Entre la transición energética y los derechos humanos
Por Antonella Sorbara
Hace tan sólo dos décadas, el litio no sobresalía entre los numerosos elementos de la tabla periódica. Sin embargo, en la actualidad, emerge posiblemente como uno de los metales más codiciados de los últimos años. Pero ¿por qué? La respuesta es energía. La importancia de su papel en la transición hacia energías renovables lo ha convertido en un recurso estratégico. Este metal, crucial para las baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, coloca a los salares del Triángulo del Litio—ubicados en Argentina, Bolivia y Chile—en el centro de una lucha geopolítica y ambiental, que refuerza la existencia de esas “Zonas de sacrificio». No obstante, el extractivismo del litio representa una amenaza significativa para los Derechos Humanos de las comunidades indígenas que habitan esas tierras, al mismo tiempo que se violenta y desconoce el propio Derecho de la Naturaleza.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que se busca implementar ahora en Argentina y que en Chile se aplicó durante la dictadura de Pinochet, es un sistema de beneficios que otorga exenciones fiscales a las empresas sobre los incrementos en sus exportaciones, con el objetivo de atraer divisas y fomentar la inversión en sectores estratégicos como la minería. En el marco de la transición energética y la búsqueda de un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles y más alineado con las energías renovables, donde el litio emerge como un recurso estratégico, este mecanismo intensifica el modelo extractivo. La explotación de este metal coloca a los salares del Triángulo del Litio en el centro de una lucha geopolítica y ambiental, que refuerza la existencia de las llamadas “Zonas de sacrificio». Tal y com oescribe Horacio Machado en este artículo, el extractivismo -de litio- no es solo una preocupación ambientalista, sino también un concepto ecológico-político, un patrón de poder que se basa en el control y la disposición desigual de recursos vitales. Nos recuerda que a mayores privilegios, menos derechos.
Geográficamente, el Triángulo de Litio se sitúa en la región comprendida entre los Salares de Atacama en Chile, los Salares de Salinas Grandes, Olaroz-Cauchari y Hombre Muerto en Argentina, y finalmente, el Salar de Uyuni en Bolivia. En su totalidad, agrupan más del 50% de las cuarenta millones de toneladas que constituyen las reservas de litio a nivel mundial, como indican los estudios realizados por Bruno Fornillo, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y el Consejo Latinomaericano de Ciencias Sociales, en 2019.
Los territorios en cuestión y desde luego sus recursos, son expuestos como un elemento clave para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico regional y todas aquellas potenciales oportunidades a disposición de la transición energética.
La extracción de litio exhibe un patrón común en América Latina, arraigado a la historia colonial del continente, así como su caracterización como proveedor de materias primas a nivel mundial. No obstante, la génesis y evolución de la extracción de litio no ha sido igual en todos los países de la región
En Chile, el gobierno reconoce la importancia estratégica del litio. En la región de Antofagasta, especialmente en el Salar de Atacama, empresas como SQM y Albemarle dominan la explotación bajo contratos a largo plazo, en una suerte de acuerdo público-privado. Aunque se ha incluido a las comunidades indígenas en consultas, estas se muestran escépticas respecto a los compromisos de las autoridades, especialmente por los efectos ambientales negativos que las actividades mineras han tenido en su entorno.
Bolivia, con el Salar de Uyuni como una de las mayores reservas mundiales de litio, gestiona el recurso mediante un modelo de estatización y control nacional. Sin embargo, aunque gran parte de las comunidades indígenas han apoyado la extracción, este proceso no ha estado exento de críticas respecto a la falta de consulta previa y el impacto ambiental que afecta a sus medios de vida y a los recursos de agua potable, teniendo en cuenta la escasez crítica de agua que atraviesan los territorios del altiplano.
En Argentina, la situación es compleja, ya que diversas cuestiones legales intervienen en la disputa por el litio. Las provincias con grandes salares, como Jujuy, Salta y Catamarca, ejercen control autónomo sobre los recursos dentro de sus territorios. Las leyes nacionales reconocen los derechos de las comunidades indígenas, pero la realidad es que la notable autonomía por parte de los gobiernos provinciales reduce la eficacia de los mecanismos nacionales para su protección, y las empresas avanzan sin las consultas previas necesarias, lo que exacerba aún más la tensión entre el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
La transición, que en un principio se plantea como justa y equitativa, parece encontrarse inserta en una paradigma extractivo depredador de la naturaleza y de los Derechos Humanos.
Entonces ¿Qué derechos se vulneran en la explotación del litio? Veamos aquí algunos de ellos:
Derecho al agua y al saneamiento
La extracción de litio requiere grandes cantidades de agua dulce para la separación y procesamiento del metal. En áreas de extrema aridez como los salares andinos, el uso industrial de agua impacta directamente a los recursos de los que dependen las comunidades locales. En Chile, las empresas SQM y Albemarle consumen enormes cantidades de agua, causando una reducción en los niveles hídricos y poniendo en peligro las fuentes de agua dulce que abastecen a la fauna y flora local. En Argentina, las comunidades de Salinas Grandes han denunciado cómo las perforaciones para extracción de la salmuera han contaminado napas de agua dulce, repercutiendo negativamente en su calidad y disponibilidad.
No olvidemos que en casi toda la región del Altiplano el balance hídrico es negativo, por lo que el área sufre de fuertes sequías. Las comunidades indígenas dependen de estas fuentes para consumo humano y actividades agrícolas, y su escasez se convierte en una amenaza para su subsistencia, al mismo tiempo que evidencia cómo el reparto desigual del agua es un reflejo de relaciones de poder desiguales en las sociedades capitalistas.
Derecho a un medio ambiente sano
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho a un medio ambiente saludable como un Derecho Humano. La explotación de litio, aunque se considera una alternativa «limpia», causa daños significativos en los ecosistemas de los salares: la acumulación de residuos sólidos y contaminantes que afectan el aire, el suelo y los cuerpos de agua, o la propia manipulación de las condiciones climáticas en los salares, como expone el expediente 1101-5876-A-2016, presentado por la Asamblea Ambiental de Jujuy ante el Ministerio de Ambiente de la respectiva provincia. En Argentina, las comunidades cercanas al Salar de Olaroz-Cauchari, han reportado impactos ambientales severos en sus territorios, como cambios en el comportamiento de su ganado y reducción de cultivos.
En Bolivia, los residuos industriales en Uyuni también representan un problema para las comunidades aledañas, quienes dependen de un ambiente saludable para el pastoreo y la agricultura. De esta forma, la destrucción de la biodiversidad en los ecosistemas de salares altera el equilibrio natural y afecta directamente la calidad de vida de estas poblaciones, mientras que violenta la relación de respeto e intercambio mutuo que mantienen con su entorno.
Derecho indígena a la propiedad de sus tierras y recursos
Las comunidades indígenas mantienen una conexión profunda y ancestral con sus territorios, los cuales ven como extensiones de su identidad cultural y espiritual. Sin embargo, las formas de organizar la propiedad de las tierras en las comunidades responden a factores no necesariamente regulados por los Estados. De esta manera, la visión jurídico-estatal entra en conflicto con las visiones comunitarias, por lo que los derechos territoriales indígenas no siempre son reconocidos y respetados. En Argentina, la falta de títulos de propiedad comunitaria en algunas áreas permite a las empresas avanzar sin contar con el consentimiento de las comunidades locales. A pesar de los mecanismos de Consulta Previa Libre e Informada dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo, las empresas a menudo no consultan a las comunidades antes de iniciar proyectos extractivos.
En Chile, la Ley Indígena 19.253 reconoce a las comunidades como actores legítimos, pero los acuerdos con empresas extractivas no siempre respetan esta relación.
En Bolivia, aunque el Estado ha intentado proteger las tierras indígenas, las políticas extractivas aún repercuten sobre los territorios sin suficiente consulta o consenso con todas las comunidades afectadas, generando en ocasiones una ruptura de la cohesión social.
Derecho al desarrollo
El derecho al desarrollo implica que las comunidades puedan decidir sus propios medios de subsistencia y progreso, en línea con sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, las actividades extractivas en el Triángulo del Litio suelen desplazar las economías tradicionales, como la agricultura o la ganadería. Por consiguiente, la falta de consulta y de proyectos que consideren las visiones y prioridades de estas poblaciones, priva a las comunidades indígenas de desarrollar sus propios modelos de bienestar, los cuales no se piensan como sinónimo de crecimiento económico o acumulación de bienes materiales.
Derecho al trabajo
Este derecho se encuentra estrechamente ligado al Derecho al desarrollo, de manera tal que, si no se garantiza que las comunidades indígenas puedan establecer su propia visión de prosperidad, se ven afectados directamente sus modos de subsistencia. Sus actividades económicas se insertan en armonía con los ciclos del salar, y si bien dependen directamente de los recursos naturales existentes en la zona, los aprovechan de manera responsable asegurando el debido equilibrio con la Naturaleza, y por ende, asegurando su patrimonio cultural para las generaciones futuras. Actividades como el extractivismo del litio alteran profundamente las bases de la relación entre las comunidades y su territorio, imponiendo una visión mercantilista sobre los recursos naturales y sobre los propios indígenas.
Derecho a la libre determinación y la autonomía
Este derecho, crucial para la identidad y autonomía indígena. Implica que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios y recursos sin interferencia externa. Los Estados en ocasiones consideran que su integridad territorial puede resultar perjudicada. Esto se debe a que construyen su visión y se legitiman bajo la idea de una identidad nacional, de manera tal que el derecho a la libre determinación puede desafíar tal narrativa.
Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, el Derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas suele centrarse en su autonomía dentro del Estado, y no por fuera de él. Paradójicamente, sus demandas responden a la debilidad estatal frente a intereses económicos externos. Asimismo, es necesario comprender que para las comunidades indígenas existe un historicismo en el reclamo por la libre determinación, ya que en él se imprime su resistencia a una opresión histórica, como indica Marco Wilhelmi.
A modo de conclusión y en virtud de lo descrito anteriormente, cabe cuestionar las condiciones sobre las cuales buscamos transicionar hacia el consumo de energías renovables. ¿A quiénes dejamos fuera? ¿Por qué se enfoca la transición simplemente desde la implementación de nuevos recursos? ¿De qué manera se permite garantizar la participación e inclusión de todos y todas? Lo cierto es que para una transición realmente inclusiva y sostenible, es esencial priorizar el respeto a los Derechos Humanos y de la Naturaleza. La integración de las comunidades en las decisiones y la adopción de prácticas que abandonen los supuestos que colocan al crecimiento económico y al capitalismo como sinónimos de bienestar y prosperidad para las sociedades, son algunos pasos hacia una transición que pueda ser vista como una verdadera solución y no como la continuación de un sistema que despoja y marginaliza a personas y territorios.
Antonella Sorbara realizó su TFM sobre el Triángulo de Litio. Su investigación al completo está disponible -solo para mecenas-aquí.