Estamos ya en la cuenta atrás. Menos de una semana para ir a las urnas (o a una oficina de Correos si ejerces tu voto por correo – recuerda que el plazo se acaba el día 20), y muchas de vosotras quizá aún no sabéis a quién votar. El consumo entendido como algo que va más allá del acto de compra y que tiene impactos sobre nuestros ecosistemas, nuestras sociedades y nuestros modelos económicos y políticos, apenas ha formado parte de la agenda política en España, como explicábamos en nuestro libro ‘Consumo Crítico’.
Durante los últimos tres años ha habido un cambio significativo en este sentido y mientras que el Ministerio de Consumo creado en enero de 2020, el primero en España, ha tenido un discurso sobre el consumo que ha ido más allá de los engaños de las marcas o las malas experiencias con empresas de todo tipo, en Europa se han aprobado y se están debatiendo leyes que están cambiando la forma en que se entienden los procesos productivos. Así que si eres de aquellas personas preocupadas por los impactos de su consumo y te gustaría que se apliquen este tipo de políticas, te hacemos un pequeño resumen de lo que dicen los programas de los cuatro grandes partidos políticos al respecto.
PSOE
El programa político del PSOE tiene un bloque específico sobre consumo, aunque lo trata desde la perspectiva tradicional de los derechos de los consumidores y la seguridad alimentaria. Incluye, sin embargo una referencia a la promoción del “consumo responsable” (según la expresión usada en el programa político, ya sabéis que nosotras no la usamos) desde la escuela. “Promoveremos una manera de consumir bienes y servicios que tenga en cuenta, además del precio y la calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores”, asegura el programa. El documento, sin embargo, no da detalles de cómo se hará.
No obstante, a lo largo del programa hay varias medidas que se refieren a los modelos de producción y consumo. Así, por ejemplo, el PSOE promete que se impulsará el consumo local y el comercio de proximidad, así como un Plan Estratégico de Producción Ecológica para impulsar la agricultura con sello de sostenibilidad. Hablan también de cambios en la producción ganadera, con un impulso de “una ganadería diversa, equilibrada y sostenible, apoyando especialmente la ganadería extensiva por sus beneficios sociales y ambientales” y un fomento de las razas autóctonas.
Esto va, sin embargo, en contradicción con otras promesas, como la de seguir impulsando las exportaciones agroalimentarias – que mayoritariamente se basan en un modelo de producción intensiva – o promover una mejora de la percepción de la sociedad sobre los productos acuícolas, que tampoco suelen ser extensivos.
El PSOE también se compromete a retomar, entre otras, la Ley contra el Desperdicio Alimentario y Ley de Movilidad Sostenible, incluyendo un incremento del transporte ferroviario de mercancías hasta el 10% – en la actualidad es de aproximadamente del 5%. El 90% restante seguiría siendo transporte por carretera.
También dedica espacio a la estrategia de Economía circular como “como oportunidad de un nuevo sector económico y de empleo verde” e incluye una revisión al alza de los compromisos climáticos de España. También dedican una propuesta a espacios protegidos vulnerables, con la ejecución de los marcos prioritarios de actuaciones de Doñana, el Mar Menor, la recuperación de la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro. Aprobarán además un nuevo plan específico de actuaciones prioritarias para las Tablas de Daimiel.
El PSOE se compromete además a aprobar el derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática, así como a una revisión al alza de los compromisos climáticos de España. Si se cumple, todo ello obligará a realizar cambios en los modelos productivos para reducir su impacto medioambiental.
En cuanto a energía, un elemento fundamental en los procesos productivos, el PSOE apuesta por desplegar las renovables, como estrategia para descarbonizar la economía y crear empleo.
Partido Popular
El programa electoral del Partido Popular es un programa muy centrado en las propuestas económicas, como ya viene siendo habitual en el partido. El objetivo principal queda claro con el título que le han puesto a la primera parte del programa: ‘Crecer de forma sostenible’. Sin embargo, la sostenibilidad no parece referirse a sus dimensiones medioambientales y sociales, puesto que hay pocas referencias al respecto, con sólo algunas propuestas concretas en este sentido. Tampoco hay referencias al consumo como tal, aunque sí se menciona la protección de los consumidores vulnerables, con la creación de un Bono Social Único para energía.
Hay, no obstante, algunas propuestas referidas a nuestro modelo de producción. Se pueden separar en dos bloques principales: la reindustrialización del país y el modelo agroalimentario. En general, en ambos casos, el Partido Popular parte de la premisa de incentivar el comercio – aunque habla de comercio de proximidad – como una de las máximas de su política económica.
La reindustrialización de la economía del país parte del uso de los fondos europeos y estaría dirigido especialmente a los sectores aeroespacial, defensa y automóvil. También se menciona brevemente el impulso de la economía circular con la armonización de las legislaciones nacionales y autonómicas.
En cuanto a modelo agroalimentario, el programa asegura que se impulsará la innovación en el sector, “tanto para mejorar la eficiencia en los sistemas productivos como para promover una producción sostenible”. No obstante, prácticamente no hay ninguna referencia a cómo reducir sus impactos. Una de las principales medidas al respecto es la promesa de protección de espacios naturales como el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel. No especifica cómo se hará, salvo una mención al Plan Vertido Cero del Mar Menor, una propuesta del último gobierno de Mariano Rajoy que fue muy controvertida cuando se planteó por desplazar la contaminación al Mediterráneo. Ya sabemos, además, que contradice algunas de las actuaciones recientes de los gobiernos regionales del Partido Popular.
Se habla además de impulsar un “regadío moderno y sostenible” y de fomentar la agricultura del carbono, el nuevo mantra de la industria para blanquear la agricultura intensiva. El programa habla así de poner en valor “su contribución a la lucha contra el cambio climático, facilitando los proyectos de absorción de dióxido de carbono y de los mecanismos de compensación de huella de carbono” y de apoyar a los agricultores para utilizar los mercados de emisiones. También se muestran favorables a apoyar las técnicas genómicas – no lo especifican, pero probablemente se refieren al CRISPR, técnica defendida desde el Partido Popular Europeo.
En cuanto a energía, el Partido Popular propone la expansión de las renovables, pero también alargar la vida útil de las centrales nucleares. Además, el programa proponer retrasar la aplicación del Pacto Verde Europeo y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, ambas destinadas a reducir el impacto medioambiental en Europa.
VOX
El programa de VOX es un programa claramanete anti-ecologista. En varias de sus propuestas se habla de eliminar la legislación “verde” o de reducir el “poder de lobbies verdes nacionales y extranjeros”. “Cerraremos todos los chiringuitos públicos ideológicos regados con dinero público como los chiringuitos LGTB, de memoria histórica, ecologistas radicales o separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030 y pondremos fin a las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas”, dicen en el programa.
Tiene un apartado de ‘España Verde’, cuya primera medida es el impulso de las explotaciones mineras en España. También propone derogar la Ley de Cambio Climático y la Ley para el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica del Mar Menor, aprobada para proteger a la laguna salada de la contaminación – fundamentalmente de origen agrario- que ha provocado varios episodios de anoxia – asfixia por falta de oxígeno.
Es además un programa con un fuerte componente nacionalista que da preferencia al comercio de proximidad, aunque la motivación no es medioambiental (de hecho, piden que se eliminen las normas ambientales de producción). Así incluyen medidas para reforzar los controles fronterizos para los productores de terceros países con el objetivo de asegurarse de que no hay fraude en el etiquetado. Ese control lo haría una Oficina Nacional de lucha contra el fraude en el etiquetado; comprobando que los productos importados cumplen con los requisitos de producción exigidos en la Unión Europea tanto laborales como de utilización de fitosanitarios y con las cuotas establecidas en los distintos tratados y acuerdos (aunque con las propuestas incluidas es probable que los estándares en España en cuanto a pesticidas se relajen).
En cuanto a su política agrícola, piden que Bruselas revise la legislación para asegurar la “viabilidad” de los sectores productivos, “lejos de imposiciones ideológicas arbitrarias en nombre de la religión climática”. Así, exigen una Política Agrícola Común que anteponga el interés de los productores nacionales y comunitarios “ante los delirios ideológicos de los lobbies ecologistas”. También propone limitar la subida de precios, pero a costa de eliminar normas medioambientales en la producción.
Con respecto a su modelo de producción industrial, además de ese componente nacionalista mencionado, Vox menciona el modelo de producción cooperativista como un modelo de éxito que impulsarán con ayudas fiscales y reducción de la burocracia, además de impulsar el turismo y la industria del automóvil. No obstante, dejan claro que no darán ningún tipo de ayuda o subvención pública a “aquellas asociaciones y organizaciones ecologistas radicales que ataquen a nuestro sector primario, sus productos y el modo de vida tradicional”.
En cuanto a energía, Vox propone como principal objetivo la soberanía energética, con un programa que apuesta por mini reactores nucleares e hidráulica principalmente. Además VOX promete proteger el suelo agrícola ante la expansión de las renovables, aunque no elimina del todo la solar y la eólica de su propuesta de mix energético. Y de nuevo, incide en la suspensión de toda norma climática impuesta por las «élites globalistas» así como salirse del Acuerdo de París que marca el camino para limitar el calentamiento “muy por debajo de 2C”.
SUMAR
El programa político de Sumar es el que más propuestas incluye relacionadas con consumo y el modelo de producción. Dedica toda una sección al “Consumo sostenible y con derechos”, en el que se incluye la promesa de aprobar una estrategia para la reducción del impacto ecológico del consumo. Esta estrategia incluirá promover información para conocer el impacto ecológico de lo que consumen, el fomento de los canales cortos de producción-distribución-consumo, y de la reparabilidad, entre otros.
Tiene además otras propuestas interesantes como la aprobación de un plan integral de formación en materia de consumo y protección de los consumidores o de una normativa estatal para la mejora de la composición y la calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. También promete el impulso de la compra pública responsable, de la aprobación de una estrategia estatal contra el lavado verde (greenwashing) o de garantizar el derecho a la información de los consumidores sobre las condiciones laborales y medioambientales en las que se han elaborado los productos que consumen.
Hay además varias propuestas para evitar el abuso de poder de las grandes empresas, limitando oligopolios y la concentración excesiva y las malas prácticas, especialmente en sectores como el eléctrico o el financiero. Proponen también la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales y la revisión de los ya firmados.
La coalición lleva además en su programa una de las principales medidas que ha defendido Yolanda Díaz durante su tiempo frente al Ministerio de Trabajo: el establecimiento de una cesta de la compra básica a precios asequibles. Fomentarán, además, las cooperativas de consumo, los ecomercados o las tiendas de productos de segunda mano.
Al igual que el PSOE y el PP, Sumar también propone incentivar la circularidad en la economía, dando un papel fundamental en su caso a la fiscalidad para estimular un cambio en el diseño, fabricación y uso de bienes. En este sentido, de forma similar a lo que hacen otros Estados, se revisará el Impuesto sobre el Valor Añadido para aquellos productos de larga duración, así como para aquellos servicios de reparación, de segunda mano y de alquiler que fomenten la circularidad.
En cuanto a producción agrícola, Sumar defiende una PAC que priorice las explotaciones familiares agrarias y apoye la transición agroecológica. Así, se propone el uso óptimo de la fertilización y en particular de la fertilización ecológica, así como de la rotación de cultivos, y la creación de un banco de tierras públicas para proyectos agroecológicos. También proponen reforzar los controles sobre los impactos ambientales y sociales de las grandes explotaciones ganaderas para minimizar su impacto.
En cuanto a energía, Sumar propone un Plan Nacional de Transición Energética, para reducir las emisiones y reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles, con medidas como la rehabilitación energética de viviendas o una Ley de Tejados Solares. El programa dedica un extenso apartado a esta cuestión, incluyendo un gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, y una tasa al plástico, entre otras muchas medidas.