En el último Anuario de Consumo Crítico, nos hicimos eco de la propuesta de una nueva Directiva por parte de la Comisión Europea (la conocida como Green Claims Directive) sobre alegaciones medioambientales que podría suponer el principio del fin del lavado verde. Hoy, recuperamos y publicamos en abierto este reportaje junto a una entrevista con Blanca Morales, experta y representante de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), sobre el estado actual de la Directiva, sus retos contra el greenwashing y los futuros pasos para su aprobación definitiva.
Pregunta. Para situar a los lectores y lectoras, ¿en qué punto se encuentra ahora la futura Directiva europea de alegaciones ecológicas, la conocida como Green Claim Directive, para la regulación de las ecoetiquetas y alegaciones ambientales con el objetivo de que sean más fiables?
R. Los lectores y lectoras van a necesitar un poco de paciencia antes de que el texto final vea la luz. El Parlamento Europeo adoptó su posición de enmiendas a la propuesta de la Comisión el pasado mes de marzo. Por su parte, los países miembros se pusieron de acuerdo sobre su primera posición formal durante el Consejo de Medio Ambiente en junio.
A partir de aquí, ambas instituciones se disponen a negociar un acuerdo final, pero es muy probable que no se inicien las reuniones hasta enero de 2025. Si todo va bien, la futura Directiva podría adoptarse a finales de 2025. Seguidamente, los países miembros contarán con dos años para transponer la normativa a nivel nacional. Por su parte, las empresas contarán con un periodo adicional, posiblemente de hasta un año, para su aplicación.
P. Queda entonces un largo camino por recorrer, a pesar de la situación de emergencia climática en la que nos encontramos…
R. Así es. Además, la Comisión deberá desarrollar normativas técnicas con requisitos específicos para diferentes tipos de alegaciones, incluidas las relacionadas con el clima, ya que las obligaciones que introduce la Directiva son bastante genéricas.
Mientras tanto, los consumidores se ven confrontados a un océano de alegaciones verdes, la mitad de las cuales son engañosas o infundadas. Esto causa una creciente frustración y pérdida de confianza en la información ambiental, tal y como ha puesto de manifiesto una encuesta de consumidores llevada a cabo por BEUC en 16 países. Además, hay una pésima comprensión de las alegaciones de neutralidad climática. Muy lejos de la realidad, 9 de cada 10 consumidores piensa que las compañías que hacen estos reclamos están obligadas a reducir sus emisiones.
Estas cifras ponen de manifiesto la urgencia de un marco normativo que ayude a los consumidores a distinguir tanto los productos más sostenibles como las empresas que se esfuerzan realmente por evitar las peores consecuencias del cambio climático.
P. Para algunas organizaciones, la posición adoptada por el Consejo de Medio Ambiente respecto al texto en el mes de junio se aleja de los objetivos de esta Directiva, especialmente en lo que concierne al uso de las compensaciones de carbono, a la posibilidad de llevar a cabo una autoevaluación para algunos reclamos o a las sanciones a las empresas, ¿su ambición respecto al lavado verde se ha diluido?
R. Totalmente, pero esperamos que el Consejo pueda acercarse a la posición del Parlamento en aspectos clave para proteger a los consumidores y a las empresas frente al lavado verde.
En primer lugar, si bien se debe asegurar que los procesos de control de las alegaciones sean eficientes y accesibles para las empresas, el Consejo ha introducido un giro de 180 grados al permitir la autoevaluación de una amplia lista de reclamos verdes. No tiene en cuenta que 3 de 4 consumidores consideran que las alegaciones verdes deberían de ser verificadas por organizaciones independientes.
Además, el Consejo dificulta el acceso a los estudios en los que se basan las alegaciones verdes. Frente a una mayor transparencia propuesta por la Comisión, introduce la obligación de solicitar información por escrito a las empresas.
Estos elementos, unidos a la eliminación de sanciones mínimas y la supresión del acceso a la justicia por parte de organizaciones, como las asociaciones de consumidores, para denunciar incumplimientos, deshacen los avances de la propuesta de Directiva.
Por último, resulta muy alarmante que la Directiva autorice las alegaciones basadas en la compensación de carbono a nivel de las empresas, mientras que está prohibido afirmar que un producto tiene un impacto neutro basándose en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las alegaciones de compensación de carbono son muy cuestionadas por los jueces y son frecuentes precisamente en aquellos sectores que más impulsan el uso de las energías fósiles. Sin embargo, las empresas deben reducir urgentemente las emisiones que contribuyen al cambio climático en vez de compensarlas, por ejemplo, plantando árboles. Ambas opciones no son equivalentes.
P. ¿Qué margen deja el documento ahora mismo en materia social o de gobernanza al respecto?
R. Desde la sociedad civil hemos abogado por mejorar la gobernanza y la transparencia de la Directiva para reforzar la credibilidad de las alegaciones verdes. Concretamente, hemos propuesto la creación de un foro que agrupe diferentes actores sociales y que la Comisión debería de consultar a la hora de desarrollar requisitos más específicos para las alegaciones verdes. El Parlamento Europeo se ha hecho eco de esta propuesta y esperamos que permanezca en el texto final.
P. La nueva Directiva para empoderar a los consumidores para la transición ecológica, que fue aprobada de manera definitiva el pasado mes de febrero, ha sentado las bases de esa protección a los consumidores y consumidoras frente a las alegaciones ecológicas engañosas, ¿son esas bases suficientemente robustas para el desarrollo de una Green Claims Directive eficaz?
Ambas normativas son necesarias y complementarias. La primera prohíbe las prácticas de lavado verde y establece las bases de lo que las empresas no pueden hacer en sus comunicaciones comerciales. Sin embargo, bajo esta normativa las autoridades de protección del consumidor sólo pueden investigar alegaciones engañosas que ya están en el mercado, cuando el daño ya está hecho.
La futura Directiva persigue prevenir y proporcionar mayor claridad y certidumbre a las empresas sobre cómo éstas deben justificar, comunicar y verificar sus alegaciones.
R. En su opinión, ¿conseguirá la UE conformada tras las elecciones del pasado junio que la nueva Directiva no se reduzca a una llamada de atención a las empresas sobre sus acciones publicitarias o de comunicación, sino que se convierta en un verdadero veto a las prácticas de blanqueo ecológico?
Esperemos que así sea y que el Consejo pueda acercarse a la postura más progresiva del Parlamento Europeo. Este último adoptó su posición con una amplia mayoría de votos y sobre la base de un compromiso entre los principales grupos políticos con capacidad de garantizar la gobernanza tras las elecciones.
En cualquier caso, las prácticas de blanqueo ecológico están prohibidas a través de la legislación vigente de protección del consumidor contra las prácticas comerciales desleales. La futura Directiva aportaría mayor seguridad jurídica para las empresas que quieren comunicar sus mejoras ambientales, ayudando a aumentar la confianza de los consumidores en la información ambiental.