estaban desinformadas, pero ahora están luchando por lo que les pertenece“, explica Keita. Además, desde las asociaciones locales trabajan también con las autoridades tradicionales y con los hombres de cada poblado: “y es cuestión de tiempo, poco a poco vamos mejorando“, afirma con su permanente sonrisa, convencida de que su lucha será una batalla ganada.

* Imagen 1: Campaña de Intermon Oxfam recordando que las mujeres realizan el 66% del trabajo agrí­cola pero reciben tan sólo el 1% de los beneficios del mismo. Copyright: IntermonOxfam

* Imagen 2: La activista Aua Keita, responsable de Seguridad Alimentaria de la ONG Aprodel, durante su estancia en madrid. Copyright: Aurora M. Alcojor