Nuevo capí­tulo de Amarga Dulzura: la industria del azúcar en Camboya

Tras la concesión, la vida cambió radicalmente en la comunidad. Sin tierra en la que cultivar, las familias se quedaron sin dinero. El acceso al bosque, donde solí­an obtener plantas medicinales para curar sus dolencias, fue bloqueado y las aguas comenzaron a dar peces muertos; los quí­micos de la fábrica habí­an contaminado el rí­o. Muchos emigraron y los que se quedaron ya no pueden pagar ni el colegio de sus hijos. «Antes podí­a permitirme enviar a todos los niños al colegio. Ahora he dejado solo a los niños en el colegio. Las niñas ya no van», asegura Chay Ty, que tiene cinco hijos, de los cuales dos son niñas.

La educación es supuestamente gratuita en Camboya. Sin embargo, los miles de colegios que durante los últimos años ha construido el primer ministro Hun Sen son muros de ladrillo que parecen más parte de un decorado que un verdadero centro educativo. Los niños son una especie de actores que seis veces por semana acuden puntualmente a clase con sus impolutos uniformes blancos y azules, pero que cuando terminan los seis cursos de educación elemental apenas saben leer y contar. Los centros no tienen presupuesto para materiales y los profesores cobran salarios tan irrisorios, de unos 20 dólares mensuales, que se ven obligados a pedir dinero a los alumnos para completar su dispendio. Los niños pagan así­ unos cinco dólares mensuales por tener derecho a asistir a las clases o para asegurarse un aprobado. Esos cinco dólares son demasiado para Chay Ty y para la mayor parte de las familias que se han quedado sin tierras. Los niños deambulan ahora durante todo el dí­a y algunos han empezado a ayudar a sus padres haciendo pequeños trabajos para aumentar los magros ingresos familiares.

Las nuevas plantaciones de caña tampoco les han dado trabajo.»A nosotros no nos quieren, porque se piensan que nos vamos a vengar. Traen trabajadores de otras provincias. Tienen una oficina especial sólo para buscar a los trabajadores», asegura Song Ram, una joven de 27 años cuyo marido transportó la caña con su camión durante algunas semanas. La empresa se negó, sin embargo, a pagarles todo el trabajo y la familia tuvo que pedir un préstamo para pagar la gasolina que habí­an utilizado. Matthieu Pellerin, investigador de la ONG local de derechos humanos LICADHO, explica que las empresas funcionan como una especie de mafia en la que agentes recorren el paí­s para buscar a familias desesperadas que acepten las duras condiciones de trabajo en los cañaverales. Los trabajadores son luego alojados en campos dentro de las propias plantaciones de las que no pueden salir sin permiso. «Sabemos que los trabajadores viven en condiciones de semi-esclavitud. Los reclutan en las zonas rurales de todo el paí­s y se les impide salir de las plantaciones», asegura Pellerin.

La plantación de Srae Ambel cumple, sin duda, el perfil. El perí­metro está vallado y las entradas vigiladas continuamente por guardas de seguridad. Los que han trabajado dentro aseguran que hay dos grupos de viviendas. El primero es de los trabajadores de la fábrica. La mayorí­a son contratados en Tailandia, paí­s de origen de la compañí­a, y desempeñan funciones más especializadas. Sus casas están en el lí­mite del perí­metro, así­ que es más fácil visitarlos. Cada familia tiene una pequeña vivienda, con una pieza central, un dormitorio, una pequeña cocina y un baño. «La compañí­a se ocupa bien de nosotros, nos da todo lo que necesitamos, pero tenemos que estar lejos de casa», asegura la mujer de uno de los empleados de la fábrica. La zona está limpia y la calle central que da acceso a las casas está asfaltada. El segundo grupo de casas, que aloja a los trabajadores de las plantaciones, está dentro del complejo y no es posible acceder, pero los que han estado dentro aseguran que son barracones en los que se amontonan los jornaleros y donde no hay agua corriente y a menudo ni siquiera electricidad.

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