Cinco años después del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, comenzó un nuevo ciclo para el mercado de la vivienda que llevó a un encarecimiento de los precios del alquiler que ha llegado a extremos absurdos. A día de hoy, encontrar una vivienda digna es un problema para cada vez más sectores sociales, en cada vez más territorios del Estado español.
por Nazaret Castro
En la segunda temporada de Poquita Fe, la brillante comedia protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, José Ramón y Berta se verán abocados a una misión imposible: encontrar un piso en alquiler en un barrio madrileño de clase trabajadora. Berta y José Ramón rondan la mediana edad, tienen trabajo, están en pareja y no tienen hijos. No son personas racializadas ni mucho menos sin papeles, no están en paro, no son solteras, no son jóvenes, no tienen cargas familiares, no proceden de familias empobrecidas. Aun así, les resulta imposible acceder a una vivienda digna, esa que promete como un derecho la Constitución española en su artículo 47.
La trama es sintomática de un problema que afecta a cada vez más sectores sociales en cada vez más ciudades y pueblos a lo largo y ancho del Estado español. Quien ha tenido que buscar un alquiler en los últimos meses, bien lo sabe; quien no, puede darse una vuelta por la hilarante cuenta de Instagram de @le_petit_patito, en la que bucea por Idealista para dar con “chollos” como los que buscan José Ramón y Berta: tras descartar un “apartamento” de 11 metros cuadrados por 850 euros en Lavapiés, se decanta por uno de 25 metros, por 800 euros, en el barrio obrero de San Diego.
Quizá se trate de casos especialmente esperpénticos, pero basta navegar por este tipo de plataformas para ver que no se trata de excepciones. Los precios desorbitados son la nueva norma; y proliferan los anuncios de espacios ridículamente pequeños, por debajo del mínimo legal para considerarse una vivienda –un mínimo que varía según la comunidad autónoma, pero que ronda de media los 30 metros cuadrados–. Quienes peinen canas recordarán cuando, en 2005, la entonces ministra de Vivienda en el gobierno de Zapatero, María Antonia Trujillo, propuso “minipisos” con alquiler reducido, pensados para jóvenes, con 30 metros cuadrados y una terraza opcional de 7 metros. Su propuesta fue ridiculizada y se consideró un símbolo de la precariedad habitacional. Veinte años después, un piso de ese tamaño se oferta como “ideal para parejas” en muchos anuncios, y por precios que no tienen nada de asequibles.
La población española percibe la vivienda, según los últimos barómetros del CIS, como el primer problema nacional, que mencionan en torno al 30% de las encuestadas. En algunos lugares alcanza cotas dramáticas, como sucede en las islas Baleares y las Canarias, en Barcelona y en Málaga. No extraña entonces que sea cada vez más fuerte el movimiento social que, en algunos territorios, enlaza el encarecimiento de la vivienda con el rechazo al modelo de la turistificación. En los últimos años, han surgido Sindicatos de Inquilinas en muchas de nuestras ciudades; a ellos se suma la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que tuvo un gran protagonismo cuando estalló la burbuja inmobiliaria que provocó el desahucio de unas 300.000 familias entre 2008 y 2011, según el Barómetro Social. Hoy, la PAH observa cómo quienes se acercan a ella son, cada vez más, personas que alquilan y no tanto hipotecadas.
Es un fenómeno global, aunque en un país como el nuestro, donde el ladrillo siempre ha tenido un peso desproporcionado en la economía, arremete con especial virulencia: el negocio inmobiliario se ha convertido en una pieza clave de la acumulación del capital. En nuestro país, en 2013 se inició un nuevo ciclo inmobiliario en el que los intereses especulativos comenzaron a interesarse más y más por los alquileres. A partir de 2018, el problema se intensifica con la entrada de los fondos de inversión. No es fácil dar con datos fiables y series comparables, pero un par de cifras ayudan a dimensionar la cuestión: según Idealista, en agosto de 2025 el precio medio del alquiler en España era de 14,5 euros por metro cuadrado, un 10% más que el año anterior. Fotocasa cifra la subida acumulada en la última década en un 94%. El asunto es serio, porque una cosa es no poder ser propietario y otra es no encontrar un lugar donde vivir.
El hoy denostado José Luis Ábalos, entonces ministro socialista, resumió la encrucijada cuando, en 2021, afirmó que la vivienda “es un derecho, pero también un bien de mercado que genera actividad económica [y] busca también seguridad jurídica”. La pregunta es: ¿se puede garantizar, al mismo tiempo, el derecho de los inquilinos y el lucro de los propietarios? ¿O quizá es necesario escoger y decidir si queremos que sea un bien regulado por el mercado o un derecho garantizado para todas y todos?
Para Beatriz García, que forma parte del Sindicato de Vivienda-PAH Vallekas, se trata de esto último: “El problema de la vivienda deriva de que es un negocio; se está retirando vivienda del mercado destinado a la residencia para ponerlo a un precio que consiga aumentar los beneficios del propietario o para destinarlo a usos más lucrativos como el alquiler vacacional. Es un mercado especulativo y existe un acaparamiento de viviendas, a pesar de que es un bien de primera necesidad”. Así lo resume Ibán Díaz Parra, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro del Sindicato de Inquilinas de esa ciudad: “Lo central de la cuestión es que la vivienda funciona como un activo de inversión y el uso residencial es sólo uno entre varios”.
Sí, la Constitución dice en el famoso artículo 47 que tenemos derecho a una “vivienda digna”; pero lo dice en su sección segunda, la de los principios rectores de las políticas socioeconómicas. En otras palabras: a diferencia de otros derechos como la libertad de expresión, no podemos ir al Tribunal Constitucional a reclamar su cumplimiento. Lo que sí está garantizado por los tribunales es el derecho a la propiedad privada, sagrada en cualquier ordenación jurídica de un país capitalista. En la práctica, afirma el experto en vivienda –él prefiere autodenominarse “viviendista”– Javier Burón, “el Estado se desentendió del tema, consideró que es algo que el mercado puede gestionar y se dedicó a otras cosas, como salud y educación”, mientras se implementaban políticas que beneficiaron a los propietarios del suelo, a los bancos y, después del pinchazo de la burbuja, a rentistas y fondos de inversión. Porque políticas siempre hay en torno a la vivienda. Mientras otros países tan capitalistas como el nuestro han logrado hacer otro tipo de políticas, más intervencionistas del mercado: según datos de Eurostat y el Observatorio HousingEurope, el porcentaje de vivienda social en España es de 2,5%, muy lejos de la media europea (9,3%) y mucho más de los Países Bajos (30%).
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Burón lo explica en su libro El problema de la vivienda (Arpa, 2025): durante el franquismo en su fase desarrollista, comenzó a emplearse mucho dinero público en construir viviendas que serían compradas por familias de clase trabajadora a precios asequibles y que, unos años después, pasaban a sus manos sin restricción alguna: es decir, los propietarios de esas casas subvencionadas con fondos públicos podrían especular con ellas en pocos años. Esto supuso, en la práctica, la privatización de unos seis millones de viviendas en España. Si se hubiera construido vivienda pública destinada al alquiler asequible, hoy tendríamos un escenario muy diferente. La otra gran oportunidad histórica perdida fue cuando, tras el rescate bancario que costó a las arcas del Estado más de 60.000 millones de euros, se creó la Sareb, que se describe a sí misma como una “gestora de activos”, en lugar de destinar esas viviendas a un parque público. “El Estado debió pedir una compensación”, afirma Burón.
De aquellos barros, estos lodos. El problema es multidimensional y de muchas aristas, algunas más polémicas que otras. No es lo mismo cuestionar la legitimidad de los fondos de inversión para acaparar vivienda, o hablar de poner topes a los pisos turísticos, que limitar los alquileres. Porque en España la mayoría de los caseros siguen siendo particulares, como subraya Pablo Carmona en su ensayo La democracia de propietarios (Traficantes de Sueños, 2022). Esa clase trabajadora que pasó a ser propietaria –y que, como destaca Burón, es mayoritariamente boomer– no quiere que bajen los precios de la vivienda y quiere mantener su “derecho a especular”, como lo llama Carmona. Lo sabía ya Margaret Thatcher, la Dama de Hierro del neoliberalismo: una “sociedad de propietarios” es una sociedad conservadora.
Burón subraya en su libro el componente generacional que tiene la cuestión de la vivienda en España, producto de esas políticas. Para la generación boomer fue más fácil acceder a una vivienda, muchas veces subvencionada con dinero público. Los X y algunos millennial tuvieron que pagar precios mucho más elevados, pero lograron acceder a las hipotecas, aunque caras y casi eternas. Los centennial no sólo ven imposible conseguir una hipoteca, sino también acceder a una vivienda de alquiler. Muchas veces, la elección es entre alquilar o ahorrar para la entrada de la hipoteca mientras sigues viviendo con tus padres hasta los 35. Otras veces, no hay ni siquiera una opción.
Pero no es solo un problema generacional: es, ante todo, un problema de desigualdad social. Como afirma en su ensayo Pablo Carmona, la brecha entre propietarios rentistas e inquilinos empobrecidos no para de crecer. Para mucha gente –incluso quienes, como José Ramón y Berta, tienen un trabajo estable y se autoperciben como “clase media” –, los precios del alquiler en sus ciudades son prohibitivos; qué decir de la situación de las personas migrantes, que ya fueron las grandes damnificadas del estallido de la burbuja de 2008-09, y de quienes, por enfrentarse a prejuicios racistas o por no tener papeles, deben pagar alquileres incluso más altos de lo “normal” por una infravivienda. A menudo, cambiar de barrio o incluso de ciudad es la única alternativa, con la pérdida que supone no solo en términos de calidad de vida y tiempo de transporte, sino de redes sociales y vínculos afectivos.
Del diagnóstico a las soluciones
Y entonces, ¿qué hacemos? Burón cree que hay que actuar en varios frentes simultáneos, y uno de ellos es la construcción de vivienda pública, en asociación con la empresa privada si es necesario, para llegar a un objetivo que resume en su regla de los tres treintas: “Un 30% de vivienda fuera del mercado, en que la gente gaste hasta el 30% de sus ingresos, para pagar precios un 30% inferiores a los del mercado”. Por su parte, desde la PAH abogan más por la rehabilitación que por la construcción de nueva vivienda. En lo que están de acuerdo nuestras entrevistadas es en que no tiene sentido que la vivienda subvencionada con dinero público termine pasando a manos privadas: “Se trata de generar vivienda pública con un precio asequible y orientada al alquiler”, explica Ibán Díaz.
Otra medida que piden los movimientos sociales y muchos expertos es poner coto a los pisos turísticos. Díaz ha investigado el papel de las viviendas con fines turísticos en el incremento de los precios del alquiler en ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz. “Los pisos turísticos contribuyen mucho a este problema, pero lo hacen de forma desigual: hay ciudades o barrios en los que la vivienda destinada al alojamiento turístico llega al 30% e incluso al 50%”, explica.
Como repite Burón, no pueden darse soluciones simples a problemas tan complejos. Lo que resulta inexplicable es que algunos de nuestros representantes políticos se empeñen en insistir en supuestas soluciones que han fallado estrepitosamente, y sigan repitiendo como un mantra que hay que liberar suelo para que bajen los precios. “Es contrafáctico, porque lo que hemos visto en las últimas décadas es que cuanto más se construye, más cara se pone la vivienda, por la naturaleza especulativa del mercado: hay algo de dogmatismo ideológico en los políticos de derechas, y también mala intención”, explica Ibán Díaz, y zanja: “Tenemos un mercado totalmente disfuncional”. Algo parecido puede decirse de los anuncios del Gobierno central de dar ayudas al alquiler a las inquilinas jóvenes, pese a que gran parte de ese dinero público termina en los bolsillos de los propietarios.
“El problema de la vivienda es estructural y no se va a resolver mientras no se toque el acaparamiento de la propiedad y la especulación. Si no podemos aspirar a abolir la propiedad privada, al menos repartirla, impedir que sea un bien de inversión: subiendo impuestos, prohibiendo legalmente acaparar o expropiando viviendas vacías”, argumenta Beatriz García. Un emblema de la PAH ha sido su “Stop Desahucios”, como explica García: “Nos permite negociar la situación de las compañeras y es además una forma de acción directa y de denuncia pública de la especulación y el acaparamiento, pero parar los desahucios no es el objetivo en sí, sino una forma de alargar los tiempos para seguir peleando. Las leyes no nos avalan, dan la razón a quien tiene el título de propiedad, así que el juez siempre va a dictaminar a favor del desahucio y los antidisturbios lo van a hacer ejecutar”, salvo algunos casos en que se trata de familias vulnerables frente a multipropietarios. El problema es que la PAH se enfrenta cada vez más a que les pongan multas, producto de esa Ley Mordaza que sigue ahí después de siete años de gobiernos de Pedro Sánchez: “Desde 2024, con una Subdelegación del Gobierno del PSOE, nos están poniendo multas por desobediencia por impedir un desahucio o por acciones como intervenir un acto público. Esto nos preocupa muchísimo”, señala la activista.
Otra línea de trabajo que está desarrollando la PAH tiene que ver con las cooperativas de vivienda pública: “Supondría reconvertir la vivienda pública en un sistema cooperativo, para colectivizar la vivienda y también la vida. Estamos mirando con atención lo que hace el movimiento de inquilinos en Argentina para pensar formas de autoorganización y autoconstrucción para levantar proyectos”, cuenta García. Se trata, dice ella, de un experimento que nos puede llevar a otros lugares. Porque algo está claro: si queremos que cambie la situación, vamos a tener que hacer las cosas de un modo muy diferente al que nos ha llevado hasta aquí.
Este artículo fue publicado en el Anuario de Consumo Crítico 2025/26. Ya puedes reservar tu copia del nuevo Anuario de Consumo Crítico 2026/27 aquí.