Tras cuatro años de suspensión de varios derechos constitucionales en El Salvador, comunidades rurales afectadas por la expansión de la caña de azúcar denuncian enfermedades, contaminación y un clima de miedo que dificulta exigir responsabilidades.
Aurora Moreno y Laura Villadiego. Bajo Lempa (El Salvador)
En la comunidad de Taura, el último al que le fallaron los riñones fue a Toñito. Era quien preparaba las mezclas de glifosato que luego se cargaban en los drones para rociar los cañaverales. “Lo enterramos hace unos meses”, cuenta Manuel Eugenio Hernández, uno de sus vecinos. Antes que él, otros seis murieron por lo mismo en esta comunidad salvadoreña de apenas 50 familias. “La gente decía que era la plaga del zancudo que llevaba a la muerte, pero después, ya en los diagnósticos, parece que el glifosato está metido en los riñones de las personas”, explica Hernández, a quien sus riñones tampoco le funcionan bien, a pesar de que él nunca ha trabajado con los agrotóxicos.
El Salvador es uno de los países más afectados por las enfermedades renales crónicas que, desde hace varias décadas, no han dejado de aumentar en Centroamérica, casi siempre vinculadas a entornos rurales con un uso intensivo de agrotóxicos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador, el país se enfrenta a una “doble epidemia” de enfermedades renales crónicas “por causas tradicionales y no tradicionales”. Las primeras afectan sobre todo a personas mayores de 60 años con patologías previas, como diabetes o hipertensión. Las “no tradicionales”, las que han afectado a varias personas en Taura, suelen cebarse con personas más jóvenes que no tienen condiciones previas. Así, en 2011, un estudio ya señalaba que más de la cuarta parte de los hombres del Bajo Lempa, donde se encuentra Taura, presentaba síntomas de insuficiencia.
“En comunidades agrícolas la enfermedad renal crónica no tradicional tiene una mayor prevalencia. Sin embargo, no son todas las comunidades agrícolas, sino que concretamente hay una mayor prevalencia en las zonas donde hay caña de azúcar”, explica Meraris Carolina López, académica del grupo de investigación en Economía y Medio Ambiente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Trabajadores cargan caña de azúcar cortada que luego será utilizada para plantar nuevos terrenos. / Laura Villadiego
Desde inicio de siglo, el área de cultivo dedicada a la caña en El Salvador se ha incrementado más de un 30% y el azúcar se ha convertido en el principal cultivo de exportación, por delante del café. “En este caso hay una relación tanto por la utilización de madurantes y otros químicos utilizados en el cultivo, también por el estrés calórico al que se ven sometidas las personas que trabajan en estos cultivos, y por supuesto por la contaminación tanto de aire, de suelo y de agua, derivados de la producción de la caña de azúcar”, continúa la académica.
Las enfermedades renales son la consecuencia más grave del alto uso de agrotóxicos en El Salvador, pero no la única. Además de las insuficiencias renales, el glifosato en concreto está considerado como una sustancia química disruptora endocrina y «probablemente cancerígena para los seres humanos», según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en las plantaciones se usan también amoníaco, sulfatos o atrazina, entre otros, que también están asociados a importantes efectos sobre la salud y los ecosistemas.
El activista local Bernardo Belloso enumera muchas más que no están relacionadas directamente con la salud: desde impactos económicos negativos, ya que el glifosato echa a perder otras cosechas o mata a los peces del río, a la contaminación del agua del que beben y la pérdida de tierra fértil, entre otras muchas. “Todas esas consecuencias generan un descontento en la población”, asegura.
Y, sin embargo, las comunidades se sienten con las manos atadas a la hora de exigir responsabilidades. “Por esas muertes, nadie responde”, se lamenta Hernández. “Eso es lo preocupante, porque ese cultivo los está terminando”. La sensación de indefensión se ha acentuado desde que el presidente Nayib Bukele instaurara el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, que ha extendido en 48 ocasiones. “Lo generaron para aplicarlo a las pandillas y posteriormente se ha venido aplicando a todas aquellas personas defensoras de derechos ambientales y derechos humanos”, explica Belloso. Además, el activista denuncia que actualmente no existe un mecanismo oficial para canalizar las denuncias procedentes de los territorios. “Antes existían los juzgados ambientales, pero hoy, con este gobierno, esos tribunales no cuentan con recursos para su funcionamiento, por lo que no funcionan como deberían”, continúa.
Galería: Foto 1. Manuel Eugenio Hernández, habitante de la comunidad de Taura, en el Bajo Lempa (El Salvador), nunca ha trabajado en un cañaveral, pero sufre de insuficiencia renal crónica al vivir cerca de ellos. Foto 2. José Dimas Chavarría (conocido como Chepe), habitante de La Pita, en el Bajo Lempa (El Salvador) muestra una de las botellas de glifosato procedente de los cañaverales cercanos. Foto 3. Las mujeres en la comunidad de La Pita, en el Bajo Lempa (El Salvador), sobreviven gracias a la recogida y procesamiento de almejas del río Lempa. Sin embargo, durante los últimos años la cantidad de almejas ha descendido significativamente por la contaminación del río, aseguran. Foto 4. Germán Molina, pescador en la isla de Montecristo, en la desembocadura del río Lempa, arregla sus redes. Molina asegura, sin embargo, que desde hace varios años sus redes salen a menudo vacías del río. / Laura Villadiego
Varias organizaciones internacionales han alertado sobre esta situación. Amnistía Internacional ha denunciado que tanto el régimen de excepción como las reformas al sistema penal “han desvirtuado” el estado de derecho en el país, mientras que Human Rights Watch asegura que el gobierno ha creado un “ambiente hostil para periodistas, líderes sindicales y activistas de la sociedad civil”. “Si hay una denuncia, de inmediato hay un mecanismo de persecución por parte de las autoridades a todos aquellos líderes que han denunciado ese tipo de atropellos y violaciones a derechos humanos”, asegura Belloso. “Se está generando terror y la población hoy no quiere ni organizarse ni incidir ni hacer una denuncia por el temor a la aplicación de esta ley”, continúa.
Mujeres afectadas por los agrotóxicos
Carolina Lobato depende en buena parte de las almejas del río Lempa para dar de comer a su familia. Cada dos o tres días baja al río, las saca del lodo, las limpia concienzudamente, las cuece y las seca, tiñéndolas antes de un amarillo parecido al que se consigue con el azafrán. Son un manjar preciado incluso en la capital, San Salvador, que antes le permitía sacarse un buen sustento. Pero ahora apenas quedan almejas en el Lempa. “Cuando vamos a pescar, no hay la misma cantidad que había años anteriores”, se lamenta.
Durante años, la situación había sido más llevadera gracias al apoyo de la Asociación de Mujeres La Pita, donde las mujeres de la comunidad se organizaron para fortalecer su poder de negociación y mejorar sus capacidades a través de distintas formaciones. El trabajo de la asociación también resultaba clave para mitigar la violencia intrafamiliar en sus comunidades, en uno de los países con mayor tasa de feminicidios de Latinoamérica.
Sin embargo, ahora, sienten que su refugio ya no es tan seguro. “Hay que tener cuidado con cómo hablamos de estas cuestiones ahora”, asegura. El gobierno ha convertido las cuestiones de género en uno de sus frentes políticos, cerrando espacios de diversidad sexual y eliminando estos contenidos de las escuelas. Un informe del Fondo Carnegie para la Paz Internacional asegura además que la militarización del país para acabar con las pandillas ha puesto a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad.
Unos kilómetros río arriba, a Marta Espinosa le ocurre algo similar con la organización de mujeres a la que pertenece, ASMUR. Creada en 1991, Espinosa ha sido su tesorera desde entonces, además de pasar por varios puestos más. “Se han ido recortando las ayudas y los proyectos, y estamos sólo manteniendo (la estructura de) la organización”, explica. En 2025, Bukele aprobó la Ley de Agentes Extranjeros que ha afectado significativamente a la ayuda al desarrollo que ha llegado desde el extranjero. La ley obliga a las ONG que reciben financiación del exterior a registrarse como “agentes extranjeros” y establece un impuesto del 30 % sobre donaciones, fondos, bienes y servicios provenientes del extranjero. Una situación que podría alargarse varios años más, ya que Nayib Bukele acaba de inscribir su candidatura para un tercer mandato, después de cambiar la constitución que limitaba las reelecciones a solo una.
Marta Espinosa asegura que las frutas de sus árboles se pudren como efecto del uso de glifosato como madurante en los cañaverales cercanos, en la zona del Bajo Lempa (El Salvador) /Laura Villadiego
A Marta Espinosa, los agrotóxicos le afectan de otra manera: pudren sus cosechas. “Siempre teníamos problemas cuando regaban los cañales con aviones. La fruta se caía y ya no había producción”, explica. Ahora, con los drones, la situación ha mejorado algo, pero aún les llega parte de los agroquímicos que se usan en la caña de azúcar.
Ante las dificultades, la revolución de Marta Espinosa es otra: cultivar en ecológico. “Nos están enseñando a hacer que las plantas sean orgánicas para no consumir los químicos”, explica. Sin embargo, pocas personas se unen a su revolución, porque el rendimiento es menor. “A muchas no les gusta, porque les gusta lo más rápido. Porque cuando sembramos una mata de pepino, si le echamos químico, crece ligerito”, explica. Mientras, los agrotóxicos siguen contaminando el agua que bebe y el suelo que pisa y Espinosa no puede evitar pensar que los dolores de cabeza que últimamente le han enviado al hospital y la han dejado ciega de un ojo se deben a eso. “A veces pienso que a veces puede ser también de los mismos insumos”, asegura. Y ve que su “revolución” no cala entre las nuevas generaciones. “Las mujeres ya de mi edad ya casi todas se han muerto entonces y la juventud ya no piensa en esto”, se lamenta. “Ellas piensan en liberarse y no trabajar más en las tierras”.
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