El Congreso de Francia ha presentado una proposición de ley a favor de limitar la moda rápida con control publicitario y nuevos impuestos, para conseguir así que sea menos atractiva para los consumidores.
Por Tania Alonso
En las últimas décadas, Francia ha vivido una y otra vez una situación que se repite en otros países de todo el planeta: marcas nacionales abandonan el mercado y cierran sus puertas, incapaces de competir con gigantes como Shein, Temu, Zara o H&M. Pero el país ha dado un paso al frente para desmarcarse y cambiar el rumbo. Francia, que estos días es noticia por haber frenado un posible gobierno de extrema derecha en las elecciones de este fin de semana, también se ha propuesto frenar la fast fashion.
En enero de 2024, el partido de centro-derecha Horizons realizó una proposición de ley para dar la vuelta a esta situación y castigar la moda rápida. La propuesta legislativa de Horizons parte de la urgencia de frenar un sistema de consumo cuyo ritmo se acelera año tras año. “Jamás se han puesto tantas prendas nuevas en el mercado. Cada año, se venden más de 100 000 millones en el mundo. En el transcurso de una década, el número de prendas a la venta cada año en Francia ha aumentado en 1000 millones y ahora alcanza los 3300 millones de productos. Es decir, más de 48 millones por habitante”, señalan desde Horizons.
Este aumento, indican, coincide con el auge de numerosas marcas de fast fashion o moda efímera que tienen su principal exponente en Shein: esta empresa china ofrece una media de 7200 nuevos modelos de prendas al día y pone a disposición de los consumidores unos 470 000 productos diferentes. Es decir, 900 veces más que una tienda francesa tradicional, lo que dificulta la competencia y tiene un grave impacto en la industria nacional.
Las cifras desorbitadas de este modelo han llevado a Shein al éxito económico: su facturación ha crecido un 900 % en solo tres años. Por el camino, ha potenciado una tendencia que ya comenzaron hace años otras empresas de fast fashion: la de renovar de forma constante el vestuario. Una gran cantidad de consumidores ha entrado en una espiral de compras que solo hacen posible la enorme oferta y los precios bajos.
La solución que propone Horizons y que debe ser aprobada por el Senado francés en los próximos meses se basa en tres propuestas principales: aumentar la información de los consumidores sobre el impacto social y medioambiental de la moda rápida, responsabilizar a los productores y prohibir la publicidad de aquellas empresas que renueven sus colecciones demasiado rápido.
Una puntuación para la moda
El segundo artículo de la proposición de ley busca responsabilizar a los productores de textiles de confección, ropa de hogar y calzado más contaminantes y hacer que su contribución financiera dependa del impacto medioambiental y social de su actividad.
“Se propone dar una puntuación ambiental a los productos, de forma que los que tengan un mayor impacto negativo sean penalizados”, explica Pierre Condamine, responsable de la campaña de sobreproducción de Amis de la Terre France, una ONG que está participando de forma activa para hacer más ambiciosos los objetivos de la propuesta de Horizons.
“Esta penalización puede ir de 5 euros por prenda en 2025 a 10 euros en 2030. Del mismo modo, los productos que sí sean respetuosos con el medioambiente y la sociedad tendrían una remuneración financiera, de forma que el dinero que se le quitase al fast fashion sería entregado a las empresas que crean productos sostenibles”, añade.
Esto contribuiría a reequilibrar una balanza que en las últimas décadas se ha declinado del lado de la moda rápida. De acuerdo con Condamine, la medida podría tener un impacto importante porque choca contra la base que sustenta el éxito de estas empresas: los bajos costes. “Al gravar las prendas más baratas, el modelo de negocio de estas empresas colapsaría”, señala el responsable de la campaña de sobreproducción de Amis de la Terre France.
¿Y cómo se calcularía el impacto de las prendas? El gobierno francés ha anunciado (de forma independiente a esta proposición de ley) la puesta en marcha a partir de este otoño de un sistema de etiquetado que evaluará la huella contaminante de la ropa. Las bases de este etiquetado, unidas a otros baremos, servirían para calcular el impacto que la extracción de materiales, la elaboración de las prendas, su transporte y su comercialización tienen en el medioambiente.
Una vuelta de tuerca
Lo cierto es que la elaboración de cada una de las prendas que usamos requiere de un uso importante de recursos naturales. Solo para fabricar una camiseta de algodón se necesitan 2700 litros de agua, más o menos lo que cada persona bebe a lo largo de dos años y medio. Por otro lado, se calcula que la industria de la moda es responsable del 10 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2), una cantidad que supera las de los vuelos internacionales y el transporte marítimo.
A cifras como estas se suman las del impacto social de la moda, con millones de trabajadores en condiciones laborales precarias o incluso de esclavitud. De acuerdo con Horizons, los ingresos generados por las penalizaciones permitirían contribuir al cambio en el sector.
Servirían, por ejemplo, para estimular el sector de la moda sostenible mejorando la gestión de la recolección y el tratamiento de los productos usados, apoyando el desarrollo de procesos de ecodiseño, aumentando los medios dedicados a la reutilización o financiando campañas públicas para concienciar sobre el impacto ambiental de la industria.
Prohibir la publicidad: ¿dónde está el límite?
Si la proposición de ley redactada por Horizons llega a ser aprobada, Francia podría ver sus calles, sus medios de comunicación y sus redes sociales libres de publicidad de las empresas de fast fashion que tengan un ritmo de renovación demasiado rápido. Este punto abre un debate para decidir dónde se coloca el umbral. “Esto puede determinar que se prohíba la publicidad solamente de modelos como los de Shein o Temu o que se lleve también a Zara”, explica Condamine.
La ONG Amis de la Terre denuncia precisamente que, tal y como se plantea actualmente, la ley podría resolver solo una parte del problema penalizando únicamente a marcas como Shein y dejando de lado a otras como Zara, Primark o H&M. Marcas cuyos ritmos de producción son menores que los del gigante chino, pero que contribuyen de igual manera al fast fashion (y que tienen además una importante responsabilidad histórica).
“En Francia estamos viendo un discurso que diferencia entre las empresas de moda ultrarrápida, como Shein y Temu, y las de moda rápida, como Zara y H&M. Nosotros consideramos importante tener en cuenta que, aunque la moda ultrarrápida ha acelerado la tendencia, la crisis de la industria de la confección en Francia comenzó hace ya unos 15 o 20 años debido a marcas que podríamos considerar ya ‘clásicas’, como Inditex, H&M o Primark”, indica Condamine.
Independientemente del alcance de la prohibición, estas limitaciones en la publicidad podrían tener un impacto importante en los consumidores. Contribuirían, en primer lugar, a aumentar lo que se conoce como la durabilidad emocional del producto. Es, decir, el tiempo que valoramos y deseamos mantener cada objeto, en este caso cada prenda.
“Las marcas de moda rápida generan una gran necesidad de consumir, ansiedad por tener cada vez más cosas. Y por mucho que digamos a los consumidores ‘no compres tanto’, es difícil mantenerse al margen de este ritmo por la cantidad de mensajes que llegan constantemente”, explica Sònia Flotats, consultora especializada en sostenibilidad y circularidad en la industria textil.
“Esto sucede en muchas otras industrias, pero en la de la moda el ritmo es especialmente evidente. Una empresa no puede sacar 7000 modelos de teléfonos móviles cada día, pero sí 7000 modelos de prendas, como es el caso de Shein. Es inevitable que esto genere la sensación de que lo que tenemos es obsoleto y necesitamos cambiarlo”, añade la consultora.
De acuerdo con Flotats, a las consecuencias medioambientales de este sistema de consumo, tan evidentes, se suman otros que pueden pasar más desapercibidos. “Son los que tienen que ver con la salud mental y con el bienestar de personas. Sobre todo, de las generaciones más jóvenes, que nunca están satisfechas”, explica.
“Si realmente se consigue que una sociedad o un país llegue a prohibir esta publicidad, se reduciría esta necesidad de consumo desmesurado y con ella algunos de los problemas que genera el fast fashion, tanto a nivel medioambiental como económico o social”, señala Flotats.
Los retos de la proposición de ley
Está previsto que la proposición de ley presentada por Horizons será sometida a votación en el Senado francés en los próximos meses, probablemente en septiembre. La ONG Amis de la Terre está trabajando activamente para concienciar a los políticos de la importancia de que una medida de este tipo salga adelante, pero con mejoras que la hagan más ambiciosa.
De acuerdo con Condamine, actualmente existen dos amenazas principales para esta proposición de ley: que la iniciativa sea socavada por el lobby de la industria de la moda rápida y el hecho de que las marcas puedan convertirse en marketplaces (lo que impediría que les afectase la ley, que está diseñada para limitar únicamente la actividad de productores). Por ello, la ONG quiere lograr que la ley haga responsables también a los gestores de marketplaces, no solo a los productores, y que en las medidas se incluyan limitaciones que puedan afectar también empresas como Zara y H&M.
“Otro problema puede surgir es que a empresas como Shein les salga más rentable pagar las penalizaciones que dejar de poner artículos en el mercado. Pero, en este caso, si los precios suben y la calidad (que suele ser bastante mala) se mantiene, es probable que los consumidores acaben prefiriendo comprar marca nacional u otro tipo de productos más cuidados”, señala Flotats..
“Lo que se está exigiendo a las legislativas europeas y de países que llevan la delantera, como Francia, es que protejan a los consumidores y fomenten que los artículos a los que accedemos duren más, tengan más calidad y sean más sostenibles. Y, por supuesto, que las marcas no puedan competir a precios tan bajos”, añade Flotats. “Lo ideal sería que las plataformas de ventas fuesen más educativas e incitasen un consumo más controlado y, sobre todo, que la responsabilidad de las malas prácticas cayese más sobre el productor y no solo sobre el consumidor”.