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Artículo escrito por Ingeniería Sin Fronteras

Ha pasado mucho tiempo desde que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciara, en 2001 y 2002, las conexiones existentes entre la explotación minera en la República Democrática del Congo (RDC) y la continuidad de su conflicto armado. Desde entonces, varias investigaciones encabezadas por la ONU y organizaciones no gubernamentales han relacionado la extracción de diversos minerales con constantes violaciones de los derechos humanos y millones de muertos y desplazados en la RDC y otros estados como Colombia, Birmania, Zimbawe o la República Centro Africana. Estos son los conocidos como “minerales de conflicto”, aquellos minerales extraídos en zonas de conflicto armado cuya extracción implica la violación de los derechos humanos y situaciones de esclavitud.

Aunque la lista de minerales de conflicto es mayor, comúnmente se destacan la casiterita, la columbita-tantalita o coltán, el wolframio y el oro. La importancia y el gran valor de estos minerales de conflicto radica en que son un componente esencial en multitud de productos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles o consolas de juego. Por esta razón, los impactos sociales, políticos y medioambientales del suministro de los citados minerales puede ser atribuido de una manera más o menos directa a la industria electrónica. Según la red EurAC (European Network for Central Africa):

“diversos grupos armados, incluido el ejército nacional, siguen controlando la explotación y el comercio de los minerales – a saber la casiterita, la wolframita, el coltán y el oro – en ciertas regiones de Kivu, Maniema, Katanga y de la provincia oriental, con la complicidad de los países vecinos y de numerosos actores económicos de todo el mundo».

A pesar de que este es solamente uno de los grandes problemas asociados a la industria electrónica, ha sido el primero en abordarse desde las instituciones públicas. Como se ha mencionado, la ONU fue la primera organización en dar la voz de alarma y en promover la regulación del comercio de los minerales de conflicto con el objetivo de reducir el grave impacto asociado a su extracción y comercialización. De esta manera, en el año 2009 se aprueba la Ley Dodd-Frank en los Estados Unidos. En el artículo 1502 de esta ley se obliga a las empresas que obtengan recursos naturales en zonas de conflicto a elaborar un informe para dar a conocer la procedencia de los minerales utilizados en el producto. Sin embargo no se regula, ni prohíbe en modo alguno la utilización de minerales de conflicto. En un informe de David Biggs, coordinador del Grupo de Expertos para la RDC, se indica

“La ley Dodd-Frank ha tenido un impacto masivo y positivo hasta ahora, aunque requiere que toda la cadena de participantes en todo el mundo se tome en serio las regulaciones y la financiación de conflictos. Esto no debería dejarse a un lado o debilitarse”.

Sin embargo, también alertan del agravamiento de la situación en la región oriental de la RDC. Las provincias Kivu norte y Kivu sur, donde el conflicto armado es más patente:

“Los comerciantes boicotean los productos minerales de las provincias orientales, el resultado de esto es que se han incrementado las penurias económicas, el contrabando y los crímenes en el tráfico de minerales en general. También ha habido un impacto muy negativo en los ingresos del gobierno provincial, lo que debilita su capacidad de gobernanza”.

En cuanto a la Comisión Europea, tras una consulta pública realizada en junio de 2013, ha publicado una propuesta de regulación que tenía que haber sido aprobada en el Parlamento Europeo (PE) el pasado 20 de mayo. Sin embargo, la votación fue paralizada tras la aprobación de la enmienda 155, que proponía incluir en el texto que todas las empresas de la cadena de suministro “tomarán todas las medidas razonables para identificar y abordar los riesgos que surgen en sus cadenas de suministro” y que “estarán obligadas a proporcionar información sobre las prácticas de diligencia que emplean”. Esta modificación incluiría a las aproximadamente 900.000 empresas que utilizan minerales de conflicto en sectores como la electrónica, automoción, construcción o joyería, en vez de únicamente a las empresas importadoras y fundidoras de minerales.

De la paralización en la votación de la normativa se podría extraer que desde el PE se está dispuesto a legislar el uso de minerales de conflicto de una manera testimonial, pero no se pretende trabajar en profundidad para aportar una solución al problema. Desde Ingeniería Sin Fronteras pensamos que la propuesta de regulación es muy superficial y generalista. Pensamos que no refleja una lucha para que la extracción y el comercio de minerales dejen de financiar conflictos armados fomentando prácticas empresariales responsables a lo largo de toda la cadena de producción contribuyendo al fortalecimiento de la situación socio-económica de las zonas de conflicto y alto riesgo. De esta manera, hemos identificado una serie de limitaciones en la propuesta de normativa que son susceptibles de mejora:

1. Se trata de una regulación voluntaria, sin establecer el obligado cumplimiento. Se contempla la certificación de las empresas importadoras de minerales, pero no se establece ningún criterio sobre el resto de empresas implicadas en la cadena de producción de los productos que utilizan estos minerales (este aspecto estaría parcialmente incluido en la enmienda 155 aprobada).
2. No se establecen criterios para medir el grado de cumplimiento de la normativa en los productos finales.
3. No se establecen medidas compensatorias que promuevan el desarrollo alternativo de las regiones en conflicto. En base a esta normativa, no se puede asegurar que las empresas dejen de operar en una determinada región, lo que provocaría una depresión en la economía local de la zona.

Así mismo, desde Ingeniería Sin Fronteras consideramos que la normativa debería incluir la consecución de los siguiente objetivos:

1. Conseguir la reducción de los conflictos armados relacionados con la extracción de minerales.
2. Obtener una mayor información y trazabilidad de los productos que utilizan estos minerales para su fabricación.
3. Incluir aspectos sociales y medioambientales a la hora de otorgar la marca de conformidad europea “CE” para los productos que utilizan estos minerales para su fabricación.
4. Promover la utilización de productos en cuyo proceso de fabricación hayan sido utilizado minerales certificados como “libres de conflicto”.

Sin embargo este problema entorno a los “minerales de conflicto” viene acompañado de otros problemas adicionales que rodean a la industria electrónica. Y es que a pesar de que para muchas personas es desconocido, varios estudios apuntan a que este sector es el que mayor violación de derechos humanos envuelve.

Además de la fase de extracción de minerales, el ciclo de vida de un producto electrónico está formado por otras fases con altos impactos sociales y medioambientales. La fase de fabricación y ensamblaje llevada a cabo mayoritariamente en el sureste asiático y México, conlleva una situación de abusos laborales en la cadena de producción alarmante. Las condiciones en las que trabajan muchas de las subcontratas de fabricantes de productos electrónicos (muchos de ellos altamente conocidos) llega a unos puntos en el que el ansia de seguir bajando el coste de los productos pone en riesgo la salud de las personas que trabajan en estas fábricas, además de la violación de sus derechos humanos y la contaminación del medio. Todo ello es consecuencia de una falta de regulación estricta y de auditorías para el cumplimiento de una serie de medidas que garanticen que se reduzcan al mínimo de la fase de fabricación.

Por otro lado la fase de fin de vida de un producto electrónico se ve reflejado en la duración de nuestros dispositivos electrónicos. El conocido concepto de “obsolescencia programada” esta generando un debate entre ética y consumismo, promoviendo que los consumidores tengamos que replantearnos qué hacer con nuestros aparatos cuando dejan de funcionar. Hoy en día, la reparación para su reutilización es una opción en algunos casos difícil y costosa. Y el reciclaje no siempre llega a su fin como motivo de los continuados robos en puntos limpios y la gestión ilegal de residuos. Actualmente se están exportando gran parte de estos residuos a países en vías de desarrollo como Ghana donde auténticas ciudades vertedero reflejan el grave incumplimiento del Convenio de Basilea. Todo ello sumado a la competencia desleal de los fabricantes que no se responsabilizan de la gestión de sus productos al final de su vida útil.

Consecuentemente los consumidores tenemos el poder de ser los protagonistas de la fase de uso de los productos electrónicos, y tomar las decisiones oportunas para usar estos productos de la manera más responsable posible, pudiendo además demandar que se cumplan una serie de requisitos que hagan que este sector empiece a tomar de una vez un rumbo diferente.

El primer paso para ello es informarse. Por ello desde Ingeniería Sin Fronteras y Carro de Combate llevamos unos años trabajando en dar a conocer la problemática asociada con la industria electrónica. Desde el grupo de Electrónica Ética se están llevando a cabo tareas de investigación, sensibilización e incidencia sobre las principales fases del ciclo de vida de un producto electrónico mencionadas anteriormente. Como fruto de este trabajo de sensibilización se ha realizado un pequeño vídeo de animación que recorre estas principales fases del ciclo de vida, mostrando la problemática asociada en cada una de ellas. Es necesario destacar que el vídeo ha sido elaborado gracias a la colaboración del Área de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid.